- ¿Qué pasa cuando un monocultivo como la palma aceitera acapara el agua de toda una comunidad?
- ¿Cómo lograron los palmicultores ocupar tantos territorios para la producción de palma aceitera?
(Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Semana Sostenible de Colombia)
En Palo Altico nunca hubo acueducto ni agua potable. Sin embargo, ese nunca fue un problema, pues la gente recogía el líquido de pozos y de los embalses circundantes, o por último bebía lo que caía del cielo. Así fue su día a día durante décadas, llenando bidones y cargándolos sobre la cabeza o sobre un burro. Con ella cocinaban, lavaban la loza y se bañaban. Y nunca hubo escasez, tampoco una denuncia de enfermedades cutáneas o intestinales, ni mucho menos mortandades de animales.
Hasta que llegó la palma africana y con ella todos estos males que hoy tienen sedientos y preocupados a los habitantes de esta pequeña vereda enclavada en Los Montes de María, una subregión montañosa ubicada en el departamento de Bolívar.
Sentados en círculo a la sombra de un árbol, los representantes del Comité de Palo Altico por el Acceso a Agua Potable narran cómo la región “llegó a ser la despensa agrícola a nivel nacional”. Leiver Loré, un joven universitario de 25 años miembro del comité, cuenta que se sembraba “arroz, maíz, yuca, plátano, ñame y había una gran cantidad de leche, porque también era zona ganadera. Había muchísima comida”.
Palo Altico se encuentra al pie del embalse del Playón que, junto con Matuya y La Piscina, compone el distrito de riego de Maríalabaja. Esta vasta masa de agua de 19 600 hectáreas fue construida por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria en los años 60 con la intención de aprovechar el potencial agrícola del municipio y fomentar la producción de arroz.
Pero la época de bonanza económica finalizó con la apertura económica que causó la crisis arrocera de comienzos de los noventa y, a finales de esa década, la región vivió en carne propia la degradación del conflicto armado colombiano.
Los habitantes de Los Montes de María convivieron con la violencia desde los años 70, momento en el que prácticamente todas las guerrillas del país (EPL, PRT, FARC y ELN) estaban presentes en su territorio. Pero la guerra alcanzó sus mayores niveles de violencia con la llegada de los grupos paramilitares. Entre 1998 y 2006 se dieron algunas de las masacres paramilitares más sonadas de la historia de Colombia como la de El Salado, las Brisas o el desplazamiento masivo de Mampuján.
Leiver Loré y los otros miembros del comité guardan unos pocos recuerdos de aquella época. No obstante, construyen su imaginario a partir de lo que les han contado y lo que ellos mismos han investigado. “El conflicto armado fue desastroso acá. Acabó con todo, desde lo moral hasta lo material de la sociedad. Acabó con el tejido social, con la economía, con el deporte, la recreación, la política, lo comunitario… Aquí no quedó gente”, cuenta Loré.
Leonardo Julio, sentado a su lado, recuerda que durante el conflicto llegaban al pueblo personas que les decían a los campesinos “quiero comprarte estas tierras por tanto dinero, si no me las vendes tú, se las compro a la viuda”. “Era una forma de presión, una manera de amenazar a la gente”, afirma. En otros casos, aunque no hubo amenazas, los campesinos desplazados optaron por vender su tierra a un precio muy bajo debido a la presencia del conflicto armado en la zona.
Tras la desmovilización paramilitar en 2006, la guerra fue decayendo y una parte de la población desplazada —el 45% de los habitantes de Maríalabaja, según la Unidad para la Atención y Reparación a las víctimas— comenzó a regresar al territorio. “El cien por cien de las personas de aquí se fueron y regresaron sin acompañamiento estatal, cuando vieron que los hechos violentos fueron cesando”, cuenta Leiver. “Pero al momento de retornar se encuentran con el impacto de la llegada de la palma aceitera a la zona”, añade Leonardo. Muchos de los predios en los que se cultivó la palma fueron vendidos por campesinos desplazados durante el conflicto.
Crecimiento y despojo
En Colombia existe palma de aceite desde los años 20, pero no fue sino hasta finales de los 90 que se convirtió en un cultivo significativo en ciertas zonas rurales del país. Su expansión coincidió con los años más sangrientos del conflicto armado. El área sembrada en palma aceitera en el país pasó de 150 000 hectáreas en el año 2000 a 450 000 en el 2012, según datos de la Federación de Palmicultores (Fedepalma). Y al día de hoy, precisó la federación, Colombia se ha convertido en el primer productor de palma de aceite en el continente y el cuarto a nivel mundial.
La palma tiene presencia en 124 municipios de 22 departamentos del país. El cultivo está organizado alrededor de 65 plantas de beneficio y 7 plantas para la producción de biodiesel, en donde se procesa la fruta de aproximadamente 6000 productores. Para el año 2014, los principales destinos de exportación de la producción de la agroindustria de la palma de aceite fueron Holanda (48%), seguida de México (13%) y España (8%).
Pero existen muchas coincidencias entre el auge de las plantaciones de palma aceitera y las operaciones paramilitares, el despojo de tierras y compras masivas, que, por ejemplo, en el caso del Chocó, han sido demostradas judicialmente con 16 empresarios palmeros encarcelados por sus alianzas con paramilitares. No así en el Catatumbo, en el norte de Santander, o Maríalabaja, municipio al que pertenece Palo Altico, donde, a pesar de que la dinámica ha sido muy parecida, no existen sentencias judiciales que prueben esta relación.
En todo caso, esta característica explica el hecho de por qué la implantación de la palma africana en Colombia no está relacionada con la expansión de la frontera agrícola y la consecuente pérdida de biodiversidad. Según datos de Fedepalma, el 90 % de las 466 185 hectáreas de palma aceitera que hay actualmente en el país no se levantaron sobre selvas vírgenes, sino sobre terrenos agrícolas utilizados previamente para pasturas para ganadería extensiva o para otros cultivos como algodón, arroz o banano que se destinaron a este nuevo uso.
El estudio “Los impactos de la palma de aceite en la reciente deforestación y pérdida de biodiversidad”, publicado en 2016 por Madhur Anand, de la Universidad de Guelph, en Canadá, en colaboración con Varsha Vijay y Stuart L. Pimm, de la Universidad de Duke, asegura que aunque en Colombia se incrementó el área cultivada en 69,5 % entre 1989 y 2013, el porcentaje de deforestación fue de 0 %. En contraste, en Indonesia el crecimiento en el mismo lapso fue de 91,7 % del cual el 53,8 % fue por deforestación y en Malasia, de 63,3 % de aumento de área sembrada, el 39,6 % se hizo utilizando área de bosque.
Sin embargo, otros problemas socioambientales han emergido por cuenta de este cultivo.
La sed de Marialabaja
Oleoflores, empresa palmera líder del sector, posee en la zona norte del país 44 847 hectáreas dedicadas a esta actividad. Su representante legal es Carlos Murgas, conocido como el “Zar de la palma” y exministro de Agricultura del presidente Andrés Pastrana (1998-2002). Paula Álvarez, investigadora independiente, recuerda haber vivido un déjà vu al comparar los casos de Maríalabaja y Catatumbo, “los paramilitares, las masacres, vaciamiento territorial, compras masivas de tierras, llegaron los palmeros, y ¿quién estaba detrás? Era Carlos Murgas”, afirmó. Sin embargo, nunca se demostró que existiera una relación entre este político-empresario y los paramilitares.
Entre 2006 y 2015, el área de palma africana en Maríalabaja creció en un 224 %, pasando de 3400 hectáreas a 11 022. Los cultivos se extienden desde las zonas altas y hasta la misma orilla de los embalses del Playón y Matuya. Al mismo tiempo, según recoge un informe elaborado por Álvarez que está pendiente de publicación, “entre 2001 y 2012 se sustituyeron 4961 hectáreas de otros cultivos a causa de la palma, que incluyen principalmente arroz (2183 ha), maíz (1042 ha), yuca (753 ha) y plátano (476 ha). De esta forma se dejaron de producir 35 000 toneladas de alimentos en el municipio en ese período”.
Pero esta transformación no es la consecuencia más preocupante. Vecinos y expertos ambientales como la propia Paula Álvarez denuncian, además, que los agroquímicos empleados para el cultivo de palma se están filtrando al agua de la represa, que surte a todos los canales del distrito de riego, que, a su vez, son la única fuente hídrica de muchas comunidades de la zona.
“El uso de agroquímicos y pesticidas puede estar afectando porque la palma está sembrada en la orilla, sin la conservación de las zonas de preservación aledañas a los cuerpos de agua, y adicionalmente porque las correntías de lluvia bajan también al distrito”, declara Irina Alejandra Junieles, exdefensora del pueblo de Bolívar y abogada del Centro de Estudios Jurídicos DeJusticia.
La vía sin pavimentar que llega hasta Palo Altico transcurre junto a los canales del distrito de riego, en medio de un paisaje exuberante dominado por la palma aceitera. Bajo el sol abrasador del Caribe, muchos niños se bañan en esos cauces y las mujeres lavan la ropa metidas hasta la cintura en el agua. Cuando las enfermedades vaginales y cutáneas, manifestadas con manchas en la piel, empezaron a generalizarse entre miembros de la comunidad, los vecinos empezaron a relacionarlas con el contacto con el agua. Según declaran varios de ellos, esta sospecha fue confirmada médicamente tras acudir a consulta, aunque no se ha demostrado con una investigación de envergadura.
Saliendo de la plaza del pueblo, una marea de niños vestidos de uniforme corre por el patio de la escuela de la comunidad . Uno de ellos tiene tres pequeñas peladuras en la cabeza. “Al sobrino mío también le salieron estas manchas en la piel, el agua esa le dio un poquito de hongo que no le dejaba salir pelo”, declara David Torres, un campesino local de 35 años y también miembro del comité. “Los doctores dicen que fue por el agua”, asegura.
Pero las personas no han sido las únicas afectadas por el estado del agua. Sucesivas mortandades masivas de peces, que empezaron a aparecer amontonados en las orillas de la represa del Playón, causaron la alerta de los vecinos. La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la autoridad ambiental de la región, recogió varias muestras de agua el año pasado y concluyó que los peces habían muerto por una falla de oxígeno. Sin embargo, otros episodios de mortandad de peces en otras zonas conectadas con el distrito de riego, como las diez toneladas que se encontraron en la Ciénaga Grande de Maríalabaja en 2010, hacen que la comunidad siga convencida de que los agroquímicos están relacionados.
Y a la contaminación del agua se suma el secado de las escasas fuentes de agua potable de las que dispone la comunidad. El abandono estatal, evidenciado en la ausencia de acueductos, había sido compensado en el entorno del distrito de riego gracias a los pozos naturales, de donde los vecinos se surtían del líquido para su uso diario. Ahora la palma está acabando también con esta salida, al secar estas fuentes naturales de agua que, en muchos casos, han quedado totalmente rodeadas de monocultivos dentro de fincas privadas.
“Antes de la llegada del conflicto y antes de la entrada del monocultivo, no teníamos servicio de agua potable por ningún lado, pero se podía sacar agua de los pozos. Mis abuelos y bisabuelos tomaban el agua de este pozo, era un agua muy buena”, declara Leonardo, frente a un pozo seco completamente rodeado por cultivos de palma. “Le sembraron una mata de palma aquí, otra mata de palma allí y esas matas de palma fueron secando y secando”, relata David.
Algo parecido ha ocurrido en Tibú, Norte de Santander, donde las afectaciones a las fuentes hídricas son el principal reparo de las comunidades campesinas frente al cultivo de palma. Según varios habitantes de la zona entrevistados por Paula Álvarez en su estudio, los grandes palmeros han afectado gravemente las fuentes de agua mediante la siembra a la orilla de los ríos.
“Esto ha ocurrido principalmente en los Ríos Sardinata, Río Nuevo y Tibú, y otros caños y quebradas, como la Quebrada Agualinda, que resultan fundamentales para la provisión de agua para el consumo humano. En la Vereda Galicia se ha identificado el desvío de varios caños para el riego de plantaciones de palma, lo que disminuye el agua disponible para las comunidades”, dice un apartado del documento.
Aparte de esa situación, está el consumo de agua inherente al tipo de cultivo. “Una palma necesita por lo menos 30 litros de agua diarios, eso es mucha agua”, explica Leiver. El Estudio Nacional del Agua, elaborado en 2010 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), contiene un dato que puede ilustrar la magnitud del problema. Mientras que las cerca de 700 000 hectáreas de café que había en el país en ese año utilizaban 1211 millones de metros cúbicos de agua, la palma africana, cuya extensión para esa fecha era de 322 000 hectáreas, consumía 1270 millones de metros cúbicos.
Tras el secado del pozo que denuncia David, la comunidad tuvo que buscar una nueva fuente hídrica, esta vez situada a unos 10 minutos a pie. Atravesando un portón, acceden a los cultivos de palma y caminan entre las matas y los trabajadores que recogen el corozo, partiendo las palmas a machetazos o con cinceles. Por un estrecho camino, por donde se cruzan niños, adultos y animales cargando bidones repletos de agua, se llega al pozo. Con el agua por los tobillos, los vecinos extraen el líquido manualmente con la ayuda de un recipiente atado a una cuerda.
Ante la ausencia de agua corriente, el descenso de las lluvias en los últimos años y el secado de los pozos y los nacederos de agua de donde se surtían tradicionalmente, la búsqueda de nuevos pozos es una de las soluciones, pero son muchos los que optan por recoger el agua directamente de los embalses, bien manualmente o con electrobombas. Esta práctica podría estar influyendo también en las enfermedades gastrointestinales que reportan los miembros del comité y otros vecinos de las comunidades locales. Yina Mármol, de la Defensoría del Pueblo de Bolívar, advierte que “la Agencia de Desarrollo Rural indica que esa agua no es apta para el consumo humano, pues es una estructura agropecuaria destinada para el riego de los cultivos pero cuya calidad no permite que sea considerada potable”.
El pasado marzo, bajo el lema “si no hay agua para la gente, no hay agua para la palma”, vecinos de la comunidad de San José del Playón cerraron las represas del distrito de riego que surte a los cultivos de palma aceitera y, en menor medida, de arroz y banano. Leiver, que participó en las protestas, lamenta que “siendo aledaños al distrito de riego y a la cabecera municipal no contamos con suministro de agua potable”. Los vecinos protestaban ante lo que consideran el incumplimiento de la garantía de acceso al agua que había sido acordada con las autoridades de la región el año anterior tras otras movilizaciones.
¿Cómo pueden carecer de acceso a agua potable comunidades ubicadas junto a tres embalses y un distrito de riego? Para los miembros del Comité de Acceso al Agua Potable de Palo Altico, el problema reside en una privatización soterrada de la gestión del agua de un distrito de riego que pertenece al Estado. “Usomarialabaja (la asociación de usuarios que gestiona el distrito de riego) en teoría es pública, pero la directiva está formada por empresarios palmeros y algunos arroceros y no hay participación de los campesinos”, declara Leiver. Usomaríalabaja está presidida en la actualidad por Carlos Murgas.
Según los miembros del comité, la prioridad en el uso del agua es el riego de los monocultivos, defendido por los palmeros que componen la directiva de Usomaríalabaja, por encima de las necesidades básicas de las comunidades de la zona. “Quien tiene más saliva, traga más harina”, declara Leonardo, frase que alude a la idea de que el más poderoso es el que se impone sobre el que menos tiene.
Luigi Casanova, gerente de Usomaríalabaja, defiende la gestión de la asociación de usuarios y asegura que el nivel de vida de los campesinos que han decidido sumarse al proyecto palmero “ha mejorado bastante gracias a la llegada de estos proyectos rentables”. Así mismo, niega que este cultivo haya tenido un trato favorable, pese a que la junta directiva está formada casi exclusivamente por palmicultores.
Además, Casanova rechaza que sea por el uso de agroquímicos que el agua pueda estar contaminada ya que, según él, la palma no se fumiga, solo necesita fertilizantes. “En el último estudio de las aguas provenientes del embalse, la mayor concentración de las bacterias que se encontraron fueron coliformes. Esto es porque la gente arroja las heces fecales a los canales de riego”, añade el gerente de Usomaríalabaja.
El informe ya citado de Álvarez, por el contrario, afirma que la palma no ha traído un beneficio económico a la mayoría de la población local, describiendo Maríalabaja como “unos de los municipios con mayor incidencia de la pobreza a nivel departamental, situación que confirman los indicadores de NBI y el Indicador de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual es de 87,10 %, superando el promedio departamental de 62,8 %”.
Rodeado de frondosos cultivos de palma en un pueblo con vías resecas sin pavimentar y sin un acueducto que cubra a toda la población o una motobomba que funcione, Palo Altico es el ejemplo de las promesas incumplidas del desarrollo. Leiver Loré resume la paradoja que vive su comunidad: “Vemos cómo el distrito de riego tiene mucha agua y nuestra gente está padeciendo de sed”. Sentado a su lado, Leonardo concluye: “No estamos rogando nada, estamos exigiendo un derecho que es de todos y para todos”.
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