- Con la ayuda de una herramienta de búsqueda que utiliza inteligencia artificial (IA), Mongabay Latam identificó 15 pistas de aterrizaje ilegales dentro y alrededor de dos tierras indígenas.
- Las pistas son utilizadas por el narcotráfico para el traslado de la droga que se produce en la selva central de Perú con destino, principalmente, a Bolivia.
- Un equipo periodístico visitó esta zona y fue testigo del temor que rodea a comunidades nativas, donde nadie quiere hablar de este problema y sólo sobreviven en medio de una economía marcada por el narcotráfico.
El sonido de una avioneta se escucha mientras se lleva a cabo una asamblea comunitaria pero nadie le presta atención. El ruido de las voces se eleva naturalmente dejando en segundo plano el rugido intenso del motor. La aeronave tarda cinco minutos en atravesar el cielo de una comunidad nativa ubicada entre los distritos de Yuyapichis y Puerto Bermúdez, y es posible calcular el tiempo siguiendo la trayectoria del sonido. Hoy las nubes esconden el fuselaje de la nave.
Es la mañana del domingo 21 de abril de 2024 y esta comunidad yanesha, situada entre las regiones de Huánuco y Pasco, es sede de un encuentro que reúne a la población indígena de esa localidad y de sus dos anexos. Los habitantes de estos últimos llegaron navegando por el Pachitea, un río que se forma por la confluencia del Pichis y el Palcazu. Por lo menos unas 200 personas están reunidas para hablar del problema que más les preocupa: la titulación de sus tierras. Ningún otro tema desvía ese día su atención, ni el sonido de la avioneta ni las pistas de aterrizaje clandestinas que rodean a la comunidad y que sirven a diario al narcotráfico.
“¿No has escuchado más temprano que estaba pasando? Esas son. No sé a dónde se estarán dirigiendo”, dice en voz baja una fuente local que confirma el vuelo de la aeronave. “De aquí lo que sacan se irá por otras zonas de Yuyapichis. Por ahí sacan sus vuelos”, cuenta y añade que “antes era seguidito. Ahí sí era más movido, plata hasta por gusto. Ahora ya no es igual, antes había plata”. “¿Cuándo cambió?”, pregunto. “Cuando empezaron a erradicar la coca”.
Las imágenes satelitales muestran que las pistas y cultivos ilícitos siguen ahí. Es decir, o la erradicación no llegó a la zona o la resiembra de coca simplemente recuperó el espacio perdido. Durante un año, Mongabay Latam buscó en el bosque tupido que rodea a la comunidad esos tajos que cortan la vegetación, que miden entre 500 y 1000 metros y que se abren improvisadamente en pocos días. Con la ayuda de una herramienta de búsqueda que utiliza inteligencia artificial (IA), el equipo periodístico detectó 8 dentro de los territorios de dos comunidades yaneshas y 7 alrededor de ellas.
Ambas comunidades pertenecen al pueblo yanesha, comparten historias comunes y la misma vía de ingreso que las conecta con la carretera Fernando Belaúnde Terry, también conocida como Marginal de la Selva. Las dos están asentadas a orillas del río Pachitea, tienen su territorio distribuido entre las regiones de Huánuco y Pasco, y forman parte de la Reserva de la Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yanesha. Pero hay algo más que las une: en medio de ese paisaje espectacular que las cobija opera el crimen organizado.
El narcotráfico controla las zonas de aterrizaje y despegue para los cargamentos de droga en una suerte de triángulo geográfico en el que convergen nueve distritos de tres provincias de las regiones de la selva central: Huánuco, Pasco y Ucayali.
Marcados por el miedo
“Si nosotros hablamos de ellos y decimos ahí está el narcotráfico, te ven y más rato ‘pum’ te bajan. No tienen leyes”, narra una fuente en territorio que protegemos por seguridad.
En estas comunidades no se habla del narcotráfico. Es una palabra vetada que con solo pronunciarla despierta un clima de desconfianza y temor. Quienes viven allí son sobrevivientes del conflicto armado interno entre el Estado y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), ocurrido en la década de los ochenta e inicios de los noventa.
“Venían y hacían reunión con armas (…). Yo tenía entre 15 a 20 años. Así ha sido nuestra historia. Teníamos que acatar su ley porque si no te mataban. Con armas nos hacían andar, con miedo a la muerte”, narra uno de los líderes indígenas, recordando el tiempo en que los grupos terroristas controlaban la selva central del Perú.
Sus palabras reflejan las cicatrices que dejaron los años de violencia en el pueblo yanesha. La historia se recoge en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Allí se narra cómo, entre los años 1982 y 2000, Sendero Luminoso y el MRTA fueron avanzando por las regiones de Junín, Pasco y Huánuco, tomando centros poblados y comunidades nativas. Enfrentamientos, asesinatos, desplazamientos forzados y cautiverio de la población indígena se cuenta en la sección dedicada a los escenarios de la violencia.
Quizá por eso prefieren no hablar del conflicto armado interno, a menos que alguien traiga de vuelta el tema. Uno de los habitantes más antiguos de una comunidad de la zona, a quien llamaremos Antonio para no revelar su verdadero nombre, añade un elemento más a la violencia que vivieron las comunidades de Pasco y Huánuco: el ingreso de los cultivos de coca. “Ellos [los subversivos] decían que para salir adelante todos, obligatoriamente, teníamos que sembrar hoja de coca”. Así se refiere a la época en que los bosques de la selva central se empezaron a llenar de cultivos ilegales.
Un informe elaborado en 2004 por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas tiene evidencia de la presencia de cultivos de coca en la zona a partir de 1986, con la llegada de cocaleros desplazados del Alto Huallaga. “Entre los años 1990 al 1994 se llegó [sic] a cultivar 12 000 hectáreas con una producción totalmente articulada al narcotráfico”, dice el reporte, que también relata entre sus páginas la posterior reducción de la actividad a mediados de los años noventa, con la caída de los precios.
Veinte años después, el informe Perú, monitoreo de cultivos de coca 2023 destaca que el área ha vuelto a posicionarse como “la quinta zona de producción en el orden de mayor cantidad de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca, ya que concentra el 4.6 % del total nacional con una superficie que alcanza las 4266 ha”. El sector de la selva central a la que hace referencia el documento de las Naciones Unidas incluye las subcuencas de los ríos Pichis, Palcazu, Santa Isabel y parte del río Pachitea, donde están asentadas precisamente las comunidades protagonistas de este reportaje, y las 15 pistas de aterrizaje clandestinas detectadas por Mongabay Latam y Earth Genome.
Antonio asegura que las parcelas de coca están más lejos de la comunidad, en terrenos ocupados por colonos, al menos a tres horas de distancia. “Nosotros no nos atrevemos a entrar allí porque hay riesgos. Ahí está el narcotráfico”.
La violencia tampoco se ha ido de la zona. De acuerdo con información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), solo entre 2020 y 2024, once personas entre líderes y comuneros indígenas han sido asesinados en las regiones de Huánuco y Pasco. La cifra se eleva a 15 si se considera a la región Ucayali. La amenaza del terrorismo sólo ha dado paso a la agresión del narcotráfico.
El triángulo del narcotráfico
Ambas comunidades yanesha conviven con pistas de aterrizaje clandestinas. Las imágenes satelitales confirman que empezaron a abrirse entre el 2015 y 2016, y que la última apareció en febrero de 2023. Todas están a un lado del río Pachitea, a unos pocos metros en algunos casos y en otros a menos de dos kilómetros de distancia.
Además, las dos están a tan sólo 30 minutos por carretera de Ciudad Constitución —capital del distrito del mismo nombre, en la provincia de Oxapampa, Pasco—, el centro económico y comercial de las comunidades y caseríos de este sector de la selva central peruana, pero también un lugar que es un eje del narcotráfico.
“Todos los males que causa el narcotráfico están en Ciudad Constitución. Violencia, extorsión, asesinatos, una serie de problemas que son causados directamente por las actividades ilegales que se desarrollan en la zona”, cuenta Florencio Santiago Carrillo, ejecutivo de la Oficina Zonal La Merced de Devida, que tiene sede en Ciudad Constitución.
En el distrito de Constitución viven unas 15 mil personas de los pueblos indígenas yanesha, asháninka y migrantes andino. La ciudad capital es pequeña de unas 10 cuadras de largo dividida por la carretera Fernando Belaúnde Terry, la zona rural es mucho más extensa.
Según Santiago, en el año 2023 se reportaron al menos 20 asesinatos en esa ciudad, la mayoría de ellos relacionados al tráfico de drogas. “La presencia policial es limitada como para hacer frente a la logística que tiene el narcotráfico en el distrito”, asegura.
Constitución se ubica justo en el límite de las regiones de Huánuco y Pasco, y se conecta directamente con Ucayali, al igual que las comunidades yaneshas, a través de la carretera Fernando Belaunde Terry. Alrededor de esta ciudad se configura una ruta en la que confluyen tres regiones formando un triángulo geográfico para el traslado de la droga por aire, tierra y río.
El mapa de este centro del narcotráfico lo articula, por el lado de Huánuco, la provincia de Puerto Inca y sus distritos de Honoria, Tournavista, Puerto Inca, Codo del Pozuzo y Yuyapichis. Por el lado de Pasco, está la provincia de Oxapampa y sus distritos de Constitución y Puerto Bermúdez. Hacia Ucayali se conecta con la provincia de Padre Abad y, a una escala mayor, incluye a las provincias de Coronel Portillo y Atalaya, todas en Ucayali, cerrando una ruta que facilita el tráfico de drogas en la selva central de Perú.
La imagen más evidente de la presencia del narcotráfico en esta zona es una avioneta prácticamente abandonada que descansa a un lado de la carretera Fernando Belaúnde Terry. Este armatoste oxidado se observa desde el puente que cruza el río Palcazu, en el ingreso a Ciudad Constitución cuando se llega desde Pucallpa.
En esta ciudad llaman también la atención los grandes contrastes que se presentan al recorrer sus calles. Grandes hoteles que cuentan con todos los servicios se han levantado en espacios que ni siquiera tienen asfalto. La vida nocturna es intensa y es habitada por jóvenes que no alcanzan la mayoría de edad y que salen a bordo de sus deslumbrantes motocicletas. En el viaje de retorno a Pucallpa, el conductor del vehículo habla sin reparos de cómo el narcotráfico mueve la economía en Ciudad Constitución y, en general, en todo ese triángulo geográfico en el que se ha instalado el tráfico de drogas.
La última semana de abril, un contingente de la Dirección Antidrogas de Pucallpa (Ucayali) llegó a Ciudad Constitución para un operativo contra el narcotráfico. “Llegamos a destruir cuatro pistas y dos laboratorios rústicos de producción de cocaína”, comenta el coronel James Tanchiva, jefe de la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas en Pucallpa. “Constitución es una zona cocalera desde hace muchos años, porque hay gran producción de hoja de coca. Y dónde hay producción de hoja de coca, hay laboratorios de cocaína y de pasta básica”, agrega.
Según el último informe de cultivos de coca de Devida, de los nueve distritos que forman parte de esta zona de producción, tres de ellos —Puerto Inca, Yuyapichis y Constitución— concentran el 63.8 % del total de la superficie cultivada de coca de la zona. El sector de Pichis-Palcazu-Pachitea, además, ocupa el tercer lugar en lo que se refiere a la cantidad de droga decomisada por la Policía peruana entre octubre de 2020 y octubre de 2022, según el Estudio sobre la dinámica de la cocaína en el Perú de la Dirección Antidrogas, Devida y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Estos datos son significativos para entender por qué 15 de las 76 pistas clandestinas ubicadas por Mongabay Latam y Earth Genome en toda la Amazonía peruana, están en este paisaje comprendido entre Huánuco y Pasco.
Patricia Talavera, especialista socioambiental del Instituto del Bien Común (IBC), concuerda en que la economía de Constitución se mueve alrededor de la droga. Pero su análisis va más allá de esta ciudad. La especialista detalla cómo en ambas márgenes del río Pachitea se han establecido corredores dominados por las economías ilegales. “Tenemos tres actividades ilícitas que predominan”, dice para referirse al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera.
El primer corredor lo conforman los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución, en Pasco; y Puerto Inca y Tournavista, en Huánuco. Este sector, explica, está dominado por “una red de narcotráfico ligado a la minería ilegal, dos economías ilícitas que están de la mano”. El segundo corredor discurre por los distritos de Padre Abad y San Alejandro, en Ucayali, hasta Codo del Pozuzo, en Huánuco. En esta franja, agrega Talavera, se ha establecido “una red de narcotráfico relacionada a la tala ilegal de madera”. En ambos casos, el narcotráfico se entrelaza con otras economías ilegales.
Las rutas del narcotráfico
Tanchiva confirma que esta zona geográfica también es “una ruta de transporte para la droga” y que “muchos de los narcóticos que se producen en el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) se trasladan hacia estas zonas para su transporte vía aérea. Es una ruta que va hacia Oxapampa, Codo del Pozuzo, Ciudad Constitución, y también hacia Atalaya”, señala el coronel.
Solo en el año 2023, se destruyeron 70 pistas de aterrizaje clandestinas en la jurisdicción de Ucayali como parte de los operativos denominados Troya, comenta el coronel Tanchiva. El territorio donde opera la Dirección Antidrogas de Ucayali cubre toda la zona geográfica que incluye a las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali. En lo que va del 2024, precisa Tanchiva, se han destruido cinco pistas de aterrizaje, y la proyección es igual o mayor a la del año anterior.
En la oficina de la Dirandro de Ciudad Constitución explican que para transportar la droga en las avionetas que salen desde las pistas clandestinas instaladas en las zonas que rodean a la ciudad, se utilizan botes que navegan hasta llegar a un punto cercano al área de despegue. Desde allí, trasladan los cargamentos a pie con la ayuda de personas contratadas para ese fin.
Cuando se destruye una pista clandestina, su reconstrucción toma apenas una semana, cuenta Tanchiva. “Las organizaciones que trafican drogas tienen una buena logística, tienen su brazo armado y tienen dinero. Esa es la realidad”, puntualiza el jefe policial.
Las imágenes del monitoreo satelital de Mongabay Latam muestran un territorio totalmente intervenido. Una selva tupida inundada de pequeños parches de deforestación, tajos en medio del bosque y un río que corre abrazando el área descrita. Un dato importante es que 11 de las pistas ubicadas entre Huánuco y Pasco están en medio de sembríos ilegales de coca y 5 a pocos metros de ellos. Si se calcula la extensión de cultivos alrededor de las pistas en 2 kilómetros a la redonda, se trata de 159 hectáreas que circundan las narcopistas. El equivalente a 222 veces la superficie del Estadio Nacional de Perú.
El río Pachitea se muestra tranquilo cuando se navega por sus aguas, pero la información policial y el monitoreo satelital demuestran que alrededor de ese cauce, en medio de la espesura del bosque que se ve desde las orillas, crecen más cultivos ilegales de coca, se instalan laboratorios de producción de pasta básica de cocaína y de clorhidrato de cocaína, y se abren pistas clandestinas para trasladar toda la droga que se produce en esta zona y la que se lleva desde otros valles, principalmente desde el VRAEM.
Los vuelos a Bolivia
¿Cuál es el destino de los vuelos que salen cargados de droga de la selva central de Perú? Según la Dirandro tienen como destino principal Bolivia. “Las avionetas que salen de Bolivia llegan aquí en cinco horas”, comenta un oficial de Ciudad Constitución.
Ricardo Soberón, ex presidente ejecutivo de Devida, explica que hay más de 200 pistas de aterrizaje en los departamentos bolivianos de Beni y Santa Cruz, regiones dedicadas a la ganadería y la agricultura, donde se utilizan avionetas para transportar el ganado y fumigar los cultivos de soya. “Cualquier estancia ganadera en el Beni requiere una avioneta, requiere una pista de aterrizaje y se compran avionetas a 50 000 dólares de segunda mano en Florida, Estados Unidos. Los santacrucinos y los benianos necesitan de esas avionetas, pero eso es aprovechado por la economía del narcotráfico”.
El ex director de Devida explica por qué Ucayali se ha convertido en los últimos años en el centro del narcotráfico y de otras economías. Su ubicación es “estratégica”, asegura, debido a las conexiones que tiene por vía terrestre, fluvial y también aérea.
Un ejemplo de esta conexión es la carretera Fernando Belaúnde Terry que en solo tres horas conecta Pucallpa, capital de Ucayali, con Ciudad Constitución y pasando por la selva de Huánuco, Pasco y Junín. El río Pachitea, que se une con el Ucayali, es otra muestra de la interconexión de estas tres regiones. “La droga sale por río, por tierra y por aire. Una avioneta puede llevar entre 500 y 800 kilos; por río se puede transportar hasta 100 kilos y por tierra se trasladan pequeñas cantidades, es decir, los 100 kilos lo distribuyen en convoyes de cinco o diez personas que viajan por distintas rutas”, explica Soberón.
El coronel Tanchiva explica que la presencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía en el VRAEM está “generando un efecto globo. Como no pueden salir desde ese lugar, trasladan la droga hasta otras zonas donde están las pistas de aterrizaje clandestinas, sobre todo hacia Constitución”, sostiene Tanchiva.
Durante casi cinco años, seis distritos de las regiones de Huánuco y Pasco permanecieron en Estado de Emergencia. Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis y Codo del Pozuzo en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco; y Constitución y Puerto Bermúdez, en la provincia de Oxapampa, en Pasco. “Fortalecer la lucha frontal contra el crimen organizado relacionado al tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos” ordenaban los decretos supremos emitidos desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2023. La última prórroga del estado de excepción acabó en febrero de 2024.
El cacao como una alternativa
En las dos comunidades yanesha tratan de hacerle frente a la ilegalidad a través del cultivo de cacao, la reforestación del bosque y otros productos. Este año, los precios elevados del cacao —que en abril llegaron a casi 40 soles el kilo (alrededor de 10.7 dólares americanos)— sembraron la esperanza en quienes desde hace algunos años cultivan este producto, aunque para julio de este año la cifra ya se había reducido a 25 y 30 soles. Sin embargo, lo que se paga actualmente por el cacao supera ampliamente la cifra de años anteriores. La razón está en la caída de la producción en África, debido a la sequía que azotó ese continente.
En los campos de cultivo de las comunidades nativas también crece achiote y yuca, y se cría ganado. La Federación de Comunidades Nativas Yanesha (Feconaya) está empeñada en impulsar proyectos para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades centrándose en el cacao y la ganadería. “Estamos brindando asesoramiento técnico con ingenieros agrónomos para el cultivo del cacao y también con la ganadería, así como con programas de reforestación”, señala Jaime Chihuanco, presidente de la Feconaya.
En las asambleas comunales que se realizaron los días que Mongabay Latam visitó las dos comunidades se repitieron los pedidos para mejorar los puestos de salud, la infraestructura de los colegios, el sistema de agua, la conectividad y las comunicaciones.
“Esta comunidad viene sufriendo años por el territorio, estamos totalmente abandonados, prácticamente para el estado no existimos, es una marginación. Tenemos más de 100 niños que estudian en esta escuela y cada año los padres hacemos un esfuerzo para poder aumentar un metro más de aula para que nuestros hijos estudien”, reclaman en uno de los territorios indígenas.
En la otra comunidad yanesha se repiten estos reclamos. En épocas de bonanza, los comuneros invierten en infraestructura para mejorar sus condiciones de vida. En esta comunidad lograron instalar un sistema de agua potable construyendo un pozo de agua, pero las aulas del colegio no corrieron la misma suerte.
Las carencias son visibles en ambas comunidades, en una de ellas los niños deben estudiar en aulas que parecen cajas de madera, en la otra el puesto de salud no cuenta con personal permanente.
La preocupación principal, sin embargo, se resume en una palabra: titulación. En la asamblea comunal del 21 de abril de 2024 se debatieron las opciones que tiene la comunidad para avanzar en la actualización de su título de propiedad y la posterior inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
Que el territorio esté ubicado en dos distritos, dos provincias y dos regiones diferentes —Huánuco y Pasco— es un problema que hasta ahora no encuentra solución para definir su seguridad jurídica. A ello se suma que, en todo este tiempo, los gobiernos regionales han entregado títulos de propiedad a personas foráneas —colonos— que han invadido los territorios indígenas y han establecido centros poblados. “Mientras no aceleren la actualización de los límites del territorio de su comunidad, van a seguir perdiendo terreno”, dice Micheal Mercedes, responsable de la Oficina de Comunidades Nativas de la sede de Puerto Bermúdez de la Dirección Regional de Agricultura de Pasco.
Mientras que una de las comunidades obtuvo su reconocimiento en 1981 y su título en 1986, su inscripción en registros públicos no se concretó. En el otro caso, su reconocimiento data de 1981 y su titulación ocurrió un año después, en 1982. Sin embargo, en sus títulos los límites son solo referencias geográficas, por lo tanto, tienen que llevar adelante un proceso de georreferenciación para cumplir con la norma vigente.
Chihuanco, el presidente de Feconaya, lamenta que los problemas de seguridad jurídica cierren las puertas a las comunidades cuando buscan financiamiento del Estado para proyectos agrícolas o de reforestación.
Cae la tarde y navegamos por el río Pachitea. Desde la orilla se ve un bosque tupido. Allí están muchas de las parcelas de los comuneros, nos cuenta Antonio, pero también las tierras reforestadas.
Llegamos a un recodo del río, desembarcamos y caminamos por un campo con diversas especies de árboles. Antonio los va nombrando: sangre de grado, cedro, limonero. Es un espacio dedicado a la reforestación en el que, en algún momento, creció coca. Un loro pasa volando cuando pasamos cerca de la casa ubicada en medio del terreno, no hay nadie, sus propietarios están en la asamblea comunal. Las vacas y los toros se mantienen indiferentes a nuestra presencia. Visto así, podría ser un paisaje pintado en un óleo, nada en ese momento revela que unos kilómetros más allá el narcotráfico se sigue abriendo paso.
Imagen principal: El pueblo yanesha vive bajo la amenaza del narcotráfico. Foto: Mongabay Latam.
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*Los nombres de algunas personas que fueron entrevistadas y que participaron en la realización del reportaje, además de todas las comunidades indígenas, fueron cambiados u omitidos por su seguridad. Esto fue conversado con la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau).
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