- En 20 años se han perdido 7062 hectáreas dentro de El Sira y 73 529 hectáreas en la zona de amortiguamiento, teniendo como principal causa la minería ilegal.
- El jefe de la reserva comunal señala que no hay minería ilegal en el área natural desde 2018. Además, información oficial da cuenta de que El Sira concentra 70 hectáreas de coca y su zona de amortiguamiento, 1223.
Lo primero que salta a la vista cuando se ingresa a la comunidad Nuevo Unidos de Tahuantinsuyo, en el distrito de Yuyapichis, región Huánuco, es una excavadora averiada, detenida a un lado de la carretera que delinea la comunidad, como una representación perenne de la amenaza predominante: la minería ilegal.
Esa enorme maquinaria dañada instalada en el centro de la comunidad es la antesala a otras más que, en perfecto estado, operan sin tregua extrayendo oro en los ríos Yuyapichis y Negro, cuyas aguas discurren hasta la Reserva Comunal El Sira, área natural protegida de alta biodiversidad. Según lo constató Mongabay Latam, hasta el julio de 2024, al menos 18 excavadoras escarbaban a diario el suelo cada vez más cercano a la reserva.
Las reservas comunales constituyen una categoría dentro del sistema de áreas naturales protegidas del Perú, que administra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). En ellas está permitido el aprovechamiento de ciertos recursos naturales de forma sostenible por parte de las poblaciones locales bajo un estricto plan de manejo, pero no se admite la actividad minera y menos en ríos en áreas protegidas ni en las zonas de amortiguamiento.
Las más de 616 000 hectáreas de la reserva abarcan parte de las regiones Huánuco, Pasco y Ucayali. Las cuencas de los ríos Ucayali, Pichis y Pachitea también conforman parte de su geografía, donde viven las comunidades asháninkas, yáneshas y shipibo conibo.
Según información satelital de la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente de Perú, entre 2001 y 2022 se perdieron 7062 hectáreas dentro de El Sira y 73 529 hectáreas en la zona de amortiguamiento.
1) Reserva acechada por la minería
Sentado en un extremo del local comunal de Nuevo Unidos Tahuantinsuyo, Jairo Alcedo, quien fue jefe de la comunidad, dice que los ilegales arremetieron a mediados de 2022 y focalizaron la extracción de oro en Pampas Verdes, un anexo bordeado por el río Yuyapichis, y en la franja conformada por los sectores de Pueblo Libre y Bella Vasconia, en el río Negro.
Los testimonios recogidos y la visita a campo permitieron confirmar cómo las operaciones han ido en aumento y se han ido expandiendo hasta ubicarse a menos de 300 metros de la reserva. El impacto de la contaminación por mercurio en los ríos Yuyapichis y Negro, a causa de la minería ilegal, es algo que aún no ha sido evaluado y que los pobladores quieren saber.
Nuevo Unidos Tahuantinsuyo es solo una de las 69 comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, espacio adyacente al perímetro del área natural. Mientras tanto, Fernando Carpio, de la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca (Feconapia), alerta que las excavaciones ya comprenden un ámbito mayor a las 80 hectáreas.
2) Más comunidades afectadas
En cálculos de Efraín, un exdirigente de Nueva Austria del Sira que por seguridad prefiere identificarse así, el enclave minero cubría casi 82 hectáreas de esta comunidad nativa vecina. Las constantes alertas de los comuneros propiciaron que la fiscalía y la Marina de Guerra lleguen dos veces a Nueva Austria, pero en ninguna de esas diligencias hallaron a los mineros operando ni sus maquinarias.
Germán López, vicepresidente de Ecosira, organización indígena que administra la Reserva Comunal El Sira, está convencido de que el retiro de los ilegales es solo temporal, pues asegura que saben bien cómo escabullirse de las autoridades.
Nueva Austria del Sira queda al norte de Tahuantinsuyo. La primera está titulada desde 1994 y la otra lleva una lucha de más de dos décadas (fue creada en 1998) por obtener su seguridad jurídica. Tal condición ha permitido que las invasiones en Nueva Austria den paso al establecimiento de diversas economías ilegales. La raíz, consideran sus habitantes, está en Paujil, un centro poblado fundado por personas no indígenas en la frontera con Tahuantinsuyo. Ellos se asentaron para aprovechar los árboles maderables y abrieron chacras.
En Nueva Austria del Sira la población asháninka está diezmada y replegada. Los comuneros habitan en un espacio no mayor de 10 hectáreas, donde además está el local comunal y el colegio del pueblo, cuando su territorio tiene una extensión de 13 184 hectáreas.
3) La presión del narcotráfico
Hasta el 2017, la Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yáneshas (UNAY) verificó que la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco había entregado indebidamente 104 títulos, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los estados deben abstenerse de conceder derechos a terceros en territorios reclamados por comunidades nativas.
Germán López sostiene que muchos de estos terrenos fueron vendidos a nuevos ocupantes, quienes han ido talando los árboles a fin de comercializar la madera o para expandir sembríos de hoja de coca. La violencia cerca del área natural llegó a su nivel más álgido con el asesinato del líder asháninka Mario López, en Pasco. Fue en junio de 2022, cuando López libraba una ardua batalla por proteger su territorio del narcotráfico y la deforestación.
La compleja situación de Nueva Austria y la de Nuevo Unidos Tahuantinsuyo se replica en otros pueblos indígenas y sus anexos, también ubicados en la franja adyacente al área protegida.
De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo estatal que conduce la lucha contra las drogas en el Perú, 70 hectáreas han sido invadidas por cultivos ilícitos de coca en el interior de la Reserva Comunal El Sira y 1223 en su zona de amortiguamiento.
4) Engranaje de delitos
El jefe de la Reserva Comunal El Sira asegura que el área natural a su cargo presenta un 93% de conservación. El porcentaje restante de superficie alberga centros poblados con derechos preexistentes a la fecha de creación de la reserva (junio de 2001), terrenos destinados a la agricultura y ganadería, e incluso una carretera que atraviesa toda el área protegida.
En las cinco oportunidades que sobrevoló la reserva, en 2023, el funcionario corroboró la existencia de cocales en torno a algunos predios preexistentes. Si bien no observó pozas para la elaboración de droga ni pistas de aterrizaje clandestinas dentro del área protegida, en la zona de amortiguamiento, correspondiente al distrito de Yuyapichis, pudo identificar extensiones de cultivos ilícitos de coca y campos ilegales de aterrizaje.
Asimismo, Dumas Campos, titular del segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, se refiere a las amenazas de la minería ilegal. Explica que hay una cadena de información que posibilita a los mineros ocultar la maquinaria o inmovilizarla, a fin de que no sean hallados en flagrancia.
Otro obstáculo observado por las autoridades fueron las irregularidades detectadas en las inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“Los mineros que tienen inscripciones en el Reinfo suspendidas y están operando, son ilegales. Hay mucho mal uso de los Reinfos y eso se ha convertido en un mecanismo de impunidad, porque basta que un minero esté inscrito para que la policía o fiscalía no lo pueda interdictar”, dice el abogado en materia ambiental César Ipenza.
El exdirector de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Huánuco, José Mendoza, aseveró que los mineros ilegales acantonados en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira pertenecen a mafias que van rotando por distintas zonas de la región amazónica. La mayoría de los puntos de explotación minera para los que fueron emitidas las licencias en Puerto Inca, asegura el ex funcionario, están dentro de la zona de amortiguamiento del área protegida.
Puerto Inca registra a la fecha más de 93 inscripciones en el Reinfo vigentes y 151 no vigentes o suspendidas. En resumen, hay 244 mineros que iniciaron sus trámites de formalización pero hasta ahora ninguno ha finalizado este proceso.
En el Perú, hay más de 80 000 mineros con inscripciones en el Registro Informal de Formalización Minera, pero casi el 70% las tienen suspendidas. Mientras tanto, el daño a las áreas protegidas como la Reserva Comunal El Sira está siendo gatillado por la explotación minera.
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*Imagen destacada: Seis excavadoras para la minería ilegal destruyeron las autoridades en operativos ejecutados en Tahuantinsuyo y Nueva Austria, durante 2023. Foto: FEMA.
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