- Según la Comisión Intercelestial de Justicia y Paz en Colombia (CIJP), el líder comunitario Hernán Bedoya se dirigía a su casa a caballo cuando dos miembros de las Autodefensas Gaitánistas neoparamilitares de Colombia (AGC) lo interceptaron en un puente y le dispararon 14 veces, acabando con su vida de inmediato.
El líder de la comunidad colombiana, Hernán Bedoya, quien defendió los derechos colectivos sobre la tierra de los agricultores afrocolombianos y la biodiversidad local ante la expansión del aceite de palma y la agricultura industrial, fue supuestamente asesinado por un grupo neoparamilitar el viernes 5 de diciembre.
Parte de un aumento en los asesinatos selectivos de líderes sociales en todo el país, Bedoya fue el segundo líder afrocolombiano asesinado en la región de la cuenca del Bajo Atrato en menos de 10 días después de que Mario Castaño fuera asesinado a fines de noviembre. En general, ha habido tres líderes sociales asesinados en la región en el transcurso del año.
Según la Comisión Intercelestial de Justicia y Paz en Colombia (CIJP), grupo colombiano de derechos humanos, Bedoya se dirigía a su casa a caballo cuando dos miembros de las Autodefensas Gaitánistas neoparamilitares de Colombia (AGC) lo interceptaron en un puente y le dispararon 14 veces, acabando con su vida de inmediato.
Bedoya era propietario de la Zona de Biodiversidad «Mi Tierra», ubicada en el territorio colectivo afrocolombiano de Pedeguita-Mancilla. El activista se enfrentó a las compañías de aceite de palma, plátano y ganadería que están acusadas de involucrarse en el acaparamiento ilegal de tierras y la deforestación en el territorio colectivo de su comunidad afrocolombiana en Riosucio, Chocó.
Como uno de los más de 8 millones de personas afectadas por cinco décadas de conflicto armado en Colombia, Bedoya regresó a su tierra con su familia en el 2012 después de ser desplazado por el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el 1996.
Tras su regreso a la comunidad, Bedoya luchó junto con una organización no gubernamental para hacer retroceder a los poderosos intereses del aceite de palma, el plátano y el ganado. Quería asegurarse de que el territorio colectivo afrocolombiano estuviera protegido contra las «invasiones» en curso que invadían las tierras agrícolas de su comunidad y destruía las áreas protegidas reservadas para su rica biodiversidad.
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Al parecer, Bedoya comenzó a recibir amenazas de grupos armados ilegales desde el 2015. Según el CIJP, el estado colombiano, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), le había dado a Bedoya un teléfono celular y un chaleco antibalas para proteger su vida.
En junio, el CIJP denunció a una empresa agrícola industrial por «destruir bosques primarios y recursos para la agricultura industrial ilegal» y también afirmó que el abogado del grupo había señalado la reserva de biodiversidad de Bedoya como un objetivo para la parcelación y el desarrollo.
«Están cortando los bosques, destruyendo los cultivos de subsistencia y causando el desplazamiento cuando se apoderan de las granjas familiares para plantar proyectos de plátano y aceite de palma», dijo el CIJP a los medios locales.
El grupo de derechos humanos afirma que los proyectos agroindustriales que se planifican para el territorio colectivo Pedeguita-Mancilla fueron respaldados por el grupo neoparamilitar AGC, y que el asesinato de los líderes sociales beneficia a un grupo de terratenientes agrícolas industriales que aprovecharon el conflicto armado para expandir sus empresas comerciales en la región.
La Defensoría del Pueblo colombiano anunció en Twitter que «rechazó el asesinato del líder de recuperación de tierras» y pidió a las autoridades que «aclaren rápidamente los hechos» que rodean el asesinato.
En respuesta a los dos homicidios, la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional pidió al gobierno colombiano que brinde una «respuesta integral […] garantizando el respeto de los límites de las zonas humanitarias, garantizando la seguridad de sus miembros y [una mayor presencia] de la seguridad del estado».
El jueves 14, 25 líderes sociales de las regiones de Bajo Atrato y Urabá en Chocó y Antioquia, que recibieron amenazas de muerte o tienen familiares asesinados, se reunieron en Bogotá para exigir garantías de que podrían regresar a sus territorios. Para proteger sus identidades, los líderes usaron máscaras para la conferencia de prensa.
Los activistas dijeron que sabían de los planes para matar a otros líderes de los derechos a la tierra en la región: Miguel Hoyos, Eustaquio Polo y María Ligia Chaverra, así como a dos líderes comunales locales.
Hernán Bedoya: No más aceite de palma en Pedeguita-Mancilla
El cineasta Nico Muzi conoció y entrevistó a Bedoya durante la producción del corto documental 2016 Frontera Invisible, que exploró la expansión del aceite de palma en Colombia y el efecto que ha tenido en las comunidades rurales locales de todo el país.
En la entrevista, Bedoya contó la historia de su comunidad y su lucha con los paramilitares y la agricultura industrial. Denunció al consejo comunal, quien dijo que había llegado a un acuerdo para permitir ilegalmente la entrada en el territorio colectivo de ganaderos, empresas de plátano y aceite de palma.
«Ahora estamos escuchando que quieren plantar otras 1000 hectáreas de palma [en nuestra tierra colectiva]», dijo Bedoya. «Pero no sé dónde lo plantarán porque nosotros estamos aquí en esta tierra».
“Tendrán que sacarnos primero del territorio si quieren plantar esas 1000 hectáreas de palma».
Agricultura industrial aprovecha el conflicto armado
En la década de 1990, más de 8000 personas se vieron obligadas a abandonar la región del Bajo Atrato, cuando las AUC lanzaron un feroz ataque para hacerse cargo de la estratégicamente importante ruta del narcotráfico a lo largo del río Atrato, la cual anteriormente era controlada por el grupo guerrillero de izquierda FARC y el ELN, según un informe de investigación del grupo local de medios Verdad Abierta.
El informe detalla que para el año 2000, las autoridades locales y los líderes empresariales comenzaron a impulsar la expansión del cultivo de aceite de palma, o como lo llamaban «oro verde», en tierras que fueron abandonadas o vendidas a precios reducidos por afrocolombianos y agricultores mestizos que abandonaron la región temiendo por sus vidas.
Jefes exparamilitares declararon que Vicente Castaño —uno de los dos hermanos que dirigieron la AUC y sus 30 000 combatientes entre 1997 y 2006— mantiene relaciones con los productores de palma y ganaderos, invitándolos a invertir en el territorio.
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Para proteger el patrimonio cultural y la identidad, el Congreso colombiano aprobó una ley en 1993 que reconocía el derecho de las comunidades afrocolombianas a poseer tierras comunales. En el 2000, se otorgaron 48 000 hectáreas en la región del Bajo Atrato a una comunidad afrocolombiana conocida como Pedeguita-Mancilla, que tenía derechos ancestrales sobre la tierra.
El grupo AGC neoparamilitar acusado de matar a Bedoya es un descendiente directo de las AUC, que se formó en el 2008 tras la extradición de los jefes de las AUC a los EE.UU. El grupo ha crecido enormemente en los últimos diez años, tomando de nuevo la mayor parte de las rutas de tráfico de drogas de las AUC a lo largo de las costas del Caribe y el Pacífico, y ahora es el mayor grupo armado ilegal en Colombia.
En los últimos días, la AGC convocó un cese al fuego unilateral, ya que se prepara para entregar al gobierno colombiano a unos 7000 miembros de la organización de narcotráfico más grande del país. El gobierno en septiembre le pidió al Fiscal General Néstor Humberto Martínez que hablara con el grupo después de que el líder «Otoniel» le ofreciera rendirse ante la justicia.
Situación peligrosa para líderes de derechos humanos y ambientales
El año pasado, decenas de líderes en derechos humanos y medioambientales fueron asesinados en Colombia, lo que provocó una crisis de derechos humanos que tiene observadores internacionales preocupados por las perspectivas de paz a largo plazo, incluso aunque el mayor grupo armado ilegal del país, las FARC, se desmovilizó durante el año pasado.
Según la Fundación para la Paz y la Reconciliación (PARES), 137 líderes sociales fueron asesinados en toda Colombia en el 2017. Otros observadores encontraron números más bajos, pero la mayoría rastrean a más de 100 asesinados en el transcurso del año.
«La vulnerabilidad de los líderes y defensores de los derechos humanos en Colombia sigue siendo crítica. Los actos de violencia contra esta población muestran un alto grado de comportamiento sistemático», declaró PARES en su informe sobre los asesinatos de líderes sociales.
El informe PARES dice que la motivación de los asesinatos es «limitar la participación de los líderes sociales en la política, impedir los procesos de construcción de la verdad, la restitución de tierras y la protección del medio ambiente».
La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) estuvo de acuerdo en que hay un patrón para los asesinatos de líderes sociales. William Spindler, portavoz de la agencia de la ONU, señaló que la mayoría de los homicidios se ha producido en regiones donde las FARC renunciaron al control territorial.
«En muchos casos, la actividad delictiva ha aumentado, en este caso debido al vacío [de poder] dejado por la desmovilización de las FARC que no fue cubierto por el estado», dijo Splindler en una conferencia de prensa.
Expansión del aceite de palma en Colombia
Mientras que Indonesia y Malasia representan alrededor del 85 % del suministro mundial de aceite de palma, Colombia es el cuarto productor mundial y el más grande de América Latina. El producto global se usa ampliamente en alimentos y productos cosméticos, y en biodiésel, a pesar de que un estudio de la Comisión Europea encontró que la fuente de combustible crea tres veces más carbono que el diésel de combustibles fósiles.
Impulsado por un auge mundial en el cultivo de aceite de palma desde el cambio de siglo, la cantidad de tierra cultivada con aceite de palma en Colombia ha aumentado casi un 200 % desde el 2000, según la organización de productores de aceite de palma Fedepalma, creciendo de 157 000 hectáreas a 466 000 hectáreas plantadas en el 2015.
El gobierno y la asociación de aceite de palma Fedepalma estudiaron los suelos del país y señalaron que 16 millones de hectáreas en todo el país son aptas para el cultivo de la palma aceitera. Con la desmovilización de las FARC, el gobierno pretende abrir las puertas al desarrollo de la agricultura industrial, especialmente en las áreas que anteriormente estaban fuera de los límites debido al conflicto.
Los defensores del auge del aceite de palma en el país se jactan de que no ha incurrido en los mismos niveles de destrucción forestal que ha sido bien documentado en otros países, particularmente en el sudeste asiático.
Sin embargo, como lo ilustra la muerte de Hernán Bedoya, la expansión de la agricultura industrial puede tener un costo social, y los críticos dicen que el desarrollo se está llevando a cabo en tierras que fueron ilegalmente ocupadas por grupos paramilitares o abandonadas durante el medio siglo armado del país conflicto.
Esta historia fue publicada por primera vez en la web en inglés el 15 de diciembre de 2017.
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