- Las comunidades desempeñan un papel fundamental en REDD+, una estrategia de conservación forestal que apunta a reducir las emisiones que pueden venderse como créditos a fin de recaudar dinero para la protección forestal.
- Los proyectos REDD+ a menudo incluyen componentes para el beneficio de las comunidades, como medios de vida alternativos y la provisión de atención médica y de educación.
- Pero, recientemente, han surgido informes que dicen que las comunidades REDD+ han sufrido abusos y violaciones de derechos en relación con proyectos REDD+ de alto perfil.
- Varias organizaciones lideradas por indígenas han expresado su apoyo a REDD+ porque, según dicen ellos, proporciona una vía para financiar su trabajo de conservación en relación con el clima, mientras que otros grupos afirman que no es la solución.
Este es el segundo artículo de nuestra serie de cinco partes sobre créditos de carbono forestal y el mercado voluntario. Lee la primera parte.
Sen Monorom, Camboya.- Escondido en un rincón poco visitado del este de Camboya, hay un pequeño “mar de bosque”, que ondula cerca de la casa de Roeung Haeng. Allí, el canto de los gibones de mejillas beige (Nomascus gabriellae) perfora la tranquilidad del dosel a primera hora de la mañana. Más tarde, el creciente zumbido de las cigarras macho que contorsionan sus costillas y de las hembras que chasquean las alas como respuesta estalla en una cacofonía ensordecedora, ausente en las tierras despojadas de su hábitat forestal.
Para la comunidad de Roeung, miembro del grupo indígena Bunong, el bosque también es una fuente de frutas, miel y setas, así como de medicinas y resina, lo que les representa algo de dinero. El bosque también alberga áreas sagradas para los Bunong.
Roeung y otros residentes de la aldea de Pulung trabajaron durante años para asegurar su reconocimiento oficial como Bosque Comunitario Ngleav Krach en 2016. A lo largo de una carretera construida en 2012 que atraviesa el bosque, ella señala con orgullo el mapa topográfico que dibuja los límites de sus 2282 hectáreas. El letrero indica una permanencia en la protección del bosque y que los límites trazados en el mapa cuentan con el respaldo oficial del gobierno camboyano.
Pero las lágrimas corren por el rostro de Roeung cuando habla de lo que enfrenta ahora su amado bosque. Durante varios años, han circulado rumores sobre una presión para abrirles paso a 230 familias para que establezcan una nueva comunidad en unas 650 hectáreas de bosque. Luego, a principios de abril, llegaron las motosierras.
Los taladores operan en secreto, principalmente de noche, para evitar ser detectados por los residentes de la comunidad de Pulung, quienes, según Roeung, se oponen a la destrucción de su bosque comunitario: tuvieron que dejar atrás tierras despejadas, marcadas por manchas negras donde los taladores habían intentado quemar los árboles y la vegetación que habían cortado.
“Solo quiero morir porque me siento muy decepcionada por esto —comentó Roeung a Mongabay—. Lamento el bosque, y también la vida silvestre, que se han perdido”.
Contó que ha protestado por la medida ante los ministerios de Medioambiente, Gestión de Tierras, Agricultura e Interior de Camboya, así como ante la unidad anticorrupción del país. Ha llevado el tema a funcionarios en Nom Pen, a seis horas de viaje en autobús. Pero encontró poco apoyo, enfrentó acusaciones de estar “contra el desarrollo” e, incluso, fue arrestada una vez. (Cuando Mongabay habló con ella en abril de 2023, contó que estaba en libertad bajo fianza).
Roeung dijo que había oído hablar de una iniciativa de conservación forestal llamada “REDD+” y que otras comunidades se estaban beneficiando de esta, alrededor del Santuario de Vida Silvestre Keo Seima, en otra parte de la provincia de Mondulkiri, no lejos de la cafetería al borde de la carretera y de la tradicional casa Bunong con techo de pasto que ella alquila en Airbnb.
Aunque señaló que no entendía cómo funcionaba exactamente REDD+, le intrigaba la idea de que el carbono retenido por los bosques de otras comunidades Bunong pudiera convertirse no solo en una protección renovada de sus tierras, sino también en financiación para educación, atención médica y para empleo.
“No tenemos una buena educación, por lo que la tierra y los bosques […] son opciones para que nuestra comunidad indígena pueda obtener ingresos”, explicó.
A pesar de los altos niveles de pobreza, los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL) como la de Roeung tienen la clave para una coexistencia sustentable con el bosque, según ha demostrado una investigación. A menudo, su forma de gestionar mantiene (e incluso aumenta) los beneficios climáticos de los bosques que administran, sin mencionar los otros servicios ecosistémicos y el hábitat que proporcionan los bosques sanos para la biodiversidad.
En el mundo, las tierras de propiedad indígena (algunas de las cuales están oficialmente reconocidas, pero muchas otras no) albergan el 80 % de la biodiversidad mundial, según datos del Banco Mundial. Sus tierras también albergan casi una quinta parte del carbono forestal del mundo, según un informe de 2018 de la Rights and Resources Initiative, una coalición global. Pero, en muchas partes del mundo, incluida Camboya, los derechos territoriales de los indígenas son frágiles, a veces ni siquiera se reconocen legalmente.
REDD+ (abreviación de “Reducción de las Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques”) fue diseñado en parte para ayudar a las comunidades dependientes de los bosques, que son las primeras en enfrentar la pérdida de estos. Los científicos estiman que más de un tercio de la mitigación del cambio climático podría provenir de soluciones basadas en la naturaleza, como REDD+, al reducir las emisiones asociadas con la deforestación y con la degradación forestal.
REDD+ se basa en apoyar a las comunidades en el manejo de sus bosques frente a la creciente presión de actividades como la tala y la conversión a la agricultura. La reducción de emisiones puede venderse como créditos de carbono, y se supone que parte de los ingresos se canalizarán nuevamente en la conservación de los bosques.
Sin embargo, el enfoque es polémico. Algunos estudios e investigaciones han demostrado que muchos proyectos pueden generar menos beneficios climáticos de lo que se afirma. La búsqueda de ganancias del comercio de carbono ha obligado a las comunidades a abandonar sus tierras, y, en otros casos, el personal del proyecto ha sido acusado de abuso. Estas preocupaciones han llevado a pedir la reforma de REDD+ y del comercio voluntario de carbono, o a poner fin a estas prácticas por completo.
Recompensando a los administradores del bosque
Con 300 000 hectáreas, el Santuario de Vida Silvestre Keo Seima cubre un área mucho más grande que la del Bosque Comunitario Ngleav Krach. Más de 1000 especies conocidas de plantas y de animales viven dentro de las fronteras de Keo Seima. Y lo grave es que los leñadores, las plantaciones y los cazadores han puesto toda esa riqueza en peligro. Esas amenazas lo convirtieron en un candidato atractivo para el proyecto REDD+, que comenzó en Keo Seima en 2010.
Pero no siempre está claro qué comunidades y bosques cuadran en los esquemas REDD+ para personas como Roeung, que viven más cerca de los bosques y buscan apoyo para encontrar formas de protegerlos. Por su parte, las personas que dirigen estos proyectos admiten que centrarse en el área inmediatamente cercana al proyecto significa que no pueden ayudar a todos.
En todo el mundo, algunos líderes de los PICL han respaldado públicamente a REDD+. Un grupo internacional de organizaciones indígenas expresó su apoyo a este mecanismo en una carta abierta en mayo. Reconocieron que REDD+ no es perfecto, pero señalaron que lo ven como un camino para reconocer los esfuerzos de las comunidades de conservar los bosques y de financiar esos esfuerzos, de preservar sus culturas y tradiciones, y de apoyar el desarrollo económico.
“Creemos que los mercados de carbono son una herramienta importante, pero necesitamos rediseñarla —sostuvo durante una rueda de prensa Levi Sucre Romero, líder indígena Bribri de Costa Rica y coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), en la COP28, la conferencia climática de la ONU realizada a finales de 2023 en Dubái—. Necesitamos reenfocarla dentro del respeto por los derechos de los pueblos indígenas y tener un diálogo más abierto con quienes pagan por estos créditos de carbono”.
REDD+ ha brindado a las comunidades herramientas que les permiten continuar protegiendo sus bosques, según afirmó Germán Qaghay Sedoyeka, miembro del grupo étnico Datooga y líder de equipo del Proyecto REDD del Valle de Yaeda en el norte de Tanzania. Antes de asociarse con Carbon Tanzania (una empresa social registrada en el Reino Unido), pueblos como Qangdend (donde él creció) enfrentaban una afluencia de personas a su región. Muchos de esos forasteros no tenían la misma relación con el paisaje que tienen los Datooga y otros pueblos indígenas de cazadores y recolectores, como los Hadza. “Realmente, son custodios de los bosques en sus aldeas y han estado salvaguardándolos durante siglos”, comentó Sedoyeka a Mongabay.
Con el apoyo del proyecto del Valle de Yaeda, los miembros de la comunidad pudieron obtener certificados legales que establecen lo que en Tanzania se conoce como “derechos de ocupación consuetudinarios”. “Esto ayuda a la comunidad a fortalecer la protección de sus tierras y bosques, lo que salvaguarda el sustento de la comunidad en las aldeas”, explicó.
A partir de 2012, las comunidades Bunong que viven alrededor del Santuario de Vida Silvestre Keo Seima estuvieron entre las primeras en Camboya en obtener títulos de propiedad colectivos bajo la Ley de Tierras de 2001 del país, como parte de un proyecto REDD+ liderado por la Wildlife Conservation Society. Los expertos dicen que estos derechos son fundamentales para la conservación de los bosques, su carbono y su biodiversidad en Keo Seima y en otros lugares.
Los proyectos en Tanzania y en Camboya también brindan apoyo a la educación, la atención médica y el empleo. “Realmente, apreciamos que hoy en día [el mundo] haya llegado a notar y reconocer la contribución de las comunidades locales y de los pueblos indígenas”, afirmó Sedoyeka.
Sin embargo, incluso con ese reconocimiento, muchos líderes indígenas sostienen que todavía no sienten que sus voces sean escuchadas. Algunos han dicho que les gustaría opinar sobre los tipos de apoyo que serían más útiles para sus comunidades o sobre hacia dónde deberían dirigirse los fondos.
“Realmente, necesitamos impulsar soluciones climáticas —afirmó Deborah Sánchez, miembro de la comunidad indígena Miskitu en Honduras y coordinadora de bosques, clima y biodiversidad de la AMPB, que firmó la carta REDD+ de mayo de 2023—. Pero al mismo tiempo, debemos presionar para que estas soluciones [no reduzcan] los derechos de algunas de las personas que viven en estos territorios y bosques”.
Otros defensores de los derechos humanos han expresado temores similares, incluso cuando el mundo depende de estas comunidades para mantener los últimos sumideros terrestres de carbono que quedan (al menos en parte, para que las zonas más ricas del mundo puedan continuar con sus estilos de vida con fuerte dependencia del carbono). En efecto, según dicen, estos proyectos podrían verse como una forma de “colonialismo del carbono.”
Las comunidades se enfrentan a los “vaqueros del carbono”
A nivel mundial, algunos actores han considerado los créditos de carbono como posibles empresas lucrativas y, en algunos casos, han tratado de asegurarse los derechos sobre los créditos de carbono forestal con poca consulta o consentimiento de las comunidades que se verían más afectadas por estos proyectos.
Mongabay informó por primera vez sobre un acuerdo para monetizar el carbono y otros servicios ecosistémicos de los bosques del estado malasio de Sabah en la isla de Borneo en noviembre de 2021. El acuerdo, orquestado y firmado a puerta cerrada por algunos líderes estatales y representantes de empresas de Australia y de Singapur, incluía derechos de capital natural para cerca de 2 millones de hectáreas.
El acuerdo cubría más de una cuarta parte de la superficie terrestre del estado, pero los pueblos indígenas locales, en gran medida, “desconocían que sus selvas habían sido conservadas”, según explicó Peter Burgess, director ejecutivo de una empresa involucrada en el acuerdo, llamada “Terra Australia”, en una entrevista con Mongabay. Desde entonces, los defensores del acuerdo se han negado a hablar con Mongabay.
El acuerdo causó malestar en las organizaciones indígenas y de derechos humanos en Sabah y en zonas más lejanas. Los grupos locales sostienen que habrían apoyado una forma más transparente e inclusiva de comercializar esos servicios ecosistémicos como una forma de impulsar el desarrollo económico sustentable en el estado. Muchos observadores vieron el acuerdo como poco más que una apropiación de tierras diseñada para generar dinero para unos pocos elegidos. (Más de dos años después, el proceso del acuerdo sigue adelante, aunque los proponentes aún tienen que aclarar disposiciones clave, incluida la ubicación de la mayoría de los bosques en Sabah).
En otros lugares, los esfuerzos de consulta con las comunidades locales parecen haber carecido de la profundidad necesaria para comunicar las consecuencias de los acuerdos, que pueden durar un siglo o más. En la República Democrática del Congo, una empresa con sede en India llamada “Kanaka Management Services” (KMS), con poca experiencia aparente en mercados de carbono o en REDD+, comenzó a solicitar permiso a las comunidades locales para comercializar créditos de carbono de sus bosques a finales de 2021.
Los informes de Mongabay revelaron que las personas contratadas para recolectar firmas dedicaban tan solo treinta y cinco minutos para hablar con la gente sobre el proyecto. Según se informó, KMS también ha obtenido derechos de carbono en Papúa Nueva Guinea, que posee parte de la tercera selva tropical más grande del mundo.
KMS no ha respondido preguntas específicas sobre el proyecto, a pesar de las repetidas solicitudes de Mongabay desde mayo de 2022.
La preocupación por la pérdida de derechos sobre la tierra ha llevado a otra coalición liderada por indígenas, la Pathways Alliance for Change and Transformation (PACT), a pedir una moratoria sobre el comercio de créditos de carbono basados en la tierra.
Los críticos de REDD+ y el mercado voluntario sostienen que la falta de consideración a los PICL es parte de un problema mayor: los representantes de estas comunidades no están incluidos desde el principio en el diseño de los proyectos de los que se espera que se lleven a cabo.
“En demasiados casos, los pueblos indígenas y las comunidades locales no son tratados como socios iguales”, comentó a un panel, en septiembre de 2023, Katherine Lofts, investigadora asociada de la Universidad McGill, que estudia las conexiones entre los derechos humanos y el cambio climático. El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) está incluido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“El desafío real es que las voces de estas comunidades y de estos pueblos sean legítimamente escuchadas, pero también tomadas en consideración. Y allí entra en juego el ‘consentimiento informado previo’”, explicó en ese mismo panel Marco Aurelio Chávez Coyoy, coordinador del departamento jurídico de la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala (Utz Che’) y miembro de la comunidad Maya K’iche.
Los líderes de los PICL también sostienen que deberían recibir más fondos por sus esfuerzos. Un informe de 2021 de la Rainforest Foundation Noruega reveló que menos del 1 % de la ayuda relacionada con el clima se destinó a apoyar los derechos de tierras y tenencia de los PICL. E incluso, a menudo, los esfuerzos concertados para canalizar dinero a estos grupos no alcanzan sus objetivos.
Tales frustraciones y el lento flujo de financiamiento prometido han llevado a los grupos indígenas a crear sus propios fondos, como el Fondo Nusantara en Indonesia y el Fondo Territorial Mesoamericano en México y en Centroamérica, que apuntan a canalizar directamente, a las comunidades, el dinero de donantes para proyectos relacionados con el clima y con la conservación.
Encontrar formas de apoyar a estos grupos es clave para el progreso, según explica Josh Tosteson, presidente de la empresa de marketing de proyectos REDD+, Everland. “El componente más importante [de REDD+], por supuesto, es el trabajo de generación de cambios sobre el terreno. Es el trabajo de las comunidades y de otras partes interesadas (y el trabajo en asociación con ambos) para intervenir en el sistema lo que está causando la deforestación y transformando esas dinámicas. La gran mayoría del dinero tiene que fluir hacia las partes interesadas que tienen voz y voto en lo que sucede en el bosque. Esta es la conclusión”, expresó.
¿Qué se considera “adicional”?
Desde una perspectiva de REDD+, un problema que surge en muchas comunidades es que la protección que han brindado puede ser demasiado buena. Para calificar para el estatus de proyecto REDD+ y el financiamiento subsiguiente a través de créditos de carbono, los desarrolladores del proyecto deben demostrar que un proyecto realmente reduciría las emisiones. En otras palabras, deben demostrar que las reducciones de emisiones no se habrían producido si el proyecto no hubiera existido. Exigir esta “adicionalidad” se considera cada vez más como un componente de la integridad de los créditos de los que se supone que representan un progreso tangible hacia la mitigación del cambio climático.
Las herramientas de REDD+ están diseñadas para funcionar en bosques bajo amenaza inmediata, según expresó Tosteson: “REDD+ es atención urgente. Estás interviniendo y usando la medicina de REDD+ cuando estás en problemas. En lugares donde los bosques no están bajo amenaza inmediata, REDD+, en realidad, no es el mecanismo [apropiado] para apoyar a estas comunidades”, afirmó.
Pero no todos están de acuerdo en que las comunidades deben quedar al margen si sus bosques no están amenazados. “Esto es totalmente injusto —expresó Samuel Nguiffo, director de la ONG camerunesa Centro para el Medioambiente y el Desarrollo, y autor del informe de situación de PACT—. Su forma de vida es muy sustentable y son castigados por ello”.
Tosteson estuvo de acuerdo en que los PICL que han protegido sus bosques deben recibir apoyo y compensación: “Sus bosques no están amenazados porque son administradores sabios”, afirmó. Además, mencionó la Asociación de los Pueblos de los Bosques que, al igual que los fondos Nusantara y Mesoamérica, tiene como objetivo canalizar más financiamiento a los PICL y garantizar, al mismo tiempo, su participación en la toma de decisiones.
En términos más generales, quedar excluido puede llevar a estos grupos a perder la fe en el proceso, según explicó Frances Seymour, quien era una distinguida investigadora del Instituto de Recursos Mundiales en el momento en que habló con Mongabay. “Me preocupa que algunas personas muy bien intencionadas, que se concentran en mantener la integridad ambiental de los mercados de carbono, puedan haber perdido de vista para qué sirven los mercados de carbono: para proteger el clima”, explicó. Seymour, actualmente, trabaja en la Oficina del Enviado Presidencial Especial para el Clima en Estados Unidos, aunque su punto de vista no refleja necesariamente el del Gobierno estadounidense ni el del Enviado Presidencial Especial.
“En el caso de los pueblos indígenas que mueren en primera línea cuando intentan defender sus territorios de los taladores ilegales, decir que esto no es adicional es, simplemente, un insulto para las personas [que] arriesgan sus vidas”, expresó Seymour quien, al momento de la entrevista, también era presidenta de la junta directiva de la organización Arquitectura para Transacciones REDD+ (ART), que ejecuta el Estándar de Excelencia Ambiental REDD+ (TREES, por sus siglas en inglés).
A escala nacional, Guyana y Gabón se consideran países con Alta Cubierta Forestal y Baja Deforestación (HFLD, por sus siglas en inglés). Si bien muchos factores les han permitido conservar sus bosques, los observadores citan las políticas gubernamentales intervencionistas como, en parte, responsables de que sus bosques se mantengan relativamente sanos.
“Si las reglas del mercado de carbono están diseñadas de tal manera que excluyen aquellos ejemplos en los que pueblos indígenas o Gobiernos como Guyana y como Gabón están tomando acciones proactivas para proteger los bosques y, como resultado de esas reglas, terminamos perdiendo esos bosques, eso es un resultado perverso”, sostuvo Seymour.
Algunos expertos en clima han argumentado que la emisión de 750 millones de dólares en créditos de Guyana por parte de ART no representaba el conjunto completo de beneficios climáticos reclamados porque incluía bosques que no estaban amenazados por una tala inminente. Pero Seymour afirmó que es casi imposible identificar dónde estará la próxima frontera de deforestación. “Las presiones son implacables —comentó—, y estamos viendo que las jurisdicciones HFLD experimentan repentinos aumentos en la deforestación”.
ART pone a disposición de las áreas HFLD una categoría especial de créditos TREES, además de las categorías más tradicionales de emisiones reducidas y de eliminación de emisiones.
Sánchez también dijo que el debate sobre la adicionalidad es relativo porque está demasiado centrado en demostrar la amenaza de la deforestación, para vender más créditos de carbono. “Cuando vemos los mapas, el único bosque que realmente queda es el bosque donde vivimos, el bosque que administramos, el bosque que consideramos nuestro hogar —señaló ella—. No siempre se trata de carbono, pero siempre se trata de personas y de justicia climática”.
Los forasteros solían llegar a la comunidad donde Sánchez creció en Honduras y acusaban a su padre de pereza porque no había talado el bosque para dar paso al ganado y a las supuestas riquezas que podría traer. Pero el valor que su familia veía en el bosque era mayor que el de criar ganado, según le comentó ella a Mongabay: usaban madera para casas y canoas, recolectaban plantas medicinales, y los ríos y arroyos les proporcionaban peces.
La experiencia de la familia de Sánchez habla de una diferencia fundamental en la forma en que muchas comunidades indígenas y locales ven sus bosques. La compensación, según ella, debería llegar directamente a las personas sobre el terreno, al lugar donde se realiza “el trabajo de generación de cambios”, como lo expresó Tosteson.
Para algunos, REDD+ y el mercado voluntario pueden parecer una opción viable para lograr ese objetivo. Pero hay mucho más en los bosques sanos que estos mercados no pueden capturar, según afirmó Sánchez. Es parte de la razón por la que el mundo está recurriendo a enfoques indígenas de conservación como soluciones a la crisis climática y de biodiversidad. Añadió que son eficaces y que eso es algo que, en su opinión, los arquitectos de estos proyectos aún no han comprendido del todo.
“El Norte Global tiene que aprender la forma en que nosotros vemos el mundo, de la misma manera que nosotros estamos aprendiendo la forma en que ellos ven el mundo”, dijo Sánchez.
* Imagen principal: El canto de los gibones de mejillas beige (Nomascus gabriellae) perfora la tranquilidad del dosel del bosque camboyano temprano en la mañana. Foto: Sheep”R”Us via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).
John Cannon es redactor de artículos de Mongabay. Encuéntralo en Bluesky.
Referenias:
Griscom, B. W., Adams, J., Ellis, P. W., Houghton, R. A., Lomax, G., Miteva, D. A., . . . Fargione, J. (2017). Natural climate solutions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(44), 11645-11650. doi:10.1073/pnas.1710465114
West, T. A. P., Wunder, S., Sills, E. O., Börner, J., Rifai, S. W., Neidermeier, A. N., Frey, G. P., & Kontoleon, A. (2023). Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation. Science, 381(6660), 873–877. doi:10.1126/science.ade3535
* Historia original en inglés: https://news-mongabay-com.mongabay.com/2024/01/do-carbon-credits-really-help-communities-that-keep-forests-standing/
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