- En México, 85 comunidades y ejidos han obtenido un certificado internacional FSC por el buen manejo que realizan de sus bosques. Aun así luchan para que su madera se valore en el mercado.
Camiones cargados con madera salían de los bosques del estado de Durango, al norte de México. Hace dos décadas, las personas que los miraban pensaban que se trataba de talamontes que deforestaban la sierra. La realidad era otra.
Quienes sacaban esa madera no eran talamontes. Se trataba de habitantes del ejido Pueblo Nuevo, comunidad forestal que desde el 1 de diciembre 29 de noviembre del 2000 ha logrado conservar el certificado internacional FSC (Forest Stewardship Council), un sello que garantiza que la madera proviene de bosques en donde se realiza un manejo responsable del ecosistema.
Rufino Meraz Alemán, técnico forestal del ejido Pueblo Nuevo, explica que desde hace 20 años esta comunidad ha demostrado que es posible aprovechar el bosque en forma sustentable, “que existen organizaciones campesinas que se preocupan por el manejo adecuado de los recursos”.
Con el lema “Bosques para todos, para siempre”, la certificación forestal FSC se gestó durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se realizó en Río de Janeiro en 1992, conocida como Cumbre de la Tierra. En esa reunión organizaciones ambientalistas, empresas comercializadoras de madera y otros actores impulsaron la creación de un sistema que permitiera identificar a los bosques con una buena gestión. Fue así que nació el certificado FSC.
Hasta abril de 2020, en México se habían otorgado 91 certificados FSC, 85 de ellos se entregaron a ejidos y comunidades que aprovechan en forma sustentable sus bosques comunitarios; los seis certificados restantes los tienen empresas privadas.
En total el país tiene certificadas 1 306 198 hectáreas, de acuerdo con datos de la organización internacional que otorga la certificación FSC. El 90 por ciento de esa superficie forestal es manejada por comunidades indígenas y ejidales, un dato que distingue al país, resalta Alfonso Argüelles, representante en México del FSC.
“En otros países hay superficies certificadas razonablemente grandes, casi el doble que México, pero son dos o tres empresas concesionarias las que tienen una superficie equivalente a México”, explica Argüelles.
México también se distingue porque, a finales de 2019, se entregó el primer certificado grupal al grupo Silvicultores Unidos de Occidente A.C., de Chihuahua, conformado por el Ejido Basaseachi, el predio privado Condueñazgo de Memeluchi y al Ejido Tutiaca; juntos suman una extensión de 44 139 hectáreas de bosque de pino y encino.
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Certificación comunitaria
El ejido Pueblo Nuevo está entre las tres ejidos y comunidades con mayor extensión de bosques certificados por FSC en México. Los otros dos son el ejido El Largo, en Chihuahua, y San Bernardino de Milpillas Chico, en Durango.
Los 1 503 ejidatarios de Pueblo Nuevo manejan una superficie de 243 349 hectáreas en la Sierra Madre Occidental. “Es una propiedad colectiva, donde todos los ejidatarios son dueños de todo y son dueños de nada porque nadie puede disponer de los recursos que tiene de manera individual, tiene que ser aprovechado de manera colectiva”, explica Rufino Meraz Alemán.
Del total de la superficie del ejido, solo 85 mil hectáreas de los bosques de pino y encino son aprovechadas, es decir, son utilizadas para la extracción de madera.
Para saber cuántos árboles deben cortar sin afectar al bosque, el ejido Pueblo Nuevo —como todas aquellas comunidades que realizan aprovechamiento forestal sustentable— debe realizar un Programa de Manejo Forestal. La madera que extraen la venden en rollo (troncos) y también la procesan para producir molduras, duela y madera estufada.
Para que las comunidades puedan comenzar el proceso de certificación deben contar con el Programa de Manejo Forestal aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, tienen que someterse a todo un proceso de revisiones realizadas por certificadores independientes avalados por la FSC.
“Observar, revisar documentos y realizar entrevistas”, esos tres pasos son la base de la evaluación explica el gerente certificador de Nepcon México AC, Zenaido Garnica. “No somos una policía, lo que buscamos es que el ejido, el predio, la comunidad por sí misma tenga un manejo responsable”, aclara.
El manejo forestal y la cadena de custodia son dos formas de certificación FSC. La primera garantiza que se realice un aprovechamiento sustentable del bosque y la segunda se concentra en el suministro y manejo de la madera para fabricación de productos como muebles y papel.
México tiene el tercer lugar en Latinoamérica —después de Brasil y Chile— tanto en superficie certificada como en cadena de custodia.
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Bosque que se conservan
De los bosques del ejido Pueblo Nuevo salió la madera que, desde 1900, se utilizó en la fabricación de durmientes de los ferrocarriles. Sin embargo, a partir de que la comunidad comenzó a realizar aprovechamiento forestal, en 1969, se establecieron zonas dedicadas solo a la conservación.
La comunidad tiene 50 áreas de bosque “que nunca se han tocado. Ahí está el bosque como era, con árboles viejos, en su estado natural. Ese es un bosque de alto valor de conservación”, explica Zenaido Garnica, de Nepcon México A.C.
Ixtlán de Juárez, en Oaxaca, otra población pionera en el manejo forestal comunitario y que cuenta con certificado FSC, no solo tiene un área exclusiva de conservación, también es reconocida por lograr la regeneración de sus bosques: donde antes habían contabilizado 300 árboles por hectárea, después del aprovechamiento maderable de cuatro a cinco años, en esa misma área ahora hay hasta 900 árboles por hectárea.
“Con el manejo forestal que promovemos, beneficiamos a la sociedad mediante bienes y servicios como el agua, el oxígeno, la captura de carbono, la recreación con el ecoturismo y el aprovechamiento forestal maderable que es el motor que genera la economía para la gente de diferentes comunidades”, comenta Elías Santiago García, director de servicios técnicos forestales de la comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca.
El gerente certificador Zenaido Garnica detalla que durante el proceso de certificación se corrobora, entre otras cosas, que la comunidad no corte árboles de más y que realice trabajos para evitar incendios forestales y cambios en el uso del suelo.
Edgar González, director en México de Rainforest Alliance —una de las organizaciones que en los noventa impulsó la creación de la certificación—, explica que este mecanismo permite garantizar la conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales de los bosques.
González resalta que las comunidades que realizan manejo forestal comunitario y que, además, tienen la certificación FSC contribuyen a la conservación de los bosques, al evitar la tala ilegal y, por lo tanto, la deforestación.
Alfonso Argüelles, representante en México del FSC, explica que la certificación también verifica que el manejo forestal sea viable económicamente y que tenga un beneficio social. Se corrobora, dice, “que sus números estén claros y estén sanos. No significa que tenga una hiperrentabilidad, sino que sea un negocio que se pueda sostener por sí mismo”.
Zenaido Garnica añade que se toma en cuenta si el manejo forestal comunitario deja beneficios para la comunidad y si se distribuyen en forma equitativa.
En las 74 comunidades que forman parte del ejido Pueblo Nuevo, por ejemplo, la mitad de los ejidatarios son adultos mayores que ya no trabajan, por lo que viven del reparto de las utilidades que deja la venta de la madera. Al año reciben entre 50 y 60 mil pesos ( entre 2 000 y 2 500 dólares) como parte de sus derechos como ejidatarios.
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Mantener la certificación
El certificado FSC se debe renovar cada cinco años. Y, anualmente, se realizan auditorías de verificación para garantizar que se mantienen las condiciones y compromisos establecidos.
No todas las comunidades que obtienen el certificado logran mantenerlo. Los motivos son múltiples. Entre las principales razones están los cambios de autoridades tradicionales.
Por ley, cada año y medio o cada tres años, las comunidades agrarias o ejidos deben elegir a sus nuevas autoridades comunitarias. En muchas ocasiones, los nuevos representantes desconocen los procesos del manejo forestal, por lo que deben capacitarse. Mientras eso ocurre, abandonan la certificación.
Hay comunidades, como el ejido Noh Bec, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, al Sur de México, a las que un desastre natural las deja sin certificación.
Noh Bec cumpliría más de 20 años de estar certificada, pero no lo consiguió. En 2007 los fuertes vientos del Huracán Dean destruyeron su bosque. La comunidad siguió con el manejo forestal, aprovechando la madera de los árboles que derribó el huracán. Su bosque se regeneró y en 2015 logró recuperar su certificado FSC.
Contar con una certificación “nos da mayor credibilidad ante instituciones como Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente). Otra ventaja es que los proyectos que presentamos a Conafor son aprobados con mayor facilidad”, señaló Abraham González, presidente del Comisariado Ejidal y técnico de Noh Bec en el informe del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, de octubre de 2019.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con el comisariado ejidal de Noh Bec, pero no fue posible realizarla porque el ejidatario forma parte de las brigadas que atienden los incendios forestales que se registran, desde finales de abril, en Quintana Roo.
Para el director de Rainforest Alliance México, Edgar González, el caso de Noh Bec es un ejemplo de manejo forestal: “Fue impresionante cómo estaba toda la selva en el suelo, derivado de esto perdieron la certificación… tuvieron que trabajar mucho para obtener de nuevo el certificado. Hay algunos casos donde por incendios, que no son provocados por los ejidatarios ni comunidades, pierden la certificación”.
Hay otras comunidades que no renuevan su certificación porque no encuentran un beneficio extra, sobre todo cuando se trata de buscar un mercado que pague un precio justo por su madera; la cual no solo tiene una procedencia legal, sino que, además, garantiza la conservación del ecosistema y representa un ingreso económico para las comunidades.
Alfonso Argüelles, representante en México del FSC, recuerda algunas de las palabras que ha escuchado en comunidades que decidieron no seguir con la certificación: “Pensé que había una expectativa de mercado, que iba a mejorar muchísimo mi precio de la madera, (pero) no mejora”.
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Un valor que no siempre se reconoce
En el ejido Pueblo Nuevo están orgullosos de estar certificados, pero el técnico forestal Rufino Meraz es franco, no es sencillo obtener ese reconocimiento: “Se solicitó que vinieran los evaluadores, anduvieron recorriendo gran parte del ejido y estuvieron checando el cumplimiento de los principios del FSC y lógicamente algunos no los cumplíamos porque no teníamos mucha idea de cómo era el procedimiento”.
Después del primer análisis, los certificadores informaron a la comunidad sus fortalezas y debilidades. En seis meses lograron atender las debilidades, principalmente “temas de administración del negocio; no había mucho control en lo administrativo”.
Al igual que Pueblo Nuevo, Ixtlán de Juárez ha mantenido su certificación desde hace 20 años. Esta comunidad de Oaxaca tiene una empresa forestal en la que trabajan 50 personas y que se dedica a la fabricación de muebles. Desde 2014, el gobierno federal es su principal comprador, ya que con ellos adquiere el mobiliario para sus escuelas y albergues para niños indígenas.
Pese a que Ixtlán de Juárez es reconocida por su buen manejo de recursos forestales y cuenta con el certificado FSC, colocar su madera y sus muebles en el mercado no ha sido fácil.
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Las comunidades forestales se enfrentan, entre otras cosas, a un mercado nacional donde tienen que competir con madera de origen ilegal y con madera importada que proviene de plantaciones comerciales y que, por lo tanto, es más barata.
De acuerdo con datos incluidos en el Programa Nacional Forestal de 2014 a 2018, la madera de origen legal que se comercializa en el país representa el 72.4 por ciento; el resto es producto de la tala clandestina.
“Nosotros promovemos productos certificados cien por ciento FSC, pero no somos competitivos con lo que es el mueble chapado, esos son productos más económicos, sí se ven bonitos, pero no tiene una durabilidad de madera FSC”, comenta Mauro Hernández Aquino, gerente de la empresa comunitaria de muebles de Ixtlán de Juárez.
Hernández lamenta que solo una dependencia de gobierno —el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas— adquiera sus productos y que no se impulse el trabajo y productos de las comunidades que realizan manejo forestal.
Esta comunidad, pionera en manejo forestal comunitario y en la certificación FSC, tampoco ha logrado colocar su madera en el mercado internacional.
Desde 2003, el estudio Los retos de la certificación forestal en la silvicultura comunitaria en México, publicado por el entonces Instituto Nacional de Ecología, ya advertía que “conforme la certificación se vuelva una norma en el mercado, aún las comunidades certificadas seguirán sufriendo muchas de las desventajas que enfrentan actualmente, puesto que no pueden competir con los grandes consorcios forestales”.
La Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal A.C (Unofoc A.C), integrada por 65 organizaciones, promueve la certificación y coincide con el problema del mercado. Benny Lavalle Robledo, coordinador de vinculación de esta organización, reconoce que “uno de los principales obstáculos que se ha visto es que no se le da un valor agregado a que tu madera o productos derivados del bosque sean certificados. El vínculo con el mercado es uno de los eslabones que están pendientes”.
Para atender este problema, Rainforest Alliance México desarrolla un programa de formación en capacidades empresariales para que los ejidos y comunidades “tengan el conocimiento de cuál es el costo del aprovechamiento forestal y los márgenes de ganancia, para que puedan establecer buenos precios de venta”, describe Edgar González.
Rainforest Alliance también impulsa mercados para maderas tropicales, así como apoyo en planes de negocio y planes de inversión para ejidos y comunidades.
Uno de los objetivos —explica González— es romper la dependencia que muchas comunidades tienen con los subsidios, los cuales “han ayudado mucho al desarrollo del sector forestal en México”, reconoce el director en México de Raiforest Alliance, pero también destaca que si una empresa comunitaria vive del subsidio es probable que no sea rentable ni sostenible.
Entrar al mercado internacional, acepta Rufino Meraz Alemán, del Ejido Pueblo Nuevo, es “una promesa que se nos hizo y que todavía no se ha cumplido […] no hay mercado para los productos certificados”.
Rufino Meraz, quien nació en este ejido y ama el bosque, reconoce que las dos décadas que lleva el ejido Pueblo Nuevo con su certificado ha sido un tiempo de “resistencia”. Mantener su manejo forestal comunitario no ha sido fácil, pero hacerlo, dice, les ha permitido aprovechar la madera en forma legal y conservar su bosque.
* Imagen principal: El Ejido Pueblo Nuevo tiene personal capacitado para realizar las actividades del programa de manejo forestal. Foto: Cortesía Ejido Pueblo Nuevo.
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