- Al menos 134 hectáreas han sido devastadas por la minería irregular en las riberas de este curso de agua ubicado en el territorio del Pueblo Shuar Arutam, en el sureste de la Amazonía ecuatoriana.
- Los mineros han deforestado bosques y han removido las playas y el lecho del río.
- En su lugar, quedan montículos de piedras, sobre los que ya no se puede sembrar ni reforestar y que en muchas ocasiones provocan que el río se desvíe.
- La cuenca del Santiago es una de las menos estudiadas de Ecuador, por lo que preocupa que especies sensibles, como los bagres, y especies todavía no descritas sean afectadas por la contaminación minera.
La minería ilegal a lo largo del río Santiago, en la Amazonía ecuatoriana, ha provocado la desaparición de playas, bosques y pequeñas cascadas. Montículos de piedras y piscinas creadas en las riberas quedan tras el paso de los mineros. Aunque el pico de esta actividad fue en 2020, un equipo de Mongabay Latam recorrió este afluente en septiembre de 2024 y corroboró que hay por lo menos ocho puntos en los que se observa el trabajo de operarios sobre excavadoras y clasificadoras de oro.
“Este lugar no fue así, era un montaña virgen, vivían los animales, había una quebrada pequeña”, dice Aldo Unkuch, ex síndico de Tsuis, mientras recorre una zona devastada, a un par de kilómetros de distancia del centro de la comunidad. El riachuelo, en el que los niños jugaban y se refrescaban en los días de calor, fue entubado para lavar oro.
Una clasificadora está bajo plásticos en una especie de piscina. En este punto, cuenta Unkuch, se extrajeron cinco quintales de oro. Ya casi no queda nada, pero de vez en cuando, los propietarios del terreno vuelven a buscar los remanentes.
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El río Santiago nace en los Andes y atraviesa el cantón Tiwintza, en la provincia de Morona Santiago, en el sureste del país. Baña las tierras ancestrales del Pueblo Shuar Arutam (PSHA), en Ecuador, y también las del Pueblo Wampís, en Perú. El PSHA es una zona de interés minero. El 55 % del territorio está concesionado a la industria dedicada a la extracción de metales como oro, plata y cobre, de acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation y la Fundación Ecociencia.
En el reporte 170, el MAAP identificó que la expansión de la superficie minera empezó en 2017 y hubo “un notable pico” en 2020. Entre junio de 2020 y octubre de 2022, el MAAP registró 61 y 73 hectáreas afectadas por la minería en las comunidades Tsuis y Kusumas, respectivamente, dos de estas hectáreas pertenecen a las 64 que conforman el PSHA. En total, la minería irregular arrasó con 134 hectáreas en ese periodo.
Patricio Llivisaca, teniente político de Tiwintza, relata que las actividades ilegales se identificaron en 2019. “Cuando empezó el COVID-19, con la pandemia, la gente se dedicó bastante a la minería ilegal”, añade. Unkuch cuenta que mineros de Cuenca y Machala, dos ciudades históricamente mineras, llegaron con maquinarias para proponer a los dueños de las zonas de riberas la extracción de oro. “El propietario hace entrar y no queda en nada”, dice en referencia a que en varios casos no administraron bien sus ganancias.
“La minería ilegal está bajando bastante porque en la ribera del Santiago no hay vetas, según los estudios no hay yacimientos, hay material que viene arrastrado con las corrientes desde las vetas que hay en el sector del Zamora”, explica Llivisaca. Sin embargo, la actividad no ha parado. En estos años, los shuar han atestiguado la destrucción paulatina del paisaje y la contaminación de un río que consideran sagrado, al tiempo que enfrentan impactos al ambiente y a la salud de los que nadie les ha alertado.
Un impacto devastador
“El impacto ambiental que las mineras están dejando en el margen izquierdo y derecho del río es devastador”, dice Llivisaca. Cuenta que dos meses antes de la entrevista, se realizó un recorrido en helicóptero junto al Batallón de Selva 61 Santiago. Desde el aire se observó que en algunos puntos la minería ha entrado 800 metros desde la ribera hacia los bosques y las fincas. Al deforestar en busca de oro, en la superficie quedan piedras sobre las que ya no se puede sembrar ni reforestar. Asimismo, al remover el lecho del río y apilar las piedras en montículos, el río toma nuevos cauces.
Los mineros también crean piscinas en las que separan el oro con la ayuda de metales pesados como el mercurio. Con las crecidas del Santiago, las aguas tóxicas son reemplazadas por el agua del río. Una vez que los mineros han abandonado el lugar, los niños de las comunidades nadan y juegan en estas novedosas piscinas. “Los hijos pueden ahogarse”, alerta Elvia Martínez, lideresa shuar de la comunidad Sharian.
Un geógrafo de la fundación Ecociencia que elaboró el reporte antes citado explica que, aunque aparentemente el agua ya no contiene los elementos contaminantes, los metales pesados pueden depositarse en el fondo de las piscinas, constituyendo un “grave riesgo para la salud”. Además, Llivisaca dice que se ha observado que algunas fosas se convierten en criaderos de larvas de zancudos. “Hay un brote de dengue en el cantón generado por los zancudos”, asegura.
Bajo el agua, la biodiversidad también sufre consecuencias. Fernando Anaguano, ictiólogo de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador, explica que cuando los mineros remueven los sedimentos alteran la composición físico-química del agua. En esas condiciones, “los huevos de ciertas especies no pueden eclosionar o mueren, por lo que hay disminuciones de las poblaciones de peces”, dice. Las especies migratorias, como los grandes bagres, son las más afectadas.
“Hace una década [en Kaputna] capturaban en gran cantidad bagres y peces de escamas grandes, eso en la actualidad no existe”, dice el ictiólogo. En esta comunidad, también parte del PSHA, WCS implementa el proyecto de ciencia ciudadana Ictio, que tiene como objetivo que pescadores registren las especies capturadas en la cuenca amazónica.
Como parte de esta iniciativa, en septiembre de 2024 se publicó el artículo Peces del Centro Shuar Kaputna, cuenca baja del río Santiago, Amazonía sur de Ecuador, en el que se reconoce que esta es una de las cuencas menos estudiadas en Ecuador, pero más amenazadas por las actividades humanas. “Probablemente haya especies nuevas que deben ser descritas”, se lee en el artículo. Estas especies, todavía desconocidas para la ciencia, estarían en riesgo.
Si bien no hay estudios del impacto de la minería ilegal en el Santiago, sí hay un análisis de los ríos en la zona de influencia de la mina a gran escala Cóndor Mirador. El Monitoreo Comunitario-Participativo de la Calidad de los Ríos Quimi, Wawayme y Tundayme encontró que el agua de estos tributarios del Santiago “no es apta para el desarrollo de la vida acuática”. Este monitoreo fue realizado por el proyecto de defensa de los derechos humanos Alianza de oro.
Los shuar saben que el río está contaminado por las empresas mineras y por la minería ilegal, por lo que ya no pescan en sus aguas, de acuerdo con Aldo Unkuch. Prefieren hacerlo en los tributarios. “Pero los hermanos del sur [se refiere a los wampís] sí consumen ese pescado y cuando vienen al mercado, compramos y consumimos”, cuenta.
Mongabay Latam solicitó información al Ministerio de Ambiente sobre los impactos ambientales y sobre las medidas para detener la minería ilegal, pero no recibió respuesta. “No nos han dado socialización de lo que puede quedar afectado por esta minería”, de acuerdo con Elvia Martínez.
Las guardias y el monitoreo son indispensables
La minería ilegal ha ocasionado conflictos al interior de las comunidades. La lideresa shuar explica que los dueños de las maquinarias hacen negocios con los dueños de las playas y riberas. “A veces no hay información en las comunidades y hay desacuerdos”, dice. La discordia es, explica, entre los miembros de las comunidades que tienen opiniones opuestas sobre esta actividad y también entre los propietarios de los terrenos y los mineros, cuando no se cumple lo pactado.
En 2019, Unkuch vio cómo en su comunidad entraron dos maquinarias para extraer oro. “El socio decía ‘esto es mío, no es de la comunidad, voy a trabajar’”, recuerda el ex síndico de Tsuis. El propietario habría administrado pobremente las ganancias. “No supieron que mañana van a necesitar comer, salud, vestimenta, educación. Nadie se acordó”, dice Unkuch.
La implicación de los socios de las comunidades, a veces de los líderes, con esta actividad ha dificultado la realización de operativos. Martínez cuenta que los propietarios de los terrenos minados advierten de los operativos a los mineros o impiden que miembros de la Agencia de Regulación y Control Minero y de las Fuerzas Armadas entren a las comunidades. “En una ocasión, no pudieron hacer nada porque podía haber un enfrentamiento, entonces trataron de evitarlo”, relata.
En algunas comunidades, la situación es diferente. Llivisaca cuenta que la guardia comunitaria de la Asociación Santiak, una de las seis que conforman el PSHA, tiene una canoa a motor “indispensable para captar los pasos del tráfico de combustible que va a la minería ilegal y a Perú”. Además, de acuerdo con el teniente político, la Policía Nacional y la Gobernación ya habrían identificado a los responsables de este delito y están realizando allanamientos en los que ya se ha recuperado “una gran cantidad de combustible”.
La organización social y las guardias comunitarias también han evitado el ingreso de grupos de delincuencia organizada a Tiwintza, algo que se ha vuelto común en otras zonas del país afectadas por la minería ilegal. “Los síndicos han denunciado en dos comunidades que personas que se presentan como parte de los grupos de delincuencia organizada vienen a extorsionar, pero tenemos la seguridad ciudadana de las comunidades”, afirma.
Como medida de seguridad, en algunas comunidades no se permite el ingreso de personas que no se hayan identificado o que sean desconocidas, de acuerdo con Llivisaca.
El PSHA, junto a la Fundación Ecociencia, está monitoreando el territorio con el objetivo de obtener datos que muestren los impactos de la minería ilegal para que, de esta manera, los síndicos tomen decisiones para controlar esta actividad. Esperaban tener los primeros resultados a finales de 2024.
Foto principal: Una excavadora remueve la ribera del Santiago en búsqueda de oro. Foto: Armando Lara
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