- La crisis económica generada por la pandemia pone a prueba a uno de los proyectos de manejo forestal comunitario más exitosos a nivel internacional. En solo un mes cayó en 80 % la venta de madera proveniente de los bosques sustentables de Santiago Papasquiaro, Durango.
La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.
Es 28 de abril y todavía no se registra un solo caso de COVID-19 en la región forestal del noroeste del estado mexicano de Durango, que tiene su epicentro en Santiago Papasquiaro, ciudad con poco más de 26 mil habitantes. La pandemia es, sin embargo, el tema principal de conversación para los habitantes de ese municipio y de los otros siete con los que mantiene una interacción constante: Canelas, Topia, Tepehuanes, Guanaceví, Tamazula, Otáez y San Dimas.
“Es una psicosis fuertísima; todos tenemos miedo”, asegura el ingeniero Francisco Gerardo Ramírez García, jefe de producción de planta del Vivero Forestal Emiliano Zapata, uno de los proyectos emprendidos por la Unión de Ejidos y Comunidades Forestales y Agropecuarias Emiliano Zapata (Unecofaez), organización que desde hace 43 años es, en esta región de bosques comunitarios, una de las promotoras principales de su consolidación económica.
Esta organización, recuerda con orgullo el ingeniero Ramírez, “fue registrada el 14 de agosto de 1976 por 20 ejidos y comunidades, y hoy agrupa a 77, que administran de manera sustentable 1 097 029 hectáreas de bosques”, fundamentalmente de pino, de las que año tras año nunca se extrae un volumen superior de madera de la que el bosque produce en ese mismo periodo.
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Hoy el miedo tiene sustento. Sería enorme el reto sanitario que plantearía atender los casos de contagio por COVID-19 en una población de casi 130 000 habitantes, 80 % de la cual vive dispersa entre 350 poblados con menos de 2500 personas, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda. Solo cinco asentamientos son considerados urbanos en un territorio que es sobre todo forestal y que abarca 32 454 km2, superficie ligeramente superior a la del estado de Guanajuato y 50 % mayor que la ocupada por la República de El Salvador, en Centroamérica.
Es justo esa dispersión de la población la que justifica que en tiempos de epidemia, en estas tierras de bosques, algunos sean optimistas, entre ellos el ingeniero Carlos Zapata Pérez, director técnico de la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia, empresa que elabora planes de manejo forestal sustentable para las comunidades y ejidos de la zona.
Acostumbrado a pasar periodos de 10 días internado en esos bosques, sin tener otro contacto humano que el de sus compañeros de cuadrilla, el ingeniero Zapata considera poco probable la expansión de la pandemia: “las rancherías están muy dispersas y existe una sola carretera principal en la zona, no hay forma de contagio fácil”.
Zapata también confía en la capacidad de regeneración de esos bosques, que él promueve desde hace 30 años, realizando los estudios de biodiversidad, conservación de suelo y agua, amenaza de plagas, riesgos de incendio; recabando toda la información que permita un aprovechamiento del bosque que genere beneficios económicos sin poner en riesgo su sustentabilidad, su preservación como un conjunto de ecosistemas que incluye no solo árboles maderables, sino complejos de flora y fauna que permiten que los bosques sigan siendo bosques y no plantaciones de árboles sujetas a una explotación intensiva.
El optimismo del ingeniero Zapata, sin embargo, es compartido por muy pocos en la región. Los municipios de Topia, Canelas y Otáez y cada vez más comunidades pequeñas han instalado retenes en sus accesos para prohibir la entrada y salida de personas y vehículos, como única medida de prevención sanitaria a su disposición. “La situación está dura, todo el mundo tenemos miedo a morirnos”, reitera el ingeniero Ramírez García, desde su propio confinamiento familiar.
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Cae demanda de madera
La imposibilidad de ingresar a los bosques aislados es el menor de los problemas que debe enfrentar hoy el ingeniero Alfredo Corral Martínez para mantener en actividad al Grupo Sezaric, el complejo industrial maderero integrado por comunidades y ejidos de la zona y del que es gerente general.
Desde que se suspendieron las actividades esenciales, el 31 de marzo, el ingeniero Corral ha ido recibiendo cada vez más cancelaciones de ventas de madera ya acordadas y solicitudes de prórroga para los pagos pendientes: “No tengo clientes; yo sigo operando aunque en menor escala, haciendo los productos más difíciles, los que me llevan más tiempo, con la finalidad de ir almacenándolos para cuando la demanda se reactive, pero es una situación que no podemos mantener por mucho tiempo. No estamos recibiendo liquidez ni pedidos y así es difícil no colapsar”, explica el ingeniero, quien asegura que la demanda ha caído en un 80 % en solo mes.
La razón de ese colapso se encuentra a 1066 kilómetros al sur de Santiago Papasquiaro: “La mayoría de nuestros productos está dirigido a la obra y nuestro principal mercado es la Ciudad de México. Ahí está parada la industria de la construcción y eso frena lo demás; la cadena se ha tenido que parar y nos afecta a todos”, explica el ingeniero Corral.
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La situación no es distinta en Monterrey, el mercado principal para la comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, otro integrante de la Unecofaez que cumple ya un mes sin poder desplazar todos los productos que elaboran: molduras, tarimas y madera seca, lista para fabricar muebles; una actividad industrial que da empleo a 179 empleados que dejarán de trabajar a partir del primero de mayo, como consecuencia de la falta de liquidez, informa María Nancy Corral, Presidenta del Comisariado de esa comunidad.
Para la industria de la construcción en México, de hecho, la crisis generada por el COVID-19 no ha hecho sino prolongar y profundizar 20 meses consecutivos con indicadores negativos. De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el pasado 24 de abril, el valor de la producción generado por las empresas constructoras registró en febrero una caída en términos reales de -0.7 % respecto al mes precedente, y de -15.6 % en comparación con febrero de 2019, lo que representa la disminución más pronunciada desde 2007, año en que comenzó a levantarse la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).
Habrá que esperar al 25 de mayo y el 22 de junio para conocer las cifras correspondientes a marzo y abril respectivamente, pero Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ha anticipado una pérdida de 500 mil empleos al finalizar abril, como resultado del paro total de actividades de 2000 empresas afiliadas a ese organismo y la reducción drástica de las operaciones en la mayoría de sus otras 8000 agremiadas.
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No extraña, en ese contexto, que las 42 empresas forestales que hasta el 21 de abril habían respondido a la encuesta digital El sector forestal ante la crisis del COVID-19, lanzada por la organización Reforestamos México, prevean un promedio de reducción de ventas a consecuencia de la pandemia del 60 %.
El equipo directivo de Sezaric ha decidido que su prioridad ante la contingencia sea mantener su actividad hasta que los recursos disponibles se lo permitan, para no afectar los ingresos de los 500 empleados que laboran en sus instalaciones y de los poco más de 2000 empleos indirectos que genera en la región.
El ingeniero Corral reconoce, sin embargo, que ya se han visto obligados a suspender los compromisos de compra de madera que tenían con algunos ejidos y comunidades: “Paramos varios cortes en varias zonas y concentramos el abastecimiento en áreas que enfrentan potencialmente más dificultades, como aquellas en que la llegada de las lluvias dificultará el traslado de la madera o implicará un costo muy elevado”.
La caída de la demanda no es el único inconveniente que enfrentan hoy las empresas forestales comunitarias. La reducción drástica de las actividades de la administración federal plantea otro reto que no es menor: en todo el país, la resolución de los trámites que las empresas forestales tienen que realizar ante las autoridades ambientales está, si bien no detenida del todo, avanzando con lentitud.
“Los trámites de las remisiones para el movimiento de la madera aserrada, de la trocería, de las tarimas, de los aserrines, van muy lentos, y eso pone en riesgo los ingresos de las personas, porque esa documentación es indispensable para recibir recursos de los aprovechamientos forestales”, precisa el ingeniero Ramírez García.
Los efectos de este cuello de botella burocrático no son tan drásticos en este momento de demanda casi nula, pero la perspectiva de iniciar la reactivación gradual de la economía a mediados o finales de mayo, sumada a que la suspensión de labores en la administración pública federal se extenderá hasta el 1 de agosto, plantean un escenario que hace prever el surgimiento de obstáculos burocráticos para el regreso a la normalidad de las empresas forestales comunitarias.
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Ante este panorama, Sezaric se plantea ya la posibilidad real de decretar una suspensión temporal de actividades por primera vez, desde que en 1990 la Unecofaez logró que el gobierno federal les rentara a 40 de sus integrantes la planta industrial que había ocupado Proformex, empresa descentralizada a la que se habían opuesto durante 14 años por la manera en que manejaba los bosques y los excluía en la toma de decisiones.
Si la Ley Forestal de 1960 había abierto la puerta para la creación y operación de empresas forestales paraestatales, que en todo el país explotaron los recursos naturales sin beneficiar a las comunidades y sin preocuparse por la sustentabilidad, La Ley Forestal de 1986 abrió la posibilidad para que las comunidades y ejidos operaran sus bosques.
La Unecofaez aprovechó esa coyuntura y en 1992 adquirió de manera definitiva la planta industrial que hoy ocupa Sezaric, dando inicio a un proceso de creación de valor en las cadenas productivas forestales que, por una parte buscan el fortalecimiento de la capacidad industrial, y por otra promueven el manejo sustentable de los bosques. Este proceso comenzó a rendir frutos en 2001 y hoy 35 predios de la región cuentan con el aval del Sistema de Certificación Forestal Mexicano y 16 han logrado la certificación internacional FSC, por el buen manejo de sus bosques.
Todo este esfuerzo puede quedar suspendido hoy, al menos de manera temporal.
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Enfrentar los nuevos tiempos
¿Cómo evitar que la crisis generada por el COVID-19 ponga en riesgo los logros de más de cuatro décadas de organización comunitaria? El ingeniero Ramírez García confía en la fortaleza generada a lo largo de todo el proceso de lucha que sustenta el surgimiento de la Unecofaez.
“Hoy la gente —explica Ramírez García— está más consciente de que los bosques se tienen que cuidar. Se batalló mucho para lograr el cambio en la gente que exigía la certificación; todo cambio genera una reacción, pero la gente ya lo entendió, ya se acabó el tiempo de la ignorancia. Lo que necesitamos es lograr que no nos quiten los recursos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), los programas de pagos por servicios ambientales que permiten a la comunidad seguir trabajando con un enfoque de paisajes”.
A mediados de abril, el ingeniero Mario Mosqueda Vázquez, coordinador general de producción y productividad de Conafor, señaló que “la dispersión de los recursos económicos (de ese programa y de todos los que opera la comisión) se dará a partir de los meses de mayo-junio, lo que permitirá que los ejidos y comunidades reciban estos recursos para reactivar su economía y realizar los trabajos productivos de conservación y restauración de sus bosques”. Los resultados de las convocatorias anuales publicados al 28 de abril, sin embargo, no son muy alentadores para esa región de Durango: tan solo en la categoría de pagos por servicios ambientales fueron rechazados 15 proyectos.
Chea Soto, ingeniera forestal que trabaja en la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia, ve una alternativa en el trabajo en red con las organizaciones forestales de todo el país. Fue durante un webinar al que asistió de manera virtual, organizado por Reforestamos México, y que planteó los retos frente a la pandemia, que mujeres de todo el país que trabajan en la industria forestal comenzaron a evaluar la posibilidad de crear y fortalecer plataformas digitales que permitan a sus comunidades incursionar de manera más efectiva en el comercio electrónico, tener una reacción más inmediata y directa ante las necesidades de los mercados y los consumidores finales.
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Para el ingeniero Carlos Zapata las dificultades que enfrentan las empresas forestales comunitarias en la actualidad hace evidente la necesidad de reforzar la diversificación de sus actividades productivas.
Unecofaez impulsa ya proyectos de acuicultura, de producción de quesos y de ecoturismo en la región, pero desde su perspectiva habría que promover más ese tipo de iniciativas que, sin implicar desmonte o un cambio en el uso de suelos, permita “no poner todo los huevos en el mismo canasto”, el canasto de los productos maderables.
El ingeniero Alfredo Corral Martínez, que enfrenta día a día la pérdida de liquidez en Sezaric, plantea una meta más inmediata, de corto plazo: “Lograr un acuerdo entre los diferentes niveles de gobierno, las diferentes dependencias y los empresarios forestales para enfrentar entre todos la contingencia y reactivar la economía, porque de ahí surge el bienestar de nuestra gente”.
Esa gente en la que él piensa son, en principio, los 5936 campesinos que son socios de la empresa, las 10 500 familias de la región cuyos ingresos dependen, al menos en parte, de que Sezaric no pare actividades.
*Imagen destacada: desde 1976, ejidos y comunidades de Durango administran de manera sustentable 1 097 029 hectárea de bosques. Foto: Cortesía UCDFI Topia, S.C.
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