- Representantes de comunidades nativas de Ucayali, Huánuco y Junín realizaron plantón frente al Ministerio de Justicia para pedir que se concreten acciones para proteger a quienes viven amenazados por el narcotráfico y otras actividades ilegales.
- También tuvieron reuniones con diversos sectores para solicitar se continúe el proceso de titulación del PTRT3 en sus regiones.
Un plantón que reunió por lo menos a 100 personas de las etnias kakataibo, asháninka y shipibo-konibo ocurrió el miércoles 20 de octubre frente al Ministerio de Justicia.
La presencia de los representantes de las comunidades nativas de las regiones de Huánuco, Ucayali y Junín tiene como trasfondo dos temas cruciales: concluir con la titulación de sus territorios comunales y concretar acciones para la protección de los defensores ambientales.
Los pobladores indígenas kakataibo, asháninka y shipibo-konibo llegaron el lunes 18 de octubre a Lima. Son alrededor de 20 líderes de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y, aproximadamente, 25 líderes de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, quienes viajaron a la capital del Perú en representación de las comunidades nativas de las tres regiones. A ellos se han unido otros representantes de pueblos indígenas que viven en la capital de Perú para apoyar la protesta.
«Se ha producido una suspensión arbitraria del PTRT3 [Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa] en el Lote 2 que corresponde a las regiones de Junín, Ucayali y Huánuco, donde la tala ilegal, el narcotráfico y los cultivos ilegales están dando un fuerte golpe a las comunidades», señala Berlin Diques, presidente de la ORAU.
Diques señala que avanzar con la titulación de las comunidades es el reclamo principal, pero que al mismo tiempo exigen tener avances en el mecanismo de protección a los líderes indígenas que viven bajo la amenaza, principalmente, del narcotráfico.
Los problemas de titulación del PTRT3
«Son 48 comunidades que se deben titular en el Lote 2 [regiones de Junín, Ucayali y Huánuco] y se ha avanzado más del 90 % [del proceso de titulación], exigimos que continúe y no se presente una nueva modalidad», señala Diques en relación al anuncio del Ministerio de Agricultura de contar, precisamente, con un «nueva modalidad» para la continuidad del proyecto.
El Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú Tercera Etapa (PTRT3) se inició en el 2015 con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo era «formalizar la propiedad rural en la selva y zonas focalizadas de la sierra», indica en su website.
La formalización incluía la titulación de 403 comunidades nativas en las regiones de Amazonas, San Martín, Huánuco, Junín y Ucayali, Apurímac, Cusco y Loreto.
Desde fines de setiembre, mediante cartas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) solicitó una reunión de emergencia con el Ministerio de Agricultura (Midagri) para adoptar acciones correctivas a este proyecto. No solo por la falta de resultados, indica Aidesep, sino también porque, en el caso del Lote 2, que estaba listo para el inicio de la segunda etapa del proceso de titulación, se suspendió.
La reunión se dio la primera semana de octubre y en ella el Midagri informó su decisión de continuar el proyecto bajo una «nueva modalidad de ejecución» en la que los gobiernos regionales tendrían un rol protagónico, como se lee en una comunicación formal enviada por el ministerio a la Aidesep tras la reunión.
Esta decisión motivó el viaje de las delegaciones indígenas de Ucayali, Huánuco y Junín, considerando que en el caso de las comunidades de esas regiones, como indica Diques, los expedientes ya estaban lo suficientemente avanzados para iniciar la etapa de titulación.
«Hubo mucha demora en los procesos y cuando finalmente empezó, los lotes terminaron cayéndose. El PTRT3 nunca caminó», dice Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Baldovino explica que el PTRT3 «era una esperanza para las comunidades nativas», pues confiaban que de esta forma se cerraría la brecha de la titulación de los territorios comunales en la Amazonía peruana.
Sin embargo —agrega Baldovino— cuando se presentó el proyecto hubo dos sorpresas. «La primera, que la titulación se hacía a través de empresas consultoras. Y la segunda, que se incluyeron muy pocas comunidades nativas». Este último punto, sin embargo, logró ser negociado en su momento hasta lograr que se considere al menos a 403 comunidades nativas. Para la abogada de la SPDA, el esquema planteado para el PTRT3 «no ha logrado cumplir lo que se pensaba».
«Esa es la brecha que ha marcado el Estado [403 comunidades nativas], yo no podría decir que es una brecha real», añade Baldovino, considerando todas las comunidades nativas, fuera del programa PTRT3, que aún no han sido tituladas.
Sobre el tema, Mongabay Latam publicó el especial Comunidades en resistencia, una serie de reportajes que dan cuenta del problema de la titulación de las comunidades nativas en Perú y cómo esa falta de seguridad jurídica se ha convertido en una puerta abierta para las actividades ilegales.
La investigación mostró una brecha mayor pues solo en cinco regiones amazónicas —Loreto, Ucayali, Pasco, Huánuco y Madre de Dios— donde se analizaron más de 2000 comunidades, había más de 600 que ni siquiera estaban reconocidas.
Para Baldovino, el PTRT3 necesita una reestructuración, además que se tiene que saber cuál ha sido el nivel de ejecución de este proyecto. «Hay muchas comunidades que piden reconocimiento, otras que solicitan ampliación, también las que están dentro de áreas protegidas, que tienen concesiones en su territorio o que tienen algún conflicto, y no forman parte del PTRT3. La brecha debe ser pensada de una forma diferente», puntualiza la abogada de la SPDA.
En el documento enviado por el Midagri a Aidesep, el organismo estatal menciona que las organizaciones indígenas presentaron listas de comunidades que debían ser tituladas cuyo número superaba las 400 consideradas hoy. Sin embargo —explica el Midagri— estas no fueron tomadas en cuenta debido a que muchas de ellas no contaban con resolución de reconocimiento, otras estaban ubicadas dentro de áreas protegidas o formaban parte de procesos de titulación de otras instituciones cooperantes. La carta del Midagri incluye un cronograma para cumplir las metas que va hasta el 2023.
Iris Olivera, coordinadora del Programa Derechos y Justicia Ambiental de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), también considera que el proyecto ha tenido errores desde su concepción.
Olivera advierte que para cualquier cambio en la estrategia del PTRT3 se debe considerar los acuerdos de endeudamiento firmados con el BID, los contratos con las consultoras, así como los convenios con los gobiernos regionales. «No significa que esté bien o mal, sino que se hayan hecho los pasos previos con todos los involucrados y que se haya dimensionado el impacto de estos cambios», indica Olivera, refiriéndose a la necesidad de que las autoridades del Midagri consideren los problemas que podrían traer los contratos firmados previamente.
Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Agricultura información sobre los avances de PTRT3 y las modificaciones que ha propuesto, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.
El jueves 21 de octubre, la delegación indígena se reunió con los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en Perú —quien estuvo presente en la cita— contó a Mongabay Latam que los representantes de ese sector ofrecieron gestionar ante el BID una ampliación del plazo para que se continúe con el proceso para el Lote 2. Vale indicar que el PTRT3 termina en febrero de 2022. «Una cuestión de urgencia es la atención del Lote 2, que es el único que ha avanzado», comenta Pinto.
Para concretar este acuerdo —añade Pinto— los representantes del MEF indicaron que las organizaciones indígenas envíen una carta solicitando que se amplíe la ejecución del PTRT3 para culminar el Lote 2.
El lunes 25 de octubre, el Gobierno Regional de Ucayali envió un oficio al MEF, en el documento indica que se ha culminado con la primera etapa del PTRT3 para el Lote 2, por tanto, solicita que se continúe con los trabajos para la ejecución de la segunda etapa.
Al día siguiente, el 26 de octubre, Aidesep envió una carta a la Presidenta del Consejo de Ministros, para solicitar una reunión urgente con el fin de definir el inicio de la segunda etapa del Lote 2.
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A la espera de respuestas
En la agenda indígena otro tema de relevancia es el riesgo que enfrentan líderes, lideresa, y comuneros en general frente a amenazas como el narcotráfico que en los dos últimos años ha cobrado la vida de siete pobladores indígenas en las regiones de Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali.
«Seguimos insistiendo que se implemente el protocolo de actuación para las medidas de protección», señala Berlin Diques, de ORAU.
El protocolo al que se refiere el líder indígena está incluido en el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos emitido mediante un decreto supremo en abril de 2021.
Este protocolo establece las estrategias de financiamiento que permita la implementación del mecanismo y los lineamientos del plan de actividades para la ejecución de las medidas de protección.
Según el decreto supremo publicado en abril, este protocolo debía ser aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en coordinación con el Ministerio del Interior en un plazo de 30 días a partir de la publicación del decreto, pero hasta el momento no ha sido aprobado.
El miércoles 20 de octubre, los líderes indígenas se reunieron con el viceministro de Derechos Humanos, Guillermo Vargas. Tras la cita, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó, mediante sus redes sociales, la presencia de «una comisión intersectorial para sostener reuniones con autoridades locales y regionales en Ucayali» y realizar coordinaciones para la atención de los riesgos que afrontan las comunidades frente al narcotráfico y a las actividades ilegales.
Los líderes indígenas también se reunieron con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien ofreció generar un espacio de diálogo y coordinación para la titulación de tierras, la protección de defensores ambientales y de sus territorios.
Durante su presentación ante el Congreso de la República, la Premier se refirió a los asesinatos, ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y aseguró que se dotará de recursos para la implementación de las medidas de prevención y protección previstas por el Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
Vásquez también se refirió a los problemas que enfrentan los pueblos indígenas. «Trabajaremos en aprobar e implementar la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios, paso importante para favorecer a más de cinco millones de peruanas y peruanos de 55 pueblos indígenas». De acuerdo con la Primera Ministra, esta política articulará el trabajo con más de 20 entidades públicas nacionales y con siete ejes prioritarios: seguridad jurídica de tierras y territorio; desarrollo sostenible; conocimientos tradicionales; pleno ejercicio del derecho a la consulta previa y participación indígena; atención a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI); derechos de la mujer indígena y cambio climático.
Berlin Diques, presidente de ORAU, confía en que se concreten los acuerdos de las reuniones de esta semana, de lo contrario, señala, el paso siguiente será iniciar un paro en la provincia de Atalaya.
Imagen principal: Delegación de asháninkas, shipibos y kakataibos en la sede del Ministerio de Justicia. Foto IRI Perú
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