Las protestas de mineros informales paralizaron rutas en Perú y forzaron al gobierno de Dina Boluarte a formar mesas de diálogo para evaluar la situación de alrededor de 50 000 mineros informales que fueron excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). De fondo están los impactos socioambientales de la minería aurífera, que van desde contaminación de ríos hasta graves afecciones a la salud de las poblaciones indígenas de la región, que calan hondo en la Amazonía peruana.

Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio de Ambiente peruano y exvicepresidente de la primera Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, dialogó con Mongabay Latam sobre las razones de la expansión de la minería ilegal en los bosques tropicales peruanos y reflexionó sobre las decisiones políticas en torno a una problemática que crece y parece no tener freno en el país: la minería ilegal en los ríos amazónicos y sus consecuencias.

-¿En qué contexto surgen las protestas de los mineros en Perú?

-Durante los últimos 30 años, Perú ha multiplicado sus inversiones mineras importantes, de mediana y gran minería, sobre todo en oro, en cobre y plata. Además, a partir de 2006 y hasta finales de 2010, se ha venido incrementando la actividad minera denominada artesanal, fundamentalmente de oro, aunque también en menor medida de cobre. Esta actividad ha venido expandiéndose, en particular en zonas amazónicas y de minería aluvial, prohibida en Perú. La minería de socavón artesanal se da sobre todo en los Andes. Esta minería artesanal se realiza sin condiciones de seguridad laboral y seguridad minera. Tampoco en lo que se refiere a la propiedad del suelo ni a la titularidad de la concesión. Y a partir de la expansión de esta actividad es que se han venido produciendo significativos daños en materia ambiental, en particular en la Amazonía, en Madre de Dios y en otras zonas. En realidad, en estos momentos en prácticamente todas las regiones de Perú ha irrumpido la actividad minera, sin cuidado ambiental, de la salud ni tampoco en lo que se refiere a los aspectos laborales, sin transferir renta para el desarrollo territorial.

-¿Cómo está afectando a las poblaciones locales y comunidades indígenas?

-Esta expansión ha generado una colisión con otros intereses. En primer lugar, con las poblaciones locales, que ven amenazada su actividad productiva de diversa naturaleza, forestal, ecoturismo, agrícola. En la Amazonía, ha habido enfrentamientos importantes con líderes indígenas, personas defensoras de derechos indígenas y personas defensoras ambientales que han sido amenazados e inclusive asesinados. En el registro que se tiene en la fecha se supera los 30 casos de personas defensoras que han sido asesinadas. Si uno sobrepone en el mapa territorial las zonas donde se ha incrementado la deforestación, no solamente por minería ilegal, sino también por otro tipo de actividades, como es sobre todo la deforestación para expansión del área agrícola, estas áreas de deforestación se sobreponen con las zonas donde hay mayor amenaza a las personas defensoras de derechos ambientales e indígenas. Y eso se agrava con la presencia del crimen organizado.

-El crimen organizado participa del negocio de la minería…

-No son solamente pequeños mineros artesanales de la Amazonía, sino, además, el crimen organizado, inclusive transnacional. Esto se da en Madre de Dios, se da en el departamento de Loreto, en el departamento de Amazonas, en San Martín. En paralelo, en la zona norte andina peruana, donde opera la principal empresa minera de oro, se ha producido también un conflicto severo por la presencia de actividades ilegales en medio de la concesión minera que tiene esta empresa y los arreglos que históricamente ha venido teniendo con mineros. A partir de la pandemia, ha irrumpido el crimen organizado, que ha ocupado de manera violenta importantes territorios. Hay una situación: la minería ilegal está causando daños importantes, atenta contra la seguridad, contra la paz, atenta contra la salud. El uso del mercurio atenta contra la alimentación.

-¿Cómo atenta el mercurio contra la alimentación de las poblaciones locales?

-La población amazónica depende o tiene su dieta principal, más del 50 %, en peces. El incremento de la actividad minera ha significado que se arrojen cinco toneladas de mercurio al ambiente, lo que implica un daño severo. Según informes recientes hechos por CINCIA en población de la zona del río Nanay y del río Yaco, en el departamento de Loreto, muy cercanos a la ciudad de Iquitos, el promedio de mercurio en muestras de cabello está en ocho miligramos por kilogramo. Los análisis que se ha hecho de presencia de mercurio en niños de 0 a 4 años superan los diez miligramos por kilo. Es un daño severo a la salud.

-Como usted explicaba, la actividad minera en los cuerpos de agua en Perú está prohibida. ¿Cómo se descontroló este escenario al punto tal de que proliferó la minería ilegal en los ríos de la Amazonía? ¿Qué falló?

-Hay dos factores. Uno es el marco de control, de vigilancia. Tiene que ver con personas, con equipos, con capacidad logística, puesto que estamos hablando de extensiones muy amplias, de difícil acceso, y estamos frente a grupos criminales organizados que tienen recursos. Cada draga puede superar los 150 000 soles, cuentan con equipos electrónicos de comunicación de última generación, cuentan con equipos de Starlink, etcétera. Y por otro lado, se ha ido rompiendo el esquema de gobernanza local, un modelo de gobernanza local que ha sido importante para la administración de los recursos, y eso está vinculado también con las limitaciones y dificultades importantes para el desarrollo rural. Nosotros teníamos un desarrollo rural que mantenía el bosque en pie, son factores que tienen que ver con la pobreza y con las limitaciones del desarrollo amazónico de las poblaciones amazónicas. A estos dos factores hay que agregarles el incremento altísimo del precio del oro, un incentivo perverso. Hay una presión internacional por el oro y los principales países consumidores no realizan una debida diligencia respecto al origen del oro, que se extrae no solamente contaminando el ambiente, dañando el territorio, sino también dañando la salud y generando situaciones de violencia en diversas áreas del país.

-Se refiere a la responsabilidad de países consumidores de oro como Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia…

-Se requiere una respuesta multisectorial y no solamente del país o de la región andina y amazónica, requiere de acuerdos entre países consumidores y países productores, de tal manera de que se garantice la debida diligencia, la trazabilidad del oro. Y que los países en donde se está arrasando y destruyendo territorios tengan efectivamente también un soporte y un apoyo por parte de los principales países consumidores.

-¿Podría explicarnos cómo funciona el famoso Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) y si fue una mala idea de entrada y por eso no funciona? 

-La minería ilegal es aquella definida en la legislación peruana como la que se realiza en lugares prohibidos y/o con equipamiento e insumos prohibidos. ¿Cuáles son los lugares prohibidos para minería ilegal? Son aquellas zonas que están en cuerpos de agua, ríos, lagunas, lagos, cochas, áreas protegidas por el Estado. Eso es minería ilegal. Por otro lado, la minería informal es aquella que se realiza sin tener el título de propiedad o un contrato con el dueño del suelo o aquella actividad que se realiza en un lugar que tiene una concesión minera otorgada por el Estado, pero donde no se tiene un contrato de explotación con el concesionario. Y también aquel que no tiene un instrumento de gestión ambiental o no tiene una autorización de inicio de operación. A partir de 2012, se establece un mecanismo para que el fiscal, la policía o la marina de guerra persigan y destruyan los equipamientos que tengan los vendedores ilegales y se detenga a las personas que están realizando esa actividad en los lugares prohibidos, pero no en relación a la actividad informal, sino ilegal. En paralelo, se estableció lo denominado Declaración de Compromiso para realizar el proceso de formalización de mineros, y además se estableció un procedimiento para avanzar con la formalización. Todo aquel que no tuviese la declaración de compromiso de formalizarse era considerado también ilegal. Se les dio un plazo. Ese plazo se venció y se estableció un mecanismo de saneamiento para los que estaban pendientes. Sin embargo, en 2017 se establece esta figura de un registro para la minería informal y el problema es que junto con la creación del Reinfo -el registro en cuestión- se establece también una situación de impunidad. Es decir, aquel minero artesanal pequeño inscrito en el registro no podía ser sujeto de una denuncia penal. Constituye, en consecuencia, una figura de impunidad, ante los daños que puede causar. Esa situación ha generado problemas múltiples. Dado el incremento de la actividad y el incremento del poder económico, eso se ha trasladado también a una situación de irrupción no solamente del territorio, sino también en la política. Ya ha habido como tres o cuatro postergaciones, hasta la última, 31 de diciembre de este año. El Tribunal Constitucional, ante una denuncia presentada, ha declarado que no debe postergarse más. Ha establecido que ninguna medida destinada a la formalización debe estar acompañada de esta impunidad y ha ordenado al Congreso y al Ejecutivo modificar esa legislación que establece ese nivel de impunidad.

-Hay nuevos proyectos de ley en el Congreso sobre minería…

-Lamentablemente, el actual Congreso ha aprobado un conjunto de normas pro-crimen. Por ejemplo, antes estaba establecido no solamente el delito de minería ilegal, sino además un agravante cuando esta se realizaba a través del crimen organizado. Hace unos meses, se ha eliminado ese agravante. Ha sido un Congreso nefasto, puesto que no está contribuyendo a la formalización, incentiva y habilita situaciones de ilegalidad y de negocios ilícitos. Además, esta nueva legislación ha sido archivada. Pero todavía hay la intención de grupos importantes del Congreso en ese sentido: cancelar el Reinfo y crear otro tipo de registro con similares características, lo cual es nefasto también, sin metas ni plazos. La formalización de los mineros exige un proceso de adecuación. Por lo tanto, aquí lo que deben establecerse son metas y plazos. La formalización de los mineros no puede ser solamente de papel, no puede ser solamente vinculada a un tema de propiedad, un tema de concesión, sino que además debe ser vinculado a un cambio de práctica, de tal manera que la actividad minera artesanal y pequeña sea eficiente, sea responsable y sea libre de mercurio. Debe acreditar que no usa el mercurio, debe acreditar que no está dañando los sedimentos de los ríos, no está dañando la alimentación, que no está deforestando, etcétera.

-Se conformaron unas mesas de diálogo entre las autoridades y los mineros. ¿Cree que hay sectores que no forman parte del acuerdo y que deberían haber sido convocados?

-Si, por ejemplo, el fiscal de la Nación, el Ministerio Público, que es una entidad sustantiva para la lucha contra la minería ilegal y no ha sido convocada. En segundo lugar, hay organizaciones científicas académicas que tienen información relevante y conocimiento en la materia y que tampoco han sido convocadas. También, gremios profesionales, como el Colegio de Abogados de Lima, que hace poco convocó a una reunión en la materia, pero tampoco ha sido convocado Organizaciones indígenas, cuyos territorios están siendo dañados, tampoco han sido convocados. Es más, en el proyecto de ley que afortunadamente fue archivado, se incentivaba a que las comunidades indígenas y locales realizaran actividad minera en sus territorios, lo cual es contraproducente. La minería en los ríos no solamente es nociva por el uso del mercurio, sino también porque al extraer sedimentos remueve el suelo y que genera a su vez mercurio y cadmio, entre otros, sustancias químicas peligrosas. Son daños irreversibles. ¿Quién va a pagar por esos daños? ¿Quién va a reparar el daño de la salud? ¿Quién va a reparar el daño en los pasivos ambientales? ¿Quién lo va a asumir? Las autoridades que lo establezcan serán responsables políticos y legales.

-El Gobierno impulsa un nuevo proyecto de ley sobre minería. ¿Qué busca el Ejecutivo?

-Aspiran a generar un consenso. La ley debe marcar claramente la línea entre minería informal e ilegal, y no como en el proyecto de ley archivado, que habilitaba la minería en los ríos. Buscan formalizar esa actividad tan nociva. Y además se pretende que esa nueva ley sea para los próximos 25, 30 años. No podemos aceptar que la ley contemple esas actividades destructivas. Sería no solamente contraproducente, sino un atentado a los derechos humanos. 

-En cuanto a la minería legal y formal, las grandes empresas. ¿Cuáles son los agujeros o puntos flacos con respecto a lo ambiental?

-En primer lugar, es necesario actualizar y completar algunos estándares de calidad ambiental. No hay un plan de autorización de calidad ambiental. Deben actualizarse y mejorarse para cuidar la salud. El segundo elemento es que hay que mejorar el sistema de evaluación ambiental para que los análisis den confianza y seguridad, que prevengan y solucionen conflictos socioambientales, que el desempeño ambiental cumpla con mayores estándares y en particular en el tema de los pasivos ambientales, que existen todavía en mediana minería y otros.

Imagen principal: dragas utilizadas para la extracción de oro en el río amazónico Cenepa, Perú, donde está prohibida la minería en cuerpos de agua. Foto: archivo Mongabay Latam

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Emiliadelfino Editor/a

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