- Una polémica resolución de pesca, publicada en octubre pasado, incluye cuotas de aletas de tiburón pertenecientes a especies amenazadas clasificadas en la Convención Internacional para la Comercialización de Especies Amenazadas (CITES).
- Para poder exportar las aletas de dichas especies, es necesarios contar con requisitos que Colombia por ahora no cumple.
- Científicos no aprueban que se autorice una cuota de aletas cuando no existen las condiciones para comercializarlas de manera legal.
El Ministerio de Agricultura de Colombia publicó el 25 de octubre, como cada año, una resolución en la que establece las cuotas de captura para la pesca de diferentes especies marinas entre ellas tiburón. La resolución generó un gran debate luego de que la ciudadanía, organizaciones ambientales y algunos científicos acusaran al gobierno de abrir la ventana a la pesca ilegal de tiburones y al aleteo, una práctica prohibida en Colombia y que consiste en extraerle las aletas al animal para luego devolverlo sin ellas al mar.
Frente a esta ola de críticas, el ministerio se defendió argumentando que se trata de un malentendido y que ninguna de las leyes que protegen a los tiburones se ha pasado por alto con esta resolución. “No es justa esta desinformación y que se diga que somos nosotros los que fomentamos estos crímenes, cuando es precisamente lo que estamos combatiendo”, aseguró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, en un comunicado.
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Una cuota para tiburones
En Colombia, la carne de tiburón es consumida tradicionalmente en toda la costa tanto del Pacífico como del Caribe, a excepción del archipiélago de San Andrés, y se aprovechan todos los subproductos de este animal: el aceite de hígado con fines medicinales, la piel como papel de lija, los dientes y las mandíbulas para la artesanía. Sin embargo, todos estos productos deberían provenir de los animales que son capturados de manera incidental, es decir, que caen accidentalmente en las redes o en los anzuelos de los pescadores.
La prohibición de capturar tiburones de manera dirigida quedó estipulada en una resolución de 2017, en la que también se señala que está prohibido el aleteo en todo el territorio.
Cuando el Ministerio de Agricultura publicó, en octubre pasado, la polémica resolución en la que se establecen cuotas de pesca para el tiburón y sus aletas —125 toneladas para el Caribe y 350 toneladas para el océano Pacífico— “las redes [sociales] se desbocaron haciendo propuestas de marchas y plantones para tumbar la norma”, dice el biólogo Fabio Gómez, investigador del departamento de biología de la Pontificia Universidad Javeriana.
La cuotas establecen topes de capturas que, según el biólogo, permiten controlar la pesca ilegal. “Cuando un barco llega a puerto trae un porcentaje de pesca incidental. Si esos topes caen, el barco puede llegar con porcentajes mucho más altos alegando que es pesca incidental cuando en realidad es pesca dirigida”, explica Gómez, para quien una reducción o eliminación de la cuota sí dispararía la pesca dirigida.
Andrés Navia, biólogo experto en tiburones, director de la fundación Squalus, concuerda con Gómez y asegura que “el principio básico de la cuota es bueno y tiene una buena intención, porque de lo contrario se podrían sacar tantas toneladas como quieras”.
El problema, señalan los científicos, es que en Colombia “no tenemos la capacidad institucional de vigilar que se cumpla la cuota”. Tampoco existen las investigaciones científicas que justifiquen las cifras de captura máxima ni menos los estudios técnicos que exigen los acuerdos internacionales para comercializar las aletas de los tiburones.
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La polémica por las aletas
Las alertas saltaron cuando la resolución que establece las cuotas de pesca para el 2020, tanto en el océano Pacífico como en el Caribe, fijó una cuota de aletas correspondiente a 9,9 y 5,2 toneladas respectivamente.
Esas cuotas forman parte de las 125 y 350 toneladas permitidas de tiburón, sin embargo, “hasta el año pasado todo estaba en un solo paquete”, dice Navia. “Este año sacaron cuotas de aleta por separado y el principal problema es que incluyeron especies que están en CITES”, el experto se refiere a tiburones zorro como el Alopias pelagicus y el Alopias superciliosus, además del tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis). La comercialización de estas tres especies está regulada, según su grado de amenaza, por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Para poder comercializar esas especies es necesario contar con un diagnóstico de extracción no perjudicial, pero “esos diagnósticos Colombia no los ha elaborado”, dice Navia. “No tenemos todavía la información suficiente por lo que técnicamente es imposible exportar aletas de especies que estén en CITES de manera legal”, agrega. ¿Por qué establecer entonces cuotas para estos animales si no existen los instrumentos para comercializar las aletas de manera legal? Eso es lo que se siguen preguntando los científicos.
De hecho, según la autoridad de pesca, desde el año 2017 no se han entregado permisos de exportación de aletas, puesto que por ahora no se cumplen los requisitos. “Si esa es la situación, para qué incluyen una cuota de aletas en la resolución”, insiste Navia.
Por otra parte, los colombianos no tienen la costumbre de consumir aletas de tiburón por lo que tampoco existe un comercio local donde se trance este producto. “Hubo incluso una vez un restaurante en Medellín que preparaba sopa de aleta y le fue muy mal porque la prensa le cayó encima”, recuerda Navia.
Sin la posibilidad de exportar legalmente y sin la existencia de un mercado local, el destino de las aletas de los tiburones que son pescados incidentalmente en Colombia es, probablemente, el comercio ilegal. Así lo reconoció Nicolás del Castillo, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), durante una rueda de prensa cuando sostuvo que no tenía certeza de si se estaba dando o no un contrabando de aletas, pero que de ser así serían los mismos pescadores colombianos los que estarían “haciendo la trampa” y que “a través de Tumaco sale mucho producto ilegal hacia Ecuador. Es posible que por ahí también esté saliendo aleta de tiburón”. La preocupación de científicos y conservacionistas está entonces en que la resolución incentive ese mercado clandestino en lugar de combatirlo.
Desde el Ministerio de Ambiente señalaron en una conferencia de prensa que “cuando nosotros hicimos la claridad de porcentajes de aletas era para ponerle un límite a nuestros inspectores, a nuestros guardacostas. Porque ustedes saben que la corrupción se sale muy rápidamente y se puede aprovechar que si se habla de una cuota de 350 toneladas vayan a pensar que se trata de 350 toneladas de aletas”.
A todo este escenario hay que sumar que en Colombia, como explica Navia, no existe la capacidad para identificar a qué especie pertenece la aleta extraída. Esto es lo que hace que las actividades de control sean más difíciles.
En conclusión, la recomendación que científicos expertos en tiburones le han hecho a la autoridades es eliminar la cuota de aletas. Esto con el propósito de no abrir la puerta a solicitudes de exportación, cuando el país no tiene la capacidad para cumplir con los requisitos de comercialización ni tampoco para identificar qué tipo de aletas se están movilizando.
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De dónde salen los números
Juan Manuel Díaz, asesor científico regional de la organización MarViva, asegura que “las cuotas de tiburón que se están asignando son las mismas que las de hace cinco años” y no se tiene conocimiento de cuáles son los fundamentos que justifican esos números. “¿De dónde salieron esas cifras?”, dice Díaz. Según detalla un comunicado de MarViva, “hace falta contar con más información científica y estudios poblacionales que sustenten la aplicación de cuotas y medidas en el país”. Dicha necesidad se vuelve particularmente relevante, según el experto, si es que se considera que las especies a las que se les ha asignado cuotas de captura están en peligro de extinción.
Además de las especies ya mencionadas que se encuentran en CITES, la resolución incluye también al tiburón de puntas negras (Carcharhinus limbatus), que figura como Casi Amenazado en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y como Vulnerable en el Libro rojo de peces marinos de Colombia. La lista continúa con el tiburón sarda (Carcharhinus leucas), el tiburón tigre (Galeocerdo Cuvier) y uno de los tiburones martillo (Sphyrna corona), los tres en la categoría de Casi Amenazada según la UICN; pero además también hay dos especies más de martillo, como el Sphyrna lewini y Sphyrna mokarran, ambas En Peligro según la UICN y en el Apéndice II de CITES.
En una rueda de prensa, el director de la organización Conservación Internacional Colombia, Fabio Arjona, señaló que “para nadie es un secreto que en los últimos años ese tema de los observadores pesqueros [que realizan reportes para levantar información científica] se ha deteriorado dramáticamente, entonces la base para la toma de decisiones se ha debilitado”.
Además, según Díaz, “jamás en este país se ha detenido una pesquería porque se completa la cuota. No tenemos los mecanismos de control y vigilancia para hacerle seguimiento a los desembarcos de la pesca y muchísimo menos a la artesanal”.
Fabio Gómez concuerda con que “la autoridad pesquera no tiene el potencial operativo para ejercer un control en toda la línea de costa para registrar la pesquería de tiburón”. Además precisa que si bien existen registros de los desembarques de la pesca industrial, que es la que mayor incidencia tiene sobre los tiburones, no ocurre lo mismo con el sector artesanal. “Eso ha sido el problema de toda la vida en Colombia”, dice Díaz. En su opinión, el débil control estatal hace que el modelo de cuotas sea un ejercicio teórico: “no tiene un sustento técnico riguroso ni tampoco un control efectivo”.
Con todo, la discusión de fondo de esta alborotada polémica apunta a la necesidad de reforzar los controles y estudios para poder establecer medidas que se sustenten, efectivamente, sobre pruebas científicas. En cuanto a las aletas, los científicos esperan que las autoridades acepten modificar la resolución eliminando esas cuotas, al menos, mientras el país no cumpla con las condiciones para comercializarlas de manera legal.
*Imagen principal: Tiburones tigre. Imagen de Albert kok a través de Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
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