- Organizaciones que impulsan reformas a la Ley Minera integraron una documentación colectiva, con 63 fotografías, para mostrar las huellas que ha dejado esta actividad en el país.
En el estado de Chihuahua, en el municipio de Ocampo, entre los cerros de la Sierra Tarahumara que se pintan de verde, un tajo de tonalidades ocres rompe el paisaje. Ahí, en esa zona donde se exilió a los árboles, funciona la Mina Pinos Altos.
Las comunidades de San Juan de Cedros, Charcos y Mesas, en el municipio de Mazapil, en Zacatecas, solían tener como vecino al semidesierto zacatecano con sus mezquites, biznagas y candelillas. En esos poblados recuerdan que antes había un manantial, este se secó cuando llegó un nuevo vecino: la Mina Peñasquito que tiene casi una decena de pozos de agua a su disposición para la extracción de oro, plata, zinc y plomo.
En San Luis Potosí, el cerro de San Pedro fue por años un símbolo para la región. Hoy el cerro está fracturado por una mina.
En el norte, centro y sur de México, la minería ha transformado ecosistemas, comunidades, familias y ha llevado a que se formen movimientos de resistencia y lucha en defensa del ambiente y el territorio.
Para registrar las afectaciones que ha dejado la minería en todas las regiones del país, la Fundación Heinrich Böll; el Observatorio Académico de Sociedad, Medio ambiente e instituciones de la UNAM; Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) convocaron a un concurso de fotografía. Al final, se seleccionaron 63 imágenes, captadas por 23 fotógrafos. Con ellas se ha construido la documentación colectiva “Así se mira la minería en México”.
Estas fotografías “buscan visibilizar cómo están siendo impactados los territorios en donde se asientan proyectos mineros”, explica Cecilia Navarro, integrante del CCMSS, organización que en febrero de 2019 elaboró el documento La normatividad minera en México: problemas y propuestas de modificación, en el que señala la necesidad de reformar la Ley Minera vigente desde 1992.
El CCMSS es solo una de las varias organizaciones civiles que impulsan reformas a la Ley Minera. Ese objetivo también lo persiguen comunidades —en cuyos territorios se han entregado concesiones mineras— y que han presentado acciones legales para que se declare inconstitucional esa legislación.
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Concesiones que invaden territorios
En la Sierra Norte de Puebla, 32 comunidades de los municipios de Cuetzalan, Yaonáhuac y Tlatlauquitepec crearon el Consejo Maseual Altepetajpianij (Guardianes del territorio) para hacer un frente común e impedir que se instalen minas en la región.
El Consejo nació en 2014, cuando en las comunidades se escucharon los planes que tenían empresas para realizar explotación y extracción minera. Los pobladores buscaron información y encontraron que, desde 1998, el gobierno federal había entregado 103 concesiones mineras en cuatro municipios de la Sierra Norte.
Hasta el 2017, se habían entregado concesiones mineras en 47 % de los 12 mil núcleos agrarios del país, de acuerdo con el documento “La normatividad minera en México: problemas y propuestas de modificación”, elaborado por el CCMSS.
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A las comunidades ninguna autoridad se acercó para preguntarles o, por lo menos, avisarles de que en su territorio se entregarían concesiones mineras, explica la abogada Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, directora regional Golfo México, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Esta organización acompaña al Consejo Maseual Altepetajpianij en la demanda para declarar inconstitucional la Ley Minera, por ser una legislación que consideran no garantiza los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta.
Esta acción legal se concentró en impugnar tres concesiones entregadas a las empresas del Grupo Ferrominero —Minera Autlán y Minas de Santa Martha—, las cuales tienen una vigencia por 50 años.
Ximena Ramos explica que con la Ley Minera actual solo es necesario realizar un procedimiento administrativo para el otorgamiento de una concesión, sin que se tome en cuenta a las comunidades que habitan o son dueñas del territorio que se concesiona.
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“No hay ningún mecanismo que permita a las comunidades participar en la decisión (de otorgamiento de una concesión) o que garantice que se les entregue información”, explica Ximena Ramos, quien resalta que se busca reformar seis artículos de la Ley Minera relacionados con la forma en que se entregan las concesiones y que violan los derechos de los pueblos indígenas.
La acción legal impulsada por el Consejo Maseual Altepetajpianij y CEMDA se encuentra en espera de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia emita una sentencia.
Otras comunidades de Puebla, Oaxaca y Guerrero también han llevado a tribunales su lucha contra las concesiones que se entregaron a partir de una ley, que como dice la abogada Ramos, “está diseñada para favorecer, encima de cualquier cosa, la actividad minera”.
Los privilegios de la minería
El artículo sexto de la ley considera a la minería como preferente sobre cualquier otra actividad, excepto la extracción de hidrocarburos; además señala que es de utilidad pública. Este es uno de los artículos que las organizaciones, comunidades y académicos señalan que se debe reformar.
En los hechos, la minería es “una actividad de interés privado de escasa utilidad pública y con un elevado costo social y ambiental”, apunta la doctora Leticia Merino, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante del CCMSS.
La investigadora menciona un dato: la minería de metales contribuye apenas con el 0.66 % de la recaudación fiscal, “ya que tiene muchos estímulos fiscales, muchos más que otras actividades”.
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Merino recuerda que, por ejemplo, las comunidades que han creado empresas forestales y realizan un manejo sustentable de sus recursos naturales, “no tienen ningún estímulo fiscal; han tenido que nadar a contracorriente, pese a que su actividad ha permitido conservar muchos bosques”.
Análisis realizados por investigadores como Merino calculan que, por lo menos, la mitad de las concesiones mineras se encuentran en territorios que pertenecen a comunidades forestales.
Al considerar a la minería como actividad preferente y de interés público, resalta Merino, no solo se abrió la posibilidad de que las empresas mineras tengan acceso a la tierra, sin respetar los derechos de propiedad privada o comunitaria, sino que además se permitió que se entregaran concesiones en 76 áreas naturales protegidas.
La investigadora de la UNAM también destaca que la minería no ha contribuido al desarrollo social y económico de las comunidades. “Es una actividad que genera ganancias millonarias para las empresas, pero paradójicamente, en los municipios productores de oro y plata, más del 50 % de la población vive en pobreza y más del 15 % vive en pobreza alimentaria”.
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Costos sociales y ambientales
Las organizaciones que impulsan reformas a la Ley Minera proponen que el otorgamiento de cualquier concesión minera este sujeto a “un proceso de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, afrodescendientes y equiparables”, resalta Merino.
Además, otros cambios que se proponen es que antes de otorgar una concesión se realicen estudios independientes de impacto socioambiental e hídrico; que las empresas mineras no tengan acceso preferente al agua, que las concesiones se otorguen por un periodo máximo de 15 años, y no de 50 como ahora sucede.
Las organizaciones también proponen que una concesión se declare nula y se retire cuando las empresas incurran en violaciones a los derechos humanos, laborales y ambientales.
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“Actualmente las causales para quitar una concesión es que la empresa no pague los pocos impuestos que debe pagar o que no entregue un informe anual de actividades”, dice Merino, quien recuerda que a Grupo México —la principal empresa minera del país— no se le han retirado sus concesiones pese a que sus minas han sido protagonistas de varios desastres sociales y ambientales.
En 2006, 65 mineros fallecieron en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila. Desde el año 2000, el lugar tenía reportes de fallas de seguridad, de acuerdo con informes presentados a instancias como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
En agosto de 2014, se registró lo que ha sido considerado uno de los peores desastres ecológicos de México: el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en el Río Sonora. La responsable fue la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con funcionarios de la Secretaría de Economía —dependencia del gobierno federal encargada de la aplicación de la Ley Minera—, pero no se tuvo respuesta.
“Es urgente avanzar hacia una verdadera regulación de la minería en México que evite la depredación ambiental y las violaciones de derechos sociales y culturales de los pueblos”, señala Dolores Rojas, de la Fundación Heinrich Böll, una de las organizaciones que impulsó la iniciativa “Así se mira la minería en México”.
Cecilia Navarro, del CCMSS, explica que esta documentación colectiva pretende ser un proyecto que siga nutriéndose con más imágenes y que permita recordar lo que sucede en los territorios donde operan las minas; fotografías que también muestren la lucha de las comunidades que se resisten a que las empresas mineras se queden con su agua, cambien su entorno o fracturen sus cerros.
Las 63 fotografías que por ahora forman parte de la documentación colectiva se pueden conocer en estos micrositios:
Así se ve la minería en México (CCMSS)
Así se ve la minería en México
* Imagen principal: en el municipio de Mazapuil, Zacatecas, se encuentra la Mina Peñasquito, de Newmont Gold Corporation, donde se utiliza la minería a cielo abierto para extraer diversos materiales, entre ellos oro. Foto: Lucía Vergara.
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