- El escándalo de Lava Jato (lavado de autos) sacudió a Brasil y a su presidencia. Empezando por la gigante petrolera estatal Petrobras, el escándalo de corrupción se ha extendido hasta incluir a las enormes empresas constructoras financiadas por el BNDES de dicho país, que están construyendo grandes represas en el Amazonas.
- El equipo de investigación de Lava Jato se centra en particular en la represa de Belo Monte, en el río Xingú, ya que los costos fueron excesivos y hubo reclamos por etnocidios y daño ambiental significativo.
- Los críticos alegan que la planificación energética de Brasil y el financiamiento de las represas por parte del BNDES se centran en el otorgamiento de importantes contratos a grandes empresas constructoras en lugar de enfocarse en el bien público, sin prestarle prácticamente atención a la viabilidad económica de las represas, al impacto ambiental y al perjuicio ocasionado a la Amazonía.
Nota del editor principal (15 de enero de 2016): Previo a la publicación, no se dio al BNDES una oportunidad de responder a las acusaciones informadas en este artículo. Esto representa un grave descuido de nuestra parte y hemos incluido una declaración del BNDES al final del artículo. El BNDES accedió a una entrevista antes de que las cuatro historias que quedan de esta serie sean publicadas.
El BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) de Brasil es el banco de desarrollo más grande del mundo. Los desembolsos anuales de 50 000 millones de dólares en 2014 superaron a los del Banco Mundial y a los del Ex-Im Bank (Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos) tomados de manera conjunta. Aunque el banco ha jugado un papel clave en el desarrollo de Brasil durante décadas, su precipitada expansión en los últimos años ha causado la preocupación generalizada de que el banco está fuera de control y de que está provocando daño al pueblo brasileño y a la biodiversidad.
En el primero de cinco artículos sobre el BNDES, Sue Branford examina cómo el banco se involucró en un esquema de desarrollo de la Amazonía con el que una alianza de empresas constructoras avaras y políticos poco éticos está presionando por una serie de enormes represas hidroeléctricas sin tener en cuenta si esas represas contribuirán de manera real al desarrollo de la región o cuál será el costo para el medioambiente y los pueblos autóctonos.
Un enorme escándalo por corrupción, llamado al principio con el código Lava Jato (lavado de autos), estalló en Brasil en marzo de 2014 y todavía continúa. Las investigaciones policiales han desenterrado revelación tras revelación, las que dejaron en claro que la empresa más grande del país —la gigante petrolera estatal Petrobras— ha estado implicada en actos de soborno, licitación fraudulenta y coimas en una inimaginable escala. Las pruebas surgen de una enorme operación de lavado de dinero, que con probabilidad es de al menos 10 000 millones de reales (3500 millones de dólares).
El escándalo ahora va más allá de Petrobras y llega hasta el Amazonas, donde un pequeño grupo de empresas constructoras muy grandes está construyendo una serie de represas hidroeléctricas gigantes. La investigación Lava Jato explica uno de los misterios que rodean al desarrollo en el Amazonas: por qué el Gobierno brasileño invierte de manera fuerte en estas represas, que han sido criticadas durante mucho tiempo por ser económicamente inviables y social y ambientalmente insustentables.
Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en diciembre de 2014 cuando Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras y uno de los funcionarios de mayor jerarquía involucrado en el escándalo, le dijo al Congreso que la corrupción a gran escala estaba ocurriendo fuera del sector petrolero. Reveló que: “Ocurre [la corrupción] en todo Brasil, en lo que se refiere a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y represas hidroeléctricas. Todo lo que tienen que hacer es investigar”. Poco después, la información sacó a la luz que la corrupción había influenciado la adjudicación de los grandes contratos para las represas en el Amazonas.
¿Corrupción en la creación de la represa de Belo Monte?
En junio de 2015, Dalton Avancini, ex presidente ejecutivo de Camargo Corrêa, una de las empresas constructoras más grandes de Brasil, declaró ante los fiscales generales que la empresa había pagado 30 millones de reales (9.6 millones de dólares) al partido oficialista —Partido de los Trabajadores— y al otro partido principal en el gobierno de coalición —PMDB— a cambio de contratos para la gigante y controversial represa de Belo Monte en el río Xingú, en la Amazonía.
Pronto se informó que otras grandes empresas también habían estado involucradas en los tejemanejes amazónicos. Se dijo que algunas de las empresas constructoras más grandes de Brasil —Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS y Galvão Engenharia— habían pagado sobornos, al igual que Camargo Corrêa, para adjudicarse los contratos de Belo Monte.
A la luz del creciente número de pruebas, Sérgio Ricardo Costa Caribé, del MPF (Ministerio Público Federal) —una rama independiente del gobierno federal que lleva a cabo las investigaciones—pidió al TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) realizar una investigación para ver “si las prácticas reveladas por la operación Lava Jato también están ocurriendo en empresas estatales del sector eléctrico”.
En septiembre de 2015, José Múcio Monteiro, relator de la investigación por parte del TCU, anunció que concentraría sus investigaciones en la represa de Belo Monte. Dijo que estaba haciendo esto porque era “la central hidroeléctrica completamente nacional más grande del país” e involucraba la cuantiosa inversión de 33 000 millones de reales (8700 millones de dólares). Alrededor de dos tercios de esa cantidad —22 500 millones de reales (6000 millones de dólares)— habían sido aportados por el BNDES, lo que significó que los contribuyentes brasileños estaban pagando la mayoría de la factura para la construcción y el supuesto caso de corrupción. (Nota del 15/01/16: BNDES aclaró que el banco concede préstamos que son devueltos con intereses, no contribuciones).
Aunque Monteiro aún no ha publicado el informe, ha surgido una gran cantidad de información inquietante que sugiere fallas catastróficas en la “arquitectura política y económica” del proyecto. Al parecer, Belo Monte estaba mal ideado desde el comienzo.
Previo a la construcción, las investigaciones habían demostrado que, salvo que se tuviera sumo cuidado, la represa dañaría de manera seria no solo la rica biodiversidad de la región, sino también el sustento y la cultura de la población local, en particular, de los grupos nativos. Una reciente investigación federal independiente demostró que es posible que estos graves pronósticos se hayan cumplido y tanto la principal empresa constructora de Belo Monte como el Gobierno Federal de Brasil están ahora acusados de etnocidio cometido contra siete grupos indígenas.
Los estudios de ingeniería también habían predicho antes de la construcción que los niveles del agua de los depósitos iban a ser tan bajos que la represa no podría generar la suficiente energía para ser rentable. Una investigación fidedigna realizada en 2015 corrobora estas predicciones y algo peor: demuestra que el flujo del río Xingú, al este de la Amazonía —el que alimentará la represa de Belo Monte—, disminuirá de un 25 a un 55 por ciento para el año 2040 debido al cambio climático, lo que en potencia convertiría a la gigante represa en algo inservible.
Ante estas abrumadoras predicciones, las empresas constructoras rehusaron poner su propio dinero en el proyecto y se retiraron del consorcio Belo Monte. Sin embargo, no les importó pujar por porciones de la obra en construcción, a sabiendas de que se les pagaría por más que la represa generara poca energía. Al hacer esto, transfirieron todo el riesgo financiero al Gobierno y a las empresas estatales y garantizaron así sus ganancias. El financiamiento de Belo Monte por parte del BNDES dejó a los contribuyentes en la estacada.
BNDES: la gallina de los huevos de oro
Aunque todavía se siguen descubriendo pruebas, el papel fundamental que tuvo el BNDES en el desarrollo de la nueva y amplia red de represas amazónicas —y en los mecanismos de corrupción brasileños— es claro: si el banco hubiera sido más transparente y responsable durante las etapas de planificación y hubiera protegido el interés general, como lo exigen los estatutos del banco, Belo Monte y otras represas —tales como Santo Antônio y Jirau en el río Madeira, en la Amazonía occidental— no se habrían llevado adelante o habrían sido construidas de una manera muy distinta, más razonable y menos perjudicial.
Existe otra razón por la que el BNDES es importante: es la gallina de los huevos de oro. El banco es el canal a través del cual miles de millones de dólares de los contribuyentes se transfieren a la Amazonía sin los debidos controles o supervisión —dinero que puede caer con facilidad en las manos de inescrupulosos hombres de negocio y de políticos, casi sin hacerles preguntas—.
No es extraño que las enormes empresas constructoras brasileñas, que se benefician con las inversiones del BNDES y los contratos gubernamentales, se hayan convertido en los patrocinadores clave de las campañas electorales. A cambio, las empresas esperan adjudicarse proyectos sobrevalorados de los que obtendrán grandes ganancias de manera imperceptible. De acuerdo con una investigación académica realizada en los EE. UU. sobre las donaciones para las campañas y los contratos gubernamentales en Brasil, los donantes corporativos del PT en las elecciones de 2006 recibieron, mediante los contratos gubernamentales, entre 14 y 39 veces el valor de sus donaciones. (Nota del 15/01/16: BNDES declaró que “el otorgamiento de créditos por parte del BNDES no está influenciado por las donaciones para campañas electorales”).
Mientras que este tipo de corrupción existe en muchos países, parece que se ha salido de control en Brasil, favorecida por la falta de supervisión independiente de agentes poderosos, en especial, el BNDES. En base a lo que se conoce, hay ciertas pruebas de sobrefacturación de las represas de la Amazonía. El presupuesto de Belo Monte, originalmente fijado en 19 000 millones de reales (5000 millones de dólares), se ha elevado a 33 000 millones de reales (8750 millones de dólares) (US$8.75 billion). Las dos represas en el río Madeira también sobrepasaron los costos: Santo Antônio, con un presupuesto original de 14 300 millones de reales (3800 millones de dólares) y un costo de 19 200 millones de reales (5100 millones de dólares), y Jirau, con un presupuesto inicial de 9600 millones de reales (2500 millones de dólares) y un costo de 16 600 millones de reales (4400 millones de dólares).
El BNDES ha realizado contribuciones determinantes para todas estas represas: 22 500 millones de reales (6000 millones de dólares) para Belo Monte, 6100 millones de reales (1600 millones de dólares) para Santo Antônio y 9500 millones de reales (2500 millones de dólares) para Jirau, en dos inversiones de 7200 millones de reales (1900 millones de dólares) en 2009 y una adicional de 2300 millones de reales (600 millones de dólares) en 2012.
Dinero y corrupción van de la mano
Una de las personas que sigue de cerca la historia de las represas amazónicas es Felício Pontes, fiscal del MPF del estado de Pará, quien le dijo a Mongabay: “La corrupción es el factor que explica la elección irracional de las estaciones hidroeléctricas en la Amazonía. Mucha gente clasifica la corrupción en Brasil como endémica, pero, en el caso del sector eléctrico, es mucho más grave y hasta puede ser considerada como una pandemia debido a su naturaleza generalizada, la influencia de los sobornos al momento de tomar una decisión y el predominio de intereses privados sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos brasileños. En otras palabras, la planificación energética en Brasil no es tratada como un tema estratégico que involucra el futuro de la nación, sino como, al menos desde los tiempos de la dictadura militar, una fuente de dinero para las empresas constructoras y los políticos. Creo que, mientras estas cuestiones no sean expuestas y resueltas, seguiremos teniendo represas costosas e ineficientes que causan un grave impacto social y ambiental en la Amazonía”.
Las investigaciones por corrupción actuales continúan reforzándose. La enorme compañía constructora Camargo Corrêa ha reembolsado 700 millones de reales (175 millones de dólares) a los fondos públicos en reconocimiento de sus crímenes, el pago más grande de esta clase jamás hecho en Brasil. Varios directores ejecutivos de empresas de la construcción están bajo arresto. En diciembre, Marcelo Odebrecht, nieto del fundador de la firma constructora más grande de Brasil —detenido desde junio—, renunció a la presidencia de la empresa.
También se tomaron medidas para contener el flujo de corrupción. La Corte Suprema ha prohibido ahora a los donantes corporativos hacer contribuciones a partidos políticos o a candidatos, aunque es muy pronto para saber si la nueva resolución será efectiva.
Mientras tanto, la agitación provocada por la corrupción se suma a las dificultades económicas actuales de Brasil, que han sido impulsadas en gran parte por la disminución mundial de los precios de los productos básicos. Se estima que el PIB del país cayó un 3.2 % en 2015.
Deltan Dallagnol, fiscal del MPF y jefe de la investigación Lava Jato, confía en que la agitación valga la pena y que tenga el potencial para catalizar un gran cambio en la cultura política brasileña. En diciembre de 2015 dijo: “Necesitamos entender que, juntos, tenemos en nuestras manos el poder para cambiar nuestro país. Brasil no es una propiedad privada de una élite corrupta. La ventana para cambiar a Brasil está abierta y es hoy cuando decidimos qué país queremos tener mañana”. El MPF está organizando una petición para exigir medidas más estrictas para combatir la corrupción. Cuando haya juntado un millón y medio de firmas, le requerirá al Congreso que debata el asunto.
Es difícil predecir a largo plazo las repercusiones de las actuales investigaciones. Con los poderosos intereses económicos en juego, el Gobierno brasileño en caos y los intentos de la oposición de destituir a la presidenta Rousseff, no será fácil promover un cambio duradero, pero, por lo menos, el escándalo sacó a la luz las acciones pasadas de empresas y funcionarios inescrupulosos y al BNDES y, por el momento, los desequilibró. La investigación también ha creado un espacio para debatir sobre cómo deberían ser gastadas y administradas en el futuro las grandes sumas invertidas por el BNDES, una discusión que muchos en Brasil sostienen que se debería haber hecho tiempo atrás.
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