- Esta norma prohíbe la importación y comercialización de materias primas y sus derivados que, después del 31 de diciembre de 2020, hayan talado o dañado bosques para su cultivo o producción.
- Un total de 17 países de América Latina, Asia y África enviaron una carta al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y al Consejo Europeo, para solicitar que se amplíe el plazo que vencía este 30 de diciembre de 2024.
- Especialistas y organizaciones indígenas se han opuesto a que se postergue la entrada en vigencia de la ley anti-deforestación, debido a las serias consecuencias que ya enfrenta el planeta por la pérdida de bosques y el cambio climático.
Las presiones llegaron desde varios países. Una carta enviada el 29 de octubre y firmada por 17 naciones de América Latina, Asia y África, así como otra que remitió Estados Unidos en junio pasado, entre otros pedidos, convencieron a la Comisión Europea para proponer la postergación, por un año, de la entrada en vigencia de la norma que prohíbe a los mercados de ese continente la importación de una serie de materias primas y sus derivados relacionados con la degradación o deforestación de bosques.
Este pedido encontró también eco en el Parlamento Europeo que el pasado jueves 14 de noviembre votó a favor de posponer el plazo de entrada en vigencia de la denominada ley de deforestación cero. Con 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones se aceptó la postergación. La decisión también incluye la modificación de varias disposiciones de la también llamada ley anti-forestal.
La norma fue aprobada en abril de 2023 y debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, este plazo se ha extendido un año más. Ahora, la ley entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para los más pequeños.
La ley anti-deforestación de la Unión Europea prohíbe la importación y comercialización de productos que hayan talado o dañado bosques para su cultivo o producción después del 31 de diciembre de 2020. Las materias primas incluidas en esta norma son el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soya y la madera, así como los productos que contengan, se hayan alimentado o se hayan fabricado con estas materias primas. En esta lista se consideran, por ejemplo, el cuero, el chocolate, los muebles, el caucho, el carbón vegetal y los productos de papel impreso, así como una serie de derivados del aceite de palma.
“Postergar la aplicación de la ley anti-deforestación es postergar la lucha contra la degradación ambiental, el cambio climático y las violaciones de derechos humanos en las cadenas de suministro europeas”, señala Luciana Tellez, investigadora principal en Medio Ambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch.
Desde su anuncio, la norma despertó entusiasmo en la comunidad internacional por tratarse de una ley destinada a combatir la deforestación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, esta modificación de los plazos ha despertado cuestionamientos en diversos sectores.
Críticas a la postergación
“A pesar de que tanto Europa como la Amazonía están siendo azotados por los efectos de un cambio climático que va ir in crescendo, el Parlamento Europeo ha hecho un voto irresponsable para con sus conciudadanos, con el planeta y con las regiones que les provee de bienes y servicios como es la Amazonía”, señala Alicia Guzmán, asesora senior de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Guzmán señala que ha sido sobre todo la agroindustria la que se ha manifestado en contra de esta regulación que afecta los ecosistemas, los pueblos indígenas, las comunidades locales, los municipios y las regulaciones nacionales. “Desde cualquier perspectiva el planeta perdió en una región que es la segunda con mayor consumo de bienes provenientes de la deforestación”.
Antes de la votación, la COICA envió un memorando al Parlamento Europeo en el que expuso el contexto actual y, en especial, de la Amazonía, para instar a la autoridad europea para que votara a favor de la implementación del reglamento de la ley de deforestación cero en la fecha inicialmente establecida, es decir, en diciembre del 2024.
Entre las razones que exponían se considera el límite en el que se encuentra la Amazonia por la sequías e incendios extremos de este 2024. “En Perú, el río Amazonas ha superado sus niveles mínimos en los últimos 40 años; mientras en Brasil, el río Negro ha alcanzado su nivel más bajo en 122 años. La sequía amenaza con la seguridad alimentaria, hídrica, sanitaria y energética de una región que alberga cerca de 350 millones de personas en nueve países y más de 500 pueblos indígenas amazónicos”, se precisa en el memorando.
Otras voces también estaban en contra de esta decisión. Los científicos Carlos Nobre, Marielos Peña-Claros y Enma Torres, miembros del Panel Científico para la Amazonía, enviaron una carta al Parlamento Europeo apenas dos días antes de la votación. En el documento indican que “la selva amazónica enfrenta una crisis sin precedentes y la evidencia científica es clara: las emisiones globales de gases de efecto invernadero, combinadas con la deforestación local y la degradación forestal, están empujando al ecosistema amazónico hacia un punto de inflexión”.
En la carta también indican que esto podría desencadenar una cascada de cambios ambientales que potencialmente llevarían al colapso de vastas áreas de bosque. “La ruptura del ciclo de humedad de la Amazonía podría alterar la seguridad hídrica, alimentaria y energética en toda América del Sur, afectando a millones de personas en la región y en otros lugares (…) Para evitar este catastrófico resultado, el Panel Científico para la Amazonia pide una moratoria inmediata de la deforestación y la degradación en las zonas que se acercan a este punto de inflexión. También debemos comprometernos a lograr una deforestación cero en toda la cuenca amazónica para 2030”.
Pascal Canfin, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, señaló en sus redes sociales días previos a la votación que se oponía a este aplazamiento, “ya que muchas empresas y países han invertido y tomado las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones de este texto clave para la protección de la biodiversidad mundial”. Canfin también señaló que estaba en contra de cualquier intento de modificar el funcionamiento de esta ley.
“Estamos viendo un retroceso. Si bien se menciona que la ampliación del plazo es para que las empresas grandes y microempresas se adapten, lo cierto es que tenían un año para haber realizado estas acciones internas”, dice Karol Sanabria, de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia. Sanabria también considera que si se siguen postergando las acciones para frenar la deforestación, será más difícil cumplir con las obligaciones en el marco del Acuerdo de París.
Un tema controversial ha sido también la forma en la que se desarrolló la votación, que estuvo muy reñida. El problema fue que algunos miembros del Parlamento no lograron emitir su voto debido a fallas técnicas con las máquinas de votación. Pese al pedido de varios diputados para una nueva ronda, la presidenta Roberta Metsola no aceptó la propuesta.
El pedido de postergación
“Hubo muchas voces de diferentes países que empezaron a decir: ‘Nosotros queremos cumplir, pero necesitamos más tiempo’ y creo que ese mensaje fue entendido por nuestros líderes, por la presidencia de la Comisión Europea. Por esa razón anunciamos que íbamos a hacer una propuesta al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo para otorgar un año adicional, de tal forma que se pueda cumplir con la norma de forma eficiente”, señala Olivier Coupleux, Consejero–Jefe de sección Comercio y Economía de la Delegación en Perú de la Unión Europea.
Algunos socios decían que sus productos no estaban preparados y que muchas empresas no estaban informadas como se debería, agrega Coupleux, entonces el objetivo “ha sido dar un poco más de tiempo sin poner en jaque la legislación que se va aplicar”. Para Coupleux, un año más dará mayor tranquilidad a los gobiernos que se están preparando para adecuarse a la aplicación del reglamento.
En la carta enviada al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y a la Comisión Europea para pedir la postergación de la aplicación de la norma, los países firmantes manifiestaron su preocupación con relación al cronograma establecido para la implementación de esta ley, así como la falta de tiempo y orientación para los productores y exportadores.
Luciana Tellez, de Human Rights Watch, cuestiona la falta de compromiso con la reducción de la deforestación de los países que solicitaron la postergación del plazo de entrada en vigor de la norma. Sobre todo de las naciones de América Latina que han firmado tratados encaminados a proteger los bosques.
“Estos países suscribieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comprometiéndose a eliminar la deforestación para el 2020. También firmaron la declaración de Glasgow en el 2021, que busca frenar y revertir la deforestación”, comenta Tellez para cuestionar el pedido de retrasar la aplicación de la norma.
“Son países que ya tenían compromisos para reducir su deforestación antes de que apareciera el reglamento europeo. Con su resistencia lo que están manifestando es que, aparentemente, no pensaban cumplirlos”, comenta Tellez. En el caso de Brasil, agrega, distintos gobiernos se han comprometido en erradicar la deforestación ilegal en la Amazonía, que es más del 90 % de la pérdida de bosques que se genera en ese bioma.
Los países de Latinoamérica que firmaron la carta son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú.
Las naciones que han pedido esta postergación también han manifestado su “preocupación” de que se haya establecido un “estándar único” en esta regulación que “no toma en cuenta las especificidades y las prácticas comunes de cada cadena de suministro, las políticas nacionales como las de sustitución de cultivos y los desafíos a los que se enfrentan los pequeños agricultores” en los países que exportan a la Unión Europea.
Cambios en la legislación
La falta de tiempo para adaptarse al nuevo reglamento no es el único motivo que se expone en la carta para solicitar la postergación. La misiva también indica que desde que se aprobó esta ley, estos países se han “opuesto sistemáticamente al sistema de evaluación comparativa por considerarlo un mecanismo discriminatorio e innecesario”, debido a que “impone normas diferentes en los países, perjudica a aquellos con una gran cobertura forestal y crea incentivos para la desviación del comercio, lo que socava incluso la producción sostenible y libre de deforestación”.
El sistema de evaluación comparativa se refiere al mecanismo de tres niveles que se estableció en esta norma para evaluar el riesgo que tienen los países de incumplir la ley. Para ello se definieron tres categorías: bajo riesgo, estándar y alto riesgo.
Justamente entre los cambios que ha aprobado el Parlamento Europeo a la legislación sobre deforestación cero se incluyó una nueva categoría de “sin riesgo” en el sistema de evaluación comparativa.
Julian Oram, director de políticas de Mighty Earth, una organización mundial que trabaja para proteger la naturaleza y garantizar un clima estable, cuestiona duramente este cambio. “ La inclusión de una nueva categoría de ‘sin riesgo’ permitirá que muchos países sean considerados libres de riesgo, incluso si todavía se produce deforestación, degradación y prácticas ilegales. También es probable que fomente el contrabando a gran escala de productos agrícolas desde territorios de alto riesgo a países ‘sin riesgo’, en camino a la Unión Europea”.
Para Oram, la decisión de la Unión Europea “despoja al bloque [Unión Europea] de su papel como líder mundial en la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las violaciones de los derechos humanos”.
El director de políticas de Mighty Earth también señala que “se ha aprobado la peor de las enmiendas”, aunque manifestó que no se trata de “un hecho consumado”, puesto que la Comisión y los Estados miembros podrían rechazar estos cambios.
La iniciativa Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), liderada por inversores y que tiene como objetivo detener la deforestación en los biomas más vulnerables del mundo, también manifestó su preocupación por las enmiendas al reglamento de la norma anti-deforestación. “Consideramos innecesaria y potencialmente contraproducente introducir una nueva categoría de países ‘sin riesgo’, puesto que la categoría de ‘riesgo bajo’ ya establece un seguimiento simple, pero mantiene las cadenas de suministro bajo escrutinio”, indica IPDD en un comunicado de prensa publicado el 13 de noviembre.
“La regulación está aprobada de tal forma que cambiar otra vez el texto es un contrasentido porque deja en el limbo a muchas empresas que ya han hecho importantes inversiones para justamente hacer estas transformaciones en sus procesos”, señala Alicia Guzmán. “Nos estamos enfrentando a las secuelas del cambio climático que nos van a dejar no solo sin comercio, sino sin agua y con cuestionamientos a nuestras propias democracias”.
La trazabilidad de las materias primas
“Es importante ver el tema de la trazabilidad. Que justamente garantice que el producto proviene de un lugar con cero deforestación”, dice Lucía Palao, de la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en Perú, sobre uno de los requisitos que establece la reglamentación de la ley anti-deforestación.
Según la norma europea, las materias primas y sus derivados que ingresen a su mercado deben deben contar con información detallada sobre su procedencia y, entre otros datos, se debe incluir la “geolocalización de todas las parcelas de terreno en las que se produjeron las materias primas que contiene el producto o que se emplearon para su elaboración, y la fecha o intervalo temporal de producción”, señala el reglamento de la ley.
Olivier Coupleux comenta que la norma establece que los productores de las cooperativas o las empresas cuenten con información de los polígonos y las parcelas para identificar que no vienen de zonas deforestadas.
Coupleux señala que en Perú se está elaborando una base de datos donde estarán todas las parcelas agrícolas registradas y georreferenciadas, de tal forma que el importador europeo podrá identificar de dónde proviene cada uno de los productos que compra. Cita como ejemplo el caso de los productores de café, que en Perú son, en su mayoría pequeños agricultores, que ahora tendrán que contar con la identidad digital de su parcela en esta base de datos, para así demostrar que, efectivamente, no se encuentra en una zona deforestada. De esta manera, quien compra el producto, ya sea una empresa o un intermediario, podrá entrar en este padrón para identificar la información del agricultor y éste, a su vez, debe compartir esa información al momento de la venta.
Luciana Tellez, de Human Rights Watch, señala que varios países han anunciado cambios positivos en respuesta al reglamento. “Argentina y Paraguay están aparentemente preparando exportaciones de soya libre de deforestación. El gobierno federal de Brasil por fin anunció un programa para identificar y rastrear los movimientos de cada uno de los animales de su enorme rebaño. Estos son cambios necesarios pero que, a todas luces, no se darían sin la presión del mercado internacional”.
Tellez comenta que durante un viaje de investigación reciente en la Amazonia brasileña, en el estado de Pará, dónde se da la mayoría de la deforestación de este bioma, conversó con varios funcionarios del gobierno que están preparando la implementación del sistema de identificación individual del rebaño, que cuenta con 26 millones de animales. “Todos coincidieron en que la presión de los mercados internacionales ha sido clave para que las grandes empresas exportadoras de carne apoyen las reformas”.
En ese sentido, la representante de Human Rights Watch también se refiere a algunos esfuerzos que ya se están haciendo en el continente para adaptarse a esta ley. “Uruguay ya cuenta con trazabilidad de la cadena productiva bovina, por ejemplo. Es una cuestión de voluntad política y compromiso con una gestión transparente del sector”, comenta.
Días previos a la aprobación de esta ley, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) indicó que más de 50 empresas a nivel global habían ya invertido para adaptarse a los requisitos que imponía la Unión Europea para cumplir con la ley de deforestación cero.
Imagen principal: Deforestación en Santa Cruz, Bolivia. Foto: Revista Nómadas.
Créditos
