- La represa Barro Blanco, de 28 megavatios, en el oeste de Panamá, está casi terminada, pero la construcción ha estado detenida desde febrero debido a la oposición de comunidades nativas.
- Semanas atrás, manifestantes Ngäbe interrumpieron una ceremonia que marcaría la llegada a un acuerdo entre el gobierno panameño y líderes de la misma comunidad nativa para completar el proyecto, lo que evidencia una gran división dentro de la comunidad.
- Durante la manifestación que llegó a la violencia, los manifestantes Ngäbe cancelaron la ceremonia de manera temporal.
- Sin embargo, la represa avanzará según el acuerdo firmado, donde se detalla que las comunidades tendrán nuevos privilegios económicos y de auditoría y se destituirá al polémico dueño de la represa.
Semanas atrás manifestantes de la comunidad indígena Ngäbe, que se oponen a la polémica represa Barro Blanco, en el oeste de Panamá, interrumpieron una ceremonia de cierre de negociaciones del proyecto y se enfrentaron de forma violenta con la policía. El acuerdo habría sido logrado entre el presidente de Panamá y autoridades indígenas Ngäbe-Bugle, a quienes los manifestantes acusaron de no seguir las pautas establecidas por la ley aborigen ni consultar a la comunidad apropiadamente.
La ceremonia tenía lugar en la escuela en el pueblo de Llano Tugri, dentro del área indígena autónoma Ngäbe-Bugle, y se hacía para presentar el acuerdo definitivo que permitirá que avance el proyecto hidroeléctrico de 28 megavatios, acuerdo al que se llegó después de más de un año y medio de negociaciones respaldadas por la ONU.
La construcción de la represa en el río Tabasara es apoyada por dos bancos europeos de desarrollo y se ha autorizado la venta de créditos de carbono mediante el Mecanismo de desarrollo limpio de la ONU.
La obra ya está casi completa. Sin embargo, la construcción se detuvo en febrero de 2015 a causa de la oposición de las comunidades Ngäbe cercanas. Grupos locales se han opuesto a las propuestas de construir represas en esta zona desde la década de 1980. Las preocupaciones actuales se relacionan con que este reservorio impactará de forma directa en sus tierras, medio ambiente, terrenos sagrados y algunos hogares. El conflicto aumentó este en mayo cuando comenzaron las inundaciones de prueba sin que las comunidades lo supieran.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y la vicepresidente, Isabel Saint Malo, estuvieron en la ceremonia. A pesar de la presencia de aproximadamente 80 oficiales de policía, una docena de manifestantes detuvieron el evento momentos antes de que comenzara.
Sin embargo, luego de que el presidente y los mediadores indígenas fueran trasladados a otra parte de la escuela, el acuerdo completo fue leído y firmado por la Cacica general Ngäbe, líder electa, Silvia Carrera.
Los manifestantes interrumpieron el acto con gritos en contra de la represa. La mayoría pertenece a comunidades Ngäbe afectadas directamente por el reservorio de la represa, que hace tiempo piden la suspensión total del proyecto.
“¡Respetamos al presidente [Varela] pero él debe respetarnos a nosotros! Exigimos hablar con los caciques directamente […] la comunidad no sabía nada sobre este acuerdo”, gritaba uno de los manifestantes haciendo referencia a los tres líderes Ngäbe que concretaron el acuerdo con el gobierno. Bajo el reclamo de que los tres mediadores no cumplieron con la ley indígena antes de llegar al acuerdo, los manifestantes bloquearon las puertas de la escuela y evitaron que los mediadores salieran.
Toribio García, uno de los líderes de la manifestación, le dijo a prensa presente en la escuela: “¿Cómo es posible que hayan venido a firmar un pacto sin consultarnos antes? […] la comunidad debe ser consultada primero, esa es la regla dentro de la comarca [área autónoma indígena]”. García también es el presidente del Congreso Regional Ngäbe, un organismo de gobierno que no estuvo involucrado en las negociaciones.
La manifestación pacífica pero acalorada se volvió violenta cuando un puñado de manifestantes tiró piedras hacia los funcionarios indígenas y del gobierno, acciones que los propios líderes indígenas de la protesta reprobaron inmediatamente. Cuatro agentes de policía fueron heridos en un enfrentamiento espontáneo, según el presidente Varela, y al menos tres manifestantes fueron rociados con gas pimienta.
El enfrentamiento terminó de forma pacífica dos horas después, luego de una reunión entre el presidente Varela y los líderes de la protesta que permitió que los caciques se fueran de la escuela. No se arrestó a nadie. No obstante, los manifestantes dijeron que piensan seguir con los esfuerzos para volver nulo el acuerdo firmado y evitar que la represa comience a funcionar.
El documento firmado todavía deberá ser ratificado por el Congreso General Ngäbe-Bugle, el organismo político más importante de la comarca, dentro de los 60 días antes de que Barro Blanco pueda reiniciar su funcionamiento de manera total. Si la mayoría del congreso decide rechazar el acuerdo, las partes deberán retomar el diálogo para llegar a un nuevo acuerdo.
Mediante el acuerdo firmado, se establecerá un fideicomiso para ayudar a desarrollar “actividades agrícolas, ganaderas, forestales, artesanales y de ecoturismo”, así como el capital humano de las comunidades afectadas por la represa. Además, el acuerdo garantiza que el 50 % de los empleados de la represa serán miembros de la comunidad Ngäbe-Buglé y asegura que se cancelará cualquier otro proyecto adicional que impacte en el río Tabasara. Cualquier proyecto futuro dentro de la comarca deberá ser aprobado mediante un referéndum popular y por varias autoridades indígenas.
Las partes también acordaron expulsar a la empresa dueña y operadora de la represa, la constructora panameña Generadora del Istmo S.A. (GENISA), que ya ha sido multada por el gobierno por violar normas medioambientales e incumplir con la obtención del consentimiento de las comunidades. Una compañía independiente panameña tomará su lugar.
“Al final, luego de los incidentes aislados que ocurrieron, se firmó hoy el acuerdo”, dijo el presidente Varela antes de retirarse de la escuela. Añadió que el acuerdo deja la puerta abierta para el diálogo entre las comunidades afectadas y el gobierno.
El martes siguiente, GENISA, que no tuvo lugar en los diálogos, rechazó el acuerdo y dijo en un comunicado que este “violaba” los derechos de la empresa. “Nos reservamos el derecho de tomar medidas y usar los mecanismos legales disponibles para proteger nuestro derecho a un trato justo y equitativo de nuestra inversión”, dijeron en su declaración.
Un comunicado del gobierno emitido poco tiempo después alegaba que GENISA entendía completamente el “estado del proyecto y estaba cooperando para hallar una solución”.
| Nota del Editor 30/8/16: Este reportaje fue actualizado para reflejar que el acuerdo firmado por el gobierno panameño y las autoridades indígenas Ngäbe-Bugle todavía debe ser ratificado por un organismo de gobierno aborigen superior, el Congreso General Ngäbe-Bugle, antes de que Barro Blanco pueda reanudar sus operaciones de manera total. Lamentamos la omisión en el reportaje original. |
