Lee más| No hay quien proteja a los defensores ambientales de Venezuela

Lo imparable: nada detiene el avance de la minería

 

El lanzamiento del Plan Minero Tricolor, que implica la entrega de un yacimiento a cada gobierno regional, y la militarización de territorios indígenas en donde hay minas de oro y diamantes pusieron en evidencia, el último año, las intenciones de la administración de Nicolás Maduro de intensificar sus acciones para incrementar la explotación minera en el país.

Eso es lo que establece el Plan Sectorial Minero 2019-2015 al que le dio la bienvenida en junio pasado, cuyo primer objetivo es “fortalecer e incrementar la producción nacional del sector minero a su máxima capacidad instalada” y, aunque más adelante advierte que el negocio extractivista respetará y protegerá el medio ambiente, su actual ejercicio sugiere lo contrario.

Una muestra es, por ejemplo, un video que promociona la minería como el futuro de Venezuela y que asegura que ese oro será el que permita que tanto el petro, la criptomoneda del chavismo, como el bolívar, que solo en 2019 se ha depreciado más de 98 % de su valor, tengan proyección en la economía mundial. Las imágenes, que luego de mostrar la inmensidad del río Caura exhiben a los mineros con sus bateas en un área devastada de El Sipao —un sector de la zona occidental del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde hace dos años un alud sepultó a cuatro trabajadores y dejó más de una decena de heridos— ilustran el audiovisual en el que, al final, se agradece a Dios porque en cinco estados de la nación se puede extraer oro.



Video sobre la minería en el Caura como apoyo de la criptomoneda del gobierno venezolano: el petro. Crédito: Video oficial del Gobierno de Venezuela.

“Dentro de nuestro contexto, se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes. Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación”, según el último informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). “Todos los parques nacionales y las cuencas hidrográficas localizadas al sur del Orinoco están siendo afectadas”, señala Álvarez Iragorry, quien aclara que frente a otras realidades amazónicas, la nación todavía está detrás de Brasil y Bolivia, donde los efectos del extractivismo son mucho más graves.

En esa misma línea extractivista, el 15 de octubre pasado se hizo un anuncio sin precedentes: Maduro prometió entregar una “mina de oro productiva” a cada gobernación (gobiernos regionales) chavista. Esta decisión se desprende del “Plan Minero Tricolor”, que contempla también una serie de alianzas con empresas nacionales e internacionales para generar ingresos a la nación a través de la exploración y explotación de minerales.

La noticia rápidamente impactó a la opinión pública y acaparó el interés en las redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue la diputada de la Asamblea Nacional, Mauligmer Baloa, quien señaló que el nuevo plan ponía en peligro la existencia de los indígenas que habitan los territorios donde están las minas de oro.

Una semana después, el anuncio cobró mayor relevancia con la visita del ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto, a los yacimientos del estado Bolívar en compañía de los gobernadores de Bolívar, Barinas y Delta Amacuro para realizar una inspección previa a la entrega. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, ninguna gobernación venezolana había recibido la mina de oro para administrarla.

Más leídas: El presidente de Venezuela Nicolás Maduro muestra una barra de oro supuestamente excavada y procesada en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial @PresidencialVen
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro muestra una barra de oro supuestamente excavada y procesada en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial @PresidencialVen

Para el exsenador y especialista en derecho ambiental, Alexander Luzardo, la decisión de entregar minas a las gobernaciones responde a una lógica en la que el gobierno intenta implicar a la población y hacerla responsable de la destrucción del país. El exsenador encuentra relación entre este caso y el programa de los “lingoticos”, oficialmente “Plan de ahorro en oro”, que invitaba a la población a comprar el metal dorado proveniente del Arco Minero al Banco Central de Venezuela (BCV).

“Esta es una política de repartición del territorio geográfico en grupos de interés. En el caso de Bolívar, se decide que a los 20 gobernadores se les da un pedazo del estado (…) Es una aberración porque convierte al país en un campo para ser depredado sin ninguna salida alterna. Es tratar de buscar la riqueza fácil y repartirse el territorio en tajadas”, concluye.

Luzardo insiste en que tal decisión atenta contra todo principio de ordenación del territorio, preservación ambiental y cualquier propuesta económica de sustentabilidad. Álvarez Iragorry tiene una visión todavía más preocupante sobre el anuncio: en una zona controlada por bandas criminales y grupos guerrilleros, las autoridades regionales se verían obligadas a pedirles permiso para extraer el oro. “¿Cuál es el mensaje? Que cada gobernador tiene que entenderse con el “pran” (palabra que se usa para referirse a un líder criminal de las cárceles en Venezuela, cuyo uso se extendió a las minas) local. A mí me asombra el nivel de irresponsabilidad”, reclama.

A todo ello se suma la propuesta de la Asamblea Nacional de avanzar con una Ley de Minas, en manos de la Comisión permanente de Energía y Petróleo, que pretende normar la actividad extractivista y agrupar todas las legislaciones relacionadas con el tema en un mismo documento, en el que se establezca un nuevo ministerio que sea la máxima autoridad del país en la materia.

Pese a que el proyecto hasta ahora no es de conocimiento público, especialistas como Luzardo advierten que una nueva ley sería incluso peor que otro Arco Minero, porque implicaría ver “a todo el país como un campo de extracción” y avalar en el fondo un “ecocidio sistemático”.

Además para el especialista en derecho ambiental, esta polémica ley echaría a perder  todos los avances logrados por el órgano legislativo (de mayoría opositora) en el área, que van desde la derogación del decreto del Arco Minero del Orinoco —la obra concebida por el gobierno de Maduro que creó una zona de explotación de minerales de casi 112 mil kilómetros cuadrados—, pasando por los informes de investigación relacionados con las continuas masacres ocurridas en estos territorios, hasta la aprobación en 2018 de la Ley de la megarreserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco, que impulsó la creación de un corredor ecológico conformado por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. “En Venezuela somos víctimas de una reedición permanente del mito del dorado”, enfatiza.

deudas ambientales venezuela 2019
La minería es altamente destructiva, va arrasando el paisaje y envenenando las vías fluviales. Foto: Wilmer González.

Lee más | Venezuela: la batalla por salvar a las ranitas merideñas en medio de la crisis

Lo grave: la militarización de los territorios indígenas

 

En apenas un año, el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, el mismo que alberga al Parque Nacional Canaima (Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1994), ha sido escenario de tres hechos de sangre. Entre las víctimas fatales están seis indígenas pemones que han quedado indefensos frente a sus victimarios: las fuerzas de seguridad del Estado.

Para el líder indígena Ricardo Delgado, exalcalde del municipio, la intención en cada una de estas incursiones ha sido el apoderarse de sus territorios ancestrales para explotar sus minerales. Esto fue lo que sucedió el pasado 22 de noviembre, cuando decenas de hombres armados cometieron una masacre en la comunidad de Ikabarú, que a pesar de estar fuera de los límites del Arco Minero del Orinoco, fue catalogado por Maduro como un “Bloque Especial” del mismo. Allí mataron a ocho mineros, incluyendo a un indígena.

Aunque la versión oficial del hecho indica que los autores materiales fueron los miembros de la banda criminal armada de “El Ciego”, que desde hace años controla los yacimientos de La Paragua y El Manteco, los pobladores de Ikabarú y las ciudades cercanas están convencidos de que se trató de un ataque militar: algunos identificaron entre los presuntos homicidas a efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El gobierno buscó la salida más simple: guardar silencio. La Fiscalía General de la República se pronunció 13 días después para anunciar la detención de ocho de los presuntos implicados. Sin embargo, Delgado asegura que los capturados son habitantes de comunidades cercanas, incluyendo a una persona que resultó herida en el hecho. La zona permanece bajo la vigilancia de los uniformados.

Al respecto, Álvarez Iragorry confirma que en Gran Sabana hay tensiones por conflictos de tierras. “Quieren [los militares] sacar del juego algo que el año pasado les molestaba, que era el control territorial pemón, porque los pemones tienen su propio sistema de autoridades”, expresó el especialista, quien acotó que en los últimos años comunidades indígenas de zonas como Urimán y Alto Paragua denunciaron que los soldados ingresaban a sus minas para intentar tomarlas. Para ese momento, ninguno lo había logrado porque los aborígenes los expulsaban. A finales del año pasado, todo cambió.

En diciembre de 2018 hubo una incursión armada en el sector Arenal del Parque Nacional Canaima, donde se practica la minería en balsas en el río Carrao desde 2013. Ese día, funcionarios de la DGCIM que se hicieron pasar por turistas, secuestraron una embarcación y la hicieron dirigirse a la zona minera, en donde dispararon contra los indígenas. El hecho dejó un muerto y dos heridos. Todos eran pemones.

 



Al conocer de la incursión de la DGCIM, los pemones emboscaron a los militares y lograron sacarlos de su territorio. Foto: cortesía Run Run.

Los aborígenes acudieron entonces a las redes sociales para condenar la acción del gobierno. Eso impidió que el parque se militarizara por completo, aunque no frenó que por primera vez se sintiera el olor de las lacrimógenas en el parque nacional.

En febrero, durante la víspera del operativo de ingreso de ayuda humanitaria convocado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, el Ejército arremetió contra la comunidad indígena de Kumarakapay, dentro del parque nacional, que se manifestaba en favor de la entrada de medicinas y alimentos. Al día siguiente, disparó contra quienes protestaban en Santa Elena de Uairén, capital de la misma jurisdicción. En ambos procedimientos murieron cinco pemones. Durante semanas la zona fue militarizada. Allí, según los pobladores, también arribaron grupos armados progobierno, conocidos como “colectivos”, para ejercer su control en el territorio. Cientos de aborígenes fueron desplazados, decidieron cruzar la frontera con Brasil para sentirse seguros.

Lee más | Venezuela: científicos intentan salvar población de jaguares en Zulia

Lo preocupante: la mercantilización de los parque nacionales

 

Es una acción generalizada. En áreas protegidas de los estados Falcón, Lara, Yaracuy, Aragua, Dependencias Federales, Carabobo y Distrito Capital, el gobierno venezolano otorgó permisos de construcciones turísticas y civiles a empresas y particulares que hoy levantan sus edificaciones dentro de parques nacionales.

Quizás uno de los casos más difundidos es el caso del Archipiélago Los Roques, al norte de Caracas, un conjunto de islas con arenas blancas, aguas turquesa y grandes arrecifes coralinos que ahora está en peligro por las concesiones entregadas a compañías que hoy hacen hoteles de dos pisos en el Gran Roque, el cayo que concentra a la mayor parte de la población, la misma que maneja posadas pequeñas para los viajeros. Hasta allí han llegado grandes inversionistas, con el aval del Estado, que planean erigir palafitos y restaurantes en islotes vírgenes.

deudas ambientales venezuela 2019
En la isla Gran Roque, las nuevas construcciones turísticas han empleado maquinaria pesada, por primera vez, en el parque nacional. Foto: Cortesía de habitantes de San Roque.

La historia no es nueva. Marlene Sifontes, secretaria de organización del Instituto Nacional de Parques (Inparques), señala que desde 2011 esta organización gubernamental ha tenido que enfrentar situaciones similares. Recordó que en esa fecha, con la entrada de funcionarios del Frente Francisco de Miranda (órgano político de adoctrinamiento del chavismo) a la institución, comenzaron los problemas: en el área de servicio de los Médanos de Coro, en el estado Falcón, se construyeron 80 viviendas como parte de un proyecto habitacional que sería mucho más ambicioso; en las montañas del parque Henry Pittier, en Aragua, se hicieron las bases de unas casas que se destinarían a militares; en la Laguna de La Restinga, en la isla de Margarita, se talaron grandes cantidades de mangle rojo, que sirve como nido para las aves, para un urbanismo que incluía hasta una escuela y una iglesia. En aquel momento, aquellas obras se detuvieron, pero hoy no pasa lo mismo.

“Ahora hay un relajamiento de la norma, nada se objeta porque al frente están las autoridades más nefastas que han pasado por el instituto. No hacen nada, promueven la violación de planes de ordenamiento y reglamento de uso que rigen cada parque y eso solo nos trae un gran deterioro porque es un turismo que destruye nuestros parques”, advierte Sifontes.

Las consecuencias se manifiestan en el daño que estas construcciones hacen a los suelos, aguas, flora y fauna de cada área protegida. En Falcón, un polémico desarrollo turístico del Grupo Hesperia atenta contra el “Refugio de Fauna Silvestre de Cuare”, porque a muy pocos metros de sus límites comenzó un proceso de dragado para la preparación de un canal de navegación que servirá a la urbanizadora Lake Blue. En el cerro El Ávila, en Caracas, la construcción de viviendas de 800 metros cuadrados —cuando la norma dicta que no se excedan los 150— ha provocado la tala de árboles indiscriminada y ha puesto en peligro a los habitantes originarios. En el parque San Esteban de Carabobo, el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, exigió que se permitiera que la isla Santo Domingo —lugar de anidación de tortugas marinas— recibiera a turistas, cuando esta siempre estuvo dedicada a la investigación supervisada por Inparques.

Sifontes denuncia que ninguna de estas obras contó con los estudios de impacto ambiental y sociocultural que requieren para comenzar a ejecutarse. “Eso debe hacerse antes de poner la primera piedra dentro del parque”, recalca, e insiste en que el sistemático irrespeto a las normativas que rigen cada área protegida ha terminado por permitir que cualquier proyecto de construcción sea posible en zonas en las que anteriormente se aplicaban férreos controles para mantener la biodiversidad.

Lee más | Venezuela: científicos salvan de la extinción a la cotorra margariteña

Lo malo: derrames, una expresión del colapso de la industria petrolera

 

Hubo un hecho que este año impactó al biólogo y profesor universitario Édgar Yerena: jamás había visto que las costas de Aragua, específicamente las playas turísticas de Bahía de Cata y Choroní, recibieran en sus orillas sedimentos de petróleo. Pero este 2019, eso pasó.

El hecho sucedió en septiembre, cuando los veraneantes se quejaron del permanente olor a gasoil en las playas y de la textura grasosa de la arena. El incidente provocó que la Guardia Nacional cerrara el acceso a Cata justo cuando se celebraba el Día Mundial de las Playas. Posteriormente, se supo que el origen del mal olor era un derrame que se produjo en la refinería El Palito, en el estado Carabobo, donde la falta de mantenimiento de las lagunas de oxidación provoca que estas se desborden cuando llueve. Cinco días después, las playas de Punto Fijo sufrieron la marea negra por un accidente dentro del complejo de refinerías de la zona.

En julio hubo otro evento similar en la playa de Palma Sola, en Carabobo, luego de que un derrame alcanzara estas costas, afectara las inmediaciones de la termoeléctrica Planta Centro y llegara, finalmente, hasta algunos balnearios de Falcón.

Para Yerena, la frecuencia de las mareas negras ha aumentado con los años producto del colapso de una industria petrolera que lleva años en recesión, con una producción en caída libre que en 20 años ha rebajado su cuota diaria en 80 %, y con una falta de inversión que ha afectado gravemente el estado de sus instalaciones.

“Hay situaciones como las del Lago de Maracaibo (en Zulia, el estado petrolero del país) a las que ya nadie le hace caso. Ese es un ecosistema muerto, la gente está nadando sobre petróleo en toda la Costa Oriental del Lago (donde se denunció un derrame también en septiembre). Hay una desensibilización porque ya tenemos muchos años viendo este deterioro avanzando y no hay solución porque las mismas autoridades de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dicen que no pueden hacer más pues no tienen presupuesto para la reposición de las piezas que se dañan”, explica el biólogo.

deudas ambientales venezuela 2019
Derrame petrolero en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Foto: Imagen compartida en Redes sociales.

Yerena advierte que al sur del país, en la Faja Petrolífera del Orinoco, los derrames son cada vez más frecuentes por las roturas en los oleoductos que forman charcos y lagunas de petróleo. “Antes había una atención a esta situación, pero ahora no hay posibilidad de revertir lo que sucede. El personal solo sustituye las tuberías que se van rompiendo pero no hay un mantenimiento preventivo y los estados Monagas y Anzoátegui son los más afectados por esto”, apunta.

Redes, botes y motores dañados por derrames y la constante limpieza con gasolina en Lagunillas, Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Foto cortesía de Jeanfreddy Gutiérrez.

Lee más | Venezuela: el café que trajo de vuelta a las aves

Lo bueno: mayor preocupación ciudadana por el ambiente

 

A pesar del terrible panorama que se cierne sobre los parques nacionales, hay algo que Sifontes rescata: esa misma destrucción ha hecho que los ciudadanos se empoderen y activen en defensa de sus áreas protegidas.

Una muestra de ello es el movimiento civil informal que se ha creado para impedir el avance de las obras de infraestructura en el cerro El Ávila de Caracas, así como para frenar los daños hechos por la construcción del teleférico que conectará a la capital venezolana con la ciudad de La Guaira. En ambos casos, los galipaneros (residentes en el sector Galipán, la única zona poblada del parque nacional) han sido los más afectados porque las edificaciones han impactado sus propios terrenos.

deudas ambientales venezuela 2019
Construcciones en el Cerro Ávila exceden el tamaño permitido. Foto: Cortesía usuarios del Parque Nacional El Ávila.

Otro ejemplo es el grupo de vecinos del parque Sierra Nevada del estado Mérida que, ante la falta de electricidad y gas en la zona, comenzó a talar árboles para llevar leña a sus casas que les sirviera para cocinar. Luego del acercamiento entre Inparques y la comunidad, se creó un programa a través del cual esos mismos taladores reforestan la zona de forma organizada.

Luzardo, por su parte, destaca como un avance la inclusión de temas ambientales y de tierras indígenas dentro del documento final de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, pues considera que constituye la revisión del antropocentrismo clásico de la Iglesia, que siempre vio al hombre como el centro de todo, para pasar a una concepción más integral del ser humano.

“Esta perspectiva es un aporte muy importante porque se trata de una institución milenaria. El alcance que va a tener es que sus parroquias también tendrán ahora un enfoque ambiental”, apunta el exsenador y ambientalista.

Estos avances, que configuran un cambio en el patrón de actuaciones y concepciones de una sociedad civil como la venezolana, que poco miraba hacia temas ecológicos y de conservación, debe hacer frente a un problema mucho mayor e institucionalizado: el de un gobierno que, pese a su prédica proambiente, destruye parques nacionales, cuencas hidrográficas y otras áreas protegidas sin dimensionar las consecuencias del daño. Por esa razón, los especialistas coinciden en que hasta que no haya un nuevo poder Ejecutivo, la agudización de la crisis medioambiental continuará.

*Imagen principal: Minas Gran Sabana en el Parque Nacional Canaima. Pemon Estado de Bolivar, Venezuela. Foto: Charles Brewer.

Videos Mongabay Latam | La situación ambiental en Venezuela




Conoce más de la situación ambiental en Venezuela: especies en peligro, esfuerzos por la conservación y mucho más.

Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en Venezuela, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Artículo publicado por alexa
, , , ,