- Un estudio de la organización francesa Envol Vert y la Universidad de Wisconsin, a partir de las guías de movilización, muestra con claridad y por primera vez los municipios que recorre el ganado en Colombia hasta llegar a los lugares de sacrificio. Una de cada cuatro vacas que llega a Bogotá para consumo de carne viene de municipios con zonas altamente deforestadas
- Una de cada cuatro vacas que llega a Bogotá para consumo de carne viene de municipios con zonas altamente deforestadas
- La investigación muestra las falencias en el sistema de trazabilidad, que se suman a la falta de condiciones sanitarias, y que le impiden al país acceder a mercados como la Unión Europea.
- El bloque aprobó una Ley de Deforestación Cero, que exige certificaciones para los proveedores de varios productos, incluida la carne, para demostrar que su origen no está relacionado con la tala de bosques.
Es finales de febrero de 2024 y desde la lancha que va selva adentro por el río Caquetá se ve una espesa niebla y se siente un fuerte olor a madera quemada. A medida que se avanza hacia el casco urbano del municipio de Solano, se pueden ver grupos de vacas pastando a la orilla del río y humaredas en el fondo del paisaje.
Como ha ocurrido durante los últimos años, entre enero y marzo, en la mitad de la temporada de menos lluvias en la Amazonía colombiana, aumentan los incendios forestales provocados para ampliar la frontera agrícola y ganadera a costa de la selva. Desde el río Caquetá, hacia el norte y el oriente, hasta los límites con los parque nacionales naturales Serranía de Chiribiquete, Sierra de la Macarena y Tinigua, las vacas pastan en terrenos que se convirtieron en sabanas hace décadas, pero que en otros casos, fueron deforestados en los últimos ocho años.
Parte de este ganado terminará en Bogotá, la capital colombiana, para el consumo humano. El problema es que seguir el rastro exacto de todo su recorrido, para determinar si proviene de zonas deforestadas, es prácticamente imposible. Una investigación de la organización ambiental francesa Envol Vert y expertos de la Universidad de Wisconsin, de los Estados Unidos, muestra que el 25 % de los animales que Bogotá recibió en plantas de sacrificio provenía de municipios en zonas con alta deforestación (ZAD), pero no hay información suficiente para verificar si los predios de los que provienen están vinculados con la destrucción del bosque.
La investigación muestra las falencias en el sistema de trazabilidad del ganado en Colombia, que se suman a la falta de condiciones sanitarias, y que le impiden al país acceder a mercados como la Unión Europea (UE). El bloque sancionó una nueva Ley de Deforestación Cero que impide a los países exportadores de carne comercializar con la UE si el ganado proviene de áreas deforestadas a partir de diciembre de 2020.
La investigación titulada Lo que las guías de movilización cuentan: un análisis de las tendencias y comportamiento de la cadena de ganado bovino hizo un análisis de los movimientos de ganado registrados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) durante 2018, 2019 y 2020. Dichas guías de movilización registran los municipios en los que se encuentran los predios a los que se llevan los animales, pero no contienen información puntual de la ubicación de las fincas ni los nombres de los dueños.
Daisy Tarrier, fundadora de Envol Vert y coautora de la investigación, señala que, en muchos casos, las empresas que comercializan la carne muestran información de sus proveedores para mostrar que el ganado no está relacionado con la deforestación, pero estos proveedores son sólo el último paso de un largo camino lleno de intermediarios. “La idea era mostrar que la responsabilidad está esparcida en toda la cadena y que si no hay trazabilidad real, nunca se podrá decir si un ganado es o no sostenible”, explica Tarrier.
La trazabilidad de ganado en Colombia, registrada en estas guías, tiene varias limitaciones, entre ellas la falta de información de la ubicación exacta de los predios y la individualización de cada animal. Por ejemplo, registran el municipio y la vereda, pero este último dato aparece muchas veces con errores o inconsistencias. “Con los datos que encontramos hemos podido caracterizar a los proveedores, ver que tantos son directos o indirectos y los municipios donde están. Vale la pena aclarar que dentro de las cifras puede haber proveedores en zonas de alta deforestación que no deforesten”, explica la fundadora de Envol Vert.
Solano, en Caquetá, es precisamente uno de estos municipios de la Amazonía en los que se registraron movilizaciones de origen y destino de vacas. Es el segundo municipio más grande de Colombia, tiene un poco más de la mitad de su superficie dentro del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y extensas zonas de resguardos indígenas, además de otras áreas de protección ambiental. Entre 2011 y 2021 registraron 43 664 hectáreas deforestadas.
Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hablaron con un pequeño ganadero de Solano, que prefiere no publicar su nombre por la presencia de grupos armados en la zona, que señaló que existe un problema de fondo en el municipio relacionado con la legalidad en el uso de la tierra. “Prácticamente todo Solano es área protegida, entonces las fincas con papeles [títulos de propiedad] son muy pocas. En los últimos años hay deforestación para meter vacas, pero aquí también hay gente que tiene predios grandes que hace rato son sabana. Cuando se mueven las vacas a algunas fincas, todo se mezcla”, cuenta el ganadero.
La situación es más crítica en el vecino municipio de San Vicente del Caguán. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), fue el municipio más deforestado de Colombia entre 2021 y 2022 con 157 364 hectáreas (unas cinco veces el área urbana de Bogotá) y, al mismo tiempo, tuvo una movilización de animales cercana a 1.2 millón de vacas entre 2018 y 2020, la segunda movilización más grande del país.
El recorrido desde las zonas de deforestación hasta las plantas de sacrificio
La investigadora Daisy Tarrier explica que aproximadamente la mitad de los animales que se movilizan en las zonas de alta deforestación se mueven, dentro de estos municipios, de una finca a otra en las que los crían o engordan. La otra mitad sale de esas zonas para terminar en plantas de sacrificio en ciudades grandes del país, como Bogotá. “Ahí es donde está la dificultad para ver completa la trazabilidad. Las pueden criar [a las vacas] en zonas de alta deforestación, para luego sacarlos de allí a lugares, por ejemplo, más cerca a las ciudades y finalmente venderlos como ganado sin riesgo de deforestación”, explica la fundadora de la organización Envol Vert.
El informe señala que el 8 % de los animales movilizados en el periodo estudiado, es decir, cerca de 4.7 millones, tuvieron como origen 25 municipios con altas cifras de deforestación.
La mayoría de estos 25 municipios se encuentra en la Amazonía, pero también están ubicados en los Llanos Orientales, el Catatumbo, el nordeste de Antioquia y el Urabá chocoano y cordobés.
El estudio también concluyó que estos animales llegaron a 672 de los 1103 municipios que tiene el país. Es particular la situación de varios municipios de los departamentos de Valle del Cauca y Huila que reciben en plantas de sacrificio a un alto porcentaje de animales de municipios con alta deforestación. Los casos con mayores cifras son Yumbo y Candelaria, en la zona metropolitana de Cali, y Rivera, muy cerca de la ciudad de Neiva. En los tres municipios, del total del ganado que reciben, más del 60 % proviene de zonas de alta deforestación.
Bogotá aparece como el mayor núcleo de concentración de animales para sacrificio, con 1 843 788 cabezas de ganado. El informe señala que un cuarto de ellos proviene de municipios con zonas de alta deforestación como El Retorno, en el Guaviare, muy cerca del Parque Nacional Natural Chiribiquete.
Tarrier explicó que la investigación sólo incluye los movimientos de ganado registrados dentro de la legalidad, en las guías que entrega el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y explica que quedan por fuera otras posibles movilizaciones que se ocultan por estar relacionadas con zonas de protección ambiental. “Por ejemplo, si alguien ilegalmente mete durante unos meses unas vacas al parque Chiribiquete para que engorden y luego las vuelve a sacar, pues oficialmente nunca pasaron por ahí, eso no aparece en las guías, eso es invisible”, explica Tarrier.
Una investigadora de una organización ambiental que tiene presencia en esta zona de la Amazonía, y que prefiere mantener su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad, le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que quienes tienen ganado en zonas que no están permitidas, las mueven temporalmente para que se registren en las guías del ICA y así evadir el control estatal. “En estos días, aquí en el [departamento de] Guaviare, que hay vacunación, todos estos potreros están atestados [llenos], con una cantidad absurda de vacas. Hay una vereda [zona rural] que tiene 10 000 habitantes y registra 30 000 vacas. Uno se pregunta, ¿de dónde salen estos animales?”, dice la investigadora.
Los municipios de los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare, desde donde salen los animales, están en el centro del corredor que conforman varios parques nacionales y que conectan la cordillera Oriental con la selva amazónica: Tinigua, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Especialmente en los tres primeros, y después de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Estado colombiano ha tenido un fuerte conflicto con comunidades campesinas que viven desde hace más de cincuenta años en el interior de estas áreas protegidas.
Organizaciones campesinas han denunciado la persecución de actores estatales con operativos militares que buscan frenar la deforestación y la prohibición de la vacunación del ganado dentro de los parques nacionales naturales. Todo esto en medio del aumento de la presencia de grupos de disidencias de las FARC que se enfrentan entre sí y amenazan a las comunidades.
Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hablaron con un pequeño ganadero del municipio de San Vicente del Caguán, líder de una de estas comunidades, quien señaló que campesinos dentro de los parques naturales crían ganado con buenas prácticas ambientales, que no están vinculadas a la deforestación, y que para vender sus vacas tienen que moverlas y registrarlas con intermediarios. “Muchos llegaron aquí antes de que estas tierras fueran declaradas parques nacionales y aprendieron a cuidar el monte. Aquí hay que darle matices a las cosas, porque hay pequeños ganaderos dentro de las zonas protegidas que cuidan más la selva que grandes ganaderos que están por fuera”, explica el líder, que prefiere mantener su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad.
A pesar de esto, el líder señaló que hay una ganadería a gran escala dentro de parques como Tinigua, que sí tiene un vínculo con la deforestación. En 2022, según Parques Nacionales Naturales, cerca del 30 % de la superficie de esa área protegida había sido deforestada. “Allá uno ve potreros hasta de 1000 hectáreas con ganado. Un campesino no tiene la capacidad para tumbar todo ese monte, entonces ahí hay gente que tiene mucho recurso económico. Y luego tienen que sacar las vacas de allá para venderlas”, dice el pequeño ganadero de San Vicente del Caguán.
Una cadena de intermediarios que hace difícil la trazabilidad
Otro hallazgo importante de la investigación de Envol Vert y la Universidad de Wisconsin es el gran número de intermediarios que constituyen la cadena de suministro. El estudio clasificó a los proveedores del ganado en directos, aquellos que venden directamente a las plantas de sacrificio y son el 13 %; indirectos, que están al principio de la cadena de producción pero luego venden a otros proveedores y que representan un 65 %; y mixtos, que pueden vender a otros proveedores o directamente a las plantas de sacrificio y que son el 22 %.
El estudio encontró que quienes le venden ganado a los proveedores directos de las plantas de sacrificio son los que tienen una mayor relación con la deforestación.
Por el contrario, los proveedores directos a las plantas de sacrificio efectivamente tienen una baja relación con la deforestación. Ese suele ser el argumento de las empresas comercializadores de carne que sostienen que el ganado no está relacionado con la deforestación. El problema, es que en esa explicación no se tienen en cuenta los intermediarios, es decir, los actores indirectos donde se pierde trazabilidad.
Además, la investigación también identificó que el 1 % de los actores mueve el 33 % del ganado en el país. Esta concentración en la movilización se ve reflejada en ocho municipios por los que transita la cuarta parte de todos los bovinos en Colombia. Entre esos municipios destacan Montería en Córdoba, San Vicente del Caguán en Caquetá y Cimitarra en Santander.
La investigadora señala que la información recogida en el estudio es valiosa para mejorar la trazabilidad, ya que identifica los lugares y los actores de la cadena en dónde el Estado podría poner el foco y mejorar el registro de información que permita determinar una relación más exacta entre la producción ganadera y la deforestación. “Esto lo hacemos para impulsar un sistema de trazabilidad del país. Era importante mostrar dónde están los problemas, pero también cómo los puedes resolver, en qué tipos de proveedor debes trabajar, en qué municipios se puede mejorar esa trazabilidad”, concluye Tarrier.
De hecho, los insumos del estudio aportan a una discusión que ha tenido como escenario el Congreso de la República, que en los últimos dos años ha debatido la propuesta de una ley que mejore los procesos de trazabilidad para el ganado en Colombia. Luego de que se hundiera un proyecto de ley en ese sentido en junio de 2024, los congresistas Julia Miranda y Carlos Losada volvieron a insistir y la Comisión Quinta del Senado aprobó en primer debate el proyecto a finales de 2024.
La propuesta, que aún debe ser debatida y aprobada en una comisión de la Cámara de Representantes y en las plenarias de Cámara y Senado, incluye la integración de varios sistemas de datos del Estado: el actual sistema de trazabilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; los sistemas de monitoreo de bosques y la información catastral. También incluye el fortalecimiento normativo para las certificaciones de producción ganadera libre de deforestación y la creación de zonas de ‘Alta Vigilancia’ en áreas de alta deforestación para controlar la actividad ganadera.
Este equipo periodístico consultó a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) por su postura sobre la propuesta de trazabilidad que se discute en el Congreso y en comunicación oficial señalaron que el gremio entiende la trazabilidad como un requisito necesario para el acceso a los mercados. “Cada día más se consolida como un requerimiento de los consumidores y su implementación es necesaria para que Colombia continúe con su proceso de internacionalización del sector cárnico colombiano al mundo”.
Fedegán indicó que el proceso en el país se está estructurando de manera que se logre la identificación y trazabilidad de la totalidad del hato colombiano, incluyendo la Amazonía y la Orinoquía. “Es un proceso que tomará varios años y se hace necesario hacer una priorización de los departamentos del país, en tanto lo complejo del proceso, así como la necesidad de recursos para el efecto”, se lee en la respuesta.
Además de construir un sistema más eficiente para reducir el impacto de la ganadería en los bosques, unas mejores prácticas de trazabilidad le permitirían a los proveedores colombianos tener mejores oportunidades para ingresar a nuevos mercados.
Según el censo pecuario del ICA, en 2024, Colombia tiene cerca 29 millones de cabezas de ganado (29 194 104). Parte de ese total se exporta a varios países, pero no a la Unión Europea puesto que Colombia no cumple con los requisitos sanitarios del bloque.
El estudio Colombia frente a la globalización y los tratados de libre comercio para la exportación de carne bovina, escrito por varios investigadores de la Universidad Cooperativa de Colombia en 2022, señala que el potencial del sector ganadero se ve limitado porque no se mejoran las condiciones sanitarias y la misma trazabilidad. “Por regla general los mercados de destino de la carne han sido los de más bajo precio, a consecuencia de la imposibilidad de acceder a mercados con pagos más elevados, como Estados Unidos o la Unión Europea”, dice el informe.
Además, las reglas de importación desde la UE se harán más estrictas cuando entre en vigencia una normativa aprobada por el Parlamento Europeo en 2023. Se trata del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR por sus siglas en inglés), también conocido como la Ley de Deforestación Cero de la UE, que exige a los proveedores certificaciones que garanticen que las importaciones de productos como cacao, café, aceite de palma —que sí son exportados desde Colombia a la UE—, soja, carne y sus derivados no estén relacionadas con áreas ilegalmente deforestadas desde 2020.
Erik Dhaenens, consejero de Medio Ambiente, Clima y Empleo de la Unión Europea en Colombia le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que la normativa exige un sistema de trazabilidad que vincule productos exportados con sus parcelas de origen para demostrar que en todo el proceso no hubo deforestación. “Cabe señalar que este requisito de debida diligencia es para los operadores (es decir, quienes introducen los productos en la UE), por lo que no constituye un requisito directo para que los gobiernos implementen un sistema de trazabilidad. Sin embargo, si existe un sistema de trazabilidad de calidad por parte del gobierno, esto podría ayudar”, aseguró el diplomático.
Dhaenens agregó que la Unión Europea tiene el compromiso de proteger y restaurar los bosques del mundo y, en particular, en países socios como Colombia. “La ganadería y el acaparamiento de tierras son, según publicaciones del IDEAM, factores significativos, si no los principales, que impulsan la deforestación en el país. La UE ha adelantado varias acciones de cooperación, para reconvertir los sistemas de producción de ganadería extensiva en sistemas de ganadería regenerativa”, señaló el consejero.
Aunque en un principio el Parlamento ordenó la entrada en vigencia del EUDR al finalizar 2024, en octubre pasado se pospuso la fecha para grandes empresas hasta el 30 de diciembre de 2025. En el caso de las microempresas, la entrada en vigencia será el 30 de junio de 2026.
Imagen destacada: Ampliación de la frontera agrícola, con la ganadería como actor principal. Foto: Anita Austvika in unsplash.com / Colombian Ecosystems Threats and Risks
Créditos
