Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, resalta que el daño es a la campaña de invierno y no a la de verano, esta última es la más importante para la producción de alimentos porque se siembran más de 3 millones de hectáreas. En invierno, por lo general, se siembra solo la mitad de esta extensión.

Ante las millonarias pérdidas piden recursos

Desde fines de 2015 no llueve en el municipio de Belén de Andamarca (ubicado en la provincia Sur Carangas del departamento de Oruro, a 160 km de la ciudad orureña). Sus pozos de agua prácticamente se secaron, por lo cual fue declarado en emergencia junto a otros 141 municipios. “Hemos perdido los cultivos de papa y quinua, nuestras llamas están muriendo y aún no recibimos la ayuda que necesitamos”, cuenta a Mongabay Latam Cristóbal Huanca, líder indígena de ese municipio. Allí los pobladores se abastecen de agua de pozo dos veces a la semana.

En San Antonio de Lomerío ─municipio indígena originario de la etnia Monkox Chiquitano, ubicado a 400 km de la ciudad de Santa Cruz─ la sequía es un problema de todos los años y se agrava por el crecimiento de la población, según narra la pobladora Lidia Chuvé.

“Estamos justo donde nace el Escudo Precámbrico, lo que imposibilita perforar pozos [de agua]. Tenemos cinco y no abastecen. Desde agosto, solo nos dan 30 litros de agua por familia”, describe Chuvé. En similar situación están más de 145 mil familias en el país.

Sus cultivos de arroz, maíz y yuca ya no existen. Estiman que sus pérdidas son altas porque ahora su ganado debe recorrer entre 15 a 18 kilómetros para tomar agua. Este panorama se agravó con los incendios forestales registrados en el oriente del país. “Yo ya sentía que esto era lo último (por la falta de agua y el humo). Aunque estamos en emergencia ni las autoridades locales ni departamentales ni nacionales reaccionaron para atendernos”, lamenta Chuvé.

En el municipio de Macharetí ─ubicado al sudeste de Chuquisaca, a 585 kilómetros de Sucre, en la frontera con Paraguay─ la situación no es diferente. Ya perdieron 2000 cabezas de ganado vacuno y 50 000 están en riesgo de morir. La situación es crítica en sus 43 comunidades (21 de campesinos) y más para las familias de las 22 comunidades guaraníes. Murieron 500 de sus 1300 reses. “Están muriendo de hambre y de sed. Las vacas preñadas y las que están amamantando son las primeras en caer. Sentimos impotencia. No podemos hacer nada. Solo pedir el apoyo de las autoridades”, expresa Fermín Romero, líder indígena de la Asamblea del Pueblo Guaraní de la de la Capitanía de Macharetí.

Perdieron el 95 % de la siembra de maíz (1190 hectáreas) y ahora son deudores. “La alcaldía nos dio para cultivar y nos fue mal. Estamos en un total desequilibrio”, dice Romero. Ya recibieron de su gobernación cupos de víveres ─arroz, fideos, harina, aceite y azúcar─ para que dividan entre los afectados. “Nos quedamos con nueve kilos por familia. Eso apenas alcanzará para una semana, ¿qué haremos?”, se pregunta el líder guaraní.

En todo el país se perdieron 369 994 cabezas de ganado. Según el viceministerio de Defensa Civil, 12 mil en el departamento de Beni. En Santa Cruz, la cifra pasa de 4 mil, una pérdida mayor a los 200 000 dólares. Más de medio millón de reses corren el riesgo de morir, afirma el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, José Luis Vaca, quien remarca la urgencia de que esos animales recuperen el peso perdido, lo que implica un gasto adicional para los ganaderos.

En la última semana de agosto, los productores de granos y oleaginosas reportaron pérdidas superiores a los 180 millones de dólares porque dejaron de producir 660 000 toneladas de trigo, maíz, sorgo y soya durante la cosecha de invierno. En una conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), Reynaldo Díaz, hizo conocer que 18 000 de las 100 000 hectáreas sembradas de trigo se perdieron.

Si bien tienen previsto sembrar un millón de hectáreas en la campaña de verano, adelanta que existe el riesgo de que no lo hagan porque necesitan de un fondo de reactivación económica. El agroindustrial revela que la mora de su sector es de 470 millones de dólares, lo que impide que accedan a un refinanciamiento para comprar maquinaria y semillas para la siembra.

Colque resalta que es una pérdida importante, pero que no es la campaña principal donde se cultivan grandes extensiones (más de  3 millones de hectáreas). “La sequía afectó más a los grandes cultivos comerciales y no a los tradicionales como la papa”, explica.

Decretos, fondos y movilización para atender la emergencia

La emergencia, avivada por una de las tres sequías más fuertes de los últimos 65 años, llevó al gabinete de Evo Morales a tomar medidas de urgencia. El 2 de agosto promulgaron 12 decretos para enfrentar el fenómeno y fortalecer el desarrollo productivo. El gobierno dispuso 48 millones de bolivianos (6.9 millones de dólares) para atender la emergencia.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, explica que esos fondos son para dotar forraje, semillas, agua y alimento balanceado a las familias productoras de las zonas que fueron más afectadas. Esperan hacerlo antes que inicie la temporada de siembra de verano.

Con el objetivo de cuidar los medios de vida y la ganadería, 3.2 millones de bolivianos ( 460 960 dólares)  se usarán para contratar cisternas de agua, comprar tanques flexibles, rígidos y tubería para garantizar el vital líquido, según hizo conocer el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera.

A inicios de septiembre, Defensa Civil entregó equipos e insumos a los municipios de Beni. Exaltación, Magdalena, Baures, Loreto, Huacaraje, San Andrés y Trinidad. Se trata de 24 tanques de agua, diez kits para bombeo, 70 carpas, 35 colchonetas, kits de higiene, pastillas potabilizadoras y alimento balanceado para el ganado.

La estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) entregó alimento balanceado a familias productoras afectadas en La Paz y Oruro, a fines de agosto. Esto para suplir la carencia de pastos forrajeros. Las gobernaciones de los departamentos afectados ya están movilizadas.

25 mil hectáreas de cultivos compensadas por el Seguro Agrario

El Seguro Agrario, destinado a familias productoras de municipios pobres y con vocación agrícola, aseguró para la campaña 2015-2016 los cultivos de 250 mil hectáreas. La agricultura familiar produce alrededor de 1.2 millones de hectáreas.

Hasta agosto se reportaron 112 mil hectáreas  siniestradas en 106 municipios. Tras la verificación de campo, comprobaron que se perdieron solo 25 000 hectáreas, el 90 % por sequía. Hasta la primera semana de septiembre, pagaron 9.5 millones de bolivianos a 10 000 agricultores, afirma a Mongabay Latam Erik Murillo, director del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA).

Los asegurados reciben 1000 bolivianos (144 dólares)  por hectárea perdida, solo pueden asegurar tres. Para el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, es una compensación simbólica toda vez que el productor invierte más o menos 4 mil bolivianos por hectárea. No hay correlación, dice. La proyección, para 2015-2016, es pagar 25 millones de bolivianos a 30 000 familias.

Según el INSA, la sequía afectó al 40 % de la producción de maíz, 30 % de papa y 30 % de otros productos asegurados, entre ellos, trigo, haba, quinua, cebada, avena, frijol y alfalfa.

Las acciones y necesidades de los productores

Antes y durante el fenómeno de la sequía registrada, se realizaron algunas acciones entre los agricultores familiares (campesinos e indígenas) para hacer frente al fenómeno de El Niño, principalmente. En Macharetí, por ejemplo, se habilitaron pozos y se construyeron piscinas para cosechar agua. Lo que les falta, dice el guaraní Romero, es tecnificarlo. Es decir, que ─a través de tuberías─ el líquido se distribuya hasta los bebedores de los animales. “Estamos en el último rincón del país, necesitamos políticas de Estado que den  prioridad a nuestra región. Estamos en situación de extrema emergencia”, reclama.

En tanto en Belén de Andumarca, junto a otros siete municipios orureños, presentaron un proyecto para asegurar sus medios de vida y fortalecerse para afrontar los eventos climáticos adversos, como la sequía. “El proyecto incluye la siembra de pastos nativos para la alimentación del ganado, pero no fue incluido en el POA de la gobernación porque dicen que no tienen recursos”, lamenta Huanca. Así quedan truncas las aspiraciones de las familias productoras de Oruro.

Los agroindustriales consideran que el paquete de decretos supremos es insuficiente para paliar sus pérdidas, las cuales sobrepasan las 500 mil hectáreas de granos de maíz, sorgo, trigo y girasol, según Anapo.  A Susano Terceros, vicepresidente de esa asociación, le preocupa que solo se contemple la reprogramación de las deudas con el sistema financiero y no así con sus proveedores de insumos donde tienen concentrada una mora de 400 millones de dólares.

El futuro

Algunas acciones emprendidas  por el gobierno para garantizar los alimentos  tendrán frutos a corto y mediano plazo, como los proyectos ejecutados con los programas “Nuestro Pozo”, “Cosechando agua, sembrando luz” y “Mi Riego”, que tienen que ver con la provisión de agua, principalmente, para el área rural.

Tenemos que valernos de todas las alternativas para garantizar la seguridad alimentaria, dice Freddy Porco, decano de la Facultad de Agronomía de la UMSA. “La universidad debería ser el brazo de apoyo técnico del gobierno. Estamos prestos, pero el Estado subutiliza a su fuerza de investigación”, asevera.

La formación de recursos humanos y la investigación es el aporte de esa facultad. Actualmente, investigan a especies resistentes a la sequía como las plantas consideradas malezas, que son comestibles como la verdolaga o las hojas de Diente de León. Crecen sin necesidad de riego. Se puede aprovechar la genética de esas plantas que son ricas en omega 3, remarca Porco.

Se pueden desarrollar semillas híbridas de rápido crecimiento que requieran menos agua y tengan un mayor rendimiento, como las lechugas que producen en su centro de investigación. Producen 300 gramos de lechuga con 10 litros de agua, por debajo del promedio que está entre 30 a 40 litros.  

Para enfrentar los eventos climáticos, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) anuncia que lanzará semillas de trigo resistentes a sequías, y de soya y arroz que alargan el ciclo de cultivo en zonas susceptibles a inundaciones.

Las entidades públicas realizan las acciones que consideran necesarias para enfrentar la aguda sequía y otros efectos de los fenómenos de El Niño y La Niña. Mientras tanto, los agricultores y ganaderos aún demandan recursos económicos para garantizar los alimentos con la campaña de verano.

“Existe una incertidumbre sobre lo que hará a cortísimo plazo el pequeño productor que perdió su cosecha, ¿cómo puede endeudarse otra vez para conseguir semillas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, diesel y capital de trabajo para hacer contrataciones?”, afirma a Mongabay Latam Gary Rodríguez, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

Si bien el gobierno boliviano asegura que la provisión de alimentos está garantizada, no se sabe qué ocurrirá en los próximos meses, sobre todo ahora que los expertos advierten que la inusual sequía persistirá. La inseguridad acecha.

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Alexa Editor/a

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