- Se espera que los temas ambientales formen parte de la agenda electoral de este año en Perú.
- La formalización minera, la firma del Acuerdo de Escazú y la promoción de la ciencia son algunos de los temas importantes para este año.
El 2021 es un año electoral para el Perú. Después de haber enfrentado una crisis política que tuvo su momento más grave en noviembre del 2020, al tener tres presidentes en solo una semana, el país se dispone a elegir un nuevo presidente y 130 congresistas. ¿Qué tan importante serán los temas ambientales para los postulantes en carrera hacia el Palacio de Gobierno? Deberían serlo, sin duda. El balance del año pasado indica que delitos como la deforestación o la minería ilegal y la seguridad de los pueblos indígenas en la Amazonía son problemas que se han agudizado.
Mongabay Latam conversó con expertos y representantes del gobierno para ofrecer un panorama de los temas que serán un desafío en la agenda ambiental del 2021.
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Elecciones 2021: urge una mirada ambiental
«El tema ambiental es estratégico en nuestro país. Se necesita que se presente información para los votantes que les permita elegir por la defensa de su medio ambiente», dice Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. «Las personas tienen derecho a que los candidatos y las candidatas informen claramente cuál es su propuesta ambiental», agrega.
Perú inició oficialmente su proceso electoral en diciembre de 2020 con la inscripción de 20 candidatos —actualmente son 18 tras la salida de dos candidatos— que compiten por la presidencia del país. A ellos se suman los más de 2800 postulantes al Congreso de la República que durante los próximos tres meses estarán en campaña hasta la votación que será el 11 de abril.
El cambio de presidente y de Congreso del 2021 deja apenas medio año de gestión al gobierno interino actual del presidente Francisco Sagasti. El ministro del Ambiente, Gabriel Quijandria, lo tiene muy claro, por eso ha definido cuatro ejes claves en su agenda ambiental: cambio climático con énfasis en la adaptación; la conservación y el uso sostenible de los recursos; el manejo de los residuos sólidos, principalmente el plástico de un solo uso, y el impulso de la economía circular.
Sin embargo, sumados a los temas en los que se centrará el gobierno hasta el cambio de mando el 28 de julio del 2021, existen otros pendientes ambientales a los que Perú debe ponerle atención y que los candidatos deberían incluir en sus planes de gobierno y su propuesta de agenda ambiental.
El ministro Quijandría considera que debido al papel del ambiente en el contexto que se está viviendo con la pandemia, la sociedad debe exigir una posición clara a los candidatos sobre temas como los retos que trae el cambio climático, la gestión de los recursos hídricos, la conservación y el desarrollo de la potencialidad del bosque en el ámbito amazónico, entre otros. «Por la evolución que he visto en la sociedad del manejo de los temas ambientales y de la exigencia sobre los mismos, creo que en esta elección sí vamos a ver un debate profundo de estos temas», sostiene Quijandría y agrega que su gestión está trabajando en temas como la gobernanza del agua y en cuestiones de pesca, con el fin de elaborar lineamientos que permitan proponer políticas que puedan ser adoptadas por un gobierno entrante.
La pérdida de bosques en la Amazonía
«Lo que vemos no es un panorama para celebrar, sino una curva que se ha mantenido en los últimos 19 años. Las cifras de deforestación siguen siendo altas. Estamos lejos de lograr la reducción comprometida para el 2030», dice Sandra Ríos, investigadora del Instituto del Bien Común (IBC).
Ríos se refiere a las cifras sobre deforestación que hizo públicas el gobierno peruano a fines de 2020. Según el Programa Nacional de Bosques (Geobosques) la deforestación en 2019 alcanzó 148 426 hectáreas, una cifra inferior a las 154 765 hectáreas reportadas el año 2018.
La investigadora del IBC explica que se trata de una reducción de solo el 4 % y que a lo largo de los últimos 19 años la curva de deforestación se ha mantenido con algunos años de subida y otros de reducción. «No sabemos cuál será el resultado del 2020, pero el último año hubo mucha libertad para las actividades ilegales en el campo», agrega Ríos, refiriéndose a las actividades ilegales que ocurrieron pese a la inmovilización por la emergencia sanitaria.
En un reportaje publicado por Mongabay Latam en agosto de 2020 se da cuenta de cómo, pese a las restricciones de movilidad, el tráfico de madera continuó abriéndose paso en la Amazonía peruana. Sumado a ello, la deforestación a gran escala como la reportada en territorios ocupados por colonias menonitas o casos de cultivo de palma aceitera que afectan a comunidades nativas van mostrando cómo se van perdiendo los bosques en la Amazonía peruana.
Antes, la deforestación estaba marcada por la agricultura de migrantes —señala Ríos— a través de invasiones que terminaban siendo legalizadas, pero ahora aparecen estas nuevas causas de deforestación, como son las colonias menonitas, que van a aumentar nuestras cifras. «Son preocupantes tanto estos drivers que causan una deforestación a gran escala como aquellos que van sumando de a poco esas grandes cifras de deforestación», dice Ríos.
El ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, señala que a pesar de las restricciones de movilidad por el COVID-19, el gobierno ha visto los mecanismos para atender los problemas de los pueblos indígenas y reducir las causas que ejercen presión sobre los bosques.
No obstante, Quijandría reconoce que se han detectado nuevas zonas de deforestación que no existían en el 2019, pero también señala que hay otras donde se ha reducido. «Por tercer año consecutivo estamos bajando la tasa de deforestación anual, todavía en una pequeña escala, pero hemos bajado un 4 % entre 2018 y 2019. Es una tendencia interesante y debemos ver cómo profundizar de aquí para adelante».
En ese sentido, el ministro menciona la labor que está haciendo la Procuraduría de Medio Ambiente que, hasta el momento, ha presentado tres denuncias contra la deforestación causada por las colonias menonitas. Estos casos —dice Quijandría— se están atendiendo en la vía judicial con el fin de detener la deforestación, mientras que al mismo tiempo se trabaja con aliados de la sociedad civil para hacer incidencia en las colonias menonitas de tal forma que comprendan que existen opciones de desarrollo productivo en el ámbito amazónico que no pasan por tumbar el bosque sino por aprovecharlo. «Estamos trabajando las dos estrategias en paralelo».
Durante la etapa de inmovilización por la pandemia del coronavirus las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) continuaron con sus actividades y lograron incautar grandes cantidades de madera se trasladaba de manera ilegal por los ríos de la Amazonía.
Casos detectados en las regiones de Ucayali, Loreto, Huánuco y Junín, entre otras regiones amazónicas dan cuenta de la labor de las fiscalías durante el 2020.
Sidney Novoa, especialista de Conservación Amazónica – ACCA señala que que durante el 2020 aparecieron nuevos frentes de deforestación en la Amazonía peruana. «Son lugares ubicados principalmente en la región Ucayali, en comunidades nativas y concesiones forestales. la comunidad Flor de Ucayali, por citar un ejemplo, ha perdido gran parte de su territorio».
Novoa menciona que alguno de estos lugares ha sido identificado como un núcleo de cultivo ilegal de coca, pero también menciona un núcleo de deforestación asociado en la vía que va hacia Manseriche en Santa María de Nieva.
«Me preocupa el panorama para este segundo año de pandemia por la recesión económica, pues creo que no alienta las políticas conservacionistas, sino que va a flexibilizar algunas acciones e inyectar capitales para que se dinamice la economía local. No avizoro políticas estrictas aun cuando el ministro [del Ambiente] anunció metas mas ambiciosas para acuerdos internacionales por el clima», agrega Novoa.
El representante de ACCA también menciona el rol de los gobiernos regionales, que no están articuladas con la política nacional, y lamenta que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) mantenga hasta el momento un director interino desde que el junio de 2020 el Ministerio de Agricultura apartó del cargo a Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, una decisión que generó polémica.
Para Novoa es importante que el Estado mantenga la estrategia de asegurar la protección de grandes áreas de bosques, principalmente en los territorios indígenas bajo el mecanismo de las Transferencias Directas Condicionadas (TDC), un sistema de pago para los pueblos indígenas por su compromiso de conservación de sus bosques. Pero también considera que se debe caminar hacia una agricultura más sostenible. «La planificación tiene que apuntar a ello. No podemos seguir perdiendo bosques en lugar de tener una agricultura más productiva en los mismos espacios que ya están dedicados a esta actividad».
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), menciona que son dos los problemas de la deforestación en Perú: la tala ilegal y el cambio de uso de suelo para convertir bosques en tierras de cultivo, una conversión que muchas veces también está rodeado de ilegalidad.
Urrunaga mencionó también que las actividades ilegales no solo afectan los bosques sino también vidas humanas. «Vemos con preocupación que estas actividades ilegales han causado muerte de líderes indígenas y defensores ambientales, pues ante la ausencia del Estado los acaparadores de tierra se sienten impunes».
Para la directora de EIA uno de los problemas más serios del país en materia forestal es la falta de implementación de las normas y la ausencia de una autoridad política en el sector. «Cuando la autoridad nacional ve que en las regiones se están incumpliendo las normas no se aplican sanciones. Que entregan tierras o validan deforestación ilegal sin cumplir con requisitos previos deben ser sancionadas».
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La minería artesanal: ¿un año para la formalización?
La propuesta de formalización de la minería artesanal lleva por lo menos ocho años de postergaciones. El 29 de diciembre, dos días antes de que se termine el 2020, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió un Decreto Supremo que modificaba nuevamente los plazos para presentar el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), un requisito indispensable para avanzar en el proceso de formalización.
De acuerdo con el decreto del Minem, el plazo para la presentación del IGAFOM se amplió en algunos casos hasta el 30 de abril del 2021 y en otros hasta el 31 de julio de 2021. «Para mí es sorprendente porque se trata de un instrumento de gestión ambiental, por tanto, debía contar con opinión de Ministerio del Ambiente», dice el abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza. «Cuando se cumplan estos plazos ya no estarán quienes aprobaron esta ampliación. Tendremos nuevas autoridades. Y así, posiblemente, se amplíe hasta el infinito», sostiene Ipenza sobre este proceso iniciado en el 2012. Ipenza agrega que no deberíamos llegar al bicentenario con «una minería informal a perpetuidad«.
Antes de la promulgación de este decreto, un proyecto de ley presentado en el Congreso con el mismo objetivo de ampliar los plazos ya había sido rechazado. En ese caso, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas emitieron un comunicado conjunto cuestionando la propuesta de ampliar los plazos establecidos en el proceso de formalización minera. En el comunicado explicaban que estos plazos, que inicialmente vencían a mediados del 2020, habían sido ampliados «oportunamente por el Poder Ejecutivo debido a la pandemia del COVID-19». Con esa modificación los límites de tiempo para el Igafom quedaba establecido para el 30 de diciembre de 2020. Sin embargo, el último decreto supremo extendió las fechas hasta abril del 2021.
«El decreto significa la imposibilidad de seguir combatiendo la minería ilegal«, dice la exfiscal Karina Garay de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios. Garay aclara que el Código Penal especifica que se excluirá de la pena por minería ilegal a quien se encuentre dentro del proceso de formalización. «No podemos seguir luchando contra la minería ilegal si se sigue ampliando un proceso que solo genera desorden», sostiene.
La exfiscal Garay explica que en muchas concesiones del corredor minero en Madre de Dios —una zona autorizada para esta actividad— operan ilegales, pero la fiscalía está impedida de ingresar a esa zona. Asimismo, señala que mineros amparados en su inscripción en el registro de formalización extienden sus actividades hasta los ríos.
Los peligros alrededor del tema minero no acaban ahí. El 12 de noviembre de 2020, en plena crisis política, se presentó un controvertido proyecto de ley en el Congreso de la República que buscaba crear condiciones para el desarrollo de la minería aluvial aurífera en la Amazonía. El autor de la propuesta, el congresista Alexander Lozano, consideraba que la minería aurífera aluvial podía ser una alternativa económica frente al impacto del COVID-19. Sin embargo la propuesta carecía de fundamentos, puesto que existen prohibiciones para la actividad minera en los ríos.
La prohibición para la minería aluvial está especificada en el Decreto Legislativo 1100, publicado en el año 2012, que regula la interdicción de la minería ilegal en el Perú. Según esta norma, se prohíbe el uso de dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal.
Aunque el proyecto de Lozano fue retirado luego de recibir críticas y cuestionamientos, el congresista no ha dado por cerrado el tema, y en un comunicado indicó que se comprometía «a replantear el proyecto, a fin de cumplir el compromiso asumido como parlamentario».
«Uno de los temas que se debe analizar este año tiene que ver con la pequeña minería y la minería aluvial. Y aquí cabe plantear una pregunta que nunca hemos respondido: ¿queremos minería aluvial en la Amazonía?, porque hay que partir de que la minería aluvial significa que vamos a deforestar», señala Isabel Calle, de la SPDA. Calle se pregunta si como país, «con tanta biodiversidad y con la riqueza que tenemos realmente se debe desarrollar minería aluvial, considerando el impacto que tiene en la Amazonía».
Entre enero y noviembre del 2020 se realizaron 342 operativos contra la minería ilegal en Madre de Dios, como parte de la Operación Mercurio, según informó la FEMA de la región. En estos operativos se destruyeron 574 balsas y 477 motores usados en esta actividad ilegal, entre otros insumos. La fiscal Garay señala que ya se ha solicitado la ampliación de la Operación Mercurio para que se pueda ingresar a otros lugares donde persiste el delito. «La reserva [Tambopata] está recuperada en su totalidad y La Pampa en un 95 %. Ahora necesitamos trabajar en Amarakaeri y Bahuaja Sonene. También en los ríos alejados como el Colorado y el Inambari para eliminar la minería de los ríos, así como la zona de Pariamanu, antes de que se convierta en una nueva La Pampa».
Amenazas a líderes ambientales: ¿una nueva oportunidad para el Acuerdo de Escazú?
Seis ambientalistas fueron asesinados durante el 2020 en Perú. El último de ellos fue Jorge Muñoz Saavedra, quien había desaparecido el sábado 19 de diciembre tras salir de casa para ir al bosque al escuchar una motosierra. Tres días después, el 22 de diciembre, su cuerpo fue encontrado en una trocha en el sector de Batán Grande, en Lambayeque. Muñoz Saavedra había recibido amenazas de mafias dedicadas al tráfico de especies forestales y a la depredación del patrimonio arqueológico.
En los meses anteriores fueron asesinados tres líderes indígenas, un guardaparque y un defensor ambiental. A pesar de esta situación, el Perú no ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que promueve el acceso a la información, la participación pública y a la justicia ambiental en América Latina y el Caribe. El documento incluye un artículo dedicado a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. El Congreso de La República archivó el acuerdo, a pesar de que el Perú había sido uno de los primeros países en firmarlo en setiembre de 2018.
«Se tiene que insistir con el Acuerdo de Escazú«, sostiene Vanessa Cueto, directora de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). «Es necesario que nuevamente entre a debate en el nuevo Congreso», agrega. Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo, tiene la misma opinión. «El Congreso que se instale este año debería abordar el Acuerdo de Escazú y ratificarlo para que sea parte de nuestra política interna». Abanto, además, considera que se trata de un tema importante que debería ser tocado por los partidos políticos en el debate electoral.
Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), recuerda que Perú fue uno de los países que promovió que el Acuerdo de Escazú sea vinculante. «Lo que queda es seguir sensibilizando sobre la importancia del acuerdo. El mayor rechazo fue al tema de defensores ambientales y por eso debemos difundir más información».
El Ministro del Ambiente señala que la ratificación del Acuerdo de Escazú quedará como agenda para el gobierno entrante, al que le corresponderá impulsarlo nuevamente en el Congreso. «Nuestro esfuerzo está en incorporar en la legislación nacional algunos de los principios de Escazú. De esta forma vamos sentando las bases para que una propuesta de ratificación posterior sea mucho más sencilla, en la medida que hayamos incorporado parte de esos principios en nuestra legislación nacional», asegura Quijandría.
En la misma línea del Acuerdo de Escazú y la transparencia de la información, el Procurador de Medio Ambiente, Julio Guzmán, señala que es importante la transparencia en la justicia ambiental. En ese sentido, menciona que una de las propuestas de la Procuraduría Ambiental para el 2021 es la implementación de un sistema de información que permita tener acceso a los procesos fiscales que están en curso. «La población tiene derecho a estar informada. Los procesos no deben ser reservados y secretos. Por eso estamos creando la primera base de datos de la Procuraduría«.
Deuda con la conservación marina
Para el 2020, el Perú debía alcanzar la protección del 10 % de su extensión marina según el compromiso adoptado con el Convenio de Diversidad Biológica, también conocidas como Metas Aichi. Este compromiso exige además asegurar la representatividad de todos los ecosistemas marinos peruanos teniendo en cuenta la propuesta de crear áreas marinas de importancia ecológica o biológica.
Sin embargo, este es probablemente uno de los desafíos más complejos para el Perú. El país hasta el momento no ha superado el 0.5 % de protección de su océano, mientras la creación de nuevas áreas marinas protegidas lleva varios años de espera. La propuesta de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la Reserva Nacional Dorsal de Nasca son las más avanzadas pero hasta ahora no se han concretado. Una Resolución Ministerial emitida por el Ministerio del Ambiente el 29 de diciembre de 2020, amplió en dos meses el plazo del Grupo de trabajo multisectorial responsable de recopilar, analizar y sistematizar la información para el establecimiento de Reserva Nacional Dorsal de Nasca.
«Tenemos una deuda con la protección marina costera, tanto el Mar de Grau como la Dorsal de Nasca», dice Vanessa Cueto, de DAR. Renzo Piana, director Ejecutivo de SBC Perú, se pregunta qué sucedió con la creación de estas áreas marinas. «En conservación de ecosistemas marinos estamos muy mal. No hemos cumplido con las Metas Aichi y la investigación para la conservación de zonas marino costeras sigue siendo prioritaria».
Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, va más allá en su mirada a la conservación y el manejo de recursos del mar peruano. «Debemos ir pensando en un Ministerio de Pesquería que perdimos en el 2004. ¿Por qué agricultura tiene ministerio y pesquería no? se pregunta. Riveros dice que la gestión marina no puede seguir siendo un subcapítulo del Ministerio de la Producción y asegura que hay una ausencia de política pesquera. «Lo que tenemos de facto es producir pescado para exportación. Se requiere una visión holística del sector», explica. Para Riveros la lucha contra actividades ilegales también es un tema pendiente para el 2021. «Hay un enorme tráfico de pesca ilegal en el país», sostiene.
#SinCienciaNoHayFuturo
En el 2020 el rol de la ciencia estuvo siempre presente en el debate público. Las investigaciones en torno a los virus de origen zoonótico, causante del COVID-19, despertaron interés en todo el mundo.
Renzo Piana, director Ejecutivo de SBC Perú, forma parte de una investigación global que está analizando cómo han usado el espacio las especies de fauna silvestre antes y después de la pandemia del coronavirus.
Esta investigación se realiza para evaluar cómo las especies durante las cuarentenas recuperaron espacios urbanos y naturales de los que se habían alejado. «Lo vamos a ver con diferentes especies. Nosotros estamos colaborando con información del cóndor andino a los cuales les hemos puesto radiotransmisores. Junto con colegas de Ecuador y Bolivia estamos poniendo nuestra data a disposición».
Piana señala que, además de las líneas de investigación relacionadas con la zoonosis, abiertas a partir de la pandemia del coronavirus, es importante fortalecer temas prioritarios para Perú como el cambio climático, puesto que se trata de uno de los países más vulnerables. «Por ejemplo, debemos investigar qué pasará con las áreas protegidas en el contexto del cambio climático. También ver temas como el cambio de uso de suelos, la deforestación, la expansión de agricultura de exportación a expensas de los bosques nativos y cómo afectará la biodiversidad», comenta Piana.
El ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, señala que desde el gobierno se están buscando mecanismos innovadores para financiar investigaciones científicas. Quijandría recordó que el Ministerio del Ambiente tiene cuatro organizaciones de investigación adscritas a su sector: el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) y el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP).
«La ciencia es un elemento fundamental para nuestro sector. Se están discutiendo medidas a nivel de gabinete para impulsar con fuerza la ciencia y la tecnología», asegura Quijandría. El ministro del Ambiente señala que es importante hacer investigación básica, pero también se requiere investigación destinada a resolver problemas concretos.
Imagen principal: Minería ilegal en Madre de Dios. Foto: FEMA Madre de Dios.
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