- La Corte Interamericana de Derechos Humanos trató, en la audiencia del 9 de febrero, el caso por derechos a la tierra de la comunidad maya Q’eqchi’ Agua Caliente, Lote 9 contra el Estado de Guatemala.
- El futuro fallo podría establecer un precedente internacional en derechos colectivos indígenas sobre recursos naturales.
Una comunidad indígena que por décadas reclama sus derechos territoriales ha llevado sus demandas a un tribunal internacional. El caso podría tener implicaciones de gran alcance para los derechos indígenas y la actividad minera.
La comunidad maya Q’eqchi’ de Agua Caliente Lote 9 presentó su caso contra el Estado de Guatemala en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado miércoles 9 de febrero. Se espera un fallo en menos de un año aproximadamente.
El tema principal son los derechos colectivos de la tierra en Agua Caliente Lote 9, ubicado a unos 300 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala. El caso también tiene que ver con un proyecto de minería de níquel, un conflicto que desde hace más de 60 años ha acarreado violencia.
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Según Leonardo Crippa, abogado sénior del Indian Law Resource Center, con sede en Estados Unidos, el caso de Agua Caliente Lote 9 le dará al tribunal la oportunidad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y fallar a favor de su soberanía sobre sus recursos naturales.
“Esperamos que el tribunal ordene al Estado establecer medidas legislativas y de otra índole para reconocer el derecho de las comunidades a la propiedad colectiva sobre las tierras que poseen, utilizan y que les brindan beneficios a través de los recursos naturales”, informó Crippa, quien ha estado trabajando durante años en casos sobre derechos colectivos de los indígenas a la tierra, incluido el de Agua Caliente Lote 9.
El proyecto Fénix en la región Q’eqchi’, propiedad del Solway Investment Group (un conglomerado minero con sede en Suiza), incluye la explotación del mineral en la cima de la montaña e instalaciones para procesar ferroníquel cerca de la costa del lago de Izabal.
El lago y otras vías fluviales asociadas alimentan importantes ecosistemas y áreas protegidas que albergan diversas especies de peces, aves, reptiles y mamíferos, incluido el mono aullador negro guatemalteco (Alouatta pigra), en peligro de extinción. La contaminación es una preocupación para muchos residentes locales, cuyo sustento depende de la agricultura y de la pesca de subsistencia.
“Necesitamos legalizar nuestras tierras”
Según Victoria Sanford, profesora de Antropología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la minería ha sido durante los últimos 150 años una manera más de expropiación por parte de terratenientes y empresas que tienen una cosmovisión opuesta a la de los Q’eqchi’.
“Los Q’eqchi’ son los administradores (de la tierra)”, señaló Sanford, quien fue designada como perito por el tribunal en el caso de Agua Caliente Lote 9”.
Hace 20 años, los residentes de Agua Caliente Lote 9 pagaron al gobierno guatemalteco para recuperar su tierra, pero nunca se les otorgó el título de propiedad definitivo. Desde entonces, han estado exigiendo la titularidad del territorio, primero a nivel nacional y ahora a nivel internacional.
Rodrigo Tot ha estado al frente de la pelea durante años. En 2017 recibió el Premio Goldman, que reconoce a los defensores comunitarios del medioambiente, por su rol de liderazgo en la cruzada por el título de propiedad.
“Yo lo sufrí en carne propia”, expresó Tot el martes durante una conferencia de prensa, al referirse al asesinato de su hijo, Edin Leonel Tot Sub, de 10 años, en lo que pareció ser un ataque deliberado. “Hay otras comunidades en la misma situación. Necesitamos legalizar nuestras tierras”, dijo.
El Gobierno guatemalteco fue notificado en septiembre de 2020 de que el caso había sido remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según informó la Procuraduría de la Nación (PGN) a Mongabay en un comunicado por escrito.
Según la PGN, que representa los intereses legales del Estado de Guatemala en procesos tanto nacionales como internacionales, el país ha cumplido con sus obligaciones conforme a la ley nacional para asegurarse de que se respeten los derechos humanos de los miembros de la comunidad Agua Caliente.
Además, asegura que la tierra fue registrada a nombre de los miembros de la comunidad en 2019, que se concluyó un proceso de consulta relacionado con la mina Fénix en diciembre de 2021 y que las investigaciones por actos de violencia continúan.
“El Estado enfatiza su compromiso de asegurar los derechos humanos de toda su población, que será demostrado en la audiencia [del miércoles]”, según se lee en el comunicado de la PGN.
Un conflicto por la consulta
En los años 50 y en 60, bajo régimen militar, Guatemala otorgó derechos de superficie y de subsuelo a una serie de empresas mineras multinacionales. Los sucesivos dueños de la mina Fénix, que operó durante unos años a fines de los setenta y volvió a operar en 2014, se dedicaron a explorar los terrenos del Lote 9.
“La concesión de Fénix no incluye las tierras del Lote 9. La tierra es propiedad de los representantes de la comunidad Agua Caliente. […]. La empresa no opera en terrenos del Lote 9”, explicó a Mongabay la oficina de prensa de Solway Investment Group en un comunicado por escrito.
En 2020 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó un fallo previo que ordenaba al Gobierno suspender la licencia de explotación de la mina Fénix hasta que se llevase a cabo una consulta con las comunidades indígenas de la región potencialmente afectadas. Este requisito legal, sin embargo, no se ha cumplido.
A raíz de esto, en octubre de 2021, pescadores y líderes de la comunidad Q’eqchi’ participaron de protestas en el pueblo de El Estor. Bloquearon el paso de camiones que transportan el carbón que es utilizado como combustible en la planta de procesamiento de la empresa minera.
Las protestas terminaron en una violenta represión y en un estado de sitio que duró un mes, durante el cual las fuerzas de seguridad allanaron las casas de varios indígenas que se oponían abiertamente a la mina, así como de periodistas locales.
Si bien los derechos constitucionales fueron suspendidos a nivel local, el gobierno realizó reuniones para avanzar en el proceso de consulta, el que concluyó con acuerdo el 9 de diciembre. El Ministro de Energía y Minas firmó una resolución el 6 de enero para restablecer la licencia de explotación de la mina Fénix y la oficina de prensa de Solway le dijo a Mongabay que su subsidiaria “ha reiniciado sus operaciones de extracción”.
Muchos residentes de la comunidad Q’eqchi’, incluido Rodrigo Tot, no consideran válido el proceso de consulta del gobierno. Según Tot, las convenciones internacionales ratificadas por Guatemala son claras en cuanto a que la consulta debe ser previa.
“Hablar de consulta es lo primero que se hace”, dijo Tot. Sin embargo, “en este momento hablar de consulta ya es demasiado tarde”, agregó.
* Imagen principal: Rodrigo Tot comenzó a visitar casas en Agua Caliente y a recolectar pruebas de la titularidad de los Q’eqchi’ sobre la tierra. Imagen cortesía de Goldman Environmental Prize.
Artículo original: https://news-mongabay-com.mongabay.com/2022/02/indigenous-community-takes-guatemalan-land-rights-fight-to-international-court/
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