- En esta sección, Killeen disecciona el impacto del crimen organizado entre las altas esferas del poder, la empresa privada y los partidos políticos en Brasil, Perú y Ecuador, donde el caso Lava Jato hizo temblar a los gobiernos.
- Si bien se logró arrestar a 292 personas y condenar a 278 culpables por los delitos de fraude, soborno y blanqueo de dinero, las pérdidas fueron millonarias tanto para la empresa pública Petrobras como para las 13 compañías involucradas en el esquema delictivo.
- Además de la investigación llevada a cabo en Estados Unidos, debido a que las acciones de Petrobas cotizaban en la Bolsa de Valores de NY, en Perú y en Ecuador se reveló cómo las inversiones en infraestructura de Odebrecht no fueron evaluadas y sus impactos medioambientales y sociales persisten hasta hoy.
El mayor y más infame escándalo de corrupción de la última década comenzó con una investigación penal sobre las operaciones de la mayor corporación de Brasil: Petrobras. El escándalo recibió su nombre porque los organizadores del esquema de sobornos, coimas y lavado de dinero utilizaban una empresa de servicios financieros en Brasilia, situada junto a una estación de servicio y un lavadero de autos, conocido como Lava Jato.
La investigación comenzó en 2009 con una denuncia aparentemente menor presentada ante la oficina del Fiscal Federal en Curitiba (Paraná) por un empresario preocupado de que alguien estuviera utilizando su empresa para lavar dinero. Los fiscales siguieron esta pista y descubrieron que operadores políticos afiliados al gobierno estaban canalizando contribuciones ilegales a campañas electorales de empresas que hacían negocios con Petrobras, a cambio de un trato favorable en contratos de construcción y adquisición de bienes y servicios.
El escándalo estalló en la escena nacional en 2014, cuando un equipo de fiscales federales altamente motivados llevó a cabo una investigación agresiva bajo la supervisión del juez Sergio Moro, experto en casos de corrupción pública. A diferencia de la mayoría de los escándalos de corrupción, que suelen derivar en investigaciones prolongadas y resultados legales intrascendentes, este caso desencadenó una avalancha de información que desestabilizó a los gobiernos de Brasil, Perú y Ecuador.
Las primeras acusaciones se centraron en la construcción de una refinería de petróleo en Pernambuco, pero la investigación pronto reveló que el esquema se extendía a otros proyectos y a todas las grandes empresas constructoras de Brasil. Como era de esperarse, los destinatarios de los sobornos eran funcionarios gubernamentales de alto nivel, como también aliados y opositores de las coaliciones gobernantes del presidente Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff.
Las pruebas obtenidas a partir de acuerdos de culpabilidad negociados por los fiscales fueron inéditas. Dado que las acciones de Petrobras se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, las acusaciones provocaron investigaciones por parte de las autoridades regulatorias y judiciales de Estados Unidos. Finalmente, el testimonio jurado de ejecutivos de empresas que colaboraron a cambio de indulgencia obligó al Supremo Tribunal Federal (STF) a acelerar el procesamiento de influyentes cargos electos, incluidos gobernadores, miembros del Congreso y, finalmente, un presidente en ejercicio: Michel Temer.
La investigación penal demostró cómo los sobornos direccionaban y tergiversaban las decisiones de inversión de los funcionarios públicos. Según se informó, las empresas pagaban entre el 1 % y el 3 % del valor bruto de un contrato en cientos, quizás miles, de proyectos de construcción con precios inflados. Los sobornos se blanqueaban a través de cuentas bancarias nacionales y extranjeras, lo que permitía a las empresas camuflarlos como honorarios pagados a firmas jurídicas y empresas de consultoría, o como la adquisición de bienes y servicios a precios excesivos.
Los directivos de Petrobras se beneficiaban a cambio de su disposición a manipular los términos de los procesos de licitación pública para favorecer a ciertas empresas, mientras estas deliberaban cómo repartir los lucrativos contratos. Los políticos eran recompensados por sus votos en el Congreso, y los altos funcionarios de ministerios estatales y agencias reguladoras, por su lealtad partidaria.
El grupo de trabajo finalmente arrestó a 292 personas, de las cuales 278 se declararon culpables o fueron condenadas por delitos que incluían fraude, soborno y blanqueo de dinero. Destacadas personalidades de 5 de los partidos políticos más importantes del país fueron condenadas en tribunales, mientras que miembros de otros 13 partidos fueron acusados de actividades ilegales y representantes de otros quince partidos fueron investigados por comportamientos cuestionables.
El costo para Petrobras se reflejó en su balance de 2014, cuando registró una depreciación de 2.000 millones de dólares para compensar los sobornos pagados a las empresas que participaron en el esquema de manipulación de licitaciones.
La investigación en Estados Unidos condujo, en 2018, a un acuerdo en el que Petrobras aceptó pagar multas impuestas por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por un total de 853 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 80 % fue devuelto al Estado brasileño. Poco después, la empresa resolvió una demanda civil colectiva presentada en nombre de los inversores, con un pago adicional de 2.600 millones de dólares.
Una investigación penal llevada a cabo por el Departamento de Justicia en Manhattan condujo al arresto y condena del director ejecutivo de Odebrecht, la mayor empresa de construcción de Brasil y, en ese momento, la segunda mayor empresa privada del país.
En el centro del escándalo existía un acuerdo secreto entre 13 empresas constructoras, conocidas como el Cartel de Empreiteiros, que pactaron no competir en los contratos individuales de Petrobras. La conspiración para defraudar al gobierno fue mucho más allá de las transacciones comerciales del cartel con Petrobras y contaminó el Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), un plan nacional diseñado para mejorar la infraestructura básica y estimular la economía a través de proyectos de obras públicas.
Entre 2007 y 2015, el programa asignó aproximadamente 2,1 billones de Reales (aproximadamente 500 mil millones de dólares) a proyectos en todo el país. Suponiendo que se siguiera la práctica habitual de pagar sobornos de entre el 1 % y el 3 % del valor de los contratos, los montos desviados podrían haber alcanzado entre 5.000 y 15.000 millones de dólares. Sin embargo, si estas prácticas dieron lugar a una sobrefacturación, el costo total probablemente superó los 50.000 millones de dólares.
Los efectos del escándalo Lava Jato aún repercuten en la economía brasileña. Además del desperdicio de recursos gubernamentales en gastos improductivos, el escándalo también retrasó inversiones estratégicas en sectores clave. Según un estudio de un instituto de políticas públicas vinculado a los sindicatos, Lava Jato redujo la inversión, lo que resultó en la pérdida neta de 4,4 millones de empleos y una disminución de 172.000 millones de Reales (aproximadamente 34.000 millones de dólares) en inversiones en producción de energía y construcción.
Un activista medioambiental quizá no lamente la cancelación de este tipo de inversiones, pero la Fundación Getulio Vargas estimó que el PIB nacional se redujo en un 3,5 % anual entre 2014 y 2017, lo que equivale a pérdidas de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares al año. Sin embargo, se trata de una estimación conservadora, pues las pérdidas se acumulan con el tiempo y causan daños permanentes a la sociedad brasileña.
Podría decirse que el escándalo de Lava Jato y la desilusión con la élite política allanaron el camino para la elección de Jair Bolsonaro, cuyas políticas pusieron en riesgo las instituciones democráticas y provocaron un retroceso en las regulaciones medioambientales fundamentales para la conservación de la Amazonia y el bienestar de las comunidades indígenas.
Posteriormente, Bolsonaro fue derrotado por un estrecho margen en las elecciones de 2022 por Lula da Silva. Aún así, Lula ahora enfrenta el desafío de gobernar un país donde una parte significativa de la población lo percibe como un político corrupto, cuya libertad se debe a una controvertida decisión de la Corte Suprema.
Lava Jato en la Amazonía Legal
El escándalo ha impactado a la Panamazonía de múltiples maneras, especialmente a través de la construcción de diversos proyectos de infraestructura ejecutados por el PAC y financiados por la SUDAM.
Muchas de estas inversiones fueron controversiales debido a que sus impactos medioambientales y sociales no fueron evaluados con la debida diligencia. Además, el proceso de toma de decisiones estuvo marcado por conflictos de interés, entre ellos:
- Sistema de Gasoductos Urucu – Coari – Manaus: Un consorcio de construcción integrado por las empresas Camargo Corrêa, OAS y Andrade Gutiérrez admitió haber pagado sobornos por un total de 15 millones de Reales en contratos cuyo valor ascendía a aproximadamente 1.500 millones de Reales. Sin embargo, el fraude podría haber sido aún mayor, ya que en 2007 un ingeniero petrolero de Petrobras, hoy fallecido, denunció que las sobrefacturaciones equivalían al 50 % del presupuesto total de 2.500 millones de Reales. Para 2014, dicho presupuesto había aumentado a más de 4.500 millones de Reales.
- Complejo hidroeléctrico de Madeira: Estas dos represas fueron construidas y operadas por consorcios distintos. Energia San Antonio fue construida principalmente por Odebrecht, que admitió haber pagado sobornos a políticos que respaldaron el proyecto. Por otro lado, Energía Sustentável do Brasil, construida por la empresa francesa Tractebel, no estuvo directamente implicada en el escándalo Lava Jato. No obstante, el valor del contrato fue cuestionado tras revelarse que Tractebel había realizado donaciones por aproximadamente 1,8 millones de reales a la campaña de reelección de Dilma Rousseff en 2014.
- Central hidroeléctrica de Belo Monte (río Xingu): Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y Odebrecht se declararon culpables de haber pagado sobornos por 150 millones de reales en un contrato valorado en 2.600 millones de reales. Los pagos fueron canalizados a los senadores Renan Calheiros (PMDB), Edison Lobão (PMDB), Valdir Raupp (PMDB), Romero Jucá (PMDB), Jader Barbalho (PMDB) y Delcídio do Amaral (PT). Sin embargo, en 2023, los cargos contra los acusados fueron desestimados tras un fallo del Tribunal Supremo Federal, el cual determinó que los fiscales habían incurrido en irregularidades durante la fase de investigación.
- Carreteras amazónicas
- La pavimentación de la carretera Cuiabá – Santarém (BR-163) tuvo un costo aproximado de 2.000 millones de reales (400 millones de dólares).
- La mejora en curso de la Transamazónica (BR-230) se asignaron 1.300 millones de reales (260 millones de dólares).
- La carretera BR-364, en Acre, recibió una inversión de 1.100 millones de reales (230 millones de dólares).
- La pavimentación en curso de la carretera BR-319, entre Humaitá y Manaus, contó con un presupuesto de aproximadamente 466 millones de reales (95 millones de dólares).
Lava Jato en la Amazonía Andina
Las inversiones en infraestructura en Brasil coincidieron con un auge similar de la construcción en Perú, financiado por bancos multilaterales de inversión a través de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) (véase el capítulo 2). Estas inversiones en infraestructura básica fueron ejecutadas por cinco miembros del cartel brasileño (Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, OAS y Queiroz Galvão) y la mayor empresa constructora peruana, Graña & Montero.
Odebrecht fue la compañía más activa y participó en varios proyectos de alto perfil, no solo como contratista, sino también como inversionista y concesionario. Estas inversiones se realizaron bajo el modelo de asociación público-privada promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el socio corporativo obtiene financiamiento para la construcción a cambio de contratos de gestión a largo plazo. Las empresas cumplieron con sus obligaciones de inversión a través de préstamos; sin embargo, debido a una particularidad de los mercados internacionales de bonos, estos títulos fueron clasificados como deuda soberana.
Los sobrecostos afectaron todos los proyectos y sólo uno fue cancelado, lo que ha generado miles de millones de dólares en deuda para el Estado peruano. El gobierno estima que Odebrecht cobró en exceso al menos 283 millones de dólares en contratos entre 1998 y 2015; sin embargo, fuentes independientes sitúan esa cifra en aproximadamente 1.300 millones de dólares, equivalentes a cerca del 9 % de la deuda total asociada a los proyectos, que asciende a 17.000 millones de dólares.
El escándalo ha puesto en entredicho múltiples contratos firmados durante varias décadas, incluyendo proyectos de infraestructura clave en la Amazonía peruana, entre ellos:
- Corredor Interoceánico Sur: construido entre 2005 y 2008, con un costo final que duplicó el presupuesto inicial de 1.200 millones de dólares. Esta obra, patrocinada por IIRSA, fue financiada por el BID, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y Odebrecht, que recibió la concesión operativa por 25 años.
- Corredor Interoceánico Norte: Construido entre 2005 y 2013, con un costo de 1.200 millones de dólares, este proyecto de la IIRSA fue financiado por el BID, la CAF y Odebrecht, a la que se le otorgó una concesión operativa por 25 años.
Ambos contratos fueron adjudicados durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien ha sido acusado de aceptar un soborno de 20 millones de dólares. Odebrecht (hoy Novonor) sigue operando ambas concesiones: una rentable (Norte) y otra no (Sur).
- Central Hidroeléctrica Chagalla: esta central hidroeléctrica, ubicada en el río Alto Huallaga, fue construida entre 2010 y 2016 con una inversión total de 1.200 millones de dólares. El proyecto, aprobado durante el gobierno de Alan García, fue financiado por el BID y el BNDES. En 2017, Odebrecht vendió su participación a una empresa china por 1.300 millones de dólares, presumiblemente para reducir su deuda y prepararse para su reorganización bajo las leyes de quiebra de Brasil.
- Gasoducto Sur Peruano: este proyecto, valuado en 7.400 millones de dólares, tenía como objetivo integrar el sur de Perú y el norte de Chile con los yacimientos de gas de Camisea. La concesión fue otorgada en 2015 a un consorcio conformado por Odebrecht, Graña & Montero y la empresa energética española Enagás.
Odebrecht se declaró culpable de haber pagado un soborno de 5 millones de dólares a un ejecutivo de Petroperú y, presuntamente, al entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016). Las acusaciones de corrupción llevaron al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a cancelar el proyecto en 2017. En una jugada audaz, Odebrecht (ahora Novonor) demandó al Estado peruano en 2020 por incumplimiento de contrato y exigió una indemnización de 1.200 millones de dólares.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a al menos dos y posiblemente cuatro de los últimos presidentes de Perú. En 2018, Alejandro Toledo fue acusado de extorsión y soborno, seguido de cargos similares contra Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Además, Odebrecht realizó contribuciones a la principal candidata de la oposición, Keiko Fujimori, quien actualmente enfrenta un juicio por lavado de dinero y otros delitos.
Ecuador rescindió todos los contratos gubernamentales con Odebrecht en 2008 tras una disputa por sobrefacturación en la Central Hidroeléctrica de San Francisco. Sin embargo, la empresa negoció su regreso en 2010, sobornando al vicepresidente con 33,5 millones de dólares, una suma oculta en su oferta de contrato para construir una refinería para Petroecuador. El pago, revelado en un tribunal estadounidense, fue el antecedente de otros 150 millones de dólares en cargos fraudulentos entre 2011 y 2015, vinculados a cinco megaproyectos originalmente contratados por 1.400 millones de dólares. Estos y otros sobornos salieron a la luz en 2017 con el llamado Escándalo de Sobornos, lo que llevó al encarcelamiento del jefe de operaciones de Odebrecht y del ex vicepresidente Jorge Glas, quien había solicitado el soborno. El pago fue aprobado con el conocimiento y consentimiento del entonces presidente Rafael Correa, quien fue condenado en ausencia y actualmente vive exiliado en Bélgica.
Las empresas constructoras brasileñas comenzaron a operar en Bolivia en 1987, cuando el país salía de un período de inestabilidad económica en el que las agencias multilaterales concedían préstamos de asistencia especial para proyectos de infraestructura. La empresa brasileña Andrade Gutiérrez obtuvo varios contratos que, aunque nunca fueron objeto de una investigación seria, se informó que habían sido adjudicados mediante un proceso de licitación defectuoso y poco transparente. La empresa Odebrecht, por su parte, solo adjudicó un pequeño proyecto en Bolivia y no estuvo implicada en el caso penal iniciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No obstante, las declaraciones de acusados en Perú y de OAS en Brasil han aludido a pagos realizados a funcionarios bolivianos.
El proyecto más polémico fue adjudicado a OAS, que presentó una oferta no impugnada de 400 millones de dólares para construir una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Este proyecto, que iba a ser financiado por el BNDES, quedó en suspenso cuando los habitantes indígenas del TIPNIS votaron en contra de su ejecución (véase el capítulo 11). Sin embargo, el gobierno ha insistido en seguir adelante con la construcción y ha trabajado para revertir la decisión de las comunidades del TIPNIS.
Imagen destacada: Cuando Perú aprobó la expansión minera y las nuevas represas, los campesinos de los Andes y la Amazonía se unieron para mantener al gobierno y a los ingenieros de Odebrecht fuera de la tierra y lejos del río. Imagen de Golda Fuentes
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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