- Tras la investigación de Mongabay Latam y Data Crítica, Pemex y autoridades han evitado responder a inquietudes por el subregistro del 60 % de los derrames petroleros en el Golfo de México en los últimos seis años.
- La Comisión de Medio Ambiente en el Senado se deslinda de iniciativas que busquen transparentar información sobre derrames petroleros.
- Legisladores de oposición evitan llamar a comparecer a funcionarios en el tema, pero la legisladora Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que no descartan citar a funcionarios.
- Solo en 2020, la agencia encargada de la regulación y protección ambiental en hidrocarburos reservó el 70 % de las solicitudes de información.
Tras la publicación de la investigación de Mongabay Latam y Data Crítica sobre los subregistros de derrames de petróleo en el mar, basada en imágenes satelitales recabadas por científicos y evidencia recopilada por comunidades pesqueras, la legisladora de oposición Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo ante la consulta de este medio que el trabajo periodístico confirma lo que organizaciones y comunidades han denunciado por años: “Existe un subregistro sistemático que impide conocer el impacto real de la contaminación por hidrocarburos en nuestros mares”.
La también secretaria general del PRI sostuvo que la falta de información sobre los derrames petroleros ha derivado en nulas medidas de prevención y en impunidad al momento de sancionar a las responsables.
Una de las revelaciones de la investigación periodística es que de los 86 derrames oficialmente registrados, desde 2018 a la fecha, se han iniciado solamente 48 procesos sancionatorios contra empresas que extraen petróleo. Además, dio a conocer que solo en 21 procesos se estableció como sanción una multa y que solo ocho de ellas han sido pagadas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
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En este sentido, Viggiano reconoció que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de corregir “fallas estructurales” que permiten la impunidad de los derrames petroleros y no descartó la posibilidad de hacer una solicitud para que comparezcan secretarios y funcionarios a brindar información y documentación sobre los derrames petroleros.
“Dado el nivel de opacidad y subregistro documentado, la comparecencia de funcionarios clave es indispensable para esclarecer el estado real de los derrames petroleros en México”, dijo.
Entre las posibles soluciones, la senadora se refirió a la necesidad de modificar la leyes para que las empresas petroleras informen obligatoriamente cualquier incidente ambiental y que esta información sea pública. También, fortalecer la “fiscalización independiente” y que se incorporen otras fuentes válidas de información en un registro público.
En ese sentido, destacó una iniciativa presentada el pasado 19 de febrero para declarar la emergencia climática dentro de la Ley de Seguridad Nacional.
“Al incluir la emergencia climática en la Ley de Seguridad Nacional, estamos estableciendo que este tipo de desastres deben ser prioridad para el Estado”, afirmó. Así, agregó, “permite movilizar recursos extraordinarios sin esperar largos procesos administrativos”. “Esto significa más presupuesto para atender los daños, mayor coordinación entre instituciones y la capacidad real de remediar los impactos ambientales”, argumentó.
Sin embargo, la iniciativa no detalla cómo los derrames petroleros en el mar, áreas naturales o comunidades vayan a considerarse en la legislación. La propuesta únicamente señala que los eventos climáticos extremos, como huracanes, sequías e inundaciones serán considerados una “amenaza a la seguridad nacional”.
Autoridades, sin respuestas
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado descartó trabajar en iniciativas o mecanismos que busquen incorporar fuentes independientes en el monitoreo de derrames petroleros en México, ante el subregistro dado a conocer por la investigación de Mongabay Latam y Data Crítica.
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) —principal aliado del partido en el poder—, sostuvo que las dependencias relacionadas son las responsables de ajustar regulaciones al sector petrolero, en referencia a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).
“La Ley que regula ese tema es la Ley de Hidrocarburos y establece que serán estas dependencias las que regulen de manera específica el tema de derrames de petróleo”, respondió la senadora a través de su equipo a una solicitud de información, deslindándose de la problemática.
La agencia ambiental no rinde cuentas y protege a las empresas
A 10 años de su creación, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) –encargada de regular y supervisar la industria de hidrocarburos en México– opera con un presupuesto cada vez más bajo, sin transparentar información sobre vigilancia, monitoreo y sanciones por derrames petroleros.
La ASEA está encargada de regular y vigilar el proceso de la producción de millones de barriles de petróleo al día, así como de gas natural, la perforación de pozos terrestres, plataformas marinas, gasolineras, ductos, refinerías, terminales de almacenamiento y distribución, entre otras instalaciones.
Sin embargo, cada año cuenta con menos recursos para sus tareas de inspección y vigilancia. A partir de 2018, cuando llegó a recibir más de 30 millones de dólares, su presupuesto ha disminuido.
En el primer año del presidente López Obrador, la ASEA tuvo un recorte del 38 % respecto a 2018 y siguió disminuyendo hasta 2024, último año de su mandato, donde apenas tuvo un incremento del 1.65 %, con un monto de aproximadamente 17 millones de dólares.
Para este año, la Agencia recibió poco más de 15 millones de dólares de presupuesto, un 12 % menos que hace un año y 62 % menos que en 2018, de acuerdo con datos de los Presupuestos de Egresos de la Federación de cada año.
La Agencia no ha generado una base de datos o información pública que documente y dé seguimiento a los accidentes del sector hidrocarburos, así como sanciones a responsables por delitos ambientales.
El análisis hecho por Mongabay Latam y Data Crítica muestra que en los últimos seis años y medio, especialistas identificaron manchas de crudo en 74 meses, pero en 44 de ellos (60 %) no existen derrames reportados oficialmente.
Resoluciones de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han señalado las fallas de la agencia en la protección ambiental y la rendición de cuentas.
Especialistas coinciden en que la ASEA es una entidad limitada que ha funcionado más como una figura de protección para Pemex –empresa paraestatal en México– que como una agencia de protección ambiental.
“No previenen derrames, no hacen una remediación y casi todos los sujetos sancionados solo son gasolineras. Funciona más como una figura de protección a Pemex y al sector, no de la ciudadanía ni del medio ambiente”, dice Carla Flores Lot, investigadora de CartoCrítica, una organización que promueve el acceso público a información socioambiental georreferenciada.
Aunque la Agencia es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la especialista señala que no tiene suficiente fortaleza para cumplir con sus responsabilidades frente a Pemex.
Consultada desde 2024 y nuevamente en febrero de este año al respecto, la ASEA sostuvo que sus áreas están recopilando información y plantean responder en los “tiempos estipulados por transparencia”.
Mongabay Latam también consultó a Pemex sobre el subregistro oficial de derrames, sin que hasta el cierre de esta nota haya habido alguna respuesta.
Derrames en opacidad
En 2020, organizaciones civiles trabajaron con autoridades un Índice de Transparencia de los Recursos Naturales (ITRN), con el objetivo de evaluar la transparencia en la gestión para los sectores de agua, bosque y pesca. Esta evaluación arrojó que la ASEA no informó más del 70 % de la información que se le solicitó, de acuerdo con la investigadora que participó en las mesas de colaboración.
“Desde que se creó la ASEA, toda la información ambiental del sector hidrocarburo se clasifica como reservada o simplemente no está disponible, ahí hay una regresión en la rendición de cuentas”, señala Flores Lot.
Flores también sostiene que la agencia ha cometido una regresión al clasificar las coordenadas geográficas de instalaciones con registro de accidentes o que han provocado derrames, argumentando riesgos a la seguridad nacional.
“Solo se refieren a proteger las instalaciones de posibles actos criminales. Nosotros hemos cuestionado que la seguridad nacional también debe de corresponder (al estado) de las instalaciones, si son seguras, salubres, riesgosas para una comunidad porque las instalaciones no operan de forma ideal”, argumenta la investigadora. Nos parece que los posibles actos criminales no ocupan todo el concepto”, agrega.
Apenas el pasado 5 de febrero, el INAI –institución que está por desaparecer tras una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria Claudia Sheinbaum– ordenó a la ASEA entregar información solicitada por un ciudadano sobre fugas o derrames de tomas clandestinas de hidrocarburos ocurridas entre 1993 y septiembre de 2024.
Aunque el organismo mantuvo clasificadas las coordenadas, ordenó a la agencia dar información sobre la duración, extensión y causa de los derrames, así como de las investigaciones y posibles detenciones por los casos.
Vigilancia a medias
Para Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, la reducción de recursos explica en buena medida la desatención de la ASEA en la vigilancia de los derrames y accidentes con hidrocarburos.
“No se le han dotado de los recursos necesarios para cumplir con su función, eso dificulta mucho que la ASEA pueda hacer inspecciones y el trabajo que implica estar en territorio, donde se presentan los derrames, fugas y explosiones”, sostiene.
Sin embargo, la activista también señala que “no ha existido la suficiente voluntad o capacidad” de la Agencia para hacer un monitoreo actualizado de los incidentes.
“Para nosotros muchas veces la forma de hacer este seguimiento ha sido a través de notas de prensa y de lo que nos comenta la gente en territorio. Nosotros somos quienes le hemos informado a la ASEA de incidentes. No hay suficiente capacidad para estar documentando y atendiendo y esto contribuye muchísimo al subregistro”, dice Jimenez a Mongabay Latam.
La investigadora Flores Lot señala que no hay evidencia de los mecanismos de reparación de la Agencia porque atiende parcialmente los casos que logra detectar. “La ASEA opera de forma reactiva, pues acude cuando ya hubo un derrame, si es que lo registra”, sostiene.
Esto coincide con una revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que señaló irregularidades en el actuar de la ASEA al haber concedido permisos y licencias a proyectos sin garantizar que cumplieran con las medidas de protección al medio ambiente.
En esta auditoría, ya se advertía que la agencia “actúa con un enfoque correctivo-reactivo” y con mecanismos que no garantizan una correcta aplicación de las sanciones, lo que generaba espacio para hechos de corrupción.
Denuncias ciudadanas de derrames, un hoyo negro
La Agencia únicamente considera como fuente legítima de información la que proporcionan las empresas del sector y aunque tiene la herramienta de Denuncia Popular, no hay registro de que éstas sean consideradas para un conteo oficial.
Para la activista Alejandra Jiménez esta herramienta ha representado un obstáculo para pescadores y comunidades que constantemente se ven afectadas por los derrames.
“Es el mecanismo al que hemos acudido en algunas ocasiones, pero realmente no es sencillo porque de entrada hay que hacerla vía internet, lo cual no es sencillo para los pescadores. Además, debes enviar un escrito físico a las oficinas de ASEA y eso es un obstáculo para que el pescador realmente denuncie”, comenta.
Las denuncias hechas con esta herramienta no permiten que se realicen de forma anónima, por lo que ambientalistas e integrantes de comunidades se arriesgan a dar información personal a las empresas que están denunciando.
“Sí hay un nivel de riesgo para quien denuncia de sufrir represalia. En los casos que nosotros conocemos que la ciudadanía ha puesto denuncias hay una respuesta muy lenta por parte de ASEA, incluso tenemos conocimiento de algunas de las que no hubo respuesta”, comenta Jiménez.
En este sentido, la investigadora Flores Lot destaca las limitaciones que tiene la Agencia, pues depende de la honestidad del reporte que haga la empresa responsable, lo que deriva en pocas sanciones, en comparación con los derrames documentados.
“Logramos que la ASEA publicara listados de acciones e inspección y vigilancia, de 2020 a 2023 y en todas en las que aparece Pemex no hay ninguna sanción, ahí hay un conflicto de interés”, denuncia la investigadora.
Jiménez coincide en que hay una conducta del organismo de cuidar a Pemex, ante las negligencias que llega a tener la paraestatal en sus propias instalaciones. “En la anterior administración y aún en la actual hay una sobreprotección a Pemex, que es principal responsable de la mayoría de los incidentes de derrames y fugas que hay relacionados a la industria, pero hay una protección que va más allá de la misma ASEA”, considera la ambientalista.
Imagen principal: Autoridades del sector hidrocarburos no ha generado información pública que documente y dé seguimiento a los derrames petroleros en el Golfo de México, así como sanciones a responsables. Foto: Gobierno de México
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