El problema de este llamado avasallamiento o invasión es continuo. El corregidor de la comunidad, Francisco Saavedra, dice que actualmente todos sus vecinos invaden un poco. En algunos casos han intentado encontrar soluciones mediante el diálogo, asegura, pero esto no siempre funciona. Por ello, recurrieron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para delimitar los perímetros dentro de la comunidad. Sin embargo, según Saavedra, dicha institución no les dio ninguna solución. “Existe corrupción”, dice el corregidor. Este medio solicitó información al INRA  mediante una carta y llamadas telefónicas, pero tras un mes de espera e insistencia no obtuvo respuesta.

Similar situación se da en San Antonio de Moleto, donde la colonización ingresó en 1997 con fuerza. Ese año rebasó la zona donde están las viviendas y penetró hasta el sector conocido como La boca del río. Después de reclamos y la intervención del INRA, los cocaleros salieron, aunque no fuera de la línea roja que en 1992 había sido consensuada como límite de la colonización.

Una comparación a través de imágenes satelitales entre la línea roja y la ubicación del asentamiento cocalero, aledaño a San Antonio de Moleto, muestra que el avasallamiento se encuentra dentro del territorio indígena. Es precisamente ahí donde se deforesta.

Las imágenes satelitales permiten ver también cómo se incrementó la deforestación progresivamente de 2004 a 2020, siendo 2013 el año que comenzó a acelerarse. Esta deforestación se ve, principalmente, en el Polígono 7, que cubre el 12 % del TIPNIS.

En este lugar está permitido el cultivo de hoja de coca hasta un cato por productor. Un cato es un pedazo de tierra de 1600 metros cuadrados donde se siembra coca; sin embargo, en muchos casos se sobrepasa ese límite y se siembra dentro del territorio indígena donde está prohibido, asegura la dirigencia del CONISUR.

El Informe Anual de Monitoreo de Coca, publicado en agosto de 2021 por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), señala al TIPNIS como una de las seis áreas protegidas afectadas con cocales. En 2020, se encontraron 1373 ha al interior del Polígono Siete, un 27 % superior al año anterior. Lo más grave, sin embargo, son las cifras que se registraron ese año al interior del territorio indígena, donde está prohibido el cultivo de coca: 27 hectáreas (ha), equivalentes a 38 estadios de fútbol.

Según Luisa, quien acompañó al equipo periodístico durante el sobrevuelo con el dron, la deforestación se da por partes. “Son varios pedazos que se van sumando”, dice. Así lo evidencian las imágenes.


Para este reportaje se solicitó información al Sernap sobre el avance de la deforestación, el avasallamiento y las presiones en el parque, pero la dirección nacional no dio respuesta alguna. El director del TIPNIS, por su parte, al momento en que fue contactado por este medio informó que estaba ingresando  a una inspección, pero no volvió a responder nuestras llamadas.

Un trabajador del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que pidió mantener su nombre en reserva dijo que en el sur del parque aumentaron los desmontes y chaqueos en los últimos años, y que en muchos casos estos se dan en las nacientes de las fuentes de agua.

“Cada año ellos (los colonos) chaquean, y este año se ha notado más que otros años la sequía”, resaltó.

Según las  autoridades indígenas, los guardaparques del Sernap, encargados del cuidado de las áreas protegidas, no tienen la logística necesaria para frenar los avasallamientos ni la deforestación.

Desde la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) confirmaron que los guardaparques no cuentan con los materiales necesarios y que las condiciones laborales son deficientes, pues no se les dota de los equipos necesarios para acampar y hacer patrullajes largos; mucho menos con cámaras fotográficas u otro material tecnológico.

Por ese motivo, tampoco hay un monitoreo actualizado de todo el parque, aseguran. El trabajador del Sernap que pidió mantener su nombre en reserva, explicó que desde 2010, cuando las organizaciones no gubernamentales dejaron de financiar al Sernap, ya no cuentan con el equipo necesario para hacer un mejor control.

“No tenemos la logística, nos habrán dotado de una motocicleta, pero no nos dotan de combustible ni repuestos de la moto. Falta apoyo del Estado, porque como Sernap no tenemos recursos”, aseguró.

Vargas, quien es guardaterritorio [pobladores indígenas que monitorean sus tierras, muchas veces junto a los guardaparques], cuenta que en un recorrido a la comunidad de Fátima, en el mes de octubre, encontraron un asentamiento cocalero en el lugar donde los guardaparques del Sernap tenían su campamento. Este último había sido destruido.

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Las comunidades indígenas y su supervivencia

“Todos trabajamos con coca”, confiesa Luisa, en medio de su chacra en Santísima Trinidad, donde revisa las yucas que plantó hace unos meses para su autoconsumo. Explica que la mayoría de los indígenas trabajan como cosechadores en los catos de coca de los sindicatos.

Ella va con toda su familia a trabajar. Ganan un boliviano por libra de coca cosechada, por eso, para obtener entre 130 y 150 bolivianos al día (entre 18 y 21 dólares), se debe cosechar más de ocho horas, parando únicamente para tomar agua. A diferencia de los cocaleros y algunos comunarios, Luisa no pijcha (mastica) coca para ganar fuerzas en el trabajo, pues no es parte de su cultura.

Además de ser jornaleros, varios comunarios desde hace algunos años también producen coca en sus tierras, asegura Luisa, aunque precisa que lo hacen en chacos muy pequeños.

La otra noche, Benito, vecino de la comunidad, contaba que debido a la falta de recursos económicos inició la siembra y, al igual que muchos, se afilió al sindicato para tener un mercado seguro.

“Viendo que ellos tenían recursos, nosotros hemos tenido que hablar con los dirigentes para afiliarnos”, relató.

Luisa cuenta que hace años sembró un poco de coca, pero que ahora prefiere no hacerlo.

La investigadora y socióloga Sarela Paz —quien desde finales de la década de los 80 investiga la dinamicidad de la colonización y sus consecuencias en el TIPNIS— explica que la producción de coca está relacionada con una dinámica sociocultural que se da con agresividad hacia a los pobladores indígenas.

“No solamente ingresan y avasallan y toman tierras, sino que el tono con el que se relacionan con la población indígena es un proceso de etnocidio en el sentido en que los mojeños y yuracarés tienen que dejar de ser mojeños y yuracarés para convertirse en productores de hoja y esta agresividad viene de los productores y sindicatos”, afirma.

Esta agresividad de la que habla Paz se refleja, principalmente, en el miedo que tienen los comunarios de opinar distinto a la visión de desarrollo que prima en el lugar. Por ejemplo, los pobladores indígenas de la comunidad que intentaron oponerse a la carretera que atraviesa el TIPNIS  recibieron amenazas de que sus casas serían quemadas o de ser expulsados de la comunidad. En muchos casos, principalmente los dirigentes indígenas, recibieron agresiones físicas. “Hay una variable más básica que resistir que es sobrevivir”, dice Paz.

la mayoría de los indígenas trabajan como cosechadores en los catos de coca de los sindicatos. Foto: Marcelo Pérez.

Además, en los lugares donde existen factorías o laboratorios de cocaína, la violencia se agudiza. Por eso hay comunidades, como Mercedes de Lojojota, Teresa del Isiboro entre otras, a las que no se puede ingresar fácilmente, aseguran los comunarios.

También hay otro tipo de violencias sutiles. Un habitante de Santísima Trinidad, a quien por razones de seguridad simplemente llamaremos Pablo, cuenta que hasta hace unos 10 años solo en las escuelas de los sindicatos se podía cursar secundaria y que los estudiantes quechuas —principal cultura que colonizó el TIPNIS— se burlaban de cómo hablaban los yuracarés y mojeños. Por ello, al igual que ocurrió en las comunidades indígenas que había en el Polígono 7, muchos de los habitantes están transformando su modo de vida para adaptarse. De hecho, los idiomas mojeño y yuracaré ya no se escuchan con frecuencia porque solo lo hablan las personas mayores.

Lo mismo sucede con la vestimenta. La primera vez que vi a Cecilia, de San Antonio de Moleto, vestía una pollera quechua. Solo las mujeres más ancianas conservan aún su atuendo típico.

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El avance lento pero certero de la carretera

En 2012, la comunidad indígena más accesible del sur del TIPNIS era San José de Langosta, que queda antes de San Antonio de Moleto. Para ingresar, luego de atravesar territorio cocalero con la autorización de los productores de hoja,  había que caminar media hora y luego cruzar el río San Antonio por bote. A San Antonio de Moleto solo se podía ir navegando o a pie por medio del monte. Todo eso cambió. En los últimos años se abrió un camino, desde Ichoa, el último sindicato del Polígono, hasta allí.

Lorenzo, un mojeño trinitario y habitante de San Antonio de Moleto, asegura que los costados de la brecha están “llenos” de tierras de colonos. “Todo está loteado”, dice.

No solo cambió ese acceso, sino el ingreso al parque. Hace 10 años, y en época de lluvia, solo se podía viajar en unimok, un camión grande, resabio de la Segunda Guerra Mundial, que permitía gracias a sus grandes llantas cruzar el río Isiboro. Ahora sobre ese afluente se impone un puente que se suma a otros dos y que forma parte del segundo tramo de la carretera San Ignacio de Moxos y Villa Tunari, por medio del corazón del TIPNIS.

La construcción de estos puentes se realizó silenciosamente desde 2017, luego de la anulación de la Ley 180 que declaraba la intangibilidad del TIPNIS y pese a que el Gobierno del entonces presidente Evo Morales afirmó que la edificación de la carretera estaba paralizada.

Pablo, de Santísima Trinidad, explica que si bien la construcción del tramo se paralizó en los últimos años, el camino preexistente entre Isinuta (la entrada al TIPNIS) y el sindicato Ichoa es constantemente mantenido con maquinaria de la Autoridad Boliviana de Carreteras y del municipio de Villa Tunari.

“Anteayer ha salido una máquina que estaba ampliando la carretera. El trabajo es permanente”, asegura.

La investigación “Nueva ley pone a zona crítica de biodiversidad boliviana en camino a la deforestación”, publicada en la revista científica Current Biology, alertó en 2017 que, entre 2000 y 2014, el TIPNIS perdió 46 000 hectáreas de bosque, que representa el 3.6 % del total del parque.

La publicación resalta que las carreteras en los bosques tropicales a menudo conducen a la conversión del hábitat y que en el TIPNIS, más del 58 % de la deforestación se concentra a cinco kilómetros o menos de los caminos ya existentes hasta 2014.

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La escasez de agua

Las mujeres de San Antonio de Moleto se abastecen con baldes de la poca agua que aún lleva un delgado arroyo que baja hasta la entrada de la comunidad. Así intentan garantizar el recurso para el consumo familiar, aunque dicen que no es suficiente. Para bañarse y lavar ropa recurren al río Moleto, que bordea San Antonio y otras comunidades. De las 31 familias de la comunidad, son contadas las que tienen extractores a motor que bombean agua de pozos y que llenan sus tanques. Toda el agua de acá y de los alrededores no es potable.

Las demás comunidades que pertenecen a la Subcentral del TIPNIS viven la misma situación. Por ejemplo, en Santísima Trinidad hay dos tomas de agua que si bien no tienen el mismo problema que las de San Antonio, brindan un suministro cada vez más bajo.

Cocaleros atraviesan el río Sesejsama. Foto: Marcelo Pérez.

“En Santísima no escaseaba, pero ya hace dos o tres años lo hace. Es cada vez más prolongada la falta de agua”, cuenta Pablo. Incluso en este mes de enero, que normalmente debiera ser lluvioso, no ha llovido las cantidades de años anteriores, aseguran otros de los habitantes del lugar.

El río Sesejsama, que está a unos minutos de la comunidad, en esta época solía tener tanta agua que dificultaba el paso de motorizados, pero ahora los autos no tienen mucho problema para atravesar el caudal. Tanto el Sesejsama como otros dos ríos desembocan en el Isiboro y luego al Sécure. Esos afluentes también sienten la escasez de agua, aseguran desde la Subcentral del TIPNIS.

Las pobladoras indígenas entrevistadas consideran que la deforestación y los chaqueos que desde hace 30 años se realizan sistemáticamente en ese lugar para sembrar coca, causaron que las nacientes de los arroyos y vertientes de alrededor se sequen poco a poco.

El Conisur informa que demandó al Gobierno nacional que cumpla con su compromiso de dotar de agua potable a las comunidades. Esa fue la promesa que la autoridad comprometió cuando se hizo, en 2012, la consulta a los pobladores indígenas para construir la carretera que pasa por medio del TIPNIS. Hasta ahora esa promesa no se ha cumplido.

*Fotos y videos: Marcelo Pérez del Carpio.

*Edición: Michelle Carrere.

* Imagen principal: deforestación para sembrar coca en medio del parque nacional Tipnis, Bolivia. Marcelo Del Carpio

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