- La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) presentó una Acción Popular para evitar el ingreso de cooperativas mineras a territorios indígenas y áreas protegidas.
- Dos organizaciones de cooperativas mineras piden modificar la zonificación en reservas naturales para poder extraer oro de estas zonas protegidas.
- El gobierno de Bolivia ya rechazó el ingreso de las mineras a áreas protegidas, pero ante este nuevo reclamo aún no ratificó esa decisión.
- Mongabay Latam consultó a expertos para explicar cómo funciona el sistema de minería en Bolivia, clave para entender el poder político de las cooperativas y su incidencia en el ambiente.
Una vez más las áreas protegidas de la Amazonía boliviana están en riesgo. Las cooperativas mineras insisten en ingresar a cuatro reservas naturales del norte del departamento de La Paz. El reclamo se da mientras cuatro ríos amazónicos se encuentran siendo afectados por la minería aurífera y existen “comunidades fantasmas” que aprueban el ingreso de mineros para que saquen oro en la Amazonía boliviana.
Los mineros cooperativistas en Bolivia insisten desde 2023 con su intención de ingresar a cuatro áreas protegidas del norte del departamento de La Paz: Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi, la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba y el Parque Nacional Cotapata. Este sector, en su último pliego de demandas, había puesto un plazo al presidente de Bolivia, Luis Arce, para que atienda sus pedidos. La fecha era el 21 de agosto, pero ahora dejaron a un lado ese plazo y esperan ser atendidos.
En su pretensión de modificar la zonificación en las áreas protegidas, los mineros buscan obtener los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU), un documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con una zona específica, especialmente en áreas protegidas. Si bien el CCU no es un permiso minero final, es un paso crucial para obtener la licencia ambiental y la autorización para la actividad.
Este documento se otorga sólo a aquellas operaciones mineras que demuestren su legalidad, o sea que cuenten con derechos mineros otorgados antes de la creación del área protegida.
La intención de zonificar las áreas protegidas para la extracción de oro es de dos sectores mineros: la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (FECMABOL) y de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN-La Paz). Ninguno de los dirigentes de estas organizaciones quiso emitir declaraciones a Mongabay Latam por sus pedidos. Sin embargo, el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO), Eloy Sirpa, descartó que su sector pretenda ingresar a reservas.
“Quiero ser claro en una situación. Hemos comprometido nosotros al presidente [Luis Arce], le hemos dicho ‘las cooperativas que estén en áreas protegidas, en áreas prohibidas, nosotros no vamos a hacer ninguna gestión [por ellas]’, pero si hay otras áreas que sí son compatibles con la minería, esas vamos a hacer [gestión]. No hemos trabajado en este tema, recién vamos a empezar”, afirmó Sirpa a Mongabay Latam. Así, Sirpa se distanció de las otras dos entidades mineras y su reclamo a Arce.
Negativa del Gobierno
Mongabay Latam intentó comunicarse con el director del SERNAP, Idelfonzo Canaza, pero el funcionario no contestó las llamadas ni los mensajes. Sin embargo, el ministro de Minería, Santos Laura, en una conferencia de prensa en abril, anunció que no se permitirá minería en áreas protegidas y que aquellos trámites para conseguir autorización de operaciones dentro de los parques no procederán.
Consultado sobre la posibilidad del ingreso de minería legal dentro de estas zonas, como pretende el sector aurífero a partir del reconocimiento de los “derechos preconstituidos” (aquellos adquiridos antes de la Constitución de 2009), Laura dijo: “Las cooperativas que están solicitando [concesiones] en áreas protegidas, yo veo que esos contratos no van a ir, no se va a permitir. Sería atentatorio y en contra de nuestro pueblo boliviano”.
Además, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), mediante una resolución administrativa en 2024, descartó que se otorgue permisos para actividades mineras en áreas protegidas. “Desde septiembre de 2022, la AJAM implementó medidas definitivas que restringen la reserva de áreas mineras y la otorgación de contratos mineros en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y otras áreas protegidas del norte del departamento de La Paz”, dice el documento.
El poder minero en Bolivia
Las cooperativas mineras eran aliados del gobierno de Luis Arce hasta hace poco. Las distintas organizaciones están afiliadas a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), que es la matriz que aglutina a las cooperativas. Este aglomerado apoyaba la gestión de Arce hasta inicios de este año. A Evo Morales lo apoyaron durante todo su mandato. En Bolivia son considerados como un sector clave de apoyo político.
La última disputa que tuvo FENCOMIN con el gobierno de Arce fue en abril de este año, cuando realizaron medidas de presión en la ciudad de La Paz, logrando cercar la capital política boliviana durante dos días. Los cooperativistas mineros criticaron el manejo económico del Gobierno y la falta de carburantes, algo que a ellos les perjudica en sus operaciones. En 2023 también realizaron protestas exigiendo ingresar a áreas protegidas y mantener el pago del monto impositivo, que es el 4.8 %. Esa cifra es menor a diferencia de la que se impone a un empleado común en Bolivia, que aporta el 16.5 % al Estado con diferentes impuestos.
Según Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en los últimos años, los cooperativistas mineros han alcanzado poder político, económico y social, además de haberse expandido y tener una incidencia grande en el empleo: nueve de cada diez mineros del país son cooperativistas, aunque se trata de un empleo precario.
“Las cooperativas mineras, por su naturaleza social y por ser entidades sin fines de lucro, reciben un conjunto de beneficios tributarios específicos. Están exentas de cumplir con las obligaciones tributarias del Régimen General de Impuestos gracias a diferentes leyes”, resaltó Zaconeta.
Defensa indígena
Ante la posición de los sectores mineros, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) anunció una defensa férrea contra la minería en las cuatro áreas protegidas. Vicente Canare, dirigente de la CPILAP, afirmó a Mongabay Latam que su organización está en estado de emergencia. “Estamos dispuestos a defendernos de la invasión a los territorios de los indígenas y las áreas protegidas”, agregó.
“Todas las comunidades están listas a un solo llamado para poder concentrarnos y defender nuestros derechos, ante cualquier ingreso que se quiera dar, ya sea por la fuerza o intentando manipular de forma engañosa para entrar a las comunidades del Madidi y Pilón Lajas como pretenden los mineros”, afirmó Canare.
El dirigente indígena añadió que la CPILAP presentó una Acción Popular hace cuatro años para evitar el ingreso de la minería aurífera a las comunidades del norte de La Paz y parte del departamento del Beni. “Nosotros pedimos cero minería en nuestro territorios y estamos esperando que se cumpla lo que pedimos”, dijo.
En Bolivia, la acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier persona individual o jurídica, e incluso a entidades como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, proteger derechos e intereses colectivos frente a actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Se aplica para defender bienes como el medio ambiente, patrimonio público, salubridad y espacio público.
Las cuatro áreas protegidas forman parte del Corredor de Conservación de Biodiversidad y se constituye en una conexión natural por su gran riqueza natural de flora y fauna, por los servicios ecosistémicos y ambientales que ofrece, pero también por las fuertes amenazas que enfrenta, entre ellas las actividades extractivistas, como la minería aurífera.
El recurso fue interpuesto por la CPILAP en septiembre de 2023 y logró una resolución favorable en el Juzgado Público de Rurrenabaque, donde se reconoció la tutela plena de los pueblos indígenas frente a la vulneración de derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a un medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación.
Leer más | La minería ilegal de oro avanza en nueve regiones amazónicas de Perú | ESTUDIO
La resolución judicial dispuso la suspensión de actividades mineras ilegales y aquellas que no cuenten con licencia ambiental en los ríos Quiquibey, Tuichi, Alto Beni, Kaka, Beni, Madre de Dios, Tequeje y sus afluentes, además de la implementación de procesos de consulta previa y medidas de mitigación frente a la contaminación por mercurio.
Minería en la Amazonía
En Bolivia la minería legal es aquella que tiene la autorización plena de la AJAM. Una cooperativa minera debe realizar los trámites ante esta entidad, pero también debe realizar un estudio de impacto ambiental y debe presentarlo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Con toda esa documentación pueden ingresar a realizar la actividad, incluso en ríos de la Amazonía.
Sin embargo, muchas veces incumplen el procedimiento y sus actividades se vuelven ilegales. Por norma ambiental, las mineras no pueden operar en áreas protegidas, ya sean de alcance nacional, departamental o municipal. Pero también hacen un trabajo ilícito aquellas cooperativas o empresas que no tienen autorización de la AJAM; aquellas que iniciaron el trámite, pero que no esperan la autorización y aun así operan; y las que tienen autorización, pero alquilan sus concesiones a operadores privados, ya sean extranjeros o nacionales.
“Algo que usualmente pasa [como minería ilegal] es que la cooperativa minera que logra la autorización de las concesiones y la licencia ambiental, se asocia con el capital privado para explotar el área minera y contrata trabajadores asalariados, usa maquinaria de alta capacidad y genera utilidades”, explicó Zaconeta. Es decir que terminan funcionando como una empresa.
Según un estudio realizado por el CEDLA, las mayores zonas de expansión de la minería del oro en la Amazonía se encuentran en siete puntos, todos ellos en torno a cuatro ríos: Madre de Dios, Orthon, Madera y Tequeje. Esos siete puntos abarcan a seis municipios: Riberalta, en el departamento del Beni (dos puntos); El Sena, Villa Nueva, Puerto Rico y Nueva Manoa, en Pando (cuatro puntos); y el municipio de Ixiamas, en el norte del departamento de La Paz (un punto).
“Urge, por ejemplo, si se piensa en lograr un cambio en el actual escenario de esta actividad, discutir la caracterización de las cooperativas mineras dedicadas a la explotación de oro en el país, identificar claramente si estas cumplen realmente las condiciones de una cooperativa, o si deben ser consideradas como empresas mineras por el tipo de explotación, relaciones laborales, capital de funcionamiento, consumo de combustible y niveles de producción”, afirmó Zaconeta.
En el departamento de La Paz incluso se crean “comunidades fantasmas” para que aprueben el ingreso de cooperativas mineras. Un caso así sucede en la comunidad Tres Marías, que está ubicada en el municipio de Yanacachi, a 82 kilómetros de la ciudad de La Paz. En ese poblado existen denuncias de avasallamientos de terrenos para extraer oro y judicialización de dirigentes que se oponen a la minería.
“Acá han creado una comunidad fantasma, se llama Ñequejahuira Cotapata, que autoriza el ingreso a la cooperativa Salvadora de Yervani para que exploten oro dañando nuestro territorio, abriendo caminos ilegales y dañando parte del área protegida de Cotapata. Además, esta cooperativa está contaminando nuestra agua y perjudica nuestra producción de flores”, denunció a Mongabay Latam una comunera de Tres Marías, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.
En este caso, según un informe del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), se identificaron violaciones a los derechos de los defensores ambientales por parte de la cooperativa minera Salvadora de Yervani, que intenta dividir a la comunidad Tres Marías ofreciéndoles cuadrículas mineras para que no denuncien supuesta persecución judicial, amenazas, intimidación y agresiones físicas que sufren por los cooperativistas mineros.
En este caso hay un defensor que se declaró en la clandestinidad. Se trata de Isaac Catacora, quien es el secretario general de la comunidad Tres Marías y que desde diciembre de 2024 tiene una orden de aprehensión. Lo acusan de “lesiones leves y graves, avasallamiento de área minera y asociación delictuosa”.
Gregorio Huanca, de la cooperativa Salvadora de Yervani, se limitó a decir a Mongabay Latam que su cooperativa tiene autorización desde 2023 de la comunidad Ñequejahuira Cotapata, que pertenece al municipio de Coroico y no de Yanacachi. Luego, evitó dar más declaraciones.
Imagen principal: draga para extraer oro y otros minerales de los ríos en Bolivia. Foto: André Bärtschi / WWF Regional
Créditos
