- Osorno Cóleman, un antiguo enemigo del régimen de Daniel Ortega, unió fuerzas con el gobierno mientras altos funcionarios ayudaban a una empresa forestal, exportadora de resina, en la que secretamente tenía acciones.
*Este reportaje se publica como parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
En su juventud, durante la guerra civil de Nicaragua, Osorno Cóleman dirigió un grupo armado de Contras para enfrentar las fuerzas del actual presidente Daniel Ortega.
Décadas después, el excomandante de las unidades indígenas que lucharon junto a los Contra, respaldados por la CIA, ha dado un giro espectacular. Ahora, como miembro del Congreso, es aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega y está presionando a su comunidad indígena miskito para que trabaje con el gobierno. Promueve la empresa forestal Vida Group International como un camino hacia la reconciliación en Nicaragua.
“Queremos trabajo, progreso, desarrollo, no a la violencia, no al resentimiento del pasado ni al odio entre hermanos”, escribió Cóleman en una publicación de Facebook en 2017, promocionando la recolección de resina como una fuente de empleo para la comunidad y su “alianza” con el gobierno de Ortega.
Pero detrás del llamado de Cóleman por la unidad hay algo más.
Una nueva investigación de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) revela que el excomandante Contra tenía —en secreto— una participación del 10 por ciento en Vida Group, el principal exportador de resina de pino de Nicaragua, y que puede que se haya beneficiado de las incursiones de la empresa en tierras miskitas.
Altos funcionarios sandinistas han intervenido para facilitar las actividades de Vida Group, según indica una filtración de información del Instituto Nacional Forestal (Inafor) de Nicaragua. Correos de esta filtración muestran que la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, intercedieron personalmente para autorizar las exportaciones de Vida Group en un periodo crucial, en el que el volumen del comercio exterior de la empresa se multiplicó por más de cinco.
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La caso de Cóleman ilustra cómo el régimen de Ortega ha usado el clientelismo para expandir su poder en las regiones indígenas de Nicaragua. Por ley, estas zonas, que cubren el 31 por ciento del país, deben ser autónomas y las tierras controladas por autoridades comunitarias.
Pero los mískitos de los alrededores de Waspam, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) —una de las dos que existen en Nicaragua—, donde Cóleman consolidó su influencia política antes de llegar a la Asamblea Nacional, le dijeron a un reportero de OCCRP que Vida Group les dejó una herencia de dificultades y rabia.
Contaron que Cóleman ha sido un promotor de la compañía como fuente de empleo para la comunidad. Pero lejos de ayudar, los trabajadores dicen que Vida Group les paga apenas lo suficiente para sobrevivir por recoger resina, que luego se envía al extranjero a más del doble de lo que les dan.
“Desde nuestra perspectiva, como pueblo indígena, sí valoramos a [Cóleman] como líder”, dijo Félix Osenes, que recolecta resina para venderle a Vida Group. “Pero de su parte, no nos toma en cuenta. Para él, no somos nada”, indicó.
Adrián Sierra, concejal del gobierno regional autónomo de la RACCN, dijo que Vida Group ha prosperado gracias a sus vínculos con el régimen de Ortega, mientras que ha pisoteado la comunidad. “Siempre han venido manipulando y utilizando, aprovechándose de la crisis y la necesidad de las comunidades”, dijo.
Cóleman reconoció que en algún momento tuvo acciones de Vida Group, pero defendió su participación diciendo que quería ofrecer empleo a las comunidades indígenas golpeadas por la pobreza. Negó, además, que hubiera obtenido beneficios y dijo que renunció a sus participaciones en la empresa hace varios años. Pero cuando tuvo que dar detalles, cambió su versión varias veces y dio diferentes fechas sobre el momento de su partida.
“No he robado ni un peso a la comunidad”, dijo sobre las acusaciones de que sus acuerdos con Vida Group y los sandinistas eran inapropiados o corruptos. “Tengo la mano limpia y la cara limpia”.
Sin embargo, no está claro cuánto tiempo va a durar el negocio de Vida Group, pues los trabajadores dicen que los pinos que producen resina están siendo sobreexplotados. Están “muriendo poco a poco”, dijo Alcides Wilfred Martínez, un exrecolector de resina del pueblo miksito de Koom.
2Algunos pinos se están muriendo y otros se están secando”, afirmó.
Nicaragua es uno de los países en el mundo que pierde sus bosques al ritmo más acelerado. La deforestación se disparó a partir de 2014, cuando Ortega tomó el control directo del Inafor.
Las cifras de Naciones Unidas analizadas por Our World in Data, una iniciativa dirigida por académicos de la Universidad de Oxford, muestran que la pérdida media anual de bosques en Nicaragua pasó del 1,34 por ciento entre 2010-2015, al 2,56 por ciento entre 2015-2020.
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De enemigos a amigos
Algunos miskitos en la región llaman a Cóleman “cacique”, un término usado con frecuencia para referirse a líderes indígenas.
También se le conoce como “Comandante Blas”, alias que asumió en la guerra civil de Nicaragua. En un ensayo autobiográfico publicado en 2019, Cóleman describió cómo tomó las armas tras ver con consternación cómo la revolución marxista que llevó a Ortega al poder se volteaba contra su pueblo.
“La revolución sandinista iba a colisionar con mi pueblo miskito”, escribió Cóleman. “Abandoné el enfoque pacífico de la lucha y me uní a las filas de la nueva guerrilla”.
El conflicto vino en parte de los esfuerzos de los sandinistas por asimilar las comunidades indígenas de Nicaragua con programas como las campañas de alfabetización en español, indicó Mateo Jarquin, profesor de historia de la Universidad de Chapman en California. Las comunidades indígenas lo interpretaron “como si los sandinistas dijeran: ‘Ya no puedes ser indio'”, dijo Jarquin.
Como líder militar de las fuerzas de la Contra mískita, Cóleman se codeó con quienes estaban en el poder. Entre otros, se reunió con el presidente estadounidense George H. W. Bush en la Casa Blanca, participó en negociaciones de alto nivel con los sandinistas y firmó el acuerdo de cese al fuego de 1990 con la presidenta Violeta Chamorro, la sucesora de Ortega.
De vuelta a la vida civil, Cóleman se graduó en Derecho en 1999 y se dedicó a la política. Mantuvo abiertamente su férrea oposición a Ortega y a los sandinistas, cuyas fuerzas perpetraron graves abusos contra los derechos humanos de los miskitos durante la guerra civil. En 2006 fue parte de una delegación que viajó a Estados Unidos para presentar cargos contra el propio Ortega por genocidio y crímenes contra la humanidad.
“La sangre derramada por nuestros indígenas no tiene precio”, dijo Cóleman al diario La Prensa en 2011. “Por eso nuestros comunitarios odian a Daniel Ortega”.
Pero tras bastidores las cosas empezaban a cambiar. Gustavo Nixon, un juez que fue el segundo al mando de Cóleman en la guerra civil, dijo que el excomandante Contra comenzó a trabajar estrechamente con las autoridades poco después de que se declarara la paz.
“Al llegar allí, nos abandonó. Solo él andaba así trabajando con el gobierno”, dijo Nixon a OCCRP. “Ahora está bien plantado comiendo como diputado”.
En 2013, medios de comunicación locales informaron que el Fiscal General de Nicaragua estaba investigando a Cóleman y a varios líderes por transferir ilegalmente tierras indígenas. Dos años más tarde, la Fiscalía acusó a Cóleman y a los demás ante la Corte Suprema por violar leyes destinadas a proteger los territorios que son propiedad de las comunidades indígenas.
Cóleman dijo que nunca se probaron las acusaciones y que no había violado ninguna ley. OCCRP trató de saber más sobre este supuesto problema de tierras con un grupo de defensores de derechos humanos nicaragüense en el exilio, pero su líder acababa de sobrevivir a un intento de asesinato y otros miembros estaban demasiado asustados para hablar.
Los cargos contra Cóleman se anunciaron en 2015, el mismo año en el que Vida Group fue fundada por James Webster Pitts, un exjugador de béisbol profesional y activista de la independencia indígena que estudió ingeniería forestal. También fue miembro de un partido político que Cóleman dirigió y cercano al líder sandinista Lumberto Campbell.
Dzung Nguyen, antiguo copropietario y tesorero de Vida Group, dijo que a Cóleman y a otro inversionista se les ocurrió la idea de crear una empresa resinera en un viaje en avión. Luego trajeron a Webster. Señaló que Cóleman se encargaría de las “relaciones públicas” de la compañía, incluyendo la obtención de los permisos gubernamentales necesarios.
“Siempre que había un problema con Inafor, o con la obtención de permisos u obstáculos, James [Webster] acudía a Cóleman”, dijo Nguyen.
Ni Webster ni Campbell respondieron a los cuestionarios que se les envió. Cóleman dijo que había abogado porque Vida Group obtuviera los permisos del gobierno “para que las comunidades pudieran tener trabajo”, pero negó haber hecho algo malo. “No soy corrupto”, dijo.
En 2016 Cóleman realizó un giro notable: unió sus fuerzas al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En virtud del acuerdo, Cóleman seguía siendo miembro de un partido indígena regional, pero el respaldo sandinista le proporcionaba un boleto al parlamento. Declaró al periódico La Prensa que no era verdaderamente sandinista, sino que buscaba mejores beneficios para las comunidades indígenas.
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Documentos conocidos por OCCRP muestran que, para octubre de 2017, Cóleman contaba con una participación del 10 por ciento en Vida Group. Jorge Valladares, experto anticorrupción de Transparencia Internacional, afirmó que esto violaba el artículo 130 de la Constitución de Nicaragua, que indica que es ilegal que cualquier persona en un cargo público obtenga concesiones, como la obtención de permisos gubernamentales, del Estado.
“No solo está prohibido, sino que la concesión o el permiso otorgado es nulo”, dijo Valladares.
Señaló que el modelo de Vida Group, donde los trabajadores cosechan resina como contratistas que luego le venden a la empresa, quiere decir que los permisos de exportación se conceden a las comunidades indígenas en lugar de la propia compañía. Esto, indicó Valladares, puede ser un esfuerzo deliberado para sortear la ley que prohíbe que Cóleman reciba beneficios estatales.
“Todo el esquema puede haber sido montado por la participación del congresista en esta empresa”, añadió.
En noviembre de 2017, después de que Cóleman se convirtiera en socio de Vida Group, les pidió a sus compañeros miskitos en Facebook dejar de lado el “odio entre hermanos” y acoger la alianza con los sandinistas.
“Así funciona nuestra alianza con el gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo”, escribió.
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Crecimiento empresarial
Aunque Vida Group fue fundada en 2015, sus negocios realmente despegaron cuatro años después, tras conseguir un nuevo comprador para su resina de pino en Vietnam, una empresa que vende productos como el aceite de goma de trementina, usado para diluir pintura, y la goma de colofonia, que sirve para hacer pegamento.
Pero a mediados de 2019, estas exportaciones enfrentaron un obstáculo: Vida Group había pedido un permiso para enviar más resina que la cuota autorizada por el Instituto Nacional Forestal (Inafor).
En un correo del 11 de junio de 2019, la funcionaria de Inafor Elizabeth Saravia le informó a sus colegas que el equipo legal del instituto no podía aprobar la solicitud, cuestionando incluso cómo habían permitido que, en primer lugar, la presentaran.
La siguiente solicitud de exportación de Vida Group en agosto fue manejada de manera muy diferente. Esta fue tratada personalmente por Gustavo Porras, el presidente de la Asamblea Nacional, y por la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, ambos sancionados por Estados Unidos por socavar la democracia de Nicaragua.
“Estimada compañera, solicito su autorización para la emisión de las Constancias de Exportación”, le escribió Porras a Murillo el 16 de agosto, mencionando dos solicitudes de exportación, de 48 000 kilos de resina de pino cada una, presentadas por Vida Group.
Menos de dos horas después, Murillo dio su consentimiento.
El análisis de dos hojas de cálculo, que son parte de los documentos de Inafor, muestran que las exportaciones de resina de pino de Vida Group se dispararon en ese periodo. Pasaron en el primer semestre de 2018 de una cantidad de 322 000 kilos, con un valor de 257 600 dólares, a una cantidad de 1,79 millones de kilos, valuados en 1,49 millones de dólares en el primer semestre de 2019. En la segunda mitad de 2019, tras la intervención de Murillo, las ventas al extranjero subieron hasta alcanzar una cantidad de 1,85 millones de kilos, valorados en 1,38 millones de dólares.
En 2019, Vida Group fue de lejos el principal exportador de resina de pino en Nicaragua al concentrar, según otro documento de la filtración, casi el 90 por ciento del negocio.
Nguyen, exgerente de Vida Group, dijo que cuando la empresa tenía problemas esta solía recurrir a Porras y a un miembro del círculo íntimo de Ortega, Lumberto Campbell, presidente del Consejo Supremo Electoral y amigo de infancia del fundador de la empresa.
“Estuve tal vez en tres reuniones con gente, incluyendo a Lumberto Campbell… En una de las reuniones conocí a una persona llamada Gustavo Porras”, le dijo a OCCRP. “Para hacer negocios allí hay que tener conexiones, o de lo contrario no pasa nada”, indicó Nguyen.
Sierra, concejal del gobierno de la RACCN, señaló que Vida Group pudo conseguir los permisos que necesitaba gracias a su influencia política. “Utilizaron todos los recursos y todos los mecanismos que ellos disponen para que llegara esa empresa” a la región, dijo.
Cóleman dijo que sí gestionó los permisos en nombre de la empresa para traer trabajo a la comunidad, pero que no estaba involucrado en las finanzas de Vida Group.
Campbell y Porras no respondieron a los cuestionarios que se les enviaron. Murillo reconoció haber recibido las preguntas de los periodistas, pero no las contestó.
Violaciones a los derechos humanos
Pero a medida que el negocio de Vida Group se disparaba, su relación con la comunidad miskita se volvía más agria.
El sistema de la empresa de pagar a los recolectores por volumen los obliga a trabajar largas horas en malas condiciones, provocando lesiones y enfermedades, según un informe de 2019 del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
“El extractivismo de resina de árboles de pino por la empresa Vida Group ha implicado serias violaciones de derechos humanos de la población indígena, en relación a los derechos laborales y otros derechos fundamentales”, señala el documento.
Un trabajador le mostró a un reportero de OCCRP cómo se extrae la resina, cortando la corteza del árbol con un machete y recogiendo el líquido pegajoso en bolsas de plástico. En una entrevista en julio, varios proveedores de Vida Group se quejaron de los bajos precios que estaban recibiendo por la resina —alrededor de 4 córdobas (11 centavos de dólar) por una libra— cuando además tienen que pagar por el equipo que necesitan para recolectarla.
Los datos de la filtración de Inafor muestran que en 2019 Vida Group exportó resina a un precio promedio de 11,79 córdobas por libra (453,592 gramos), más del doble de lo que pagó a sus proveedores.
“Al final, no tenemos nada. Nos quedamos con 300, 200 [córdobas; entre 5 y 8.6 dólares] para llevar a casa”, aseguró Alcides Wilfred, un extrabajador de Vida Group de la aldea miskita de Koom.
Lamberto Chow, un líder miskito de Waspam, señaló que Blas (Osorno Cóleman) promovió la empresa, pero que esta hizo poco para ayudar a la comunidad. “Definitivamente, el pueblo no se está beneficiando, más bien está dañando los recursos naturales de nuestra zona”, dijo.
Aquellos que se han opuesto a la empresa se han enfrentado a represalias.
En enero de 2017, la policía arrestó a un juez miskito cuya comunidad se opuso a la llegada de Vida Group, según informaron el diario La Prensa y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una organización sin ánimo de lucro. Según miembros de la comunidad, detuvieron al juez por directriz de Cóleman, acusándolo de quemar los almacenes de resina de la empresa y cinco hectáreas de pinos.
Pero el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos investigó y no encontró pruebas de que se hubiera producido tal incendio.
“Líderes de la comunidad —gente que se oponía [a Vida Group]— han sido encarcelados como resultado de todo esto”, apuntó Sierra.
Cóleman dijo que el juez era un “delincuente” que estaba detenido por delitos que incluían no solo el incendio sino el secuestro de dos guardias de la empresa. El informe del grupo de derechos humanos indicó que el juez no estuvo involucrado en ningún secuestro.
Política y resina
Vida Group no es la única empresa de resina de pino con conexiones políticas que opera en la RACCN.
Inafor también concedió permisos de exportación a Resinera Export, S.A., dirigida por una de las familias más poderosas de la región, también vinculada con los sandinistas. En 2019, esta empresa envió 383 000 kilos de resina de pino, lo que la convierte en la segunda mayor exportadora, detrás de Vida Group.
El gerente de la empresa, Otis Plazaola Cunningham, es primo de Carlos Alemán Cunningham, coordinador del gobierno en la región, y es sobrino del alcalde de Waspam. Carlos ha sido aparentemente acusado de vender tierras indígenas en la RACCN. La organización no gubernamental estadounidense Oakland Institute señaló que la familia Cunningham, líder de los miskitos desde hace mucho tiempo, se ha convertido en los últimos años en defensora del régimen de Ortega.
Plazaola Cunningham le dijo a OCCRP que tener parientes con conexiones políticas no garantiza la obtención de permisos. “Hemos invertido (…) hace más de 2 años y todavía no salen los permisos, debido a lo difícil que es cumplir los requisitos”, afirmó.
Juan Carlos Ocampo, líder comunitario miskito en la RACCN, estimó que el 90 por ciento de las comunidades indígenas de la región han tenido líderes cooptados por el régimen de Ortega o impuestos contra los deseos de la mayoría. Muchos de estos líderes firman luego proyectos mineros y forestales sin consultar a los grupos locales. Por ley, los derechos sobre estas tierras indígenas y su explotación son comunitarios.
“Es una política de Estado” adoptada “para promover proyectos extractivistas”, aseguró Ocampo.
Pero la bonanza de la resina de pino puede tener fecha de vencimiento. Varios trabajadores de Vida Group y otras personas de la comunidad miskita le indicaron a OCCRP que los pinos que producen la resina están muriendo por la sobreexplotación.
“Todo va a morir. Eso estamos viendo ahorita en este momento”, dijo Alfredo Toledo, un anciano de Bilwas Karma, donde opera Vida Group.
Chow, el líder miskito de Waspam, dijo que los jefes de la comunidad planean presentar una queja a la empresa por el daño a los árboles. “Hubo un compromiso cuando se inició esta obra de que iba a ser una reforestación y hasta esa reforestación se olvidó”, dijo.
Cóleman, por su parte, continúa su carrera política de la mano de los sandinistas. En noviembre busca su reelección en la lista de diputados del Partido Sandinista. Ocampo dijo que la cercanía de Cóleman a los sandinistas casi garantiza su reelección.
“Osorno [Cóleman] es un ejemplo de la corrupción del sistema”, indicó el líder indígena Ocampo.
* Imagen principal: Resina de pino en Waspam. Foto: Cristopher Mendoza.
* La filtración de datos, que es la base de esta investigación, consiste en miles de correos electrónicos, documentos y tablas de datos obtenidos de Inafor por el grupo de hackers Anonymous en mayo de 2020. En octubre de ese año, el gobierno de Nicaragua consideró ilegal la publicación de información reservada, con penas de hasta diez años de cárcel. Los críticos dicen que la ley tiene como objetivo silenciar a la oposición a Daniel Ortega. OCCRP cree que hay un interés público en entender cómo Inafor ha contribuido a la destrucción de algunos de los bosques más valiosos del mundo.
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