- Frenar la deforestación y el uso de agrotóxicos, controlar el fracking y la extracción de litio, controlar las aguas marinas e impulsar las energías renovables son algunos de los retos ambientales.
Este año Argentina estrena gobierno. La nueva administración empezó su gestión atendiendo un pedido unánime de organizaciones, científicos y ambientalistas: devolverle al área de Ambiente y Desarrollo Sustentable su categoría de ministerio. La designación de quien estará al frente de esta cartera ministerial, sin embargo, despertó algunas críticas. Juan Cabandié, hijo de padres desaparecidos durante la dictadura militar 1976-1983, es un joven y reconocido político, que para muchos no tiene la experiencia necesaria en temas ambientales.
Más allá de las críticas, al nuevo ministro le espera una ardua tarea. Los últimos años agudizaron muchos de los males que vienen aquejando a los diferentes ecosistemas del territorio argentino. Impactos en el suelo, el clima, la biodiversidad, las fuentes de agua, los bosques nativos, el océano y los conflictos socioambientales demandan una atención inmediata en medio de una profunda crisis económica que necesita generar divisas con urgencia.
Esta es una selección de los principales desafíos ambientales que deberá afrontar el nuevo gobierno este 2020 en un año que se prevé caliente.
1.Deforestación, desarrollo sostenible y protección de la biodiversidad
Los datos finales aún no están disponibles, pero las estimaciones calculan que la tasa de deforestación de bosques nativos de 2019 no diferirá demasiado respecto a la del año anterior, que fue de 186 500 hectáreas perdidas. La cifra, en un contexto de desinversión y caída de la actividad económica en general, resulta preocupante y marca uno de los grandes retos para el año que comienza.
“En 2020, y como principio de una década, el gran desafío es que, ante el aumento de la frontera productiva en el Norte Grande, tenemos que ser capaces de crear una plataforma multisectorial para trabajar en forma conjunta, con ideas, innovación e intelectualidad para alcanzar las metas propuestas”, indica Alejandro Brown, y estima que reducir las cifras de deforestación podría tomar toda la década. Doctor en Ciencias Naturales y Ecología y presidente de la Fundación ProYungas, Brown acepta que “además de la necesidad de más áreas de conservación, el país también precisa recursos”, pero al mismo tiempo solicita cambios en “los instrumentos que están funcionando de forma mediocre” como la ley de Bosques.
La correcta aplicación de la Ley de Bosques Nativos es, en todo caso, un reclamo generalizado dentro del universo ambiental. “Debe hacerse foco en los puntos cruciales como la asignación de fondos, la definición de actividades económicas permitidas en zonas ‘amarillas’ [donde es posible la producción silvopastoril], control y monitoreo. Si seguimos el ritmo de los últimos años, durante el nuevo mandato presidencial perderemos más de 800 000 hectáreas de bosques nativos, con consecuencias irreversibles”, expresa en un documento la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA). La entidad impulsa la creación de una Ley de Presupuestos Mínimos de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) y otra de Presupuestos Mínimos de Áreas Protegidas “como medidas para hacer frente al cambio climático y proteger los servicios ecosistémicos”.
Su director general, Manuel Jaramillo, va un poco más lejos: “El uso sustentable de los recursos naturales debe ser parte de la agenda económica […] Un verdadero cambio de paradigma implicaría reconocer que una actividad no sustentable no puede ser rentable”.
En este sentido, buena parte de las miradas vuelven a estar puestas en el Gran Chaco. Aunque con cifras más bajas que años atrás, Chaco y Santiago del Estero, provincias centrales que albergan una parte importante de este ecosistema, continúan liderando la estadística de bosques y montes perdidos por deforestación en el conjunto del país.
Otra ley cuya aprobación apremia es la de humedales, postergada desde 2012. Este ecosistema ocupa el 21,5 por ciento del territorio nacional (alrededor de 600 000 kilómetros cuadrados), y no existe ninguna norma específica que regule su protección.
La defensa de la biodiversidad será un tema importante de conversación este año. “Debemos devolver la problemática de las especies al centro de la discusión sobre cambio climático”, dice Claudio Campagna, director del Foro para la conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia: “Si solo pensamos en los problemas de sequía se vienen abajo las otras variables”. Cumplir con los convenios internacionales firmados por Argentina en ese sentido —el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica— es el pedido unánime para empezar a remontar una cuesta que se presenta muy empinada.
2. Agrotóxicos vs. Agroecología: una pelea desigual
La producción agropecuaria siempre ha sido el naipe ganador de la economía argentina, la principal “industria” generadora de divisas para el país. En 2020 lo seguirá siendo, más allá de que el precio a pagar se encarezca año tras año.
“El actual modelo de desarrollo agroindustrial, basado en la siembra directa, las semillas transgénicas y las nuevas técnicas para incrementar el rendimiento, no se sostiene más”, dice convencido Rafael Colombo, director ejecutivo de la asociación civil Capibara. Naturaleza, derecho y sociedad. La afirmación de este abogado especializado en temas del ámbito rural no se basa (solo) en los efectos sobre la permeabilidad y salinización de los suelos sino a una consecuencia tanto o más nociva: “Este tipo de producción exige la inadmisible aplicación de varios millones de litros de veneno sobre el campo, la población, el ambiente y los alimentos”.
Rafael Lajmanovich es a su vez profesor titular de Ecotoxicología en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral, y tiene una receta para encontrar una solución al problema: “La agroecología es la única alternativa para los lugares donde habrá que restringir el uso de sustancias tóxicas porque entran en franca colisión con las poblaciones humanas. Es la única manera de continuar cultivando, tal vez con rindes menores, pero también con menor gasto en insumos”.
Aunque está en pleno crecimiento, la agricultura orgánica, que no utiliza insecticidas ni fertilizantes, apenas si ocupa el diez por ciento de las 34 millones de hectáreas cultivables con las que cuenta el país, según datos de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO). “El Estado tendría que fomentar a través de una ley específica la producción agroecológica en las zonas de mayor conflictividad. Aunque dudo mucho que lo hagan”, opina Lajmanovich, quien se dedica desde hace décadas a estudiar los efectos de los agroquímicos.
Sus conocimientos le permiten zanjar cualquier duda sobre la toxicidad de herbicidas como el célebre glifosato: “Hay más de 170 compuestos tóxicos en el mercado. Tal vez de a uno no le hagan nada al organismo humano, pero hay trabajos experimentales que demuestran que la acción conjunta de más de uno de ellos multiplica su acción. Nadie sabe lo que pueden provocar al actuar todos juntos”.
En enero de 2019, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) actualizó la lista de principios activos prohibidos en el país. Incorporó 42 (26 insecticidas, 8 rodenticidas, 4 fungicidas, 1 acaricida y 1 antibiótico) para alcanzar un total de 86. Pero un informe presentado en mayo por la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina indica que en otras partes del mundo no se permite el uso de 107 de los productos que en la Argentina siguen habilitados. Incluso 33 de ellos son considerados PAP, es decir “altamente peligrosos” para la salud. Es el caso del glifosato o del clorpirifós, cuya utilización ha sido prohibida en toda la Unión Europea a partir de comienzos de 2020.
Con algo más de resignación y con los libros de Derecho en la mano, el doctor Colombo aboga por otras medidas: “Urge promover una norma de presupuestos mínimos que regule la comercialización, uso y aplicación de agrotóxicos. En el Congreso hay un proyecto muy interesante que prohíbe prácticas como el uso en áreas urbanas o las fumigaciones con avioneta, y se establece una distancia mínima de 1500 metros para la aplicación cercana a zonas sensibles: sitios habitados, escuelas rurales, centros de producción donde se críen animales y recursos naturales. Sería muy bueno que se aprobara este año”.
3.Litio y fracking: problemas diferentes bajo un mismo patrón
La minería y la explotación de hidrocarburos configuran la segunda pata sobre la que se asientan las posibilidades exportadoras argentinas. No es de extrañar entonces que sean apuestas fuertes en las políticas económicas de cualquier gobierno, sin importar su ideología. En ese sentido, el litio de los salares del norte y el yacimiento “no convencional” de petróleo y gas de Vaca Muerta, en la Patagonia, se ven como vías preferenciales para que las cuentas del país salgan de su crítico estado actual.
A simple vista, litio y petróleo parecen elementos competidores. El mineral extraído de los salares es un elemento indispensable en la fabricación de baterías que sustituyen a la gasolina como impulsor de los vehículos eléctricos, y estos, antes o después, se convertirán en dueños de calles y rutas. Sin embargo, son elementos con un punto en común: los expertos aseguran que el uso intensivo de uno y otro tiene fecha límite en el año 2050. Alguna otra sustancia más económica reemplazará al litio; los acuerdos internacionales para disminuir las emisiones de carbono y mitigar el cambio climático desterrarán al petróleo. De ahí que en ambos casos el tiempo para su explotación resulta limitado. También el de plantear una regulación rigurosa.
“Es clave sancionar [aprobar] una Ley Nacional de Evaluación Estratégica de Impacto Ambiental”, coinciden Pía Marchegiani y María Marta Di Paola, directoras de Política Ambiental y de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Marchegiani, doctora en Ciencias Sociales y especialista en temas de minería, explica que la misma “sería útil para considerar con criterios sociales y ambientales cuáles salares son los más apropiados para ser explotados. Actualmente no se valora ninguno de estos factores. Hay salares protegidos como sitios RAMSAR, otros donde anidan flamencos, en algunos pueden hallarse estromatolitos, que son estructuras minerales que nos relatan el inicio de la vida del Universo, y fundamentalmente todos tienen su propio sistema hídrico cerrado que debe ser estudiado para no alterar su equilibrio”.
Vaca Muerta tiene su problemática particular. “Debería establecerse un análisis integrado de impacto en la cuenca en su conjunto, no por pozos individuales. Tenemos que saber el valor de la sumatoria que implica explotar 1500 pozos, uno al lado del otro”, sostiene Di Paola.
El fracking, o fractura hidráulica, método empleado para extraer el petróleo y el gas adherido a las rocas de las profundidades, implica inyectar agua, arena y componentes químicos a muy altas presiones. “Sus efectos ambientales son ineludibles”, enfatiza la investigadora de FARN, quien en su intervención en la reciente Cumbre del Clima de Madrid sostuvo que: “Vaca Muerta es vendido como una fuente de generación de dólares a corto plazo, pero el agua se contamina, se provocan movimientos sísmicos y la alta toxicidad desplaza a los productores locales. A medio y largo plazo estamos profundizando el problema”. En cualquier caso, la experta ve difícil que este año la nueva administración argentina vaya a atender sus palabras.
4.Peligros bajo las olas
El Mar Argentino, es decir, la porción de océano Atlántico que cubre la plataforma continental del país hasta los 200 metros de profundidad ocupa 990 000 kilómetros cuadrados, y la línea de costa se prolonga a través de 4725 kilómetros. Son extensiones difíciles de controlar y proteger cuando los recursos con los que se cuenta son inversamente proporcionales a los peligros que enfrenta.
“La creación de dos Áreas Marinas Protegidas en diciembre de 2018 fueron un avance considerable, pero también insuficiente”, opina Claudio Campagna, director del Foro para la conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. Y más allá de que algunas voces como las del Colectivo de Trabajadores de Parques Nacionales opinaron en su momento que el tamaño de dichas áreas “excede la capacidad de control y vigilancia de los organismos ambientales”, Campagna cree que: “El primer gran avance para este año sería aumentar la extensión de los espacios protegidos y expandirlos en ambientes que sean más representativos de los ecosistemas del mar Argentino”.
El segundo reto esta vinculado al control del borde externo de la plataforma continental, es decir, fuera de las aguas nacionales, es otro punto a considerar, sobre todo teniendo en cuenta que para finales de 2020 está prevista la firma del Tratado Global de los Océanos que promueve la ONU. En esa área, buques de todas las procedencias capturan sin control alguno las especies que surcan el océano, tal como lo denunció en octubre una campaña de la organización Greenpeace. Impulsar la creación de un santuario marino en la zona es uno de los desafíos que afronta el país este año.
Limitar la amenaza que para el medio marino significan las prospecciones petrolíferas que fueron licitadas y cuya ejecución comenzó durante 2019 en vastas áreas del mar Argentino abre un nuevo desafío. Las zonas en cuestión, 18 en total, se hallan entre las costas de Santa Cruz, Tierra del Fuego y el oeste de las islas Malvinas, no muy lejos de las dos Áreas Marinas Protegidas declaradas en 2018. “Lo más preocupante es que todo se está haciendo de un modo demasiado callado. La contaminación sonora es un impacto a tener en cuenta en este tipo de trabajos y nadie trata el tema desde esa perspectiva”, denuncia Claudio Campagna.
Por fin, y también en el extremo sur del país, la declaración de la Península Mitre como área protegida es otra meta largamente anhelada que espera su concreción este año. El lugar es asiento para una enorme cantidad de especies de la fauna austral, pero al mismo tiempo, sus turberas constituyen un reservorio de carbono de enorme valor, que en caso de verse liberado produciría un dramático aumento en la emisión de metano y gases de efecto invernadero.
5.La necesidad de darle peso a la consulta previa
“En esta emergencia social, es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos”. La frase pronunciada por Alberto Fernández el mismo día de asumir como Presidente de la Nación alentó la esperanza de los sectores más postergados de la sociedad.
Pía Marchegiani, doctora en Ciencias Sociales, pone el acento en la cuestión al hablar de los cientos de nuevos proyectos de explotación minera aprobados por el Estado. “Un gobierno que apuesta por una mayor democratización y un mayor respeto de los derechos de las personas no debería pasar por alto lo que les sucede a las comunidades locales. La opinión de quienes habitan el territorio debería ser un tema central en cualquier proyecto de desarrollo económico que se quiera emprender, y hasta ahora es un factor que apenas ha sido tenido en cuenta”, dice como un modo de pedir un cambio en el tratamiento de estas cuestiones.
La situación se repite casi como un calco en todas las zonas productivas, ya sean extractivas o agropecuarias. “Hasta ahora, el Estado no ha sido un interlocutor dispuesto a gestionar la preocupación del habitante local, que suele estar poco y mal informado. Las nuevas autoridades tendrán que hacerle frente a estas voces y estudiar a fondo cada proyecto para definir cuáles son los menos nocivos para el medio ambiente y para los que viven en esas zonas”, remarca Marchegiani.
La cuestión se monta sobre otro problema latente: la propiedad de las tierras. En ese sentido, el otorgamiento efectivo de títulos de propiedad a descendientes de pueblos originarios y a campesinos criollos que residen en ámbitos rurales de diferentes regiones del país es un asunto a resolver en 2020. En muchos de esos casos, la justicia les ha dado la razón pero las autoridades demoran en ejecutar las sentencias.
“Para un integrante de una comunidad indígenas tener el título de propiedad de su tierra es lo más importante. Ser propietario legal le brinda la posibilidad de acceder a derechos laborales o ayudas estatales equivalentes a los que tienen los criollos”, explica Raúl Romero, coordinador de la Junta Unida de Misiones, una de las organizaciones acompañantes en la defensa de los pueblos que habitan el Gran Chaco. Participar en los Consorcios Agrarios, entidades que reciben ayudas económicas para comprar semillas o gasoil y a las cuales los indígenas no tiene acceso, es un buen ejemplo al respecto.
Los campesinos criollos, si bien son menos discriminados que los indígenas, comparten los mismos conflictos cuando se enfrentan a los intentos de desalojo por parte de una empresa que se dice dueña del lugar donde viven con sus familias. “La tenencia de las tierras, el acceso al agua y el avance de los desmontes son nuestros principales problemas”, señala Daniel Liberatti, vecino de Villa Bermejito (Chaco) e integrante del Frente Nacional Campesino.
6.Energías que no acaban de renovarse
En los últimos años, la producción de energía eólica y solar conoció un impulso importante en el país, con 157 proyectos presentados y varios de ellos puestos en marcha. Sin embargo, las “fuentes limpias” no logran ganar peso considerable dentro de la matriz energética argentina.
A principios de 2019, el gobierno nacional estimó que las fuentes renovables —eólica, solar y biomasa, básicamente— debían proporcionar el 12 por ciento de la energía eléctrica del país. No será así. Aún a la espera de las cifras definitivas, el aporte rondará el 5 por ciento (era del 5.7 en septiembre, según el informe de Tendencias Energéticas que emite el Instituto Argentino de Energía), dato que al menos alcanza para ubicar a la Argentina entre los países de la región con mayor crecimiento en la potencia instalada de energías limpias.
Sebastián Kind, quien fue hasta diciembre subsecretario de Energías Renovables, sostiene con datos en la mano que “la éolica es la fuente más barata para producir electricidad en la Argentina”. Y un estudio de la Fundación Vida Silvestre Argentina indica que “podrían ahorrarse 31 000 millones de dólares en costos de capital si se implementaran políticas de eficiencia energética”.
Sin embargo, algunos ejemplos demuestran que falta decisión para aprovechar el enorme potencial de viento y sol que ofrece la variada geografía del país.
“Detener las obras de La Barrancosa y Cóndor Cliff, las represas que con capitales chinos están en plena construcción en el río Santa Cruz, es uno de los grandes retos para 2020”, afirma con contundencia Hernán Casañas, director ejecutivo de la ONG Aves Argentinas. Existen recursos judiciales sobre la validez de los informes de impacto ambiental realizados para autorizar las construcciones que esperan sentencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin embargo, pese a ello, los trabajos siguen adelante. Las muy posibles consecuencias que puedan producir sobre la dinámica de las aguas del lago Argentino y en el glaciar Perito Moreno, lugar de nacimiento del río, es la principal preocupación de las organizaciones ambientales en la Patagonia Sur.
Finalmente, la ratificación de la construcción de una quinta planta de energía nuclear y de la prolongación de la vida de la central Embalse, que comenzó a funcionar en 1974, son otras medidas en sentido contrario a lo que ocurre en los países más desarrollados. El auge de los reclamos en torno al cambio climático y la conservación ambiental en general también promete poner este tema sobre la mesa de discusiones en el año que acaba de comenzar.
*Imagen principal: imagen panorámica del proyecto Vaca Muerta. Foto: Cortesía Gobierno de Argentina.
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