- Entre mayo y junio de este año, se cancelaron los contratos para la construcción de cuatro desembarcaderos que llevaban esperando por años los pescadores artesanales de Piura, Ica y Arequipa. La razón: retrasos en la entrega de las obras que superan los 400 días.
- Detrás de estos retrasos se esconden faltas graves que van desde irregularidades en la elaboración de los expedientes técnicos, plagados de plagios y firmas falsas, hasta corrupción que alcanza a funcionarios estatales.
Entre mayo y junio de este año, se cancelaron los contratos con la empresa P.S.V. Constructores, para la construcción de cuatro desembarcaderos que llevaban esperando por años los pescadores artesanales. Se trata de Yacila y Cabo Blanco en Piura, Quilca en Arequipa y San Juan de Marcona en Ica. La razón de la cancelación: retrasos en la entrega de las obras que superan los 400 días.
Detrás de estos retrasos se esconden faltas graves que van desde irregularidades en la elaboración de los expedientes técnicos, plagados de plagios y firmas falsas, hasta corrupción que alcanza a funcionarios estatales.
Mongabay Latam tuvo acceso a documentos de Fondepes y de la Contraloría General de la República que revelan una serie de irregularidades y actos de corrupción en la elaboración de los expedientes técnicos que sustentan la construcción no solo de estos cuatro desembarcaderos, sino de cinco más a lo largo del litoral peruano. El Ministerio Público ya inició las investigaciones de algunos de estos casos.
Las consecuencias las sufren los pescadores. Los muebles del área de manipulación de los desembarcaderos están oxidados, la pintura está descascarada, no hay energía eléctrica y los pescadores no pueden contar con una certificación sanitaria para comercializar el pescado.
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Un nido de irregularidades
La mayoría de los desembarcaderos inaugurados en los últimos años fueron entregados a medias. El de Mancora y Atico tenían fallas evidentes. El primero de ellos, hasta hace mediados de año no se podía utilizar por no tener sistema eléctrico y el segundo aún aguarda por la instalación de energía y de un emisor submarino de aguas residuales. Este tipo de problemas se detectaron también en tres de desembarcaderos más: Puerto Morín en La Libertad, Supe en Lima y Morro Sama en Tacna.
Ante las evidentes fallas, el Órgano de Control Institucional (OCI) de Fondepes, en coordinación con la Contraloría General de la República, inició auditorías en los cinco casos.
Mongabay Latam tuvo acceso a cada uno de esos informes emitidos entre octubre de 2017 y febrero de 2019. En ellos, los auditores concluyen que la raíz del problema está en la partida de nacimiento de los proyectos: los expedientes técnicos.
Cuatro de estos expedientes fueron elaborados por el Consorcio San Francisco, compuesto por Limberg Waldyr Luque Ortiz y Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia. El restante, Morro Sama, fue realizado por Consorcio Sur, integrado también por Limberg Luque y Boris Guillermo Panca. La Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA), que es parte de Fondepes, fue la oficina responsable de seleccionar y contratar a estos dos consorcios, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014.
Fue precisamente en el proceso de selección donde saltaron las primeras irregularidades. Los puntajes asignados en los rubros de experiencia e idoneidad para ejecutar la obra no eran correctos. Ambos consorcios recibieron 100 puntos, cuando en realidad debieron ser calificados con 60, indica la investigación, un puntaje por debajo del mínimo exigido por la convocatoria. Es decir, ninguno de los dos consorcios cumplía con los requisitos exigidos para elaborar los expedientes técnicos.
El problema se volvió mayor cuando la Contraloría confirmó que dichos expedientes fueron plagiados. Los auditores se percataron de ello pues varios de los textos eran iguales, a pesar que los lugares de construcción eran evidentemente distintos.
El que sustentaba, por ejemplo, la construcción del desembarcadero pesquero artesanal de Supe, era igual al de Quilca y al de Huacho. En los capítulos que se abordan los detalles de las obras portuarias es posible leer frases idénticas.
Un problema similar detectaron en el caso del desembarcadero de Puerto Morín, en La Libertad. La Contraloría además de detectar problemas en los planos de las instalaciones sanitarias y obras portuarias, observó que había información copiada del expediente técnico de los desembarcadero de San José y de Chimbote.
Pero esta es solo la punta del iceberg. Peritos grafotécnicos convocados por la Contraloría confirmaron que la mayoría de las firmas de los ingenieros que aprobaron los expedientes técnicos son falsas. El análisis de los peritos fue además corroborado por el testimonio de los mismos ingenieros.
La Contraloría indica que durante la elaboración de los expedientes y ejecución de las cinco obras, cuatro funcionarios pasaron por la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA), y tres por la secretaría general de Fondepes.
El órgano fiscalizador y el Ministerio Público investigan ahora por qué no hubo reparos ante los evidentes plagios y quiénes se beneficiaron al contratar a las empresas que desarrollaron malamente los expedientes técnicos.
La Contraloría sospecha la presencia de corrupción y ha reunido una lista de más de 25 personas, entre funcionarios y empresarios, para investigar sus responsabilidades en todas las etapas de ejecución de las obras.
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Las consecuencias de estos expedientes
Los expedientes técnicos fueron el inicio de una cadena de irregularidades avaladas por funcionarios de Fondepes que terminaron en la entrega de cinco desembarcaderos plagados de problemas. En el caso de Máncora, por ejemplo, se instaló un sistema de electricidad sobre la base de los 440 voltios, cuando en el área solo se trabaja con 220.
Fernando Paiva, expresidente del Gremio de Pescadores Artesanales de Máncora, comenta que “el sistema de drenaje termina en un tubo de dos pulgadas, similar a una obra doméstica, no industrial. Tenemos todos los muebles en la zona de manipuleo, pero estos, que debían ser de acero inoxidable, ya están carcomidos”.
Los pescadores de Máncora han tenido que adaptarse a esta obra inconclusa. Procesan sus productos en el cabezo de muelle, que es el lugar donde atracan las embarcaciones para desembarcar la pesca, y no en lugar que debería ser que es la zona de manipuleo. Esta última hasta ahora se encuentra clausurada. “Tenemos 150 embarcaciones que necesitan un lugar dónde procesar su pescado. Ahora, por responsabilidad del Estado, no podemos tener un certificado de calidad de nuestra pesca”, añade el ex dirigente.
En Atico, los pescadores tienen un área de manipuleo con muebles que ya están oxidados y con pintura descascarada. No tienen fluido eléctrico, solo pueden trabajar en las noches y madrugadas con un motor que gasta cuatro galones de petróleo por hora.
En el caso de Atico la situación es aún más grave. La zona de manipuleo no se encuentra dentro del desembarcadero, sino que a 100 metros de él. Esto no permitirá que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) otorgue la habilitación para su uso. “La entidad no nos permite un traslado (del pescado) porque se considera un riesgo de contaminación cruzada”, comenta Juan Ramos, ex administrador del desembarcadero de Atico.
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Más desembarcaderos, nuevas investigaciones
La Contraloría ya ha reunido información sobre los desembarcaderos de Yacila y Cabo Blanco en Piura, Quilca en Arequipa y San Juan de Marcona en Ica, cuyos contratos con la empresa constructora P.S.V. fueron cancelados por Fondepes en junio de este año.
Si bien aún no existen informes finales de las auditorías, los primeros hallazgos de los funcionarios de la Contraloría apuntan a irregularidades en los trabajos de ejecución de las obras y sospechas en la elaboración de los expedientes técnicos, tres de los cuales han sido nuevamente elaborados por Consorcio Sur.
El problema que cruza a los nueve desembarcaderos pesqueros artesanales que denunciamos en este reportaje es el mismo: un expediente técnico deficiente.
Renato Gozzer, especialista pesquero de la asociación Redes, contó a Mongabay Latam que en el norte existen más desembarcaderos que han corrido la misma suerte, aunque aún no han sido investigados. “Hay muchos que se construyen, se entregan y luego tienen problemas para habilitarse sanitariamente”, señaló.
Cumplir con las exigencias sanitarias es crucial, añadió Gozzer, pues sin ello el pescador no tiene certificado de procedencia para poder exportar su producto. “Se necesita esto para acreditar una trazabilidad del recurso, que es tener la información mínima necesaria de este a lo largo de la cadena productiva. Eso genera mayor confianza de que el producto es sostenible”, dijo.
Mongabay Latam buscó la versión de P.S.V. Constructores, así como la de los ingenieros involucrados en los presuntos actos de corrupción, pero no hubo respuesta. Solo El ingeniero Miguel Carranza se comunicó con Mongabay Latam una vez publicado el reportaje para indicar que él no fue parte de la convocatoria ni elaboró el expediente técnico del desembarcadero pesquero artesanal de Puerto Morín. Este medio también buscó la versión de los consorcios Sur y San Francisco, pero ambos ya no se encuentran en funcionamiento.
Imagen principal: Desembarcadero Morro Sama. Foto: Ministerio de la producción.
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