- El monitoreo oficial hecho por autoridades de Colombia muestra un incremento de la deforestación en el país, principalmente en la Amazonía, que concentró el 68 % de la pérdida de bosque a nivel nacional en 2024.
- El informe no aborda directamente el papel de grupos armados en la pérdida de bosques, aunque identifica la tala, los cultivos ilícitos y la minería ilegal entre las causas.
- Especialistas consultados por Mongabay Latam advierten que el enfoque del informe oficial oculta “crisis focalizadas” y omite dinámicas territoriales.
- También señalan la falta de información sobre la deforestación en parques nacionales y reservas indígenas, áreas clave para los bosques del país.
La deforestación a nivel nacional en Colombia no solo se incrementó en 2024, sino que también se aceleró en áreas clave del país, como en la Amazonía, donde se elevó un 74 %, así como en los Parques Nacionales Naturales, con más del doble de hectáreas perdidas respecto a 2023. Estos incrementos también se registraron en resguardos indígenas y territorios de comunidades afrodescendientes, de acuerdo con el informe oficial anual de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
El reporte, dado a conocer por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el pasado 31 de julio, reconoce un incremento del 43 % en la deforestación respecto al año anterior, pero enfatiza que se trata de uno de los registros más bajos desde 2001.
Uno de los puntos que llama la atención es que el informe del Ideam no ahonda en el rol que cumplen los grupos armados en las diferentes regiones del país. Básicamente, no expone su relación con las actividades causantes de pérdida de bosque, ni del control que tienen en ciertos territorios, pese a que autoridades ambientales reconocen que “el actor principal en la deforestación es la lucha armada”.
Mongabay Latam habló con especialistas y autores del monitoreo forestal sobre los factores socioambientales detrás del aumento de la deforestación durante 2024 que están ausentes en el informe oficial.
Conflicto armado, uno de los actores clave asociados a la deforestación
El informe oficial no menciona la participación de grupos armados en acciones de deforestación, pero sí advierte cuáles son las actividades que están causando mayor pérdida forestal en cada uno de los nueve núcleos de deforestación y que están asociadas a la operación de estas agrupaciones.
El análisis del monitoreo señala el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva y la construcción no planificada de vías ilegales como las principales causas directas de deforestación. También identifica a los cultivos ilícitos, la tala y la minería ilegales como causas, pero omite su conexión con grupos armados y su control en los territorios.
Para Dolors Armenteras, bióloga y especialista en conservación de bosques, el balance muestra que las cifras del informe ocultan “crisis focalizadas”.
“Muchos de estos focos están en zonas de frontera y postconflicto, donde la ausencia o retirada estatal ha permitido la expansión de economías ilegales y el control territorial de actores armados, afectando territorios esenciales para la conectividad y los servicios ecosistémicos”, precisa la experta.
Manuel Rodríguez Becerra, académico y exministro de Ambiente de Colombia, señala además que hay una relación entre la falta de control del Estado y la deforestación, por lo que asegura que en zonas donde los grupos armados dominan el territorio es difícil tener información confiable.
“Este gobierno tiene menos control del territorio y en áreas donde está la mayor parte de bosques, como es el caso del Pacífico, donde el control territorial es nulo, ¿qué está pasando en deforestación en esa zona? No se conoce mucho”, dice a Mongabay Latam.
En la región del Pacífico, el monitoreo únicamente detectó áreas de fuerte aceleración de la deforestación durante 2024, específicamente en el norte del departamento de Chocó, mientras que en los departamentos de Nariño y Cauca hubo zonas mixtas de aceleración y desaceleración.
Para el académico, la emergencia humanitaria que ocurre en la región norte del Catatumbo por el conflicto entre grupos armados es un ejemplo de la falta de control en los territorios donde también hay núcleos de deforestación.
“Expulsaron a 60 000 personas del Catatumbo. Es una zona en donde se deforesta para sembrar coca. Creo que es un caso simbólico de lo que está ocurriendo”, sostiene.
Adriana Rojas, coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, sostiene que omitir las dinámicas territoriales, como la presencia de grupos armados o redes de acaparamiento de tierras pueden sesgar los resultados del monitoreo oficial.
“Aunque las imágenes satelitales permiten detectar la pérdida de cobertura boscosa con relativa precisión, sin un análisis de los factores estructurales que explican ese cambio —sociales, económicos y políticos— se pierde capacidad de comprender y enfrentar las verdaderas causas de la deforestación”, sostiene la especialista.
El conflicto armado incluso impactó las acciones de monitoreo en los territorios más afectados por la deforestación. Aunque el estudio se basa principalmente en imágenes satelitales, Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del Ideam, explica que ante la dificultad de realizar trabajo de campo en los núcleos de deforestación optaron por otras formas para validar la información sobre estas regiones.
“En las áreas donde más hay deforestación hay una relación casi directa con los problemas de conflictividad armada y social”, advierte. Por esta razón han reemplazado los recorridos por el uso de imágenes de muy alta y alta resolución para validar los parches de deforestación. “Eso nos ha generado altos niveles de certidumbre de nuestros datos”, agrega.
Lena Estrada Añokazi, entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y quien recientemente renunció al cargo, de acuerdo con reportes de medios nacionales, admitió que los conflictos armados en Colombia han afectado el trabajo de conservación con las comunidades, al utilizar los bosques como “moneda de cambio” y ver su explotación como una fuente de ingresos.
“Los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras. Seguimos insistiendo en los diálogos con las comunidades y cuando el presidente lo determine con otros actores”, dijo al presentar el informe.
En mayo pasado, la plataforma Global Forest Watch estimó que la pérdida de bosques primarios en Colombia aumentó casi un 50 % en 2024. A diferencia del informe oficial, el estudio advirtió que la deforestación no relacionada con incendios se incrementó un 53 %, por la inestabilidad derivada del fracaso de las conversaciones de paz con actores armados, así como por la minería ilegal y la producción de coca.
Ante los resultados del monitoreo oficial, integrantes de la organización Fundación Gaia Amazonas dicen haber desarrollado un sistema propio de detección de deforestación y pérdida de coberturas naturales para la Amazonia con el objetivo de validar, complementar y enriquecer el análisis sobre el tema.
Incluso, sostienen haber observado tendencias muy similares a las reportadas por el Ideam, aunque con algunas diferencias de magnitud por utilizar una metodología distinta.
“Contar con una doble contabilidad de este indicador, tan estratégico para el país, no debería verse como una amenaza, sino como una oportunidad. La transparencia y la mejora continua se fortalecen con la pluralidad de visiones y la colaboración entre Estado, comunidades, pueblos indígenas, organizaciones sociales, academia y ciudadanía”, explica Rojas sobre un monitoreo diverso y complementario.
Parques Nacionales, una alerta que se omite
El Sistema de Parque Nacionales Naturales de Colombia, integrado por 61 áreas naturales protegidas, tuvo un fuerte incremento en la deforestación en 2024 con más de 11 500 hectáreas perdidas, 2.5 veces más que lo registrado en 2023.
En este caso, el informe oficial señala que la deforestación en estas áreas naturales representó el 10 % del total nacional, cuando en 2023 fue del 6 %.
Rodríguez Becerra sostiene que este indicador es una señal negativa del panorama sobre deforestación en Colombia, donde también hay una fuerte relación con actividades de grupos armados.
“El gobierno da muy poca información sobre esto. Por ejemplo —agrega— en el Parque Tinigua la deforestación aumentó tremendamente, entre otras cosas porque quienes controlan son las disidencias. El gobierno no tiene ningún control”, señala el especialista.
El informe oficial únicamente sostiene que Parques Nacionales como Tinigua, Sierra de La Macarena y Serranía de Chiribiquete tuvieron una aceleración crítica en la pérdida de bosque sin aportar mayor detalle.
De acuerdo con un informe de la organización Parques Nacionales Cómo Vamos (PNCV), entre 2013 y 2023 se deforestaron 125 745 hectáreas en todas las áreas protegidas de Colombia. Cinco de ellas concentraron el 77 % de la afectación: los parques de Tinigua, Sierra de La Macarena, Paramillo, Serranía de Chiribiquete y La Paya.
“El caso de Tinigua, Picachos y Macarena, por su ubicación son tres parques fundamentales para el intercambio de flujo de vida entre la Amazonía y la región Andina”, sostiene Rodríguez, quien también es cofundador de PNCV.
El monitoreo oficial no contiene información específica sobre la pérdida de bosque en los Parques Nacionales. Solo registró nueve Núcleos Activos de Deforestación (NAD), áreas donde se pierde mayor cantidad de bosque. El 57 % se ubica en el arco noroccidental amazónico.
Si bien los especialistas consultados por Mongabay Latam sostienen que los datos del informe oficial sobre deforestación en Colombia son confiables, también observan limitaciones, como la falta de transparencia en la información.
“Es necesario que para un indicador tan importante para el país exista transparencia en los datos, donde se tengan sistemas de monitoreo independientes que corroboren o complementen la información oficial que genera el Estado”, dice a Mongabay Latam Camilo Rodríguez Guío, director de Fundación Gaia Amazonas.
Además de la necesidad de mejorar la comunicación hacia la ciudadanía y las organizaciones sobre la metodología empleada, Rodríguez Guío señala que hay herramientas, como el sistema trimestral de alertas que pueden mejorar en su implementación.
“Las alertas se emiten con retraso trimestral y no incluyen la información geográfica detallada que permita orientar acciones concretas en el territorio. Al público solo se le proporciona un punto de referencia general, sin transparencia suficiente sobre el lugar, la magnitud o la causa de la alerta”, indica el abogado ambiental.
Rodríguez dice que para tener un sistema de alertas tempranas efectivas, este debe ser utilizado no solo por las autoridades ambientales y de control, sino también por organizaciones locales, pueblos indígenas y observadores ciudadanos. “Sin este control social, la deforestación sigue siendo un delito sin vigilancia efectiva”, agrega.
En cuanto a prevención, insiste que no basta solo detectar a tiempo los focos de la deforestación, sino también mejorar mecanismos como la formación catastral en la Amazonía y la publicación transparente de información sobre permisos de aprovechamiento forestal, acuerdos de conservación, compensaciones y procesos sancionatorios.
Amazonía y territorios comunitarios, en alerta
La Amazonía colombiana concentró la mayor pérdida de bosque en 2024, el 68 %. La región también tuvo un incremento del 74 % en la deforestación luego de que cuatro de sus departamentos clave —Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo— reportaron más hectáreas deforestadas que el año pasado.
El informe oficial destaca que el 58 % de los bosques naturales del país se encuentran en reservas indígenas, donde la deforestación aumentó 14 %; en comunidades afrodescendientes, donde el incremento fue del 10 %; y de reserva campesina, donde fue incluso mayor al 60 %.
Para Rodríguez Becerra esto también implica una señal de poca colaboración de monitoreo con estas poblaciones, pese a su capacidad de conservación en los territorios.
“Infortunadamente se está haciendo muy poco con las comunidades. La transformación del territorio en esos lugares ha sido menor que la transformación del territorio en las zonas que ni son parques ni son resguardos ni son propiedades colectivas”, sostiene.
Rojas señala que son los datos satelitales y los sistemas oficiales los que deben servir para fortalecer el monitoreo y la autonomía de las poblaciones indígenas.
“Las autoridades territoriales indígenas también han avanzado en su ejercicio como autoridad pública en la consolidación de datos relacionados con el manejo del territorio. Desde estas perspectivas, mucho más cercanas a la realidad local que los sistemas remotos, se puede complementar el conocimiento e integrar estas variables a los sistemas de información territoriales indígenas”, explica la especialista.
Rojas insiste en que esta integración comienza cuando el Estado reconoce que los datos también son parte de la soberanía territorial.
En tanto, autores del informe y autoridades ambientales sostienen que hay una reducción del 34 % de la deforestación respecto a 2021, año de referencia para analizar el fenómeno en la administración del presidente Gustavo Petro y que va en línea con la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que planteó contener la deforestación en al menos un 20 % sobre esa línea base.
Imagen principal: en la Amazonía se identificó como causa directa de deforestación la praderización, relacionada con el acaparamiento de tierras. Foto: cortesía Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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