- Los Hoti, Yanomami y Piaroa ─grupos indígenas aislados─ están asediados por la minería ilegal. Algunos son utilizados para trabajos forzados y otros han dejado sus territorios y decidido internarse en lo más profundo de la selva.
- La epidemia de sarampión que ataca a Venezuela ha diezmado a los Yanomami y el Estado ha fallado en llevar el sistema de salud a sus territorios.
- La llegada de grupos guerrilleros como el ELN y disidencias de las FARC tienen en una constante amenaza a los pueblos indígenas en aislamiento.
Un vuelo en avioneta; una travesía en bote por varios afluentes del Orinoco; paradas en medio de la selva verde, espesa y calurosa; más recorridos por aguas turbias y calmadas. Para llegar al lugar donde viven los Hoti (Jödi), indígenas en aislamiento en la Sierra de Maigualida, entre los estados de Amazonas y Bolívar, al sur de Venezuela, hay que atravesar cientos de kilómetros de vegetación frondosa y virgen durante horas. Allí, entre caños y ríos, se ha extendido durante siglos su territorio, ese donde han decidido permanecer lejos de la occidentalización que arribó al continente hace más de 500 años.
Pero ese santuario que habitan está bajo la amenaza de un decreto gubernamental: el Arco Minero del Orinoco (AMO), un controvertido proyecto puesto en marcha por la administración del presidente Nicolás Maduro que habilitó y delimitó casi 112 000 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales y piedras preciosas que abarcan desde el oro hasta el coltán y el diamante. El extremo oeste de esas tierras toca el hogar de los Hoti, uno de los tres grupos étnicos reconocidos en el país como “pueblo indígena en aislamiento”.
Pero los Hoti no son los únicos asediados por la minería. Los otros dos pueblos indígenas en aislamiento de Venezuela atraviesan la misma situación desde hace varios años. Decenas de comunidades de los Yanomami —ubicadas entre la sierra Parima y el cerro Delgado Chalbaud; en el Alto Siapa, Alto Ocamo y el río Metacuni en Amazonas; y en el Alto Caura y Alto Paragua, en Bolívar—, así como de los Piaroas (Uwottüja) —en el Alto Cuao, en Amazonas—, están sometidas a los desmanes de quienes explotan los yacimientos ilegales bajo la mirada de un Estado que no hace nada para evitarlo.
El documento ‘Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial’ publicado en 2012 por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Instituto de Promoción Estudios Sociales (IPES) confirmaba para entonces que los tres grupos, además de compartir similitudes en cuanto a su forma de vida, tenían también las mismas amenazas.
“Lo característico es que, por una parte, todas estas áreas son zonas de selva con difícil acceso, y en ellas estos grupos o comunidades tienen un cierto aislamiento geográfico, que de alguna manera dificulta los contactos con la sociedad dominante y por otra, sus territorios están siendo penetrados sistemáticamente por grupos de mineros ilegales sobre todo provenientes de Brasil y Colombia”, sostiene el trabajo. En él, además se menciona que estos grupos indígenas están en una situación de fuerte vulnerabilidad, sobre todo por la introducción de enfermedades endémicas y epidémicas, la contaminación y destrucción de su territorio, y la reducción del espacio para sus actividades tradicionales de subsistencia.
De hecho, el sarampión y la malaria actualmente están dejando efectos devastadores en comunidades Yanomami y la minería ilegal y grupos guerrilleros tienen acorralados a todos los pueblos indígenas aislados de Venezuela.
Del sarampión a la malaria
La alarma no se ha levantado. Desde marzo de este año, un brote de sarampión ataca a los Yanomamis y ocho meses después de que se reportaran los primeros casos, todavía no se sabe cuántas muertes ha causado la enfermedad en este pueblo, ni en general, en Venezuela.
Una fuente del Ministerio de Salud, que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, le dijo a Mongabay Latam que varios grupos indígenas en aislamiento reclamaron a los equipos médicos haber arribado tarde para salvarlos. “Algunas comunidades ya estaban diezmadas”, admitió.
Hasta el momento, las únicas cifras conocidas sobre la epidemia en los Yanomamis de Venezuela las ha ofrecido la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pero con base en los datos levantados en Brasil con corte a junio de 2018. Para ese mes, se contabilizaban 280 casos en observación y, de estos, 79 eran de indígenas venezolanos.
El Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía “Wataniba” expresó entonces su preocupación porque, hasta ese momento, se había constatado que 25 Yanomamis en el país tenían sarampión y, de estos, más de la mitad eran mayores de 25 años, lo cual agravaba su condición. Del total, 88 % eran de sexo masculino.
“El sarampión no se está tratando en Venezuela”, denuncia David Kopenawa, representante de los indígenas Yanomamis en el estado de Roraima, en Brasil, en un video difundido por la ONG internacional Survival. Allí, reprocha que el gobierno e instituciones de salud en el país no han hecho nada por frenar el brote.
“Sí estaban vacunando, pero con un esquema de vacunación que no se ajustó a las necesidades del pueblo indígena”, contestó la fuente del Ministerio de Salud, quien resaltó la gravedad de la epidemia. Estos grupos indígenas tienen un sistema inmunológico más débil pues no han tenido contacto con muchas de las enfermedades que suelen aparecer en las sociedades conectadas.
El brote de la enfermedad, contó Luis Bello del grupo Wataniba, coincidió con la denuncia de un asentamiento de garimpeiros (mineros ilegales brasileños) que se había reportado en la frontera con Brasil. Presume que en ese lugar había enfermos de sarampión y que el cruce frecuente de Yanomamis venezolanos hacia la zona pudo ayudar a la propagación de la epidemia.
La vulnerabilidad de los pueblos indígenas en aislamiento ante estos padecimientos está relacionada tanto con condiciones físicas como con el acceso a la salud pública. “Su poco contacto con otras personas hace que inmunológicamente sean más débiles ante esas enfermedades que ellos no tenían (…) Suele ser más difícil llegar hasta ellos con vacunas o con un tratamiento, porque por su propia situación, las tecnologías médicas no les llegan”, señala la fuente del Ministerio Público.
Aunque años atrás, en estos grupos se registraron brotes como leptospirosis y fiebre amarilla, la enfermedad que más aqueja a los tres pueblos indígenas en aislamiento en Venezuela es la malaria o paludismo, causada por un parásito (Plasmodium falciparum) que llega a los humanos a través de mosquitos infectados. Si bien está estrechamente relacionada con la minería, en los territorios ancestrales también existe una malaria endémica que suele presentarse en estas comunidades.
La incidencia de oncocercosis, una enfermedad parasitaria que envejece la piel y puede causar ceguera, incentivó la creación de un programa para tratar de erradicarla en estos pueblos y que, según la fuente del Ministerio de Salud, avanza con resultados satisfactorios. Sin embargo, las visitas que hacen los médicos a estas zonas ocurren cada tres meses y no son suficientes para combatir otros males.
La red de ambulatorios que se había abierto en el Alto Orinoco, y que hasta hace algunos años había sido mantenida por misioneros cristianos, está hoy prácticamente desmantelada. Sin insumos ni medicinas, estas infraestructuras resultan inútiles para atender a los indígenas de la zona que presenten alguna dolencia. Tampoco existe una red que les permita comunicarse por radio ante cualquier emergencia.
Esta situación es solo un reflejo de la crisis que atraviesa el país, donde el sistema de salud está prácticamente fuera de servicio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales 2018, desarrollada por la organización Médicos por la Salud, en 88 % de las instituciones de atención pública no hay medicamentos para atender ninguna enfermedad o condición. En 83 % el servicio de emergencia funciona de forma intermitente, mientras que en 79 % falla el agua potable. El estudio, por cierto, no incluye al estado Amazonas, donde está la mayor parte de los pueblos indígenas en aislamiento, ya que los investigadores no pudieron acceder a trabajadores sanitarios de la entidad.
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Mineros brasileños, oro y guerrilla
Luis Bello acusa a los garimpeiros de introducir el “trabajo esclavo” en el sur de Amazonas a través de las múltiples incursiones que han hecho al territorio del pueblo aislado Yanomami desde la década de los 80 y que persisten hoy.
“Cuando llegan los garimpeiros, utilizan a los Yanomami en trabajos de minería. Es un trabajo esclavo, porque son los que realizan el trabajo duro de cargar la tierra. Allí los indígenas no tienen el control y tienen que hacerlo a cambio de ‘matoji’, que son cositas, machetes, hachas, franelas, ropa, cuchillos…”, relata el experto.
Estas invasiones han incluido episodios de sangre. Entre junio y julio de 1993, un grupo de garimpeiros armados asesinaron a 16 indígenas Yanomami, en su mayoría mujeres y niños, dentro de su shabono (vivienda tradicional), debido a los conflictos por ocupación del espacio. El episodio es recordado como la “Masacre de Haximú”.
Bello además subraya que a través de caño Iguana, caño Asita, río Parucito y caño Mosquito, los mineros violan de manera intermitente el territorio de los Hoti y el fenómeno no es nuevo. Hace cuatro años, la Organización Indígena Yabarana del Parucito (OIYAPAM) denunció ante autoridades militares la presencia de mineros que utilizaban maquinarias en los predios de los Hoti. Así lo reseñó el ‘Informe sobre la Situación Actual de los Grupos de Pueblos Indígenas en Aislamiento Relativo y Poco Contacto en Venezuela (Jödi, Uwottüja, y Yanomami)‘ de octubre de 2017.
“En octubre y noviembre de 2014 hubo presencia de grupos de mineros ilegales extranjeros trabajando minería del oro en la zona del caño Corobita, afluente del Parucito, usando para ello máquinas —motobombas, grandes mangueras y mercurio (azogue), que causan graves daños ambientales y contaminación del agua en la zona, habitada por nuestras comunidades. Los mineros ilegales, una vez que salieron del sector Corobita, se han reubicado en la zona del caño Mosquito (Yuepa), afluente del Parucito, aguas arriba”, se lee en el informe.
Lo más grave, según el documento, es que en caño Mosquito hay varias comunidades del pueblo Hoti que hasta ahora se han encontrado aisladas y sin mucho contacto, poniéndose en peligro su salud y su vida, ya que son muy vulnerables a las enfermedades introducidas por los mineros. Su hábitat y tierras también se encuentran en peligro por destrucción de la selva y por contaminación del agua con mercurio. Con el pasar de los años esta actividad ilegal ha traído como consecuencia desde el daño de grandes extensiones vegetales hasta la alteración del curso de los ríos.
Ese mismo trabajo revela que la minería ilegal también opera en territorio del pueblo Piaroa al menos desde 2014, cuando comenzó la ocupación de áreas del Alto Sipapo, Alto Guayapo y Alto Cuao, donde se explota oro y coltán. “Esta situación y los impactos ambientales y socioculturales no han sido evaluados por las instituciones competentes del Estado. Desde la perspectiva de los grupos en aislamiento voluntario del pueblo Uwottüja (Piaroas), esta intervención minera y de grupos armados se encuentra en áreas cercanas a los lugares donde hay pequeñas comunidades aisladas y negadas al contacto”, reseña el informe.
La incursión de grupos armados que menciona el documento pone la luz sobre otro hecho: la explotación del oro ha atraído nuevos inquilinos a los territorios cercanos de los aborígenes aislados. Hasta allí habrían llegado tropas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla colombiana que cada vez tiene más participación en el AMO y en los yacimientos ilegales, así como integrantes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tal como lo asegura un reportaje publicado en la web Armando.info.
Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes en Venezuela, le explica a Mongabay Latam que los asentamientos de los irregulares en estas zonas se debe a que estos son considerados como aliviaderos. “A veces, los guerrilleros actúan como grupos de seguridad de los mineros, pues ese ha sido uno de sus mecanismos de sobrevivencia”, señala.
Sin embargo, el diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, ha indicado de forma reiterada que la penetración del ELN está avalada por el gobierno nacional, que pretende hacer una “limpieza” en la zona para poder quitar de en medio a las bandas delictivas que comandan los yacimientos y entregarlos a las compañías extranjeras que obtuvieron concesiones del AMO.
Ante esta nueva variable, los pueblos indígenas no se han quedado de brazos cruzados. “Han tenido que pactar, llegar a acuerdos de respeto de sus territorios, de usos y costumbres, respeto a sus mujeres, sus niños y jóvenes. Lo han tenido que hacer porque el Estado está ausente en estos espacios. Los guerrilleros, por su parte, también vienen de relacionarse con grupos indígenas de Colombia, por eso pactan”, afirma el abogado Aguilar.
La respuesta de aquellos que están en aislamiento, al menos en el caso de los Hoti, ha sido alejarse todavía más. “Cada vez suben más a la cabecera de los ríos, cada vez están más metidos en las entrañas de la selva, de las montañas, del nacimiento de las cuencas de agua porque las amenazas son cada vez mayores. Su intención y pretensión es aislarse cada vez más porque ven esta civilización como la civilización del desorden, del aniquilamiento (…) Ese aislamiento es proporcional a la amenaza de sus territorios, a su fragmentación”, concluye Aguilar.
Así, indígenas Hoti, Yanomami y Piaroa están a la merced de los efectos de la minería, ya sea legal o no. La contaminación, las epidemias, los abusos, la prostitución y los crímenes que arrastra consigo la economía caótica de los yacimientos del sur venezolano, ponen en riesgo sus vidas y su derecho a permanecer en un ambiente imperturbable por costumbres ajenas a su cosmogonía.
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Arco inconsulto
En 2016, el informe ‘Derechos humanos en el contexto del proyecto ‘Arco Minero del Orinoco’ en Venezuela”, presentado por las organizaciones Programa’ Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea); el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes y el Laboratorio de Paz (LabPaz), ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya advertía que “dentro de las poligonales”, trazadas por el AMO, estaba el pueblo aislado Hoti y el pueblo indígena Eñepá.
“En efecto, en el año 2012 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe sobre las medidas de protección especial para estos pueblos (…) Si no se toman medidas de protección a favor de estas comunidades, se generarán condiciones favorables para su desaparición”, afirmaban los miembros de la ONG Provea y GTAI en el documento.
Más allá del respeto hacia su territorio está el silencio que desde el gobierno se guardó sobre este proyecto que, antes de su anuncio, nunca se participó a los aborígenes. Pese a que las leyes venezolanas lo contemplan, ni a los Hoti ni a ninguna etnia indígena se le consultó sobre la implementación del AMO. Eso es lo que establecen los tratados y convenios que la nación ha suscrito tanto con la Organización de Naciones Unidas (ONU), como con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ese derecho está también contemplado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras leyes nacionales. En la Carta Magna, por ejemplo, el capítulo “De los Derechos de los pueblos indígenas” refiere la demarcación y garantía que los indígenas deben tener sobre sus tierras y se detalla que la explotación de minerales en sus entornos “se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos”. Pero el plan avanza y los Hoti están cada vez más expuestos a sus peligros.
“El gran drama del Arco Minero del Orinoco es que la frontera se va ampliando porque el tema de la minería descontrolada va comiéndose el territorio como las termitas (…) La frontera no termina en la poligonal, esas son simplemente unas líneas que se van extendiendo para legalizar lo que es ilegal”, sentencia el abogado Vladimir Aguilar, quien no descarta que el proyecto gubernamental tome más tierras indígenas.
El especialista sostiene que mientras se violan estos territorios ancestrales, también se atenta “contra las principales reservas de bosques y aguas del país y en la zona de mayor biodiversidad de la nación que es la Amazonía y la Cuenca del Macizo Guayanés”. Recalca que a pesar de que la Sierra de Maigualida, ocupada por los Hoti y el Alto Caura-Erebato, donde hay comunidades Yanomami, están dentro de los linderos del recién creado Parque Nacional Caura, las fronteras del AMO no han sufrido ninguna modificación y rozan parte de la nueva área que hoy está protegida constitucionalmente.
“Otro interrogante se refiere a que la creación de este parque se realiza en el contexto de la ejecución del AMO, ampliamente cuestionado por organizaciones ambientalistas, sociales, científicas e indígenas, por sus posibles impactos ambientales y socioculturales en la región. Surge la duda de si su creación es solo formal para mitigar las críticas actuales, o si hay una verdadera intención de protección y saneamiento del área”, argumenta el informe ‘Derechos humanos en el contexto del proyecto ‘Arco Minero del Orinoco’ en Venezuela’.
*Foto de portada: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.
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