- Así lo determinó la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Sostuvo que el país sudamericano debe adoptar un Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego “con enfoque ecosistémico, preventivo e intercultural, que articule conocimientos científicos y saberes tradicionales”.
- El gobierno de Bolivia asegura que ejecutará un plan de acción contra los incendios, que incluye un nuevo modelo de monitoreo.
- Bolivia es el segundo país del mundo, después de Brasil, que más bosque primario perdió en 2024 debido a los incendios forestales.
En 2024, más de 12 millones de hectáreas fueron afectadas por los incendios en Bolivia, según la Fundación Tierra. Además, el 60 % de la pérdida de bosques fue por las quemas, de acuerdo a la misma organización. Esas cifras alarmaron a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigieron al Estado boliviano adoptar un Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego para evitar que la tragedia ambiental se repita cuando comienza a acercarse la temporada de incendios.
Entre el 9 y 11 de diciembre de 2024, una misión de la Redesca llegó a Bolivia para documentar los impactos de los incendios forestales sobre los derechos humanos, en particular sobre comunidades rurales e indígenas. Esa visita llegó a las ciudades de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y San Ignacio de Velasco. Además, esa misión realizó sobrevuelos en regiones de la Chiquitania y la Amazonía boliviana.
“Los incendios forestales en Bolivia durante 2024 alcanzaron una magnitud sin precedentes. Estos incendios han tenido impactos devastadores sobre los ecosistemas estratégicos del país y sobre una amplia gama de derechos humanos”, explicó a Mongabay Latam el relator Javier Palummo, quien añadió que las afectaciones “incluyen el derecho al agua, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y a la educación, así como graves pérdidas de biodiversidad”.
El representante de Redesca detalló que a raíz de los incendios forestales los sectores más vulnerables fueron los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, mujeres, niñas y niños, personas mayores y personas en situación de pobreza. “En territorios como la Chiquitania y el norte amazónico, el fuego arrasó millones de hectáreas de bosque, afectando directamente los medios de vida, la cultura y la seguridad alimentaria de estas poblaciones”, dijo Palummo.
Bolivia empieza a sufrir por los incendios, a pesar de que la época de quemas por lo general inicia en agosto. Según el Gobierno, hasta el 18 de julio se registraron 1500 focos de calor y 13 incendios. Todos estos eventos se desarrollan en el departamento de Santa Cruz.
La CIDH, a través de Redesca, emitió un informe que documenta una tendencia creciente de incendios forestales en las últimas dos décadas en Bolivia, con daños generalizados sobre la naturaleza, los territorios y las poblaciones.
Según información oficial, los departamentos más afectados fueron Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando y especialmente, Santa Cruz, donde el fuego arrasó aproximadamente 7.3 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 65 % de la superficie total afectada.
“En nuestro informe hemos recomendado al Estado boliviano adoptar un enfoque estructural, preventivo y basado en derechos humanos”, detalló Palummo, quien agregó que en Bolivia se debe aprobar e implementar un Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego, con enfoque ecosistémico e intercultural. También, eliminar incentivos normativos y económicos que fomentan el cambio de uso del suelo y la deforestación.
Además, el relator de la CIDH sugirió que Bolivia debe fortalecer los mecanismos de fiscalización ambiental y asegurar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios, exigir a las empresas con actividades de alto impacto ambiental la realización de procesos de debida diligencia en derechos humanos, climáticos y ambientales y promover procesos de restauración ecológica, sistemas de alerta temprana y mecanismos de reparación adecuados.
Respuesta del Gobierno
El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, en contacto con Mongabay Latam, explicó que el gobierno de Bolivia tiene un plan de acción contra incendios con el fin de evitar el daño ambiental del año pasado. “El éxito para tener defensa en este tipo de eventos es la coordinación y articulación que podamos tener. Tenemos que tener capacidad de reacción e impulsar la concienciación en todo el país”, detalló el ministro boliviano.
Este plan –dijo Ruiz- busca la disminución de la incidencia de incendios forestales a través del desarrollo de acciones enmarcadas en la gestión y manejo integral del fuego. La autoridad añadió que este proyecto toma como elemento principal la prevención del origen de las quemas, las responsabilidades que tienen las instancias del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la articulación de esas oficinas con las demás instancias del Estado y la sociedad.
En este plan se priorizaron 84 municipios bolivianos, de los cuales 19 corresponden al departamento de Beni, en la Amazonía, 11 de Chuquisaca, 10 de La Paz, 15 de Pando, 26 de Santa Cruz y tres de Tarija.
“Básicamente ya estamos en la implementación de nuestro plan de acción donde guardaparques, personal de diferentes instituciones, como la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), el Fondo de Desarrollo Forestal (Fonabosque) y otras instancias trabajaremos en este tema. La próxima semana ya tendremos salas de monitoreo, entregaremos equipos y materiales. El éxito de este trabajo será la coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos subnacionales y sectores agroindustriales y ganaderos”, remarcó Ruiz.
Según Palummo, la Redesca valora los esfuerzos desplegados por el Estado boliviano en la respuesta a la emergencia, incluyendo la actuación de los distintos niveles de gobierno, las brigadas comunitarias y la cooperación internacional. No obstante, remarcó que la prevención estructural, la restauración ecológica y la acción climática con enfoque de derechos humanos son claves para evitar nuevas crisis de esta magnitud.
“El informe identifica de manera clara que la expansión agroindustrial y ganadera es uno de los factores estructurales que explican la recurrencia y gravedad de los incendios forestales en Bolivia. De acuerdo a la información disponible que recoge el informe, entre 1985 y 2022, el departamento de Santa Cruz concentró cerca del 80 % de la deforestación nacional, con millones de hectáreas destinadas al monocultivo (especialmente soja) y la ganadería extensiva”, afirmó Palummo.
Las cifras sobre incendios en el país dependen de la organización o fuente oficial. Según el último informe global del Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI), Bolivia es el segundo país con mayor pérdida de bosque nativo en el mundo. En 2024, el país perdió 1.8 millones de hectáreas de bosque y el 83 % de esa destrucción (1.5 millones de hectáreas) es de bosque primario.
De esa última cifra, más de la mitad (59 %) de la pérdida arbórea en Bolivia se debió a los incendios forestales de 2024, que por lo general son realizados para limpiar tierras para la producción de soja, la ampliación de terrenos para el ganado y el cultivo de caña de azúcar.
Czaplicki Cabezas, investigador boliviano independiente, detalló que el otro 41 % de la pérdida de bosque en Bolivia fue por desmontes. “Aquello ocurre generalmente por desmonte mecanizado y es para la expansión ganadera y sojera”, explicó. El experto aseguró que en 2024 el país padeció una sequía extrema en tierras bajas, lo que facilitó la expansión de incendios.
Medidas sugeridas
La Redesca también insta al Estado boliviano a eliminar incentivos normativos y económicos al cambio de uso del suelo y la deforestación, asegurar evaluaciones de impacto ambiental y social, y exigir la debida diligencia climática, ambiental y en derechos humanos a las empresas que operan en sectores de alto impacto.
Además, esta instancia de la CIDH recomendó que la gestión del fuego requiere integrar conocimientos tradicionales, mejorar la fiscalización y garantizar la participación y acceso a la información, todo esto con un enfoque preventivo, intercultural y basado en derechos.
Según Gonzalo Colque, economista e investigador de Fundación Tierra, 12.6 millones de hectáreas de bosques y pastizales fueron devastadas por los incendios forestales, considerados como la mayor catástrofe ambiental en la historia del país.
“El 95 % son quemas provocadas por la mano del hombre, son incendios intencionados, divididos en agropecuarios y malintencionados», indicó el investigador, tomando como referencia lo sucedido en Santa Cruz. Colque precisó que las «quemas malintencionadas» representaron el 66 %, mientras que las quemas agrícolas el 34 % restante.
Esas «quemas malintencionadas» se refieren a fuegos realizados sin trabajos preventivos de limpieza del terreno ni habilitación de corredores que separen las áreas agrícolas del bosque. Los responsables identificados son ocupantes ilegales en áreas protegidas, ocupantes no autorizados en territorios indígenas, empresas agropecuarias y ocupantes en tierras fiscales, detalló Colque.
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Por su parte, el director de Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, afirmó que «la lucha efectiva contra los incendios es el principal desafío» de este año, ya que «las demandas de sectores preocupados por asuntos ambientales no son escuchadas por el Estado».
Chumacero explicó que las recomendaciones se orientan a un «efectivo monitoreo y fiscalización de las quemas», la identificación de las «áreas neurálgicas» de los incendios, junto a una auditoría técnica y jurídica a las autorizaciones de deforestación en áreas protegidas, entre otras medidas.
“En el informe (de la Redesca) hemos observado con preocupación cómo ciertas políticas públicas -incluidas normas que han sido denominadas como ‘leyes incendiarias’- han facilitado el cambio de uso del suelo y la expansión de la frontera agrícola, muchas veces a costa de ecosistemas clave y territorios indígenas”, afirmó Palummo. “La Relatoría Especial enfatiza que esta expansión, sin los controles adecuados, genera condiciones propicias para incendios fuera de control, pérdida de biodiversidad y graves afectaciones a los derechos humanos”, remarcó el relator de la CIDH.
Imagen principal: incendios en cercanías a la comunidad de Quitunuquiña, municipio de Roboré, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Foto: Claudia Belaunde
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