- Los índices de desnutrición de niños indígenas de las zonas rurales de Panamá llegan a ser de tres a cinco veces más altos que los de niños no indígenas residentes en zonas urbanas.
- Las pocas oportunidades de trabajo, el bajo acceso a servicios de salud y la falta de participación política, así como conflictos territoriales sobre proyectos de desarrollo de recursos y problemas agrícolas relacionados con condiciones climáticas impredecibles, son todos factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria de los pueblos indígenas de Panamá.
- Existe un Programa del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, de diez meses de duración, que tiene el objetivo de combatir la inseguridad alimentaria de los grupos indígenas de Panamá, Paraguay y El Salvador.
Emerita Sánchez, miembro del grupo indígena Naso, del noroeste de Panamá, nunca se había detenido a pensar en los cambios de dieta que se habían producido en su comunidad en las últimas décadas. Pero hace poco comenzó a prestar atención, después de participar en un taller sobre seguridad alimentaria de la ONU dirigido a mujeres indígenas. Emerita, de 32 años, notó que su comunidad se fue alejando de la tierra y que la gente ahora simplemente compraba sus alimentos en vez de cultivarlos.
“Nuestra comunidad está perdiendo su estilo de vida; no valoramos la importancia de los alimentos que consumíamos antes, que eran orgánicos y no tenían químicos”, comentó Emerita a Mongabay. Ella sostiene que estas prácticas son las que llevan a los grupos indígenas de Panamá a la inseguridad alimentaria.
Si bien el gobierno de Panamá en los últimos años ha avanzado en la disminución de la pobreza y la desnutrición, los índices de desnutrición de los pueblos indígenas son unos de los más altos de América Central. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el índice de desnutrición de niños indígenas de las zonas rurales de Panamá llega a ser de tres o cinco veces más alto que el de niños no indígenas residentes en zonas urbanas. El año pasado, la FAO confirmó que el 19 % de los niños indígenas de Panamá sufre de desnutrición crónica.
Existe un Programa impulsado por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) y la FAO que tiene como fin tratar la problemática de seguridad alimentaria de la población indígena de Panamá.
El primer taller del Programa se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá del 8 al 12 de agosto. Congregó a veintiséis mujeres provenientes de diferentes grupos étnicos, entre ellas, Emerita Sánchez, para fortalecer sus conocimientos sobre seguridad alimentaria, liderazgo y mecanismos legales relacionados con los derechos humanos e indígenas. El programa, de 10 meses de duración, busca capacitar a las participantes para que puedan asumir roles de liderazgo y desarrollar proyectos individuales sobre alguna problemática relevante dentro de sus comunidades. El Programa también se realizará con mujeres indígenas de Paraguay y El Salvador.
Como explica Teresa Zapeta, coordinadora del Programa por parte del FIMI, el taller, que se extendió por cinco días, le dio la oportunidad a las mujeres panameñas que participaron de expresar sus preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y otras problemáticas que afectan a sus comunidades, entre las que se encuentran la degradación ambiental, el cambio climático y proyectos de minería.
“La seguridad alimentaria abarca muchos aspectos, como por ejemplo, la calidad de los alimentos a los que tienen acceso las comunidades, que se ve muy afectada por la contaminación del entorno”, contó a Mongabay. “Las participantes también mencionaron el problema de la variación de las condiciones climáticas; notan que las estaciones ya no están tan definidas como antes y que eso afecta los cultivos y la pesca, lo cual tiene impacto en toda la familia”.
Agregó: “La seguridad alimentaria no solo tiene que ver con poder cultivar, sino también con la falta de oportunidades que enfrentan muchas comunidades indígenas”. Estas están relacionadas con oportunidades laborales, el acceso a servicios de salud y la participación en la política y en otros procesos de toma de decisiones.
Las consecuencias de la inseguridad alimentaria se agravan por el hecho de que Panamá tiene el índice de desigualdad económica entre la población indígena y la no indígena más alto de América Central. Según las cifras expuestas en un informe, de la FAO de 2014, en Panamá la incidencia de la extrema pobreza es 5,9 veces más alta en la población indígena que en la no indígena. Ese número es casi el doble de la diferencia que existe en Guatemala, donde la incidencia de la extrema pobreza en la población indígena es 2,8 veces más alta que en la no indígena, y también supera lo que sucede en Nicaragua (2,3 veces) y en Honduras (1,8 veces).
Los conflictos territoriales que se perpetúan debido a proyectos de desarrollo de recursos y a problemas en los cultivos, agravados por las condiciones climáticas altamente variables, agregan incertidumbre para los pueblos indígenas, que siempre han dependido de su entorno inmediato.
La comunidad indígena de Kiabda, que habita en la comarca semiautónoma Ngäbe-Buglé, al oeste de Panamá, enfrenta problemas relacionados a la seguridad alimentaria debido a la combinación de los factores antes mencionados.
Ubicada en la orilla del río Tabasará, la comunidad de Kiabda está 5 km río arriba de la represa hidroeléctrica Barro Blanco. La estructura del polémico proyecto hidroeléctrico se encuentra finalizada, pero la represa no entró en operación aún debido a la oposición de la comunidad, que ya lleva nueve años. Un acuerdo para aprobar la puesta en marcha la represa firmado en agosto por el gobierno panameño y las autoridades indígenas fracasó hace poco.
Tal como cuenta un residente de Kiabda, Goejet Miranda, una parte del embalse de la represa, que tendrá 258 hectáreas de extensión en total, inundará las tierras costeras más fértiles de la comunidad, con la consecuencia de que la producción de alimentos se reducirá más del 60 %. Como si fuera poco, agregó, la inundación “de prueba” que comenzó en mayo de este año ya ocasionó graves daños a la población de peces del río y al ecosistema en general.
“Hace cuatro meses aproximadamente que no podemos pescar en el río. Un mes después de que cerraran las compuertas para llenar el embalse, comenzaron a aparecer miles de peces muertos en el río, en estado de descomposición. Los peces continuaban su camino río arriba pero se encontraron con esto y comenzaron a morir”, contó a Mongabay.
El hecho de perder las tierras fértiles obliga a la comunidad a tener que usar las zonas montañosas cercanas para cultivar plátanos, maíz y arroz, la base de su alimentación diaria. Pero esos terrenos tienen un suelo más ácido que hace que los cultivos rindan menos, explica Miranda.
Cuando le preguntan acerca de los efectos del clima en los cultivos de la comunidad, Miranda señala que hubo una fuerte caída en el volumen de las cosechas de los últimos diez años, como evidencia de que existe un estrecho vínculo entre ambos hechos.
“Por ejemplo, hace diez años se plantaban 22 kg de arroz y la cosecha rendía entre 4500 y 5500 kg, por lo menos. Ahora, plantamos entre 13 y 18 kg de arroz y cosechamos 450 kg. Llueve menos, y el clima en sí genera muchas enfermedades en las plantas y no les permite producir bien”, comenta Miranda.
La inundación de prueba de la represa Barro Blanco, interrumpida brevemente en junio de este año debido a las protestas generalizadas y las fuertes críticas a nivel nacional, se retomó en agosto y ha dejado bajo el agua a gran parte de las tierras costeras utilizadas por la comunidad de Kiabda y por otras dos.
Sin embargo, la inseguridad alimentaria de los pueblos indígenas panameños también tiene causas menos obvias, como los sutiles cambios dietarios y sociales generados por la interacción de las comunidades con el resto de la sociedad.
Emerita Sánchez mencionó durante el Programa que la ayuda económica que el gobierno brinda a su comunidad, si bien es útil, también hace que mucha gente simplemente “se siente a esperar los pagos”, en vez de ponerse a trabajar la tierra.
“Nosotros ya contamos con los recursos para mantener los alimentos y la dieta propios, pero es necesario que sigamos plantando nosotros mismos para que haya comida para todos, no solamente para una persona de la familia”, expresa Sánchez. Si bien Sánchez no es partidaria de revertir por completo los cambios que ha experimentado la comunidad, quiere transmitir lo aprendido en el taller del FIMI “para devolver la importancia de la tierra” a su comunidad.
Para Zapeta, el hecho de que el Programa se focalice en las mujeres fortalece la capacidad de resiliencia de las comunidades indígenas, así como su posibilidad de promover proyectos de seguridad alimentaria sostenibles y de fomentar prácticas que garanticen una nutrición adecuada.
Ella sostiene que las mujeres indígenas son particularmente importantes debido a su rol clave en el mantenimiento de la seguridad alimentaria y económica. “Muchas de ellas saben qué plantas son comestibles y cuáles medicinales, saben de producción de cultivos; todos conocimientos muy importantes que no siempre son valorados”.
El Programa impulsado por el FIMI y la FAO, que ya transita su segundo año, se extiende hasta el mes de febrero y consiste en dos talleres presenciales que se complementan con material disponible en línea. Al finalizar el Programa, las mujeres deben presentar los proyectos de seguridad alimentaria que desarrollaron en forma individual.
“La mayoría de las comunidades indígenas [del mundo] viven en condiciones de mucha pobreza (…) pero solo porque esa sea su situación no significa que no se pueda hacer nada”, reflexiona Zapeta.
Citas
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2014). PANORAMA de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2014 en Centroamérica y República Dominicana, Ciudád de Panama: Panama.
Créditos
