- Cuando el pueblo indígena inga se dio cuenta que una petrolera iba a realizar exploraciones dentro de su resguardo, georreferenció todo su territorio, armó un mapa y presentó un recurso ante un tribunal exigiendo la consulta previa.
- El Tribunal Administrativo de Nariño les dio la razón, ordenó cesar cualquier actividad y verificar si vivían indígenas en la zona. El Ministerio del Interior, a cargo de esta última tarea, hasta el día de hoy no se pronuncia.
- Mongabay Latam y El Espectador tuvieron acceso a un documento, elaborado en noviembre de 2018 tras la verificación en campo del Ministerio, en el que insisten en la no presencia de resguardos indígenas en el área del proyecto.
(Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y el diario El Espectador de Colombia)
La primera foto que acompaña este texto es de Aída Jacanamijoy. Tiene 59 años y es gobernadora del resguardo San Miguel, un espacio de más de 500 hectáreas en el que viven unas 160 familias del pueblo indígena inga. Antes de invitarnos a desayunar con fríjoles y gallina trata de explicarnos su relación con el petróleo con una vieja anécdota:
“Cuando tenía unos 5 o 6 años llegó la primera empresa”, dice. “Construyeron una pista para avionetas y luego hicieron un pueblo. Vinieron muchos extranjeros y mi papá montó una cantina. Trajo prostitutas. Parecía un buen negocio. Con el tiempo me encontré a dos funcionarios cuando caminaba una trocha. Ya tenía 19 años. Al verme me persiguieron y me abrazaron. Me cogieron las tetas; me las machucaron. No sabía qué hacer así que cuando apareció una moto, grité y dije que era mi novio. Me soltaron. Corrí hasta donde doña Espíritu y escribí una carta a la empresa diciéndoles que los iba a demandar. Puse la firma de un hombre. Al día siguiente nos ofrecieron disculpas. Nos dieron frutas y salchichas en lata. Nunca más se me volvieron a acercar”.
La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.
Desde entonces, cuenta Aída, siempre ha mirado con recelo a las compañías foráneas. Hoy lo comprueba con hechos: “Allá en esa casa blanca acabamos de empezar una nueva negociación con otra petrolera. Buscan la ampliación de una licencia ambiental para continuar explotando, pero para hacerlo deben consultarnos. A cambio les pedimos $9 mil millones [alrededor de US $3 millones]. No aceptaron”. Es una cifra alta que esconde un motivo de fondo que ella confiesa con una risa. “Ya tuvimos suficiente. En verdad, no queremos más petróleo”.
Al resguardo San Miguel llegamos tras sortear una hora de caminos de piedra y polvo desde el área urbana de Villagarzón, en Putumayo. Las palabras de Aída se asemejan a las de otros diez líderes indígenas inga con los que conversamos para hacer este reportaje. “En Putumayo hemos vivido una situación de extractivismo salvaje y estamos cansados”, nos había dicho uno de ellos un día atrás. “Cuando empezaron a sacar petróleo nunca nos consultaron y ahora queremos recuperar nuestro territorio”, replicó otro. “El Estado y los empresarios estaban acostumbrados a pasar por encima de nuestros mayores. Pero ahora están frente a una comunidad que no pueden manipular”.
Los disgustos parecen compartidos. Todos coinciden en que no se trata de una discusión nueva. Algunos retroceden unos siglos para sustentarla. Misiones católicas que les arrebataron costumbres y tierras; explotación de quina y caucho entre finales del siglo XIX y principios del XX; bonanza de pieles, de madera y, recientemente, de coca y petróleo, forman parte del listado que rezagó a los indígenas.
Carlos López Descanse tiene una manera más práctica de explicar el actual descontento. Es el presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón (Acimvip) y en su computador portátil guarda una tabla que lo resume. En ella muestra a las empresas que han explotado hidrocarburos o trazado nuevas vías. También el nombre de cada proyecto, el año en el que empezó y el impacto que ha tenido en cada comunidad. En las últimas casillas señala si antes de iniciarlos los encargados consultaron a los Inga. De 27 proyectos, en 14 no los tomaron en cuenta.
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Una disputa sin resolver
Villagarzón es un municipio joven. Fue creado a finales de la década de 1970, aunque unos años antes la Policía ya había levantado una inspección con ese nombre en medio de un poblado que poco a poco le ganó terreno a la selva. Hoy su área urbana se puede recorrer de esquina a esquina en menos de un par de horas. Las noches son tranquilas y frescas. Las mañanas empiezan temprano con las bocinas de cientos de motos y el humo de camiones cargados de crudo.
Acimvip, que aglutina a cinco resguardos y cinco cabildos del pueblo Inga, está frente a una calle polvorienta no muy lejos del centro. Desde que se creó en 2004 se ha convertido en un lugar de encuentro para líderes indígenas. Más que un par de casas que hacen las veces de oficinas y habitaciones es, según Vanesa García, una abogada bogotana asesora de la asociación, un punto de “grandes transformaciones”. “En los últimos años han llegado líderes cualificados que buscan la defensa del territorio y tienen claridades políticas. Quieren cohesionar al pueblo Inga. Gracias a eso han obtenido victorias como la sentencia de 2015”.
“La sentencia de 2015” es una frase que repiten de resguardo en resguardo. No hay gobernador que no la invoque para hablar de los logros y los derechos de los Inga. A lo que se refieren es a un fallo que emitió el Tribunal Administrativo de Nariño, en julio de ese año, ratificado por el Consejo de Estado, el máximo órgano de justicia nacional. En él los magistrados resolvieron una tutela interpuesta por Acimvip, luego de que la empresa Gran Tierra Energy iniciara un proyecto de exploración petrolera conocido como APE – La Cabaña.
