- Algunos de los temas más conflictivos en la Panamazonía están relacionados con la construcción de grandes infraestructuras.
- A ello, se suma el desarrollo industrial y la minería. Durante los años 70, cuando se construía la autopista Transamazónica (BR-230) y comenzaba la exploración petrolera, no existía la obligación de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
- Hoy, dicho panorama ha cambiado radicalmente. Sin embargo, todavía quedan retos por superar en materia de protección y sostenibilidad medioambiental.
Esta situación cambió en las décadas de 1980 y 1990, a medida que las sociedades adoptaban reformas medioambientales. Como era de esperarse, las primeras metodologías de EIA presentaban sesgos tanto en su concepción como en su ejecución. Los especialistas encargados de las revisiones eran financiados por los mismos promotores del proyecto, mientras que el organismo regulador responsable de revisar los estudios pertenecía a la misma entidad que impulsaba el proyecto. Con el tiempo, estos evidentes conflictos de interés se han mitigado gracias a la creación de ministerios de medio ambiente que han desarrollado un amplio marco normativo. Además, los profesionales de las ciencias ambientales han perfeccionado los criterios y herramientas utilizados para elaborar una EIA o cualquier estudio de diagnóstico relacionado.
Políticos, empresarios y banqueros sostienen que estas salvaguardas han mejorado la calidad en el diseño y la ejecución de los proyectos de inversión. Sin embargo, los críticos medioambientales argumentan que las revisiones sirven más como una estrategia de lavado de imagen que como una herramienta efectiva para evaluar si los proyectos forman parte de una estrategia de desarrollo coherente, sostenible y a largo plazo. Como ocurre en muchos debates polarizados, ambas posturas contienen elementos de verdad.
Una EIA típica recopila un inventario de los recursos naturales de la región y describe las comunidades cercanas al proyecto en revisión. Esto permite identificar los posibles impactos positivos y negativos de la iniciativa. Cuando se realiza correctamente, una EIA ofrece recomendaciones sobre cómo:
- Evitar ciertos impactos.
- Mitigar aquellos que no pueden evitarse.
- Remediar el daño ecológico causado por los impactos que no pueden mitigarse de manera efectiva.
- En los casos en que ninguna de las anteriores sea viable, establecer directrices para compensar a las comunidades afectadas.
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Las carreteras federales en el centro de Pará fueron construidas en la década del 70, antes de que en los años 90 se promulgaran las leyes que obligan la revisión medioambiental. No existen estudios medioambientales publicados sobre la red de carreteras en la orilla norte del río Amazonas (PA-254 / BR-156). Para limitar la expansión de la frontera agrícola, el gobierno federal ha establecido áreas protegidas y reservas de uso sostenible, que reconocen los derechos de uso de las comunidades y los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Fuente de datos: RAISG.
Más importante aún fue el reconocimiento de que las EIA no debían limitarse a documentos técnicos centrados exclusivamente en los impactos medioambientales, sino que debían representar un esfuerzo genuino por identificar y mitigar los impactos sociales de los proyectos propuestos. En la actualidad, un estudio de alta calidad examina de manera rutinaria cómo los proyectos afectan directa o indirectamente a las comunidades, incluyendo posibles cambios en la demografía, el acceso a recursos y la calidad de vida en general. Por ejemplo, una EIA debe evaluar no solo cómo la contaminación del aire o del agua podría afectar la salud de los residentes locales, sino también el impacto en comunidades río abajo o a sotavento del emplazamiento del proyecto.
Estos avances han sido el resultado de décadas de resistencia y presión por parte de la sociedad civil, lo que ha llevado a un cambio de mentalidad en ejecutivos y directivos tanto del sector público como del privado. Los altos ejecutivos con visión estratégica comprenden que una EIA no es solo un trámite regulatorio que debe cumplirse para aprobar un proyecto, sino una inversión inteligente en la gestión de riesgos. De hecho, evitar retrasos costosos depende directamente de la correcta ejecución de un Plan de Gestión Ambiental (PGA), el cual detalla medidas específicas de mitigación y compensación, junto con un cronograma y un presupuesto para su implementación. Según un estudio del Banco Mundial, el cumplimiento de los requisitos ambientales en Brasil representa entre el 15 % y el 20 % de los presupuestos de los proyectos hidroeléctricos.
Las agencias reguladoras han desarrollado un riguroso sistema de clasificación para determinar el nivel de escrutinio de los proyectos, basado en la magnitud de sus impactos negativos potenciales. Por ejemplo, los proyectos de infraestructura a gran escala, como carreteras federales, ferrocarriles, minas de gran envergadura y proyectos de petróleo y gas, generalmente (aunque no siempre) están bajo la jurisdicción de una agencia medioambiental nacional, al igual que aquellos ubicados dentro de áreas protegidas nacionales o reservas indígenas. Los proyectos menos controversiales, como carreteras regionales, líneas de transmisión eléctrica y centrales termoeléctricas, son revisados por entidades medioambientales dentro de los ministerios sectoriales (como en Perú) o los gobiernos regionales (como en Brasil). Finalmente, los proyectos de impacto mínimo, como rellenos sanitarios o redes locales de distribución eléctrica, son gestionados por oficinas medioambientales municipales.
Independientemente del nivel en que se revisen los proyectos, el grado de escrutinio está determinado por las directrices establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
La revisión medioambiental en Brasil refleja el sistema constitucional del país, donde el IBAMA supervisa la evaluación ambiental de carreteras interestatales, ferrocarriles y vías navegables, así como de puertos de gran escala, instalaciones eléctricas de más de 300 MW y el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas.
Las agencias estatales tienen autoridad regulatoria sobre los proyectos mineros, excepto aquellos ubicados en territorios indígenas, áreas protegidas federales, como el complejo minero de Carajás, o que atraviesan fronteras estatales. También regulan sistemas viales regionales, centrales eléctricas de tamaño mediano y pequeño, e infraestructura industrial. Aunque estas agencias aparentemente delegan la supervisión operativa de las EIA individuales a entidades sectoriales, especialmente en el ámbito del transporte, mantienen el control sobre la concesión de licencias y, en teoría, sobre las EIA de Clase A.
Las licencias ambientales son responsabilidad del IBAMA o de las agencias estatales (SEMA), ambas con un número similar de revisiones de Clase A/EIA. Sin embargo, las agencias estatales solo realizaron dos de estos estudios detallados y rigurosos para carreteras estatales dentro de su jurisdicción. En contraste, los portales de información de las secretarías de transporte estatales (SINFAR y SETRAN) registran cientos de proyectos de construcción, algunos de los cuales, presumiblemente, requerirían una EIA de Clase A. Esta disparidad sugiere claramente que los sistemas de carreteras estatales no están siendo sometidos a una revisión ambiental y social adecuada.
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El sistema de evaluación de impacto ambiental en Perú cambió en el año 2000, cuando los nuevos proyectos comenzaron a asignarse a uno de tres niveles de escrutinio. Mientras el sistema original (genérico) seguía gestionando una carga de trabajo compuesta por contratos heredados, el número de estudios de evaluación de impacto ambiental (C/EIA) aumentó, reflejando un incremento en la revisión ambiental de bajo nivel. Fuente de datos: SENACE, 2024.
En Colombia, la revisión medioambiental es responsabilidad de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Las CAR gestionan los asuntos medioambientales dentro de sus respectivas regiones (véase más adelante), pero están sujetas a la supervisión de la ANLA, entidad cuasi autónoma adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mientras que la ANLA formula normas y políticas a nivel nacional y asume la plena responsabilidad de los proyectos de gran escala, las CAR administran la mayoría de las licencias ambientales.
En Perú, la máxima autoridad en materia medioambiental es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE). Al igual que sus homólogos en Colombia y Brasil, el SENACE desarrolla estándares nacionales para la evaluación medioambiental y supervisa proyectos de gran envergadura, así como aquellos que afectan áreas protegidas o territorios indígenas. Sin embargo, a diferencia del modelo colombiano, donde las revisiones de nivel B y C se delegan a entidades regionales, en Perú estas evaluaciones se asignan a ministerios sectoriales.
Por otro lado, Bolivia, Ecuador y Venezuela carecen de entidades autónomas equivalentes a IBAMA (Brasil), ANLA (Colombia) o SENACE (Perú). En estos países, las evaluaciones ambientales son gestionadas directamente por los ministerios de medio ambiente, cuyos funcionarios coordinan las revisiones y decisiones en conjunto con entidades sectoriales o regionales, dependiendo de la complejidad del proyecto. En Guyana y Surinam, la gestión medioambiental está dividida entre los ministerios de recursos naturales y agencias de protección ambiental, las cuales supervisan el proceso de licenciamiento. Aunque este sistema es similar al de otros países de la región, se diferencia por la ausencia de delegación de competencias a jurisdicciones subnacionales.
Imagen destacada: La construcción de este tipo de infraestructura en medio de bosque de galería está siendo investigada por Cormacarena, debido a presuntas irregularidades y posible falta de permisos ambientales. Foto: Rutas del Conflicto/Mongabay Latam.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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