- La comunidad zapoteca, reconocida por mantener sus bosques saludables, libra una batalla jurídica en contra de las concesiones mineras que otorgó el Estado mexicano en su territorio.
- Un juez ordenó cancelar las concesiones; esto no se ha concretado porque las empresas, pero también la Secretaría de Economía, se ampararon contra la sentencia.
La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.
Durante una caminata por los bosques de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, es posible observar más de 25 especies de aves: desde halcones y pájaros carpinteros, hasta colibríes. Su presencia es un indicador de la salud ambiental de este territorio boscoso, algo por lo que esta comunidad zapoteca ha trabajado durante décadas; un logro que ahora defiende en tribunales, en un juicio en el que se enfrenta a empresas mineras, pero también al Estado mexicano.
Hace más de 25 años, la comunidad indígena de Capulálpam logró obtener las autorizaciones para manejar sus propios bosques. Por realizar un aprovechamiento forestal sostenible, ha sido reconocida por organismos nacionales e internacionales. Aun así, distintas administraciones del gobierno federal han concesionado la mayor parte de su territorio para la explotación minera.
Capulálpam (nombre en náhuatl para la “tierra de capulines”) hoy enfrenta una lucha judicial para que se cancelen todas las concesiones otorgadas en su territorio y para que se cierre una mina de oro y plata, ubicada a 2 kilómetros de su centro urbano, en el municipio vecino de Natividad Ixtlán. Los comuneros aseguran que las perforaciones realizadas por la actividad minera ya secaron 13 de sus 14 manantiales.
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Después de un fatigoso litigio, que comenzó desde febrero de 2015, un juez sentenció a favor de Capulálpam en octubre de 2019, reconociendo que este pueblo zapoteca precedió en el territorio al Estado mexicano y que, por lo tanto, se tienen que cancelar las concesiones y cerrar la mina Natividad, que ha sido explotada desde el siglo XVIII.
En su sentencia, el juez señala que las concesiones tienen que cancelarse porque se entregaron en un territorio que pertenece a una comunidad indígena, sin que se realizara una consulta libre, previa e informada, como establece el Convenio 169 de la OIT.
Los comuneros de Capulálpam aplaudieron la sentencia. Sin embargo, se trató de una celebración a medias, porque aún no ha terminado su lucha jurídica: la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V. impugnó el amparo. Pero también lo hizo el propio gobierno federal, a través de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.
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Comunidades que recuperaron sus bosques
Capulálpam es punta de lanza de un movimiento de aprovechamiento forestal sostenible impulsado por comunidades indígenas de Oaxaca. Este modelo surgió de luchas que se dieron a finales de la década de los años setenta, cuando comunidades de las sierras Norte y Sur del estado tomaron conciencia de las condiciones desventajosas del modelo forestal, que centralizaba la explotación de los bosques en grandes empresas, entre ellas Fábricas de Papel Tuxtepec (Fapatux).
Privados de sus propios bosques, los pobladores solo podían integrarse al modelo como mano de obra barata, mientras observaban el deterioro de sus bosques, ríos y pozos.
En 1981, cuando Fapatux solicitó una renovación de su concesión por 25 años más, se realizaron movilizaciones en más de 30 comunidades. Los pobladores lograron que ya no se renovaran las concesiones forestales. Siguieron años de organización y trabajo para exigir al gobierno que respetara su derecho a manejar sus bosques.
En 1985 una nueva ley autorizó que las comunidades pudieran realizar sus propios planes de manejo forestal. Cuatro años después nació la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas (UZACHI), integrada por Capulálpam de Méndez, Santiago Xiacuí, Trinidad Ixtlán (zapotecas) y Santiago Comaltepec (chinanteca).
La UZACHI se planteó restaurar los derechos comunitarios y aumentar su capital natural con prácticas de aprovechamiento sustentable a largo plazo. Hoy, las cuatro comunidades que integran la Unión manejan sustentablemente un territorio conjunto de más de 24 mil hectáreas.
Capulálpam de Méndez tiene una particularidad: es vecina de una mina de donde se extrae oro y plata. De acuerdo con los registros históricos, esta mina comenzó a ser explotada en 1775. Fue entre los años 40 y 60 que tuvo su mayor bonanza. En la actualidad es manejada por la Compañía Minera de Natividad y Anexas.
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Conservar el bosque y tener desarrollo local
La lógica de conservación en el territorio en Capulálpam se aprecia en su programa de aprovechamiento forestal. De las 3800 hectáreas en poder de la comunidad, 57 % (casi 2200 hectáreas) se contemplan como zona para la extracción de madera, aunque la mayor parte de esa superficie se mantiene como reserva.
En 2019, por ejemplo, solo se talaron cinco zonas del bosque templado, previamente seleccionadas por los asesores técnicos por contener arbolado demasiado viejo. Esas áreas se reforestan y cuidan para tener nuevos árboles que capturen más carbono y conserven los mantos freáticos, explica Juan Carlos Maldonado, presidente del Consejo de Administración de la empresa forestal de Capulálpam.
“El manejo que se le da al bosque no es al ‘ahí se va’, —enfatiza Maldonado— sino todo supervisado con asesoría técnica. No estamos viendo qué área del bosque vamos a aprovechar para que nos dé solo dinero, sino que estamos buscando sostenibilidad”.
El 24 % del territorio de la comunidad (918 hectáreas, equivalentes a casi 3 veces el Parque Central de Nueva York) se mantiene para la conservación, es una especie de área natural protegida; ahí es posible encontrar uno de los pocos y mejor conservados bosques mesófilos de montaña, un ecosistema endémico y amenazado de México.
El resto del territorio, alrededor del 19 %, lo ocupan la zona urbana, las tierras agrícolas, el relleno sanitario, un centro deportivo y las instalaciones dedicadas al ecoturismo, la extracción de madera y al trabajo de materiales pétreos.
A fines de la década de los noventa, Capulálpam y otras cinco comunidades de la Sierra Juárez se convirtieron en las primeras a nivel mundial en recibir la certificación del Consejo Mundial Forestal (Forest Stewardship Council o FSC por sus siglas), la acreditación con mayor consenso internacional sobre buenas prácticas en el manejo de los bosques.
Asentados en una sólida gobernanza comunitaria (que incluye aspectos como la toma colectiva de decisiones en asamblea y el trabajo comunitario) y en su visión de conservación del territorio, Capulálpam ha logrado impulsar un abanico de empresas comunitarias: un aserradero, una compañía de ecoturismo, una purificadora de agua, una clínica de medicina tradicional, la procesadora de materiales pétreos, una unidad de manejo de venado cola blanca y un proyecto de mujeres artesanas.
Estas empresas generan 55 empleos directos y varios indirectos, con lo que configuran una fuente de trabajo para los 1545 habitantes de la comunidad, según cifras del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam, que da voz a las decisiones de sus 233 comuneros.
El manejo forestal comunitario ha traído otros beneficios: una parte de los ingresos obtenidos se destina al arreglo de edificios públicos, pavimentación de calles, alcantarillado, acondicionamiento de escuelas y apoyos escolares. A los jóvenes que estudian música durante un año, sean o no originarios de la comunidad, se les regala un instrumento.
“Ninguna de las empresas de Capulálpam tiene fines de lucro. El tener estas empresas es porque los comuneros trabajan en ellas; es darles trabajo y apoyar a la comunidad”, explica Juan Carlos Maldonado.
Con esto coincide el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández: “Capulálpam no es una potencia económica forestal, pero lo que obtiene de sus empresas le da lo suficiente para no afectar el medio ambiente”.
Para el ingeniero Óscar Mejía, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Oaxaca, el manejo forestal comunitario en Capulálpam y otras partes del estado ha probado su efectividad contra los principales males que aquejan los bosques: tala clandestina, incendios y plagas.
Mejía lo comprobó cuando, hace tres años, apareció el gusano descortezador en la zona limítrofe entre Capulálpam y San Miguel Yotao. Aun cuando ambas comunidades mantenían una disputa por la propiedad de esos terrenos, fueron capaces de priorizar la salud del bosque y llegar a un acuerdo. Ambos pueblos aplicaron su gobernanza comunitaria, atendieron el problema de plagas y después, incluso, resolvieron su diferencias territoriales.
“Hemos visto que cuando hay una adecuada gobernanza, los índices de tala clandestina disminuyen dramáticamente”, asegura Mejía. “En incendios forestales, se activan de inmediato en cuanto ven una columna de humo”.
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Sembrar minas en tierra de bosques
Como resultado de su ordenamiento territorial enfocado a la conservación, Capulálpam alberga más de 400 especies de fauna silvestre, algunas amenazadas o en peligro de extinción. Sobresalen mamíferos como el puma, el pecarí y el venado temazate, y una gran variedad de reptiles y anfibios endémicos. En aves, la diversidad es abrumadora. En el invierno de 2016, un monitoreo que duró un mes —realizado por la comunidad, con acompañamiento de investigadores de la UNAM— contabilizó 147 especies.
Por su exitosa labor de conservación, Capulálpam fue reconocida en 2002 por el Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Salvaje (WWF).
Los buenos resultados obtenidos por Capulálpam, tanto en lo forestal como en lo social, parecen haber sido ignorados por el Estado mexicano que ha entregado, al menos, 15 concesiones mineras en el territorio que pertenece a la comunidad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de 2018.
Desde principios de marzo de 2019, Mongabay Latam intentó acceder a los datos más actuales sobre concesiones mineras pero, hasta el momento en que se publicó este texto, la información no estaba disponible en el sitio del Sistema Integral de Administración Minera de la Secretaría de Economía.
Los comuneros de Capulálpam sienten que el Estado les ha dado la espalda: primero, al otorgar concesiones mineras en su territorio y, ahora, al defenderlas judicialmente.
“Capulálpam es la máxima contradicción. ¿Cómo un ejemplo exitoso de 5 estrellas nacionales e internacionales recibe un trato así? Lo que han hecho ahí es despojo, es racismo”, afirma la doctora en antropología Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con más de dos décadas estudiando el caso de Capulálpam.
En 2005 llegó a Capulálpam el gerente general y otros representantes de la empresa canadiense Continuum Resources Ltd, que a partir de 2002 acaparó concesiones mineras por más de 50 000 hectáreas en la Sierra Norte de Oaxaca, entre ellas las otorgadas en territorio de la comunidad zapoteca. En reuniones con el Comisariado de Bienes Comunales y la Asamblea General, presentaron un proyecto de explotación a cielo abierto en el cerro Pelado, ubicado en una zona destinada a la conservación, explica Netzar Arreortua, quien entonces era suplente del presidente de los comuneros y recuerda cómo ocurrieron esos encuentros.
Lo único que consiguió la propuesta de la minera canadiense fue consolidar la postura de Capulálpam. “Ahí es donde inicia la lucha de resistencia más fuerte, donde se determina mediante asamblea el ‘no a la minería y sí a la vida’”, explica Arreortua, quien fue presidente del Comisariado de Bienes Comunales entre 2017 y 2019.
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Aprovechar conflictos entre comunidades
En su lucha contra la minería, Capulálpam no solo ha tenido que enfrentar a las empresas mineras y las dependencias del estado que otorgaron las concesiones. La minería también incrementó los conflictos con la comunidad vecina de Natividad Ixtlán, que cuenta con 500 habitantes, y que nació como un asentamiento de trabajadores de la mina.
Natividad fue reconocida por el congreso de Oaxaca como municipio autónomo en mayo de 1939, sobre los terrenos comunitarios de Capulálpam.
La principal fuente de trabajo en Natividad gira alrededor de la minería, actividad que reconocen como parte de su historia, lo que se refleja en sus modestos monumentos y su museo comunitario.
En enero de 2017, como consecuencia de una denuncia presentada por Capulálpam, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la mina de Natividad por no contar con la autorización de impacto ambiental. La minera dejó de procesar los materiales en el lugar y ahora los envía a Monterrey para su procesamiento. Actualmente trabaja con una plantilla de entre 60 y 65 trabajadores.
Durante las últimas dos décadas, La Natividad y Capulálpam han chocado cuando habitantes de la primera comunidad han tratado de sembrar en tierras cercanas a la mina, lo que las autoridades de Capulálpam han considerado una invasión de su territorio. El conflicto se agravó en 1995, cuando Capulálpam recibió una resolución presidencial de dotación de tierras, en la que no se reconocen compras de terrenos que habitantes de Natividad han hecho históricamente, explicó un miembro del cabildo de Natividad que pidió no ser identificado por no estar autorizado para dar declaraciones.
“Esto es un conflicto agrario, aunque los de Capulálpam digan que es por la minería”, afirma el funcionario de Natividad.
Como consecuencia de esta confrontación, en 2014, cuando Capulálpam debía solicitar la autorización para su tercer programa de manejo forestal, las autoridades de la Natividad impugnaron ante los tribunales dicho plan, con el argumento de que no fueron consultados y que eso violentaba sus derechos.
“Nosotros no teníamos por qué consultarlos porque ellos no son comuneros”, asegura Netzar Arreortua, quien lidió directamente con el incidente. “Llevamos casi 30 años aprovechando el bosque y por qué nunca impugnaron el primero o segundo plan. Eso fue porque (la comunidad de Natividad) hizo una alianza con (la empresa) Minera Natividad en el momento en que nosotros interpusimos el amparo contra la minera”.
En 2018 el juzgado resolvió el caso a favor de Capulálpam, por lo que el plan forestal se autorizó a principios de 2019. Sin embargo, el conflicto le costó a Capulálpam cinco años de no poder explotar sus bosques, ya que el gobierno federal no podía autorizar el programa de manejo forestal mientras existiera una controversia judicial.
Vetados tácitamente para sacar madera de su territorio, los capulalpenses tuvieron que comprar madera con comunidades vecinas para poder trabajar su aserradero. Durante este periodo también se les suspendió la certificación FSC.
El conflicto entre las dos comunidades continúa. El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam, Néstor Baltazar Hernández, remarca: “Como la compañía minera no puede dividir a Capulálpam, usa esa comunidad (Natividad) como ariete”.
El mismo Baltazar trabajó hasta los noventas como chofer para la mina de Natividad. Recuerda cómo desde esa época solía traer desde Oaxaca libros y útiles que la minera otorgaba a las escuelas de Natividad, una de tantas “migajas” de la empresa a cambio del aval de la población a su proyecto extractivo.
“Tenemos que ser conscientes de que gracias a la mina hubo un primer nivel de desarrollo (por ejemplo, con la mina se hizo el primer camino). Luego dejó de ser un punto de apoyo y se convirtió en una piedra en el zapato. Ahora no podemos sacar esa plaga de aquí porque se inventaron su propio municipio”, asegura el líder comunero.
Salvador Anta, experto en manejo forestal comunitario y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), también ha seguido durante años el caso de Capulálpam y respalda el diagnóstico de la situación.
“La minera ha buscado dividir, aprovechando el poco conocimiento sobre los impactos de la minería”, explicó Anta, quien destaca el contraste entre los nutridos requerimientos a las comunidades indígenas para aprovechar sus propios recursos, con la laxitud de las normas para otorgar concesiones y permisos a las empresas mineras.
Mongabay Latam buscó la versión de la Compañía Minera de Natividad y Anexas. En los teléfonos registrados a su nombre, nadie contesta.
Después de que en octubre de 2019, el juez federal del juzgado 3º de distrito presentó una sentencia a favor de Capulálpam —determinó que se tenían que cancelar todas las concesiones y cerrar la mina—, la Compañía Minera Natividad y Anexas impugnó la resolución al argumentar que tiene derechos de posesión de la mina desde hace más de 200 años.
El gobierno federal, a través de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, también impugnó la sentencia del juez bajo el argumento de que “la nación mexicana es dueña de los recursos del subsuelo”.
En distintas ocasiones Mongabay Latam solicitó a la oficina de prensa de la Secretaría de Economía una entrevista para conocer la postura de la Dirección General de Minas, pero no se tuvo respuesta.
Los habitantes de Natividad esperan que algún inversionista privado reviva los momentos de gloria de su mina. Sin embargo, conscientes de la impopularidad que tiene la actividad minera, buscan otras opciones para salir adelante.
“Estamos buscando alternativas de cómo emplear a nuestros ciudadanos, por ejemplo con proyectos productivos. Esperamos pronto empezar con eso”, explica el funcionario de cabildo de Natividad.
Por estar enfrentando en la corte a una dependencia federal y a empresarios mineros, los comuneros de Capulálpam ven en la batalla judicial que enfrentan una pelea del tipo David contra Goliat. Pero también miran su historia, la lucha que hace años emprendieron sus padres y abuelos para recuperar su bosque y encuentran incentivos para seguir adelante.
*Imagen principal: Comunidad zapoteca e Capulálpam, en la Sierra Juárez, de Oaxaca, al sur de México.
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