- Desde el lunes 4 de octubre decenas de comuneros permanecen en la Estación 5 de Petroperú, en la región Loreto.
- Reclaman que se cumplan acuerdos con el gobierno que incluyen la inversión de 6000 millones de soles en la atención de los problemas ocasionados por las actividades petroleras.
Desde el lunes 4 de octubre, la Estación 5 de Petroperú está tomada. Esa noche, más de 200 pobladores indígenas llegaron hasta las instalaciones del Oleoducto NorPeruano en el distrito amazónico de Manseriche, en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, y se apostaron en las instalaciones de PetroPerú para iniciar el denominado paro amazónico contra el gobierno peruano.
Los reclamos son varios y están enumerados en el llamado Plan de Vida Postpetróleo, una plataforma que incluye entre sus pedidos la aprobación de un fideicomiso indígena para el financiamiento del cierre de brechas (sociales, económico y ambientales), la creación de una comisión de la verdad y justicia sobre el impacto de 50 años de actividades petroleras y la remediación de pasivos ambientales dejados por los derrames de petróleo, entre otros puntos.
«Estamos reclamando por un plan de vida postpetróleo en contraposición a la actividad petrolera. Queremos que se garanticen nuestros derechos básicos», dice José Fachín, asesor principal de la plataforma Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP), una organismo de apoyo para los pueblos del denominado circuito petrolero.
El paro amazónico se había anunciado desde mediados de setiembre mientras se pedía la instalación de una mesa de diálogo para discutir el pliego de reclamos.
Tras el ingreso de los comuneros indígenas a la Estación 5, Petroperú informó que tuvo que evacuar a su personal y anunció la paralización de las operaciones de bombeo del hidrocarburo.
La toma de las instalaciones petroleras
Los pobladores indígenas que se encuentran en la Estación 5 reclaman la presencia de una comisión de alto nivel liderada por los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas. Incluso solicitan la presencia de la premier y del Presidente de la República.
Mientras no llegue una comisión de alto nivel —asegura Fachín— se mantendrá la toma de la Estación 5. «Ha venido una comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero contestamos que no podemos dar tregua. Nos respondieron que posiblemente en una semana podría haber un debate técnico».
La reunión a la que hace mención Fachin se produjo el 5 de octubre, un día antes de la juramentación del nuevo gabinete del mandatario Pedro Castillo. Ahora los líderes indígenas esperan que el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, quien acaba de asumir el cargo, y la primer ministra, Mirtha Vásquez, retomen las conversaciones.
Además de la Estación 5, diversas federaciones indígenas han anunciado la ocupación del Lote 192, del Lote 8 y del Lote 95, en este último hubo una protesta el año pasado que dejó como saldo tres pobladores indígenas muertos.
Fachín resume la agenda del paro amazónico en siete ejes temáticos: la aprobación de proyectos de inversión para dinamizar la economía en el circuito petrolero; la creación de un fideicomiso para los 6000 millones de soles aprobados en el plan de cierre de brechas; la implementación de programas de seguridad alimentaria; la modificación de la ley del canon petrolero para que se destine por lo menos el 10 % a las comunidades donde se realizan las actividades petroleras, y la rentabilidad social de la producción petrolera en beneficio de las comunidades.
Los pedidos también incluyen la creación de una comisión de la verdad y justicia para esclarecer el impacto social y ambiental de los 50 años de actividad petrolera y la muerte de líderes indígenas. Asimismo, el resarcimiento y remediación de los impactos y pasivos ambientales ocasionados por la actividad petrolera en la Amazonía peruana que incluye la transición a una matriz energética limpia y la adquisición de tecnología para que estas actividades minimicen el impacto ambiental.
«La actividad petrolera ha significado ingresos de 40 mil millones de dólares. Pero también ha ocasionado impactos ambientales significativos y, en algunos casos, irreversibles. Lo que ahora queremos es garantizar los derechos básicos de los pueblos indígenas», agrega Fachín.
Según el Informe La sombra del petróleo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, publicado en agosto de 2020, un total de 474 derrames del crudo ocurrieron en el Oleoducto NorPeruano y los lotes petroleros de la Amazonía peruana entre los años 2000 y 2019.
La mayoría de estos vertimientos —indica el informe— ocurrieron en los lotes 8 y 192 que juntos registran 344 derrames en estas dos décadas.
Gonzalo Marsá, coordinador del plan del cierre de brechas de la plataforma Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP), señala que detrás de la toma de la Estación 5 está el problema estructural de la pobreza que afecta a todas las comunidades del circuito petrolero. A ello se suma, añade Marsá, la crisis causada por la pandemia del Covid-19.
«La población indígena tenía muchas expectativas en el nuevo gobierno, pero cuando se intentaron acercamientos para echar a andar la hoja de ruta no obtuvo respuesta», dice Marsá.
Ha sido esta situación —según el representante de la PAAP— sumado al requerimiento de que se establezca el fideicomiso para asegurar la inversión de los fondos aprobados en el plan de cierre de brechas, los que desencadenaron la protesta.
En agosto de 2020, el gobierno de Martín Vizcarra emitió un decreto supremo para aprobar el Plan de Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto.
Un año antes, el 26 de julio de 2019, se emitió un decreto supremo que declaró como prioridad y urgencia nacional la elaboración de un diagnóstico y del posterior plan de cierre de brechas. Esta propuesta se concretó en coordinación con los gobiernos regionales y locales, y con las federaciones indígenas de los pueblos ubicados en el llamado circuito petrolero.
Según el documento de diagnóstico elaborado por la PCM, para reunir esta información se realizaron 32 talleres en los que participaron más de 1800 personas de 651 comunidades nativas, 14 comunidades campesinas y 10 centros poblados que forman parte de 74 organizaciones indígenas. «Fue así que el gobierno determinó que el costo real de la brecha era 6074 millones de soles y elaboró un plan por ese valor», dice Marsá.
El coordinador del cierre de brechas del PAAP comenta que hasta ahora el gobierno no ha invertido lo que correspondía para el primer año de los 6000 millones, por eso señala que es importante que se establezca ese fideicomiso como si se tratase de un fondo de emergencia.
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A la espera de una solución
Por ahora, los manifestantes están a la espera de una reunión ofrecida para el 14 de octubre en la que participarían representantes del gobierno y de los pueblos indígenas.
Mongabay Latam consultó con el Ministerio de Energía y Minas sobre las acciones que tomará el gobierno para atender esta protesta pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Mientras tanto, mediante un comunicado, Petroperú —organismo estatal a cargo de la estación petrolera— exhortó a quienes están dentro de la Estación 5 a «deponer su medida de fuerza, abandonar las instalaciones y realizar sus reclamos de manera pacífica, a través del diálogo con las instituciones de gobierno (…) evitando acciones de lucha que ponen en riesgo sus vidas y paralizan la industria de hidrocarburos, afectando los ingresos económicos del país y la región Loreto».
El organismo estatal también informó que está tomando acciones legales porque considera que estos hechos constituyen un delito contra la seguridad pública.
Consultada sobre el tema, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) señaló que «la Estación 5 es el núcleo central para las actividades del Oleoducto Norperuano, a través del cual se traslada toda la producción del circuito petrolero de Loreto hacia el Terminal de Bayóvar», ubicado en Sechura, Piura.
La SNMPE agregó que debido a la paralización de las operaciones del oleoducto, la producción de los campos petroleros en la selva también se ven obligados a detener sus tareas productivas. «Como producto de estas medidas de fuerza, también se verá afectado el Gobierno Regional de Loreto, que dejará de percibir ingresos por canon petrolero mientras que dure la paralización del Oleoducto Norperuano y de los lotes de hidrocarburos», advirtió la SNMPE.
La Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) ha manifestado su respaldo al paro amazónico. En un comunicado publicado un día antes de la toma de la estación 5, la organización nacional indígena exigió al gobierno «su presencia y atención urgente de una agenda que no ha sido respondida y que representa una bomba de tiempo social en las estaciones de bombeo 1 y 5 del Oleoducto Norperuano (ONP)».
En la comunicación, Aidesep señala que la agenda de los pueblos indígenas del circuito petrolero se resume en la atención de siete ejes temáticos y en la ejecución del plan postpetróleo para garantizar los servicios básicos a las comunidades mediante un fideicomiso indígena, así como la exigencia de la creación de decretos de urgencia para la ejecución de proyectos.
Imagen principal: El paro amazónico se inició hace una semana. Foto: PAAP.
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