El especialista en salud ambiental advierte que todos los metales pesados, cuya detección solo es posible a través de análisis sanguíneos o de orina, plantean un riesgo considerable. La contaminación no se limita al consumo de agua o alimentos, sino también puede producirse por la exposición directa a áreas contaminadas con estos elementos tóxicos. “No solo el cromo, en general todos los metales pesados afectan a los entornos ambientales porque ahí no existen mecanismos para eliminar estos compuestos”, señala.

Por otro lado, en la selva del país se registran otros 23 pasivos ambientales. De ellos, 14 se localizan en Loreto, mientras que los restantes están distribuidos entre las regiones de Amazonas, Junín, Madre de Dios y Ucayali.

Juan Montero García de Feconaco recuerda que en la Amazonía peruana son más de 60 años de perjuicio debido a la actividad petrolera sin que haya un responsable que asuma la remediación de los pasivos ambientales. Según el líder indígena, tampoco encuentran respaldo en las autoridades, pues asegura que a pesar de la existencia de compromisos asumidos por las empresas extractivas, estas no han cumplido con sus obligaciones. Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan sufriendo los efectos de la contaminación por hidrocarburos. “Solo se han interesado en extraer las riquezas de la Amazonía, y la pregunta es, ¿qué de bueno nos ha dado la explotación petrolera?”, cuestiona.

La misma preocupación muestran las 28 comunidades indígenas urarinas, achuar, kukama ubicadas alrededor del Lote 8, una importante fuente de petróleo explotada durante cinco décadas en Loreto que se encuentra inactiva desde 2021 luego de la salida de Pluspetrol Norte S.A., tras 15 años de operaciones en la región. La empresa enfrenta 73 procesos sancionadores y 72 multas por un total de 47 millones de dólares debido a derrames y mal manejo ambiental entre 2011 y 2021, tanto en el Lote 8 como en el Lote 192, ambos en Loreto. Aunque OEFA acusó a Pluspetrol Norte de intentar evadir sus responsabilidades ambientales luego de su disolución, la Corte Internacional de Arbitraje falló a favor de la empresa en 2023, generando preocupación sobre la situación ambiental y las obligaciones pendientes en la zona.

Un punto crítico es que el OEFA ha logrado establecer el nivel de riesgo de los pasivos ambientales identificados. Del total de 3264 pasivos ambientales, 25 presentan a la vez los tres indicadores de contaminación del OEFA en los niveles más altos: riesgo a la salud, riesgo físico y riesgo a la calidad ambiental. Veinte de ellos se encuentran en Piura, cuatro en Tumbes y uno en Loreto. Además, existen 74 casos con nivel alto de riesgo a la salud, 134 casos con nivel alto de riesgo físico y 51 con nivel alto de riesgo a la calidad ambiental.

Hay daños potenciales que podrían persistir en los ecosistemas y en las personas, incluso por décadas. El doctor Carlos García, especialista en medicina interna y toxicología, señala que las vías más comunes de contaminación son la inhalatoria y la digestiva. “Si el suministro de agua proviene de un río contaminado, la comunidad sufrirá las consecuencias. Si los peces, que suelen acumular elementos como arsénico o mercurio, están contaminados y son la fuente de alimentación de la población, esta se verá afectada porque no tiene alternativa”, explica. Además, advierte que los efectos negativos pueden no manifestarse de inmediato en una persona, sino en la generación siguiente.

Lo que llama la atención al hacer la actualización de la base de datos, más allá de estos nuevos casos, es que se han ingresado cambios significativos en la base de datos oficial del Minem. Un total de 210 pasivos que estaban en la lista actualizada al 2021, no aparecen más, lo que resulta insólito considerando que hasta el momento no se ha ejecutado ninguna remediación en el país. Por otro lado, hay 272 pasivos previos al 2021 que han sido añadidos a la lista. ¿A qué obedece esta serie de cambios? El Minem no respondió sobre esa opacidad alrededor de las cifras de pasivos hasta el cierre de esta publicación.

Los otros daños petroleros: “los sitios impactados”

A diferencia de los pasivos ambientales petroleros, el Estado peruano denomina “sitios impactados” exclusivamente a los daños de la exploración y extracción de crudo registrados en cuatro cuencas de la región amazónica de Loreto: Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre. El tratamiento particular a estos desechos tóxicos, que sumaban 171 hasta hace dos años, comenzó con la creación del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental en 2015. Un año después, se priorizó la remediación de 32 de esos sitios sin que hasta hoy se haya concretado una sola remediación.

Mongabay Latam volvió a revisar esa lista para ver si el número había cambiado y detectó que ahora hay 22 puntos nuevos, por lo que la lista final de “sitios impactados” suma 188.

¿Cuáles son los problemas que presentan? Considerando que pueden reunir más de una característica, hay 171 sitios con suelos contaminados, 163 con restos o depósitos de residuos metálicos, 28 puntos afectados por efluentes o derrames, 19 que presentan instalaciones o estructuras mal abandonadas, 13 donde se detectaron emisiones, tres donde hay pozos mal abandonados y un sitio con afloramiento de hidrocarburos

Además, hay 114 sitios que reportan la presencia de cromo hexavalente situados en cuatro distritos de región amazónica de Loreto (49 en Andoas, 38 en Trompeteros, 25 en Tigre y dos en Urarinas).

Un dato que muchos ignoran es que 14 “sitios impactados” se ubican dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en Loreto. Y que diez de ellos, según el análisis de el OEFA, presentan un nivel alto de riesgo en calidad ambiental y suelos contaminados con “fracciones de hidrocarburos, cadmio, bario y plomo”.

A pesar del olvido, el Estado, a través del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe), asegura que esta vez sí empezará la primera remediación de un punto en la comunidad indígena de José Olaya, en el Lote 192. Sin embargo, mientras el gobierno promete limpiar los desechos tóxicos, también busca adjudicar 31 lotes con potencial de exploración en el país, 25 de ellos en las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Además, durante el último año, el Estado ha promovido la reactivación del Lote 8 a través de Perupetro y ha conseguido un socio estratégico para ese fin. De hecho, antes de la firma del contrato, se realizó por primera vez un proceso de consulta previa que involucró a 28 comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto. Los puntos centrales de estas consultas abarcan aspectos cruciales como el fondo social, la remediación ambiental, la salud y la educación.

Remediación sin ley

Una propuesta que podría encaminar el proceso de remediación ambiental en el país es el dictamen que se encuentra a la espera de ser debatido en el Pleno del Congreso de la República. El proyecto, a través de la incorporación del artículo 11 a la Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, propone la creación de un fondo específico para la remediación de los pasivos de este sector, financiado con recursos transferidos del Ministerio de Energía y Minas, la cooperación financiera internacional y otros fondos establecidos en el reglamento de la ley.

El proyecto también propone una modificatoria al artículo 3 de la misma Ley para establecer que si un titular no cumple con su responsabilidad, la Junta de Administración del Fondo de Contingencia dé prioridad a la remediación de los lugares afectados utilizando los recursos de este fondo.

En resumen, la propuesta de ley busca garantizar que cuando las empresas del sector hidrocarburos no cumplan con su responsabilidad en la remediación ambiental, será el Estado, a través de este fondo específico, el encargado de financiar la limpieza de pasivos ambientales que sean de alto riesgo y que no hayan sido atendidos por los responsables originales.

La ausencia de una ley que regule adecuadamente los pasivos ambientales solo refuerza la vulnerabilidad a la que están expuestos los pueblos indígenas directamente impactados. Esta situación se evidencia en la historia que viven día a día las comunidades shipibo conibo de Pueblo Nuevo del Caco y Nuevo San Juan en Ucayali, donde operó la Compañía Española de Petróleo (Cepsa) y Pan Andean Resources, de la energética canadiense Pacific Rubiales. Aunque estas comunidades enfrentan pasivos ambientales no remediados, el gobierno fomenta la inversión en la extracción de petróleo en sus territorios.

Perupetro, como la entidad estatal responsable de los negocios petroleros y gasíferos en Perú, ha identificado 31 lotes de exploración, de los cuales ocho se ubican en Ucayali. Sin embargo, un análisis geoespacial de Mongabay Latam muestra que algunos de estos lotes coinciden con áreas afectadas por pasivos ambientales no remediados, lo cual impacta directamente a comunidades como Pueblo Nuevo del Caco.

Representantes de Perupetro han promovido estos lotes en eventos internacionales, generando interés entre empresas extranjeras. Los lotes 126 y 114 en Ucayali son particularmente destacados, ofreciendo contratos a largo plazo y beneficios fiscales para atraer inversores.

La situación es aún más complicada en el caso de la comunidad de José Olaya en Loreto. Desde hace nueve años, José Olaya espera la remediación que, a pesar de la lentitud burocrática que amenaza con obstaculizar este avance crucial, podría ser la primera comunidad indígena donde se iniciará este proceso a cargo del Estado peruano con un gasto de S/. 10 millones (alrededor de 2 millones 695 mil dólares). Este es solo un caso de las 46 comunidades que esperan la remediación de sus tierras, donde habitan indígenas quechuas, achuar, shuar, kukamas, y urarinas.

Es evidente que este panorama es insostenible y requiere una mirada crítica y comprometida de todos los actores involucrados. Las comunidades afectadas han dejado claro que no retrocederán en esta tarea. Y así lo da a conocer el Apu Juan Montero de la zona de Corrientes. “Ya no estamos para retroceder, ni dejarnos engañar. Incluso con amenazas a nuestras vidas, nosotros no vamos a dejar de luchar por nuestros territorios y por el derecho de nuestros hermanos indígenas”.

Imagen destacada: Un lago de crudo yace cerca de la localidad de Negritos, en el distrito La Brea, Piura. Crédito: Sebastián Castañeda

 

* Edición general: Alexa Vélez. Editores: Antonio Paz y María Isabel Torres. Coordinación periodística: Vanessa Romo Espinoza. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo y Vanessa Romo. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Gloria Alvitres, Enrique Vera, Elizabeth Salazar, Lupe Muñoz, Lourdes Fernández, Vanessa Romo y Alexa Vélez. Visualización de datos y diseño: Eduardo Mota. Producción audiovisual: Richard Romero. Fotografía y videos: Sebastián Castañeda, Hugo Alejos, Patrick Murayari. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina.