- El asesinato del defensor ambiental obligó a las autoridades de Honduras a atender las denuncias de daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras
- Las comunidades afectadas por el megaproyecto minero en Tocoa han sido testigos de los asesinatos y el desplazamiento forzado de defensores.
- Actualmente hay tres presuntos autores materiales detenidos por el asesinato del defensor. Sin embargo hay 13 personas señaladas por delitos ambientales y de abuso de autoridad relacionadas con denuncias hechas por López desde 2021.
- Pese a que desde el año 2024 entró en vigor un decreto que protege al parque nacional, comunidades y defensores sostienen que la minera sigue operando.
La defensa ambiental de Juan Antonio López, asesinado por sicarios a la salida de una iglesia en Honduras, en septiembre de 2024, ha sobrevivido a su homicidio. López estaba concentrado en la protección de los ríos Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos del megaproyecto minero Los Pinares-Ecotek.
El defensor ambiental, quien también era coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), encabezó denuncias y protestas contra el proyecto minero que fueron ignoradas durante años.
El abogado Edy Tábora, quien acompañó legalmente a López y a las comunidades involucradas, sostiene que su asesinato fue el hecho que finalmente obligó a las autoridades hondureñas a atender los impactos ambientales e irregularidades supuestamente cometidos por la empresa Emco Holdings, propietaria del proyecto.
El Ministerio Público de Honduras aseguró a Mongabay Latam que sí se investigaron las denuncias interpuestas por López, pero que algunas concluyeron después de su asesinato.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Honduras (FEMA) asegura que se investiga a personas relacionadas con las inversiones y con la empresa encargada del megaproyecto por su presunta presunta responsabilidad en daños ambientales del parque.
“Se ha venido investigando desde hace bastante tiempo. Es un tema polémico en la zona, pero había equipos de fiscales que investigaron en su momento las denuncias”, aseguró la vocería.
Mongabay Latam se comunicó con la compañía a través de sus canales institucionales para conocer su posición sobre las denuncias en su contra pero hasta el cierre de esta nota no tuvo respuesta.
Tábora cuenta que una de las denuncias que ha logrado avanzar es por los supuestos delitos de explotación ilegal de recursos naturales, abuso de autoridad y usurpación de funciones contra 13 personas, entre ellas, trabajadores de la empresa y funcionarios públicos.
“Una de las labores principales que hizo Juan en la exigencia de justicia era que presentaran esta acusación, y el Ministerio Público de Honduras la presentó después del asesinato de Juan que tenía la solicitud desde agosto de 2023”, cuenta el abogado.
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En octubre pasado, cuando el asesinato de López no tenía ni un mes, la fiscalía presentó requerimientos fiscales, una herramienta legal que permite obtener mayores datos de una investigación, contra los tres hombres detenidos por el homicidio.
De acuerdo con Tábora, las autoridades en Honduras siguen paralelamente otra línea de investigación por la presunta falsificación de documentos públicos, principalmente actas de la alcaldía municipal que se le atribuyen a la empresa con el objetivo de obtener permisos de operación.
La institución ha solicitado ayuda a las autoridades de Costa Rica y al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para realizar un peritaje a 11 teléfonos celulares decomisados en un operativo donde se detuvo a tres presuntos autores materiales del asesinato de López.
De acuerdo con las autoridades, uno de los imputados aceptó su participación en el asesinato para obtener una reducción de condena.
Una historia de violencia y criminalización
Aunque el proyecto de minería de óxido de hierro a cielo abierto inició exploraciones en 2013, el conflicto social con las comunidades se originó en 2018, cuando los pobladores sostuvieron que había contaminación en los ríos Guapinol y San Pedro, ubicados en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
Una de las protestas más emblemáticas que marcó el rumbo del conflicto ocurrió entre agosto y octubre de 2022 con la instalación de un campamento por 88 días en una de las aperturas hechas por la minera.
A partir de ahí, 32 activistas fueron criminalizados y detenidos por cargos como asociación ilícita, incendios agravados y daños, incluido López.
En enero de 2023, dos de los defensores fueron asesinados, Aly Domínguez y Jairo Bonilla. Meses más tarde, en junio, fue asesinado Oscar Oquelí Domínguez Ramos, hermano de Aly y de Reynaldo Domínguez, una de las voces más fuertes en la comunidad de Guapinol contra la minera.
Para ese año, 45 integrantes de la familia Domínguez tuvieron que salir de la comunidad por miedo a un nuevo asesinato.
Antes de su asesinato, López ya advertía los riesgos de oponerse a este o otros megaproyectos en Honduras.
“Abrir la boca, significa asumir la estigmatización, la criminalización mediática, la judicialización por denuncias, el encarcelamiento y, en el caso extremo, el asesinato que abunda en este país. Eso es lo que significa eso aquí en Honduras, como en tantos países de América Latina”, dijo el activista a Mongabay Latam en enero de 2023.
Para Leonel George, defensor y regidor de Tocoa, el proceso de defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras ha sido complicado y riesgoso, pese a los avances en investigaciones, tras el asesinato de su compañero López.
“El asesinato de Juan [López] es el caso más emblemático, pero han ocurrido otras agresiones y situaciones de riesgo. Este caso trascendió y a pesar de eso sigue en la impunidad y la empresa sigue teniendo el control con grupos armados que amenazan, que siguen intimidando a las comunidades”, dice a Mongabay Latam.
El abogado Tábora cuenta que mientras los 32 defensores enfrentaban diferentes procesos judiciales, la empresa minera continuaba perforando en zonas donde supuestamente no tenía autorización y se diseñaba una estrategia contra las acciones de defensa del territorio.
“Juan [López] se coloca como una figura muy importante y el Ministerio Público elabora una matriz de lo que ellos denominaban una criminalidad organizada y él aparecía como el jefe de una banda que ellos identificaban como ‘la banda de los antimineros’, realmente eran los compañeros defensores”, sostiene el defensor.
Tábora señala que en este periodo el megaproyecto expandió su dominio en la zona núcleo del parque al implementar una planta peletizadora para procesar el mineral, explotar áreas que presuntamente no tenía concesionadas y crear un supuesto botadero para verter los residuos mineros.
Al respecto, el Ministerio Público sostiene que se han solicitado requerimiento fiscales por daños ambientales en la zona desde septiembre de 2024 y que hay investigaciones contra personas relacionadas con Ecotek desde hace tiempo.
Un decreto de protección que no se cumple
Tras más de 10 años de actividad minera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, en 2024, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, emitió el decreto 18/2024 para catalogar el área como zona protegida. La norma prohíbe la explotación minera, una de las exigencias que siempre pelearon las comunidades rurales y defensores ambientales.
“Defensores y defensoras promovieron un decreto de protección del parque y es de los grandes logros que tiene una consecuencia para la empresa porque se cancelaron las dos concesiones”, afirma Tábora, quien critica que la cancelación de las concesiones no ocurrió por las denuncias que había hecho el Comité Municipal de Tocoa o por las violaciones a los derechos humanos de los habitantes sino por supuestos incumplimientos contractuales.
El abogado agrega que la empresa supuestamente continúa operando, pese al decreto presidencial, lo que mostraría la falta de control del Gobierno en la zona.
“El Estado perdió soberanía sobre esa zona porque esas concesiones significaron un control de parte de la empresa. Es una zona pública y la empresa ha tenido control físico total a través de sus guardias de seguridad. Simplemente hay una decisión en papel”, señala.
Consultado al respecto, el Ministerio Público dijo desconocer denuncias o tener información sobre actividad minera en el parque nacional actualmente. También descartó que elementos de la institución resguarden la zona, al señalar que no es su competencia.
Para George, hay una intención real de proteger al parque nacional, pero señala que es insuficiente ante el control de la minera, pues considera que aún deben hacerse trabajos de restauración a la zona afectada.
“Sí blinda el parque y también a otras áreas en el país, pero ha faltado fuerza y contundencia para implementar el decreto y sacar de la zona a la empresa minera que sigue teniendo el control”, sostiene.
“La empresa no tendría que estar operando, pero están extrayendo porque es una zona a la que no tiene acceso ni el mismo Estado, menos las comunidades. Nadie puede acceder a la zona porque tienen gente armada”, menciona el regidor, quien buscó participar por la candidatura a la alcaldía de Tocoa para las elecciones de noviembre próximo sin éxito.
Pese a no haber sido favorecido en la elección interna, George sostiene que mantendrá el trabajo de defensa del parque.
“Seguiremos aunque los escenarios no sean tan halagadores, seguramente seguirá habiendo asesinatos en la impunidad por defender los derechos humanos, la tierra y el ambiente”, reconoce.
Violencia e incertidumbre judicial en Honduras
Honduras es considerado un territorio mortal para las personas defensoras ambientales. En 2023, fue el tercer país con más casos en América Latina, con 18 casos y un acumulado de 149 asesinatos desde 2012, de acuerdo con un informe de Global Witness.
En proporción con su población, Honduras es el territorio más peligroso para personas defensoras, pues reporta 15.5 asesinatos por cada millón de habitantes, la tasa más alta en la región.
La organización ACI PARTICIPA documentó también en 2023, 41 ataques contra 13 personas defensoras ambientalistas, de las cuales cuatro terminaron en asesinatos.
Un caso emblemático en el país es el asesinato de la defensora Berta Cáceres, quien se oponía a la instalación de la hidroeléctrica Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco.
Para Tábora, el asesinato de López comparte los mismos patrones que el caso de Cáceres, pese a que fue cometido casi 9 años después.
“Es exactamente el mismo, de manual. Hay negación, obstaculización del acceso a la información y de la participación política de las comunidades. Esos paralelismos son iguales y hay toda la estrategia de rompimiento del tejido social para dividir a las comunidades”, sostiene el abogado.
Aunque López estuvo detenido pocos días después del desalojo del campamento en Guapinol, Tábora señala que siempre se preparaban para una nueva acusación o detención en su contra.
Esto, pese a que en 2022 la Corte Suprema de Justicia de Honduras amparó a López y a otros defensores contra los cargos que les imputaron las autoridades.
El abogado sostiene que el Poder Judicial hondureño insistió en reiniciar el proceso contra los defensores, aún después del asesinato de López.
“El Poder Judicial nunca se pronunció hasta una semana después del asesinato para decir que el proceso contra Juan y otros cuatro compañeros volvía a comenzar, una locura”, señala Tábora, quien dice que López nunca se intimidó por las resoluciones judiciales.
“Juan dijo —recuerda Tábora— ‘lo vamos a enfrentar en la cárcel o fuera, estamos preparados, es por las cosas que estamos luchando’. Así murió Juan, en esa incertidumbre judicial de cuatro años”, lamenta.
Imagen principal: Juan López, defensor ambiental y coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, fue asesinado en septiembre de 2024. Foto: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras
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