- Killeen explica cómo la corrupción se tolera mejor cuando se produce en las instituciones públicas, lo que en última instancia da la impresión de que se trata de un problema estructural y no de los individuos implicados.
- Entre las principales consecuencias de esta perspectiva, el autor señala cómo el desarrollo sostenible es cada vez menos factible a medida que crece la desconfianza entre los ciudadanos y el Estado. En el caso de Panamazonia, hay que añadir las empresas privadas que explotan los recursos naturales bajo el paraguas de la colonización.
- La corrupción abarca muchos tipos de comportamiento, que pueden subvertir múltiples actividades financiadas con fondos públicos, al tiempo que abarca múltiples sectores y jurisdicciones (nacional, regional, local).
La corrupción es frecuentemente abordada por el periodismo como una cuestión de gobernanza. Sin embargo, la deshonestidad no reside en las estructuras constitucionales y legales, sino en el comportamiento de los individuos. Este fenómeno no se limita a las instituciones públicas, también afecta a entidades privadas, e incluso las ONG deben enfrentarse al fraude financiero y a prácticas poco éticas.
Con demasiada frecuencia, personas que son esencialmente honestas se ven empujadas a actuar de manera inapropiada: ya sea por presión de tiempo, desesperación para resolver un problema o por optar por el camino de menor resistencia. Aunque la mayoría de las personas se comportan éticamente en su día a día con colegas, amigos y familiares, perciben que el sistema se ha corrompido, por lo tanto, son más proclives a tolerar actos fraudulentos o, tristemente, participar en ellos cuando la necesidad o las circunstancias lo imponen.
Aquellos que se ven obligados a vivir en un entorno marcado por la deshonestidad son plenamente conscientes de sus impactos y exigencias. Este tipo de entorno fomenta una cultura de desconfianza, egoísmo y cinismo. La corrupción, en cualquiera de sus muchas manifestaciones, representa un obstáculo significativo para el desarrollo sostenible, ya que debilita el contrato social entre el Estado y sus ciudadanos, además de distorsionar el componente económico de un paradigma de desarrollo integral. En la Amazonía, los ciudadanos expresan su insatisfacción, e incluso su repudio hacia el statu quo. Sin embargo, lamentablemente, no han logrado encontrar una salida para superar esta situación.
La diversidad de la venalidad
El escándalo de corrupción más común suele implicar la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario gubernamental, como ser un alcalde, un gobernador, un ministro o un jefe de Estado. Sin embargo, existen múltiples formas de comportamientos deshonestos que afectan tanto las transacciones públicas como privadas. Históricamente, la mayor fuente de corrupción en la Amazonia ha sido el saqueo de sus recursos naturales, en particular de sus tierras, madera y minerales. En cierta medida, esta práctica fue promovida oficialmente por los gobiernos que impulsaron la llamada colonización de la región. Con el tiempo, sin embargo, los métodos han cambiado, y hoy se transfieren sumas cada vez mayores de dinero a través de sobornos asociados con proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, plantas hidroeléctricas y ferrocarriles, así como escuelas, hospitales y otras obras básicas.
Algunos argumentan que los sobornos, vistos como una especie de “comisión anticorrupción”, son menos ofensivos que la malversación directa de fondos, al sostener que al menos la sociedad obtiene algún beneficio con la construcción de algún activo de infraestructura útil para los habitantes de la región. No obstante, la falacia de esta lógica es evidente: la corrupción distorsiona las decisiones de inversión porque los proyectos no pasan por una verdadera diligencia debida. Esto permite que los intereses creados confabulen con políticos corruptos para llevar a cabo proyectos que no prioritarios, son completamente innecesarios, o están construidos con baja calidad y materiales deficientes.
Las prácticas corruptas suelen ocultarse mediante diversos subterfugios, lo que dificulta documentar los niveles reales de corrupción que afectan a un país. Por esta razón, los académicos que estudian este fenómeno dependen de las opiniones de personas con capacidad para observar actos de malversación. La métrica más utilizada es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que se elabora mediante encuestas a funcionarios multilaterales y ejecutivos de empresas sobre aspectos como: (a) soborno, (b) desvío de fondos públicos, (c) uso de cargos públicos para beneficio privado y (d) nepotismo en la función pública. A partir de 2017, Transparencia Internacional, que gestiona el IPC, incluyó un quinto elemento: (e) captura del Estado, que describe situaciones en las que un grupo selecto de individuos (como ser los oligarcas) o entidades (mafias criminales) monopolizan las acciones del gobierno.
El IPC clasifica a los países en una escala de 0 (más corrupto) a 100 (menos corrupto). No sorprende que los países de la Amazonia obtengan bajas calificaciones. La corrupción incluye muchas formas de comportamiento (soborno, extorsión, nepotismo, tráfico de influencias), que pueden distorsionar múltiples actividades financiadas con recursos públicos. como la construcción de infraestructura, contratación de personal, adquisición de bienes y servicios, aplicación de normas y concesión de licencias. Además, estos actos abarcan múltiples sectores, como ser el sistema de justicia, impuestos, tenencia de la tierra, sistemas de salud, recursos naturales, y niveles de jurisdicción, (nacional, regional, local). Las métricas estadísticas, como el IPC, tienden a simplificar esta complejidad y refuerzan inadvertidamente la percepción pública de que se trata de un problema genérico que podría resolverse eligiendo mejores políticos o fortaleciendo la aplicación de la ley. Sin embargo, las encuestas no logran captar las formas modernas y sofisticadas de corrupción, especialmente los sobornos casi legales disfrazados como contribuciones de campañas, o los casos de “captura del Estado” que se producen mediante procesos legales, como las elecciones. Un enfoque reciente para profundizar en la comprensión de la corrupción propone utilizar un marco lógico que permita identificar quiénes están involucrados y evaluar la magnitud de los impactos de las distintas formas de transacciones poco éticas.
Este enfoque desagregado identifica las manifestaciones más comunes de la corrupción en las sociedades amazónicas: el pago de sobornos para evitar multas de tránsito o una “propina” para agilizar cualquier trámite burocrático. Sin embargo, estos hábitos, que podrían parecer inofensivos, son síntoma de un sistema profundamente corrupto, en el que individuos poderosos desvían fondos o manipulan procedimientos a través de pagos cuasi legales o intercambios poco transparentes de información para garantizar resultados. Los cuatro tipos de comportamiento corrupto persisten porque se encuentran arraigados en sistemas de permisos establecidos desde hace mucho tiempo, bajo la premisa de que “todo el mundo lo hace”.
Otra forma generalizada de corrupción menor se manifiesta cuando se recurre a conexiones sociales o al clientelismo político para acceder a empleos. Los académicos denominan este fenómeno como un “sistema de clientelismo”, característico de las nuevas democracias que aún no han logrado establecer una administración pública imparcial o no partidista. También conocido como padrinazgo, Este sistema es una práctica común para acceder a profesiones como policía, oficinista, personal de mantenimiento, gerente, trabajador postal, proveedor de asistencia médica y otros puestos de servicio civil que ofrecen un estilo de vida de clase media.
Los sistemas clientelistas, percibidos por muchos como una deficiencia social menor o incluso como una “característica” más que un defecto, tienen consecuencias profundamente perjudiciales a largo plazo, ya que fomentan la mediocridad institucional. Aunque suelen estar asociados con la afiliación política, también utilizan la clase y la etnia como factores determinantes para el acceso a oportunidades, o, más precisamente, para la falta de oportunidades de quienes carecen de conexiones sociales o políticas. La desigualdad es una consecuencia lógica de este sistema y refuerza el comportamiento cínico de quienes participan en otras formas de malversación. Las personas excluidas del sistema clientelista, ya sea por su clase, etnia o afiliación partidaria, cuando finalmente acceden a un puesto administrativo, con demasiada frecuencia reproducen las mismas prácticas corruptas que anteriormente les perjudicaban, justificándose con frases como: “es mi turno”.
La corrupción no elitista es un fenómeno común en todos los países amazónicos, aunque su intensidad varía: es más aguda en Bolivia, Perú y Ecuador, y menos pronunciada en Colombia, Brasil, Guyana y Surinam. A pesar de estas diferencias, la percepción generalizada de los ciudadanos sobre sus funcionarios públicos sigue siendo negativa (gráfico 6.16). Por otro lado, la corrupción de las élites también está ampliamente extendida y es notablemente flagrante. El cinismo generalizado de la población hacia este tipo de corrupción se debe principalmente a la impunidad de la que disfrutan quienes la practican, un problema originado en la disfuncionalidad y corrupción del sistema judicial.
Los escándalos más notorios suelen estar asociados con el Poder Ejecutivo, porque, como dijo una vez un infame ladrón de bancos al referirse a sus víctimas: “ahí es donde está el dinero”. Aunque la práctica de entregar maletas llenas de efectivo a los políticos sigue siendo común en los ocho países amazónicos, los sobornos en efectivo han evolucionado hacia esquemas más complejos, especialmente en grandes proyectos de infraestructura. Estos contratos, complejos por naturaleza, suelen involucrar numerosos subcontratistas y servicios de consultoría, lo que permite ocultar con facilidad precios inflados o servicios inexistentes. A menudo, los pagos se desvían hacia cuentas bancarias cuidadosamente disfrazadas, bajo el control de funcionarios públicos implicados en el esquema corrupto.
Este tipo de malversación tiene un costo oculto, pues ninguna de las partes involucradas se siente incentivada a cuestionar la viabilidad del proyecto. ¿Cuántas carreteras se han construido o pavimentado únicamente porque los políticos y sus patrocinadores especulaban con la tierra? ¿Cuántas clínicas permanecen vacías por falta de presupuesto para equiparlas o contratar personal de apoyo? ¿Cuántos estadios deportivos a medio construir se encuentran abandonados porque su tamaño supera las necesidades reales de la población?
Imagen destacada: Plantación de caucho. Crédito: Rhett A. Butler.
“Una tormenta perfecta en la Amazonía” es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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