- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia vive su tercer cambio en lo que va de la administración de Gustavo Petro. Por ahora, Irene Vélez Torres está al frente de la institución, ante la salida de Lena Estrada Añozaki, primera ministra indígena en el país, quien duró seis meses en el cargo.
- La exministra Susana Muhamad señala que solo estrategias conjuntas en investigación, diálogos de paz y acuerdos podrán encarar la violencia y las economías ilegales que se extienden en Colombia.
- Manuel Rodríguez, primer ministro de Ambiente en el país, señala la necesidad de una ley de entidades territoriales indígenas para reconocer la autonomía de las poblaciones y la incorporación del tema ambiental en las comunidades.
- Los especialistas también destacan la importancia de lineamientos ambientales en ecosistemas de Colombia y los compromisos climáticos el país, previo a las COP30.
La salida de Lena Yanina Estrada Añozaki del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia —primera ministra indígena del país—, a solo seis meses de haber asumido el cargo, dejó un panorama complejo para la política ambiental del país en un momento clave. Están sobre la mesa el aumento de la deforestación a nivel nacional, el avance de las economías ilícitas en zonas estratégicas, como la Amazonía, y la incertidumbre de los compromisos que asumirá la Nación en cumbres internacionales, como la COP30.
Por ahora, la académica Irene Vélez Torres, directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y exministra de Minas y Energía, quedó al frente de la institución que vive su tercer cambio en lo que va del gobierno del presidente Gustavo Petro y previo a las elecciones que habrá en Colombia en 2026. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Tatiana Roa Avendaño, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, asuma el puesto.
Consultados por Mongabay Latam, exministros analizan los retos que enfrenta la nueva autoridad ambiental, ante el recrudecimiento de la violencia contra defensores y comunidades indígenas, el peso de los grupos armados y los riesgos socioambientales para puntos clave del país, como la Amazonía y los parques nacionales naturales.
Violencia, economías ilícitas y deforestación
Ante el repunte de la violencia contra personas defensoras del territorio, especialmente en territorios indígenas de Colombia, Susana Muhamad, anterior ministra de Ambiente y actual precandidata presidencial, sostiene que uno de los principales desafíos está en la presión de economías ilícitas y grupos armados sobre territorios y comunidades en el país.
Muhamad señala la necesidad de articular estrategias que actualmente están más dispersas, como la investigación criminal, el avance de los diálogos de paz, acuerdos socioeconómicos con comunidades y la presencia efectiva de la fuerza pública en zonas de conflicto.
“Ha sido difícil para el Estado articular un territorio, pero ahí está la clave de poder contener no solamente a las economías ilícitas sino la amenaza contra líderes sociales y ambientales”, dice la especialista a Mongabay Latam, y señala que esta estrategia fue la que permitió una reducción histórica de la deforestación en 2022 y 2023.
Manuel Rodríguez Becerra, académico y ex ministro ambiental sostiene que uno de los grandes retos para el cierre de esta administración está justamente en frenar la deforestación a nivel nacional, la cual incrementó un 43 % en 2024, según informes oficiales. Sin embargo, matiza que este tema está supeditado al avance de la paz.
“Por el contrario, lo que ha avanzado es la guerra, el control territorial por grupos ilegales. No es propiamente un tema que pueda controlar el Ministerio de Ambiente. En la medida en que se tome control del territorio, puede intervenir en la deforestación, pero no se ve que eso vaya a pasar en los próximos meses”, sostiene el experto.
El exministro reconoce la labor de Muhamad, que contribuyó a la reducción de la deforestación en Colombia por dos años, pero señala que las recientes cifras dadas a conocer por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) son contradictorias y poco transparentes.
“En términos de cifras de la deforestación, estamos en el limbo, no sabemos muy bien cuál es la tasa de deforestación ni cuánto aumentó realmente”, señala Rodríguez, que también apuntó una omisión del papel de los grupos armados en el reporte oficial de deforestación.
En el caso de los parques nacionales naturales, las 61 áreas protegidas registraron 2.5 veces más deforestación en 2024 que durante el año anterior, de acuerdo con el monitoreo. Sin embargo el registro oficial no contiene información específica sobre la pérdida de bosque en estas zonas, por lo que Rodríguez señala que esta medición detallada está pendiente no solo para las autoridades ambientales, sino para la próxima Presidencia también.
“El Gobierno da muy poca información sobre esto, hay falta de transparencia. Para la campaña presidencial, que ya está en marcha, es necesario comprometer a los candidatos con una meta de deforestación cero en los Parques Nacionales”, sostiene.
Días antes de dejar el cargo de ministra de Ambiente, Estrada reconoció que los conflictos armados habían afectado el trabajo de conservación con las comunidades, al utilizar los bosques como “moneda de cambio” y ver su explotación como una fuente de ingresos.
“Los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras. Seguimos insistiendo en los diálogos con las comunidades y cuando el Presidente lo determine, con otros actores”, dijo al presentar los datos sobre deforestación en Colombia.
Recientemente, un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y el Instituto Igarapé alertó el incremento de la criminalidad en la Amazonía y la conexión entre las economías ilegales y grupos armados con intereses económicos y políticos en el control de los territorios.
En este sentido, Muhamad señala la importancia de entender la participación no solo de grupos armados, sino de otros actores de las economías ilícitas para fortalecer la protección ambiental.
“No es sólo la autoridad ambiental, es una articulación de factores que constituyen una acción integral del Estado. Las autoridades ambientales no pueden contener un proceso de billones de dólares de inversión de economías ilícitas y grupos armados”, destaca.
La exministra sostiene que el Sistema Nacional Ambiental puede jugar un papel determinante en “el reemplazo de economías ilícitas por economías de la biodiversidad o economías para la vida, que podrían generar un valor agregado que le hagan una competencia a la economía ilícita”.
Advierte que en este acuerdo deben unirse grandes sectores, como la agricultura, el transporte, la Agencia Nacional de Tierras, para que el pacto de transición “tenga el respaldo suficiente para hacerlo real”.
Autonomía indígena y proyectos de conservación
El mayo de 2025, el gobierno de Petro emitió el decreto 488, que define las normas para el establecimiento de entidades territoriales indígenas, una figura que reconoce su autonomía con gobierno y administración propios, así como objetar proyectos extractivos o empresariales en sus territorios.
Para Rodríguez, el seguimiento de este tema también es uno de los retos del Ministerio, al considerar que es la forma más integral de incorporar el tema ambiental en la vida de las comunidades, junto con los resguardos indígenas y las propiedades colectivas afrodescendientes.
“Hay solamente una creación parcial de entidades territoriales indígenas para resolver el tema de unas áreas del país en donde la gobernabilidad quedó en el aire”, comenta.
Pese a que el decreto del Gobierno contempla agregar al mapa colombiano por lo menos ocho entidades territoriales, el exministro sostiene que se requiere una ley en el tema.
“Eso ha avanzado, pero se requeriría una cuestión más general. A mi juicio, es lo que hay que hacer, se necesita una ley y no hay ningún proyecto en esa dirección”, indica.
Por otro lado, en marzo pasado, el Ministerio de Ambiente emitió un proyecto sobre los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, una región declarada como área de interés ecológico nacional, con el objetivo de adaptar estos ecosistemas al cambio climático y procurar el ordenamiento alrededor del agua.
Rodríguez señala que la nueva autoridad ambiental deberá empujar este tipo de proyectos, frente a los intereses de urbanizadores en estas zonas del país.
“A la nueva ministra le toca sacar finalmente la resolución, que sin duda sería un gran aporte del gobierno de Petro y a la gestión ambiental del país, porque no solamente sería el tema de la sabana, sino que sería un ejemplo de lo que hay que hacer en las grandes ciudades y sus áreas de influencia en Colombia”, sostiene el especialista.
Combustibles fósiles y compromisos internacionales
Para Muhamad, uno de los retos que Colombia debe liderar es la no proliferación de combustibles fósiles en la Amazonía, pues señala que es un compromiso fundamental que otros países amazónicos no han puesto sobre la mesa.
Precisamente este tema estuvo ausente en la V Cumbre de Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), donde no existieron propuestas para frenar la expansión de la industria. Sin embargo, la académica considera que es un tema en el que Colombia debe insistir en futuros encuentros como la COP30 en Brasil.
“Con la primera COP en la Amazonía y el cambio climático es una absoluta contradicción explotar combustibles fósiles en la Amazonía”, sostiene Muhamad y agrega que aunque algunos proyectos de ley se han estancado en el Congreso, la administración actual aún puede impulsar esta medida.
“El Gobierno sí puede tomar medidas frente a minería y frente a combustibles fósiles, así sean de manera transitoria mientras se vuelve ley”, añade.
La precandidata presidencial menciona que otro proceso ambiental a desarrollar es la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Colombia (NDC), los planes y compromisos de cada país para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y socializarlas.
“No deben ser solamente unas NDC técnicas de bajar emisiones, sino de qué significa eso en términos sociales, económicos, cuáles son las transformaciones que hay que hacer y cómo se hace el financiamiento”, expone la especialista.
En el caso de Colombia, sostiene que durante su gestión se avanzó en un plan de biodiversidad, al ser la deforestación la principal fuente de emisiones, por lo que una de las principales mitigaciones es la restauración ecológica.
Imagen principal: (al centro) Tatiana Roa Avendaño, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, e Irene Vélez, actual ministra encargada del Ministerio de Ambiente. Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia
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