- A fines de 2019, el presidente Iván Duque anunció la creación de Barrancominas en el departamento amazónico de Guainía. Sin embargo, esta decisión choca con el plan de los indígenas para implementar un decreto que les permita manejar ampliamente los recursos de este territorio.
- La consulta previa con la que se aprobó la creación de Barrancominas está demandada y hay temor de que esta decisión le abra las puertas a la minería en las selvas amazónicas de Guainía.
El 1 de diciembre de 2019 el presidente Iván Duque confirmó con orgullo que en el departamento amazónico de Guainía nacía un nuevo municipio: Barrancominas.
Si bien no es común que se creen nuevos municipios en el país, que se establezcan en la Amazonía es aún más extraño pues la Constitución Política de 1991 ordenó la creación de Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura político – administrativa que reconoce el gobierno ancestral que durante siglos han ejercido los pueblos indígenas amazónicos en estas regiones del país.
Como esto nunca ocurrió, durante casi tres décadas vastas extensiones de territorio en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas han estado en un limbo jurídico, pues no quedaron divididas en municipios y tampoco en ETI. En medio de ese caos fue tomando fuerza desde el Congreso, e impulsada por el representante de la Cámara Carlos Cuenca, la propuesta de municipalizar el departamento de Guainía. Sin embargo, la creación del nuevo municipio de Barrancominas ha tenido oposición y estas son las razones.
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1.Se creó en un territorio indígena que debía tener un manejo especial
En la Constitución Política de 1991 se estableció la creación de una unidad territorial especial llamada Entidad Territorial Indígena (ETI), equivalente al municipio pero que reconoce la diversidad étnica y cultural de esta región del país.
Para que su existencia sea legal, el Congreso debía reglamentarlas en una ley de ordenamiento territorial, pero han pasado casi 30 años y no lo ha hecho. Por este vacío legal hoy es posible que, con la creación de municipios, se les arrebate la administración de sus territorios a las comunidades indígenas.
“El país se ha formado a partir de cacicazgos políticos, cada cacique protege su feudo y tener unas estructuras político administrativas locales que no responden a esa lógica político-electoral convencional genera mucho temor”, dice Juan Carlos Preciado, abogado de la fundación Gaia Amazonas.
2.Se opone a un decreto presidencial de 2018
Las asociaciones indígenas amazónicas, al ver que el Congreso no reglamentaba las ETI, no se quedaron con los brazos cruzados. Impulsaron la creación de un proyecto que se acercara a esa figura de ordenamiento territorial y lograron que en abril de 2018 se aprobara el decreto 632 de 2018. Esta norma permite transitoriamente el funcionamiento de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, mientras esperan que el Congreso cumpla con reconocerlas legalmente a través de la ley de ordenamiento territorial.
Por eso los indígenas no entienden cómo ese mismo año, cuatro meses después, el gobierno dio el “visto bueno para la creación de los municipios de Barrancominas y San Felipe en el departamento de Guainía” en otro decreto. Aunque en el segundo caso la municipalización no fue posible, Barrancominas sí se convirtió en municipio. Esta iniciativa fue promovida por el congresista Carlos Cuenca, hoy presidente de la Cámara de Representantes.
La decisión causó bastante controversia pues el 74,9 % de la población del departamento de Guainía es indígena. A pesar de esto, tanto el representante Cuenca como el Ministerio del Interior aseguran que los dos decretos son compatibles. El viceministro Carlos Baena aseguró que la creación de municipios es posible siempre y cuando se haga una consulta previa con los pueblos indígenas donde se les pregunte si están de acuerdo o no con su creación, “como en efecto se hizo”. Sin embargo, organizaciones indígenas, Defensoría del Pueblo y ONG como Gaia Amazonas aseguran que ambos decretos son contradictorios, al punto que el documento que dio visto bueno a la municipalización se encuentra demandado desde diciembre de 2019.
3.Miles de trabas para los indígenas
Mientras los indígenas de Guainía, Vaupés y Amazonas intentan registrar sus Consejos por todos los medios legales, lo que sí avanzó rápidamente y sin tropiezo fue la municipalización de Barrancominas.
El decreto 632 planteó tres pasos importantes: el primero es el registro ante el Ministerio del Interior de un Consejo Indígena —forma de gobierno conformada y reglamentada a través de sus usos y costumbres—, el segundo es la puesta en funcionamiento del territorio que debe cumplir con unos requisitos de delimitación y población, y finalmente la descentralización de los recursos. En el fondo, este tercer punto es la gran manzana de la discordia pues “los departamentos van a perder poder y la plata ya no les va a entrar a ellos sino directamente al territorio indígena. No quieren perder eso ni el poder electoral”, dice Tomás Román, indígena uitoto, expresidente del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA) y asesor de la Opiac.
Los indígenas hasta ahora no han podido registrar todos sus Consejos ante el Ministerio del Interior, a pesar de que se suponía era la etapa más fácil y rápida. Según los líderes indígenas, entre septiembre y diciembre de 2019 intentaron inscribir siete Consejos, pero el Ministerio tardó siete meses para registrar los tres primeros y los otros cuatro, a pesar de que ha corrido la mitad del año 2020, siguen en espera.
4.Consulta previa para la creación de Barrancominas está demandada
Fuentes oficiales del gobierno y líderes indígenas consultados por Mongabay Latam, que pidieron no revelar sus identidades, aseguran que hubo intentos de soborno durante las consultas previas y hay varias denuncias documentadas en la Fiscalía y la Procuraduría.
Por su parte, el defensor para Pueblos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, Jaime Escrucería, afirma que las consultas previas de Barrancominas e incluso la de San Felipe, donde se opusieron a la municipalización, “fueron procesos que dejan mucho que desear y se distancian de los estándares internacionales en materia de consulta”.
Además de esto, nadie conoce hasta ahora el origen de los dineros para realizarlas. Los indígenas dicen que no saben quién las financió y el representante Cuenca asegura lo mismo pues “no participé del proceso de consulta”. Este medio consultó a la gobernación de Guainía para hacerle la misma pregunta pero no respondió. En teoría, el gobierno suele financiar estos procesos pero en pocas ocasiones tiene el dinero para ejecutarlos.
5.Incertidumbre por intereses mineros en Guainía
El defensor Jaime Escrucería asegura que los territorios de Guainía tienen un potencial minero muy fuerte y recuerda que en 2018 la Gobernación anunció que cerca del 80 % del departamento había sido concesionado a una empresa minera canadiense. A pesar de que el entonces gobernador Javier Zapata explicó que se trató de una carta de intención con la compañía Auxico Resources en la que nunca se llegó a un convenio, Escrucería cree que el municipio es la puerta de entrada para los proyectos de explotación de hidrocarburos y minería. Zapata hoy está preso por corrupción en contratación estatal cuando fue gobernador entre 2016 y 2019.
Mongabay Latam trató de conocer más sobre los intereses extractivos en el departamento pero la gobernación de Guainía no respondió si existe en este momento algún contrato y/o licencia ambiental en trámite o aprobado con compañías mineras para la exploración, explotación o producción de oro y otros minerales.
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*Imagen principal: Ritual indígena. Foto: Sergio Bartelsman, Fundación Gaia Amazonas.
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