- Hipólito Quispe Huamán fue asesinado el sábado 26 de julio, cuando se desplazaba por la interoceánica, rumbo a su casa, luego de participar en una feria agropecuaria.
- El dirigente y defensor ambiental fue interceptado mientras conducía su vehículo y recibió dos disparos de arma de fuego.
- El Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, del que Quispe Huamán formó parte en el pasado, emitió un pronunciamiento solicitando protección para la familia de la víctima.
- También cuestionó la inacción del Estado y la falta de atención del Mecanismo Intersectorial de Protección a defensores ambientales en momentos de emergencia.
El miedo se ha instalado en Madre de Dios desde que el último sábado 26 de julio asesinaron a Hipólito Quispe Huamán, defensor ambiental de la Reserva Nacional Tambopata. El crimen ocurrió cuando regresaba a su vivienda, en el caserío Santa Rosa, luego de pasar el día en la Feria Sabatina Apromin de Mazuko, a la que acudía cada semana para vender sus cultivos.
Sucedió pasadas las siete de la tarde, a la altura del kilómetro 285 de la carretera Interoceánica, en la provincia de Inambari, en Madre de Dios. Quispe Huamán se desplazaba a bordo de su vehículo de carga. El dirigente fue interceptado y asesinado con dos disparos de bala por sujetos que se desplazaban en una motocicleta, según informaron medios locales. Su cuerpo fue hallado junto a su motocarro.
Quispe Huamán era vicepresidente de la feria sabatina y fundador de la Asociación de Agricultores Nueva Esperanza. Además, había sido integrante del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, conformado por agricultores y concesionarios forestales de Madre de Dios que se unieron para frenar la minería ilegal y proteger la zona de amortiguamiento del área protegida.
Fuentes con conocimiento del caso que solicitaron a Mongabay Latam su anonimato por razones de seguridad, informaron que el defensor iba a incorporarse al comité de gestión luego de haber permanecido alejado por un tiempo debido a problemas de salud.
Tras el asesinato y la demora de las autoridades de más de 12 horas para el levantamiento del cuerpo, han surgido cuestionamientos sobre las acciones del Gobierno y del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, de acuerdo con los testimonios recabados por Mongabay Latam en los últimos días.
El caso expone, además, la extensión de la violencia en la zona más afectada por la minería ilegal y otros delitos ambientales en Perú. Una región acorralada por el crimen organizado y la corrupción, asegura el ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro.
Cuestionan mecanismo de protección
“Desde 2008 hemos sido testigos de la lucha sostenida por el líder Hipólito Quispe Huamán Conde por salvaguardar los derechos de los agricultores de Nueva Esperanza ante las amenazas de invasores y mineros ilegales”, dice el pronunciamiento que publicó el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata luego del asesinado del defensor ambiental.
En el documento publicado el jueves 31 de julio, los dirigentes del comité de gestión solicitaron al Gobierno “brindar protección inmediata a los familiares» de Quispe Huamán y «coordinar las acciones pertinentes para su seguridad en el mediano plazo”. Además, solicitan recursos para proteger a la familia.
El comité de gestión también cuestiona al Estado por su “incapacidad” para “implementar de manera oportuna y adecuada” el mecanismo de protección de personas defensoras. “Es lamentable y terrible que no exista un canal de atención las 24 horas para los defensores en situaciones de emergencia. En el caso de Hipólito tuvimos que recurrir a profesionales aliados al no encontrar respuesta del Mecanismo ante nuestra llamada desesperada”, aseguraron.
Diversas fuentes consultadas por Mongabay Latam que solicitaron el anonimato por razones de seguridad afirmaron que tras el crimen de Quispe Huamán los teléfonos de emergencia del Mecanismo Intersectorial no atendieron la llamada.
“Son decenas de líderes asesinados por defender el medio ambiente”, dice Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. El exfuncionario cuestiona al Estado porque no está “garantizando entornos seguros” para los defensores ambientales. “Esa obligación está siendo incumplida flagrantemente por el Estado”, agrega.
El exviceministro cuestiona la “grave omisión” del Ministerio del Interior y del Gobierno en general de no aprobar los lineamientos de protección para personas defensoras. De acuerdo con una disposición de abril de 2022, Interior, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debería haber aprobado los lineamientos de actuación para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección de los defensores. Sin embargo, tres años después, estos lineamientos aún no se han presentado.
Castro también afirma que “es indispensable” que se proteja a quienes, desde hace años, están actuando para defender lugares en riesgo como la Reserva Nacional de Tambopata. “Están defendiendo una zona valiosa, además de sus actividades económicas que están siendo dañadas por la minería ilegal, el crimen organizado y la corrupción”.
La abogada Mar Pérez, responsable de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), señala que el Mecanismo “solo cuenta con un equipo de tres personas y carece de presupuesto para implementar medidas de protección”.
Pérez asegura que se han creado mesas regionales, pero que “estos espacios son meramente protocolares, no cuentan con plan de trabajo y no tienen ningún impacto real en la protección de los defensores”.
La letrada también señala que la situación de los ambientalistas es cada vez “más crítica porque el Congreso está aprobando normas que favorecen a quienes depredan los recursos naturales, como la nueva legislación sobre crimen organizado”.
Castro también cuestiona a los actores políticos al recordar que en el discurso presidencial del 28 de julio de 2024 la presidenta Dina Boluarte anunció que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras se iba a fortalecer. Sin embargo, un año después, “esto no ha ocurrido”, afirma el exviceministro. “Ni siquiera [Boluarte] se ha referido al tema en el discurso de este año”.
En su pronunciamiento, el comité de gestión solicitó la reestructuración del Mecanismo, además de que se ponga en marcha “una estrategia multisectorial para detener las economías ilegales que están acabando con Madre de Dios”.
Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos su versión sobre las acciones que tomaron ante el asesinato de Quispe Huamán, las medidas que adoptarán ahora para atender a la familia y la respuesta ante las amenazas a los defensores ambientales. Sin embargo, al cierre de la edición aún no habían respondido.
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Familiares exigen investigación
“Estoy un poco desesperada y quisiera pedir a las autoridades que me ayuden a conseguir justicia. Y también seguridad para mis hijos, para mí y para mi familia”, dijo Asunta Huaynasi Huamán, esposa del fallecido, en declaraciones a Radio Luz de Mazuko, mientras esperaban el levantamiento del cuerpo.
Angel Quispe Huamán, hermano menor del dirigente, también reclamó justicia por lo sucedido. “Quiero pedir a las autoridades que investiguen el caso y si había tenido amenazas”, señaló a la misma emisora. También recordó que su hermano era muy conocido en Mazuko, Santa Rosa y otras comunidades de la provincia de Inambari.
“Puede ser que se trate de gente que está invadiendo zonas concesionadas o gente que está invadiendo áreas para minería ilegal. La hipótesis apunta a que son personas que están al margen de la ley y que están invadiendo lugares de concesiones agrícolas para la minería ilegal”, dijo el general Orlando Sánchez, jefe de la Región Policial de Madre de Dios, en una entrevista con la radio Madre de Dios.
El general Sánchez también señaló que la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Madre de Dios está a cargo del caso.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público señaló que se ha iniciado una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado. La fiscal provincial Karina Torres Godoy, presente en el levantamiento del cuerpo de Quispe Huamán y a cargo de la investigación oficial, afirmó a Actualidad Ambiental: “El caso lo vamos a llevar nosotros porque se trataría del asesinato de un defensor más de la región de Madre de Dios”.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el caso. A través de sus redes sociales, condenó el asesinato del defensor ambiental y exhortó a la fiscalía a “continuar con las diligencias con celeridad y a activar todos los protocolos pertinentes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y brindar apoyo a su familia mediante la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos”.
La Defensoría también instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a articular acciones de protección y apoyo integral para la familia, incluyendo la asistencia económica por orfandad.
De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre 2000 y 2024, ocurrieron 14 asesinatos en Madre de Dios, cinco de ellos, en la provincia de Inambari. La muerte del dirigente Quispe Huamán se suma a esta lista de una región convulsionada por la presencia de la minería ilegal y otras actividades ilícitas que mantienen bajo presión a la población.
Imagen principal: Hipólito Quispe Huamán fue asesinado cuando se trasladaba hacia su casa en la carretera Interoceánica el 26 de julio de 2025. Foto: Facebook de la Conferencia Episcopal Peruana
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