En julio de 2020, durante el Foro “Los retos de la estrategia de atención a la tala ilegal y tráfico de madera en Chiapas” —organizado por la Red Mocaf, Bosques y Gobernanza, Cooperativa AMBIO, entre otros—, la titular de la Profepa, Bertha Alicia Mendoza Vera, reconoció que los operativos realizados durante su gestión han sido de efectos mínimos porque “se dan filtraciones” desde el organismo federal hacia los grupos de delincuencia organizada. Y los escasos detenidos “salen libres y vuelven a delinquir”.
Enrique Jardel Peláez, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y miembro del CCMSS, señala que el Estado “no puede hacerse a un lado” y dejar que las comunidades resuelvan sus problemas. “Es fundamental que se generen políticas de gobierno adecuadas para que salgan adelante esquemas institucionales que permitan el control de los predios, su vigilancia con tecnología y la solidez del estado de derecho, a efecto de que comunidades apoyadas de forma directa se sumen al trabajo de enfrentar la tala ilegal”.
Sobre las acciones para combatir la tala ilegal, Mongabay Latam solicitó entrevistas con la Profepa y la Conafor. Ninguna de las dos dependencias respondió.
Y mientras la impunidad cobija a la tala ilegal, en varias regiones del centro y sur del país se registra el naufragio parcial o total de proyectos forestales comunitarios. Uno de ellos es el del ejido Barranca del Calabozo, en Jalisco, una comunidad que en 2009 obtuvo la certificación internacional, por parte del Forest Stewardship Council (FSC), y en 2012 la Conafor le entregó el reconocimiento al “mérito forestal” por ser un caso de éxito. Además, la producción de madera legal le permitió crear 32 empleos directos, establecer una caja de créditos y tener recursos para construir caminos para la comunidad.
Los problemas internos, la presión de grupos del crimen organizado que operan en la zona, cambios en sus autoridades tradicionales y el vencimiento de su Plan de Manejo Forestal, en 2018, confluyeron para que hoy su aserradero esté abandonado.
Otro caso es el del ejido El Balcón, en Guerrero: “Fue una experiencia exitosa y emblemática de lo que podía ser el desarrollo forestal; hace unos cinco años, las cosas se pusieron difíciles, incluso hubo gente que murió por los conflictos regionales y locales”, explica el consultor Pablo González. Hoy la región está paralizada y a merced de los grupos delictivos.
Sergio Madrid, del CCMSS, reconoce que la tala ilegal no solo termina con los bosques, también daña las estructuras comunitarias.
Si a esa impunidad se le añade que el Estado ha desatendido y debilitado las estructuras ejidales y comunitarias, la situación se complica: “Hoy —asegura Madrid— 53 % de los núcleos agrarios no tienen órganos de representación actualizados. Muchos de los padrones ejidales están desactualizados, ya que muchos ejidatarios ya han muerto o se han ido. Si queremos tener una estrategia fuerte de freno a la tala clandestina, necesitamos fortalecer a las instituciones ejidales y comunales”.
Quienes desde hace más de treinta años han trabajado y acompañado procesos de manejo forestal comunitario, han comprobado que los ejidos y comunidades organizadas son los que mejor protegen y conservan los bosques.
“Existe avance en el mercado ilegal de la madera, porque la institucionalidad agraria fue debilitada, y las instancias gubernamentales también”, remarca Madrid.
En Michoacán, los comuneros de Nuevo San Juan —una de las comunidades más exitosas en el país cuando se habla de manejo forestal— coinciden en que solo se puede ganar en esa disputa desigual contra la madera ilegal con una fuerte organización.
“Desde que defendimos el territorio por primera vez [a finales de los años 70] generamos organización y procesos de defensa; tenemos ranchos ganaderos en todo el predio para tener presencia, no tanto como negocio. Se crearon brigadas permanentes de control y vigilancia que dan rondines todo el día, y tenemos infraestructura de comunicación. Con esto controlamos el ingreso de las personas, no solo las que van por madera sino por extracción de flora y fauna, de musgo y de otras especies”, señala Héctor Anguiano Cuara, responsable de ventas y comercialización de Nuevo San Juan Parangaricutiro.