- Los indígenas Kichwa de Santa Clara, en la provincia de Pastaza, consideran que la hidroeléctrica sobre el río Piatúa atenta contra el medio ambiente, sus medios de subsistencia y sus tradiciones. Llevan cinco años oponiéndose.
- Expertos geólogos, biólogos y antropólogos cuestionan el estudio de impacto ambiental con el cual se le dio licencia al proyecto.
- Los Kichwa interpusieron una acción de protección pero esta fue negada. Apelaron y esperan audiencia de segunda instancia, mientras que su líder, Christian Aguinda, fue denunciado por la hidroeléctrica por el presunto delito de intimidación.
Desde 2014, el pueblo indígena Kichwa del cantón Santa Clara, en la provincia ecuatoriana de Pastaza, se opone a la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa. Este afluente y su ecosistema no solo es el lugar donde pescan, cultivan y cazan, sino que es un referente milenario de su cultura y sus tradiciones.
Además, como lo indican varios expertos ambientales, es parte del corredor ecológico entre el Parque Nacional Llanganates y el Parque Nacional Sangay. “Es considerado un hotspot, es decir, un sitio estratégico para la conservación de fauna y flora silvestre, y posee muchas especies endémicas debido a que es un ecosistema que se encuentra en la transición entre los Andes tropicales y la llanura amazónica”, indica el biólogo Patricio Meza.
El proyecto hidroeléctrico está a cargo de la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco GENEFRAN S.A y busca generar 30 MW de electricidad captando las aguas del río Piatúa para luego devolverlas al río Jandiayacu. La preocupación de la comunidad indígena y científica es que, además del desbroce de bosque primario para la construcción de la obra y las afectaciones a la forma de vida del pueblo ancestral, a lo largo de aproximadamente 10 kilómetros, el Piatúa quedaría con un caudal ecológico del 10% mientras que el Jandiayacu aumentaría su caudal habitual. Los expertos señalan que ambas situaciones traerán fuertes consecuencias ambientales.
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Oposición y Consulta Previa
La oposición Kichwa ha sido fuerte durante cinco años y esto ha impedido que las obras avancen. El progreso actual del proyecto estaría rondando el 10%. Sin embargo, lo cierto es que el Ministerio del Ambiente del Ecuador aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por la empresa ─a pesar de los cuestionamientos que tuvo─ y Genefran tiene la licencia ambiental para construir una hidroeléctrica de pasada, es decir, que no cuenta con represa o embalse.
“El río para nosotros es un entorno en el cual están nuestros chakras (fragmentos de territorio destinados al cultivo de productos alimenticios para el consumo doméstico), nuestros mayores se curan en el río, hay muchas piedras milenarias y mucha historia para nosotros”, le dice Christian Aguinda, presidente del Pueblo Originario de la Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa Clara (PONAKICSC) a Mongabay Latam.
Como ha ocurrido con varias obras grandes que se pretenden ejecutar en territorios ecuatorianos, donde existe la presencia de indígenas, los Kichwa denuncian que nunca se hizo Consulta Previa, Libre e Informada. Aguinda es enfático en señalar que la empresa hizo una socialización con algunas de las comunidades pero que jamás fueron informados sobre la idea de hacer una hidroeléctrica. “Esas denuncias las hemos hecho, hemos hecho asambleas, hemos traído a las autoridades correspondientes, también hemos paralizado la troncal amazónica, hemos ido a la Asamblea Nacional”, dice.
Desde el 2014 han intentado frenar la hidroeléctrica Piatúa. De acuerdo con Aguinda, hubo una socialización a la que denomina como “parcial” porque no hubo traductor del español a la lengua originaria Kichwa y no invitaron a todas las comunidades sino solo a dos. “Vinieron diciendo que eran del gobierno, que iban a dar agua potable, que iban a dar becas, las comunidades nunca supieron que se iba hacer una hidroeléctrica, por eso se dieron algunas firmas, pensaban que era una socialización más no una aprobación para ejecutar un proyecto que capte más del 90% del agua del río. Vinieron a engañar para luego sacar los permisos”, recalca Aguinda.
Mongabay Latam se comunicó con la empresa Genefran para conocer su opinión sobre la polémica a la cual se enfrenta. La compañía solicitó el envío de preguntas vía correo electrónico pero hasta el momento de publicación de este texto no se tuvo respuesta.
Luego de marchas, protestas y bloqueos, los Kichwa decidieron acudir a la justicia ecuatoriana el 28 de mayo de este año y presentaron una acción de protección en la que también pedían medidas cautelares para su pueblo.
Los indígenas se asesoraron legalmente y recogieron informes técnicos de geólogos, antropólogos, arqueólogos y biólogos que ayudaran a sustentar el por qué la hidroeléctrica podría afectar a la naturaleza y sus derechos colectivos. Sin embargo, el juez Aurelio Quito Cortes de la Unidad Judicial Penal – Constitucional B de Pastaza negó la acción de protección el pasado 25 de junio por considerar que “no existe vulneración de derechos constitucionales”.
A pesar de esto, la sentencia fue apelada por la Defensoría del Pueblo. En diálogo con Mongabay Latam, la delegada para Pastaza, Yajaira Curipallo, asegura que los Kichwa fueron invisibilizados desde el mismo momento en que la empresa presentó su plan de manejo ambiental y fueron invisibilizados nuevamente con el fallo del juez. “Existe una zona muy reducida de tierras comunitarias pero está clara la presencia y pertenencia ancestral de los Kichwa de Santa Clara con sus 22 comunidades en la zona” y agrega que “los jueces no entendieron que más allá de un tema de propiedad física, el río Piatúa tiene valor para ellos por su importancia natural y cultural. Además, las 22 comunidades han sido reconocidas por el Estado ecuatoriano. Este fallo es una burla”, sentencia.
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Dudas y críticas a los estudios ambientales
Las objeciones a la hidroeléctrica sobre el río Piatúa van más allá del tema ancestral y cultural. Expertos de diferentes áreas de la Ciencia están preocupados por el impacto ambiental de su funcionamiento y por las falencias que encontraron en el estudio de impacto ambiental.
“El 60% de las especies de orquídeas encontradas en esta zona son endémicas. En la última década se han encontrado cuatro especies nuevas de ranas. Es un sitio único para la conservación en Ecuador. Toda esta riqueza biótica no es considerada por la empresa, más bien omiten estos datos y la licencia ambiental sale como si la zona presentara una sensibilidad muy baja, por lo cual se generaría un impacto muy bajo con la construcción”, dice el biólogo de la Universidad Central del Ecuador, Patricio Meza.
Meza asegura que habría una alteración del ecosistema y unos impactos muy fuertes. “Hay un desbroce del bosque primario, esto haría que los nichos ecológicos y los corredores biológicos se rompan. Hay una alteración en la cadena trófica y se podría dar un desplazamiento de especies hacia otros lugares y también se podría acelerar el proceso de extinción de especies muy vulnerables a cambios antrópicos”.
Un punto que resalta el biólogo es que el río Piatúa y el lugar donde se quiere hacer la obra están en una zona amazónica donde existen muchas fincas producto de una colonización que lleva más de un siglo. “Solo quedan remanentes de bosque y espacios como la subcuenca del río Piatúa que están siendo vulnerados cuando deberían ser considerados santuarios de vida silvestre. Se debería hacer todo lo posible para evitar más degradación”, enfatiza Meza.
Pero no solo esto. Santiago Ron, María José Navarrete y Jhael Ortega del Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador realizaron una evaluación del componente de anfibios dentro del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto hidroeléctrico Piatúa y concluyeron que el EIA elaborado por la empresa Genefran para este grupo biológico es inadecuado para evaluar el impacto que tendrá el proyecto.
Entre los datos más relevantes están que “la sección de Herpetofauna del EIA registra únicamente ocho especies de anfibios, lo que constituye una fracción mínima del número de especies que están presentes en el sector. De acuerdo con la base de datos de Anfibios del Ecuador (Ron et al. 2019) dentro de un radio de 25 km, desde los puntos destinados para la construcción de la Central Hidroeléctrica Piatúa, revelan un total de 184 especies de anfibios”.
También resaltan que el bajo número de especies registradas probablemente refleja el bajo esfuerzo de captura del EIA, puesto que “los tres días durante los cuáles se hizo el estudio de campo son insuficientes para caracterizar adecuadamente la composición de las comunidades de anfibios en bosques de la Amazonía ecuatoriana”. Por lo tanto, sugieren una reevaluación de la influencia del proyecto hidroeléctrico, en la localidad del río Piatúa, bajo una nueva metodología de muestreo que incluya información documentada de colectas y estudios previos disponibles en la literatura y bases de datos en línea.
Por su parte, Pablo Lozano, PhD y especialista en Ecología y Flora, indica que “es importante destacar, por la magnitud de la obra a implementarse, que no se ha realizado un inventario florístico adecuado, con claros errores. La estructura del bosque no se discute ni habla de sus resultados comparando con otras áreas de la Amazonía, cuántos árboles por hectárea y/o superficie, así como la diversidad, densidad, entre otros”. Lozano también sugiere corregir los datos y al menos usar un método estadístico que permita evaluar la flora y su ecología.
Los estudios geológicos también son cuestionados. El geólogo Mark Thurber dice que después de revisar la información disponible para el proyecto hidroeléctrico del Río Piatúa “existe un riesgo significativo de aluviones en la ubicación propuesta para la estructura del trasvase (incremento de la disponibilidad de agua en una cuenca adicionando agua desde una cuenca vecina) y que no se ha realizado una evaluación de riesgo geológico con el nivel adecuado”.
También menciona que es probable que los otros componentes del proyecto tales como el acueducto, las compuertas, la central eléctrica y las líneas de transmisión puedan ser susceptibles a riesgos geológicos e inestabilidad que no se han evaluado adecuadamente durante el desarrollo del proyecto y que, por lo tanto, se deben realizar estudios geomorfológicos e hidrológicos adicionales para poder evaluar adecuadamente la viabilidad del proyecto.
El biólogo Patricio Meza también llama la atención sobre otro punto. Según comenta, no existen datos reales sobre el caudal del Piatúa, ya que la empresa nunca hizo un estudio para medirlo o calcularlo. “Ese estudio no existe ya que en el río no hay una estación metereológica sino que tomaron los datos del río Verde, que está en otro ecosistema ubicado en la sierra, en bosque andino, y trasladaron esos datos al río Piatúa”.
Adicional a esto, Francisco Villamarín, del Grupo de Investigación de Recursos Hídricos y Acuáticos (GIRHA) de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, asegura que las cabeceras de los ríos amazónicos constituyen hábitats a donde muchas especies de peces migratorios suben para desovar. “A diferencia de otros ríos de la región, el río Piatúa constituye un refugio idóneo para estos peces por la ausencia de afectación visible por actividades de minería”.
Para Villamarín, el problema es que el estudio de impacto ambiental presenta deficiencias muy graves en el diseño de muestreo y existe, por tanto, una subestimación “grosera” de la fauna acuática presente en el local. Por ejemplo, el experto menciona que se presenta una lista de peces constituida por apenas cinco especies. “Por las características y la ubicación del lugar se esperaría encontrar una diversidad mucho mayor de peces (por lo menos entre 20 a 30 especies, aproximadamente), incluyendo especies como las carachamas (Loricariidae), especies migratorias como el bocachico (Prochilodus nigricans) y el sábalo (Brycon sp.)”, indica.
Otro punto que le causa preocupación a Villamarín es que el estudio solamente muestreó un punto en los ríos que serán afectados directamente, sin considerar los pequeños riachuelos que los alimentan. “Esto constituye un sesgo adicional muy grave. Se sabe que la diversidad de hábitats creados por los pequeños riachuelos son refugio para muchas especies acuáticas que no habitan el cauce principal de los grandes ríos”.
Mongabay Latam contactó a la empresa Genefran para preguntarle por las posibles afectaciones ambientales sobre el corredor Llanganates-Sangay y los efectos del trasvase del río Piatúa hacia el río Jandiayacu, pero no se obtuvo respuesta. Así mismo, se le preguntó al Ministerio del Ambiente de Ecuador por qué se aprobó un estudio de impacto ambiental que ha recibido tantos duros cuestionamientos, pero hasta el momento de publicación de este artículo la entidad todavía no se había pronunciado.
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Líder Kichwa denunciado por hidroeléctrica
Adicional a los riesgos ambientales y los reclamos de los indígenas Kichwa, en Pastaza están preocupados por las denuncias que la empresa Genefran interpuso contra Christian Aguinda, presidente de PONAKICSC.
“Contra mí hay dos indagaciones. La primera ya se convirtió en formulación de cargos. Lo más sorprendente es que haya recaído en el mismo juez [Aurelio Quito Cortes] que nos negó la acción de protección”, dice Aguinda.
Hace pocos días se hizo la audiencia y, según los Kichwa, los cargos contra su presidente “son inventados”. El líder indígena asegura que lo acusan de cosas que nunca sucedieron y solo hasta el momento de la audiencia supo de qué lo señalaban: intimidación. “Nuestros abogados pidieron que se archivara el caso porque no tiene justificación. Están usando estos mecanismos para callar los derechos que tienen las comunidades”.
Aguinda va más allá y cuestiona el papel de la justicia ya que, según dice, se debería más bien investigar por qué una empresa persigue a un dirigente.
La defensora del pueblo en Pastaza, Yajaira Curipallo, cuestiona que en los procesos contra Aguinda constan informes que tienen el carácter de reservados y fueron levantados por la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) en diciembre 2018, sin justificación alguna, “lo que ha provocado reacciones de indignación y rechazo en los comuneros y las autoridades indígenas”.
Mongabay Latam quiso conocer la versión de la empresa Genefran sobre sus motivaciones para denunciar a Christian Aguinda, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.
En un documento de la Defensoría del Pueblo de Pastaza aparece otro argumento para oponerse a la obra en el río. Según se indica, el proyecto no fue contemplado en la planificación del sector eléctrico. “El Ecuador cuenta con un excedente de energía eléctrica y utiliza apenas el 47% de su capacidad instalada, por lo que no existe demanda ni necesidad que justifique la construcción e implementación del proyecto hidroeléctrico. No se ha realizado una evaluación costo/beneficio, contrario a ello representa para el país un proyecto de alto costo, alto riesgo y de muy poco beneficio”. Incluso, en diciembre de 2018, la Corporación Eléctrica del Ecuador ─compañía estatal encargada de generar y de abastecer de energía eléctrica al país─ anunció en su página web que el país estaba exportando energía a Colombia.
Francisco Villamarín, de la Universidad Ikiam, asegura que “actualmente en el Ecuador no existe una necesidad inmediata de generar más energía hidroeléctrica, pues las necesidades energéticas del país están ya suplidas con los proyectos en funcionamiento. Me parece importante que en este momento se discutan alternativas más sustentables a las futuras necesidades energéticas”.
Por ahora, tanto las comunidades indígenas Kichwa como la Defensoría del Pueblo se preparan para la audiencia de segunda instancia de la acción de protección. Esperan que se consideren los conceptos técnicos, que califican como insuficientes los estudios realizados para el trámite de licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Piatúa; que se reconozca que los indígenas no fueron consultados; y que se protejan sus derechos colectivos.
*Imagen principal: Indígenas Kichwa aseguran que fueron invisibilizados por el juez que negó su acción de protección. Foto: Edmundo Garuka.
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