- La inconformidad por la forma como se realizan las consultas previas, los cuestionamientos sobre la veracidad de la información que les presentan y las excusas de los gobiernos para no consultarlos son las principales preocupaciones de los indígenas de la Amazonía en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.
- Los pueblos denuncian trampas en las legislaciones y propuestas para disminuir la participación indígena en los grandes proyectos mineros, petroleros y de infraestructura.
En los últimos años los proyectos mineros y petroleros han aumentado en la Amazonía de los países suramericanos y una larga lista de obras y bloques están a la espera de autorización para empezar exploración y explotación. Los indígenas esperan las consultas previas.
Junto con el auge de intereses minero-energéticos en las selvas amazónicas también se han incrementado las mencionadas consultas y muchos indígenas se sienten vulnerados. El temor por la tergiversación en la consultas previas y por posibles engaños cuando las compañías exponen y socializan la información, se ha convertido en una constante y en una amenaza compartida en territorios colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos.
El caso más reciente ─que tuvo un final feliz para la comunidad indígena─ se dio en el norte de Ecuador. Los Cofán de Sinangoe ganaron una batalla judicial, pues según habían denunciado, empezaron actividades mineras en su territorio sin su consentimiento y más de 30 proyectos esperaban concesión.
El 22 de octubre se realizó, en la Corte Provincial de Sucumbíos, la audiencia de sentencia en la acción de protección solicitada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la comunidad Cofán de Sinangoe, en la cual se ordenó revertir todas las concesiones que estaban operando y cancelar el otorgamiento de las que estaban en trámite.
Sin embargo, este desenlace no siempre es el mismo en los demás países amazónicos.
Reclamos y quejas en Perú y Bolivia
Mongabay Latam habló con varios líderes indígenas de Perú, Colombia y Bolivia para conocer su percepción sobre el desarrollo de consultas previas en sus países. Todos manifestaron inconformidad en la forma como se realizan, cuestionamientos a la información que les presentan y aseguran que hay una fuerte tendencia de sus gobiernos en buscar excusas para no consultarlos.
Adolfo Moye Rosendy, expresidente del territorio de la subcentral Tipnis, en el departamento de Beni en Bolivia, asegura que el gobierno ha hecho mucha propaganda sobre el respeto de la consulta previa en el país pero en realidad “los que quieren realizar algún proyecto o actividad hacen las consultas de manera tergiversada, es más, yo diría engañosa y mentirosa”. Según dice, uno de los casos que comprueba lo que afirma fue la consulta para la construcción de la carretera que pasaría por el Tipnis, uniendo las poblaciones de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, pues el proyecto no beneficiará para nada a las comunidades. Aunque se decía que era para mejorar la educación y la salud, la carretera pasaría a cientos de kilómetros de distancia de las poblaciones.
este año tras la amenaza que denunció Patricia Gualinga, en Pastaza, en el oriente de Ecuador. Cortesía de Selvas Producciones.
Pero quizás, lo que él considera más grave es que en esa consulta le preguntaban a los indígenas si querían desarrollo, a lo que ellos respondían que sí, “eso luego era tomado en cuenta como un sí a la construcción de la carretera, cuando ni siquiera nos suministraron información. La consulta se ha utilizado para engañar a las comunidades”.
Moye Rosendy dice que el pueblo indígena del Tipnis ya tiene clara la “verdadera intención” de la construcción de esta carretera. Para ellos se resume en intereses petroleros y mineros, pues en los núcleos por donde pasaría la vía no hay comunidades pero sí lugares donde se ha comprobado la presencia de hidrocarburos y de minerales como el oro.
Perú, por su parte, cuenta con una ley de consulta previa que establece tiempos y tiene vigilancia de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, lo que la convierte en una de las mejor planificadas de la región. Sin embargo, Jorge Pérez Rubio , presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y Zoila Ochoa Garay, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) manifiestan su preocupación por lo que pasa actualmente con los proyectos mineros y petroleros en trámite.
Pérez asegura que en los últimos tres años el Estado peruano está buscando la forma de no consultar a los pueblos indígenas cuando se trata de grandes infraestructuras que van a prestar servicios a la comunidad como las carreteras o las hidrovías. El caso que más le preocupa en este momento es el de la Hidrovía Amazónica, que en un principio se estaba planeando sin consulta de los pueblos indígenas. Luego, la justicia peruana ordenó vincular a las comunidades y desde entonces el líder asegura que se han realizado reuniones pero están a la espera de que el consorcio formado por la empresa peruana CASA y el gigante chino Sinohydro terminen el estudio de impacto ambiental. Insisten en que este documento final también debe ser consultado con ellos.
“Insistimos en eso porque es uno de los proyectos más sensibles pues a través de un sistema de dragado remueve los fondos de los ríos y la mayoría de los pueblos indígenas que viven a orillas de estas fuentes hídricas se alimentan de los peces. Muchos especialistas dicen que se puede perjudicar el ciclo de reproducción de los peces y a lo largo puede disminuir la seguridad alimentaria”, dice Pérez.
Además, los documentos de un proyecto como este son muy voluminosos y técnicos. La comunidad se queja porque las empresas quieren pasarlo simplemente por talleres informativos que no son vinculantes y ellos necesitan tiempo para revisar, junto con especialistas, cada uno de los componentes del estudio de impacto ambiental pues se trata del futuro de los pueblos TIkuna, Uitoto, Yagua, Quichua y Kukama.
A pesar de la existencia de la ley de consulta previa en Perú hay inconformidades con algunos puntos, como aquel donde se dice que los proyectos de inversión que beneficien directamente a los pueblos indígenas no tienen que ser consultados. “Ese es el argumento que agarra siempre el Estado para sacar adelante los proyectos, pero eso sería válido si se tratara, por ejemplo, de la construcción de una escuela o un centro médico, no una hidrovía o una mina”, cuenta Pérez.
Zoila Ochoa dice que las consultas previas siempre han sido vulneradas por el Estado. “Ahora hay una nueva ley de hidrocarburos que quieren sacar sin consulta previa, cuando los lotes petroleros están dentro del territorio de los pueblos”.
De acuerdo con la lideresa, se propone ampliar las concesiones de explotación de 40 a 80 años y “esto quiere decir que los pueblos indígenas van a vivir desde que nacen hasta el último de sus días en contaminación”. Otra de las propuestas de Aidesep es que las regalías de las empresas lleguen directamente a las comunidades.
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Un momento decisivo en Colombia
La situación para el sector ambiental en Colombia pasa por un momento crítico. Como lo reportó Mongabay Latam, la decisión de la Corte Constitucional de prohibir las consultas populares para rechazar la actividad minero-energética en los territorios prendió las alarmas. Se limitó un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución. Esto se sumó a un proyecto de ley del partido político Cambio Radical donde se proponían diversas modificaciones a los procedimientos para obtener licencias ambientales.
Además de proponer la eliminación de los diagnósticos ambientales de alternativas, también se pretende limitar los tiempos de las consultas previas a los indígenas y “agilizar los procesos”. Para Robinson López, líder de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y director internacional de Cambio Climático de la Coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), eso significaría un atentado contra los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas porque no se consultó ese proyecto con las comunidades y se busca recortar los tiempos para disminuir la participación de los pueblos indígenas. “Es un gran retroceso y ataque frontal contra nuestros derechos”.
A López también le preocupa el Plan Nacional de Desarrollo ─la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia─ pues en los últimos gobiernos la consulta y participación de los indígenas se ha hecho de afán. “El Ministerio del interior no es garante de este derecho ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene voluntad política para garantizar que este proyecto sea amplio y participativo, donde las iniciativas de los pueblos amazónicos sean tenidas en cuenta”.
Desde la Opiac creen que la estrategia del gobierno colombiano en este momento es limitar los derechos de los grupos étnicos y se sienten sin garantías. Son tantos los proyectos que se vienen para la Amazonía colombiana que los indígenas, literalmente, se la pasarían siendo consultados todos los días del año, dejando de lado su forma tradicional de vida.
Cuando los pueblos deciden no atender las consultas previas, el Estado tiene diseñado en el decreto 1320 de 1998 ─que según Robinson López es ilegal ya que no fue consultado con los indígenas─ un mecanismo llamado test de proporcionalidad. “Se declara a los indígenas en renuencia y tanto la empresa como las entidades del Estado se reúnen en Bogotá y en un acta deciden qué se hace en los territorios, “sin tener en cuenta a las comunidades”, resalta el líder de la Opiac.
Luz Mery Panche, lideresa del pueblo Nasa y de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán está preocupada además por la falta de apoyo de las organizaciones indígenas nacionales. “No hay un acompañamiento de las estructuras organizativas indígenas nacionales para que las comunidades en sus territorios tengan la capacidad de entender y defender el derecho fundamental a la consulta previa, que es visto por muchos como el supuesto ‘palo en la rueda’ para el desarrollo del país”.
La vulneración del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Colombia es tan grande que Luz Mery cita un caso emblemático. Según dice, se deben cumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia cuando declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y “tanto el Ministerio de Ambiente como Corpoamazonía y otras entidades vienen trabajándolo sin propiciar la consulta previa con los 64 pueblos indígenas que habitamos la Amazonía”, reclama.
Finalmente, Vanessa Torres, coordinadora de Infraestructura y desarrollo de la Asociación Ambiente y Sociedad, reconoce que en Colombia hay muchas normas dispersas pero no se ha articulado una sola que contemple el procedimiento completo. “La consulta no es una etapa de consolidación de un proyecto para adjudicación de una licencia ambiental, es un derecho fundamental que está consolidado en nuestra jurisprudencia”.
La abogada Torres asegura que en los dos gobiernos anteriores se impulsó principalmente el fortalecimiento de la cartera de infraestructura ─y esto ocurrió también en otros países de la región─ y por eso es común encontrarse con tres o cuatro grandes megaproyectos que se componen de hidrovías, hidroeléctricas o carreteras terrestres que buscan desarrollarse en territorio amazónico. Para ella, esto es muy preocupante porque son intervenciones muy agresivas y directas sobre el territorio. En medio de todo eso, y con las dudas y temores que rondan a las consultas previas, Torres se pregunta lo mismo que se preguntan los indígenas colombianos y al final, los indígenas de las selvas de la Amazonía: ¿con todo lo que se viene, cómo van a participar finalmente las comunidades en estos proyectos?
