- ¿Cuáles son los retos ambientales que debe asumir el gobierno chileno después de los incendios?
- ¿Deben ser reguladas las actividades de las empresas forestales chilenas?
La expansión desregulada de la industria maderera fue uno los temas que se incluyó en la agenda nacional producto de los grandes incendios forestales que afectaron la zona centro sur del país. Los cuestionamientos, puestos sobre uno de los sectores económicos más poderosos e influyentes por su preponderancia en el modelo primario exportador chileno, pueden sintetizarse según los expertos en un concepto clave: el problema de la planificación territorial.
Junto con proyectar soluciones sociales y de infraestructura para los pobladores y trabajadores afectados por el incendio, además de la gran cantidad de animales silvestres que tuvieron que escapar de su hábitat destruido, la discusión derivada de la emergencia se ha orientado a replantear estructuralmente el modelo forestal actual.
Se trata de un debate complejo que combina múltiples factores a nivel político, económico, social, climático y ecológico. Una disputa, plantean expertos, entre visiones de futuro que corren por vertientes distintas y que, en consecuencia, conducen a escenarios totalmente diferentes en un contexto global de cambio climático.
Lo cierto es que las más de 590 000 hectáreas quemadas y el aún incalculable daño a la biodiversidad abrieron una discusión que está lejos de cerrarse en el corto plazo, una discusión que determinará la forma en que Chile enfrentará los cambios más profundos que se avecinan para el planeta.
El retroceso de bosque nativo
Hace 40 años la fisonomía de la zona centro sur empezó a cambiar de manera exponencial. Si bien el territorio se había erosionado durante los siglos XVIII y XIX, cuando el norte del continente se desvivía por la fiebre de oro y el campo chileno nutría la actividad con trigo y otros cereales, el proceso iniciado en los años 70 fue mucho más intenso para la calidad de la tierra.
De la mano del Decreto de Ley (DL) 701 establecido en 1974, miles de hectáreas de pino y eucalipto proliferaron en desmedro de las especies nativas, transformando radicalmente las condiciones del suelo y el ecosistema en general. Viajar desde Santiago al sur de Chile se transformó por trechos en una postal monótona, eterna, con extensas sabanas de especies exóticas que repletan el suelo privado de la industria forestal.
El DL fue impulsado por el yerno del dictador Augusto Pinochet y entonces director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Julio Ponce Lerou, cuyo objetivo principal era otorgar incentivos económicos a la industria de la celulosa y la madera para que lograran encumbrar sus negocios. Según una investigación publicada en el 2015 por el diario La Tercera, la nómina de beneficiados incluyó a sociedades ligadas a la papelera CMPC, del Grupo Matte, y a la forestal Arauco, propiedad del Grupo Angelini. Ambos cuestionados durante los últimos meses por casos de corrupción.
La norma estuvo vigente desde 1976 a 1997 y luego fue prorrogada hasta el año 2014. Actualmente su extensión está pausada en el Parlamento, no obstante, los perjuicios al medio ambiente ya fueron constatados de manera científica.
Un estudio realizado por los investigadores Adison Altamirano y Alejandro Miranda, ambos del Laboratorio de Ecología del Paisaje del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de la Frontera, determinó que un 19 % del bosque nativo chileno se ha perdido en los últimos 40 años.
El análisis tuvo como foco la zona comprendida entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, área que concentra grandes riquezas naturales y está identificada como uno de los 34 “puntos calientes” de biodiversidad a nivel global. Los mayores índices de depredación se dieron entre 1973 y 2011.
Ese 19 % perdido equivale a 782 120 hectáreas de especies nativas, transformadas principalmente en matorrales y arbustos –cerca del 45 %–, plantaciones forestales y terrenos agrícolas. Los espacios de mayor riqueza de especies, arroja la investigación, fueron convertidos en monocultivos exóticos de pino y eucalipto.
Antes de la deforestación, en la zona se podían ver diversas formas de vida albergadas en bosques de natufagus, un género típico de Chile mediterráneo que tiene variadas especies como coihues, robles, hualos –o roble maulino–, pitaos y ruiles. Este último en grave peligro de extinción, que se vio amenazado por el avance del incendio.
El rol del Estado: incentivar el negocio, desregular el territorio
El aporte subsidiario del Estado a las empresas forestales entre 2004 y 2014 alcanzó los 73 millones de dólares, según la investigación periodística. Un beneficio económico entregado por conceptos de Forestación, Recuperación de Suelos Degradados y Estabilización de Dunas, todas figuras relativas al DL 701.
Sin embargo, el dinero ofrecido a las grandes empresas no estuvo acompañado de una política de regulación estricta, con mirada integral y de largo plazo, explica el ingeniero forestal y vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), René Reyes. Con ello se desarrolló un problema cada vez mayor: la sobreexplotación y el mal manejo pasaron la cuenta.
“La plantación forestal no tiene por qué ser una cuestión negativa, el problema es la forma, el cómo lo haces. Yo puedo plantar pino y con el tiempo irá adquiriendo las características del ecosistema, del entorno. La vegetación nativa irá invadiendo ciertos sectores y se genera una mezcla. En el Maule está la Reserva Federico Albert que es de estas características, tiene unos 200 años y tuvo un proceso de naturalización, su origen es una plantación forestal pero hoy es una belleza absoluta”, sostuvo el especialista.
Reyes postula que en Chile hace falta encaminarse hacia un nuevo modelo forestal, uno que sea más sustentable tanto en lo ambiental como en lo social: que se incorporen factores ecológicos, así como a las comunidades que habitan en los territorios, algo que hasta el momento no ocurre con el pueblo mapuche, por ejemplo.
“El principal problema del modelo forestal chileno actual es que es extremadamente extractivista, extremadamente de corto plazo e intenso en el uso de químicos y espacio”–afirma el especialista, ofreciendo una comparación– “si vas a Nueva Zelandia, donde también se planta pino, verás que por ley las plantaciones están obligadas a dejar 20 metros de cortafuegos, lo que da un total de 50 metros si tomas en cuenta el camino. Eso en Chile no se hace porque no hay regulaciones, porque probablemente hay mucho lobby”.
Uno de los factores que determinó la transformación del incendio forestal en una tragedia humana fue la ausencia de los cortafuegos. Localidades enteras como Santa Olga, ubicada cerca de Constitución en la VII región del Maule, fueron consumidas en pocas horas debido a la cercanía de las llamas. Más de mil casas quedaron hechas ceniza y escombros.
Una crítica similar es la que sostiene la bióloga y doctora en Zoología de la Universidad de Liverpool, María Isabel Manzur: “Con el DL 701 se permitió a las forestales poner sus plantaciones en todas partes. No existe una planificación ni un ordenamiento territorial que permita establecer dónde va a estar el bosque nativo, las plantaciones, los cursos de agua, las casas de la gente”.
“La gente corre el riesgo de estar rodeada de forestales. No pueden desalojar a la gente, tienen que desalojar las plantaciones y esto debería ser restaurado con bosque nativo”, señaló.
Parte de las malas prácticas que existen en la industria forestal es plantar cerca de ríos, vertientes y quebradas. “Estas deberían ser áreas de protección donde no se realicen intervenciones de este tipo. Uno más de los excesos de las forestales”, apunta René Reyes.
¿Un modelo agotado?
El actual modelo forestal no se condice con los desafíos que existen en materia de prevención, planificación y fiscalización de área, considerando el escenario de cambio climático y todo lo que ese fenómeno planetario implica.
Es la posición que defienden numerosos investigadores, académicos y organizaciones ambientalistas abocadas a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad. Tanto la Fundación Terram como Greenpeace Chile, Ecosistemas, Observatorio Ciudadano, el Comité Pro-Defensa de la Flora y Fauna, Agrupación Biósfera y la Federación de Sindicatos de CONAF han denunciado la falta de voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de introducir los cambios necesarios en materia legislativa.
Para el ingeniero René Reyes existe una gran traba que impide solucionar el problema de manera sistémica: “La Constitución del 80. Después de este incendio el ordenamiento territorial está en discusión. El gobierno ya estableció una o dos comisiones de restauración ecológica, pero no van a llegar a nada. La Constitución –redactada durante la dictadura cívico militar chilena– le garantiza al propietario del predio su derecho a propiedad por sobre la función social de la propiedad”.
En otras palabras, los dueños de un terreno pueden explotarlo libremente a pesar de las consecuencias comunitarias, sociales y ambientales que puedan tener. Es lo que pasó con los poblados quemados por estar cercados con pino y eucalipto, sin regulación.
“El Estado regula ciertas prácticas y a lo más da ciertos incentivos para orientar al mercado, pero de ahí nada más”, declara el vicepresidente de la AIFBN.
¿Cómo enfrentar el cambio climático?
Chile no está preparado para el cambio climático. Es el consenso entre voces autorizadas que ven en la tardía reacción del Estado y en su incapacidad preventiva una problemática más profunda, cuyos perjuicios se irán agravando con el paso de los años.
Como parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica –promulgado en 1995–, Chile aprobó el Plan Estratégico de la Diversidad Biológica 2011-2020 que busca incentivar a sus miembros a asegurar la conservación de la biodiversidad durante 10 años, mediante 20 metas globales denominadas Metas de Aichi.
El plan exhorta a los Estados a promover la utilización sostenible de los suelos, abordar las causas de la pérdida de diversidad biológica, salvaguardar los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Sin embargo, para los expertos el país está lejos de cumplirlas
Este punto supera la discusión “bizantina”, según acotó la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, sobre qué especies debe tener una plantación forestal. El desafío es mayor que decidir si tener árboles más o menos pirofíticos y debe apuntar a la estructura.
“El tema de las especies nos parece una discusión inútil. Todo depende de la carga de combustible que tengas por metro cuadrado, más que la especie. Si tuviéramos secuoyas, tendrías más combustible, el problema es cómo se distribuye y de nuevo: planificación territorial”, apuntó Reyes.
En ese sentido, plantea el ingeniero, hay que generar “paisajes más resilientes en contexto de cambio climático. Resiliencia como la capacidad que tiene el sistema para soportar disturbios”.
La resiliencia se construye con diversidad de especies, explicó. “Esto tiene que ver con diversidad, paisajes con plantaciones forestales, áreas de bosque nativo, viñas y parrones, áreas agrícolas, donde se mezclen las especies, los cultivos y la actividad productiva. Ojalá el empleo también sea diverso”, señaló Reyes.
La falta de diversidad en el empleo también fue un punto crítico en el desarrollo de la emergencia. Más de 300 000 puestos de trabajo son los que concentra el área forestal productiva, por lo que el incendio desnudó su vulnerabilidad frente a este tipo de emergencia.
“La actividad empresarial también puede tener un impacto positivo, el tema es que no monopolicen los territorios”, apuntó Reyes.
Una historia en llamas
El historial de incendios en Chile parece eterno. A las emergencias habituales que se registran en esta época del año se sumaron otros fenómenos como temperaturas altas históricas jamás registradas en el país. El 26 de enero la comuna de Quillón, en la región del BioBío, alcanzó un récord de 44,9 grados centígrados.
El cuerpo científico que ha formado parte de los paneles de debate en torno al origen del fuego apunta como causa a los efectos del calentamiento global. Condiciones climáticas que sumadas a la sequía y las amplias plantaciones de pinos y eucaliptos, denominadas pirofíticas –aquellas que tienen una mayor propensión a quemarse–, resultaron ser una combinación letal.
Solo durante la temporada 2016-2017 se registraron 3091 incendios forestales en el país, 6 % más que el período anterior. Pero yendo al registro histórico que posee la CONAF, entre 1964 y 2016 se registraron 229 428 incendios, lo que significó una pérdida de 2 564 651 hectáreas de bosques, matorrales, pastizales y diversas plantaciones.
En la bitácora que registra los siniestros históricos, se encuentra el ocurrido en 1999 en San Fernando; el de Florida en el 2011; y el del Parque Nacional Torres del Paine también en el 2011, considerado uno de los parques más importantes a nivel nacional y un área silvestre protegida, una de las 11 áreas protegidas en la región de Magallanes y Antártica chilena. Este último incendio comenzó a fines de diciembre y se prolongó hasta marzo de 2012, tres meses en los que las llamas alcanzaron una zona dentro del parque nacional considerada una reserva de la Biósfera. Fue un verdadero desastre ecológico: 17 606 hectáreas quemadas, reduciendo a cenizas flora nativa, praderas y estepas.
Para Flavia Liberona lo ocurrido en Torres del Paine fue un hito que debió marcar un antes y un después. La situación en estos días solo evidencia que hay “dos carencias enormes a nivel institucional: una se llama presupuesto y la otra se llama fiscalización”. Al igual que su colega María Isabel Manzur, Liberona apunta a que el problema es que “se trata de una decisión política que se tomó en dictadura y se ha mantenido después, que es tener un Estado subsidiario, por lo tanto, las facultades legales de hacer cosas como los presupuestos en el servicio público, no están a la altura de lo que requiere el país”.
Liberona subraya la precariedad con que se enfrentan las emergencias pese al historial chileno, situación que ya debiese tener un plan adecuado que no se vea limitado por los recursos. “Hay que revisar cuáles son y qué pasa con las instituciones encargadas del combate de incendios. Por una parte está bomberos que es una entidad con mucho profesionalismo pero con personal voluntario. En estos días han debido lidiar con incendios en zonas periurbanas y rurales. Por otra parte, está CONAF que es una corporación de derecho privado que administra fondos públicos, y que es la encargada del combate de incendios forestales, la cual para el año 2017 en su programa “manejo del fuego” cuenta con un presupuesto del orden de 26 000 millones de pesos, lo que dada las circunstancias de este año es claramente insuficiente”, concluye Liberona.
El futuro después de las cenizas
En momentos en que la ausencia de planificación y fiscalización son parte de las principales críticas que hace la comunidad científica y ecologista del país, aventurarse con una proyección sería apresurado: la gravedad de los daños no ha sido calculada en su totalidad. Los expertos son cautos y advierten que hay tiempos y ciclos naturales donde las ansias del ser humano no pueden intervenir.
María Isabel Manzur bien lo sabe. Dice que definitivamente hay especies que no tuvieron la posibilidad de escapar, y un sinnúmero de plantas y vegetación nativa se perdió entre las llamas. El fuego fue demasiado rápido. Sus esperanzas se afirman en que ecólogos especialistas en restauración de flora y fauna puedan participar en lo que está por venir cuando el humo parezca apenas un recuerdo borroso y triste.
Para Nicole Sallaberry se trata de una urgencia que no se puede dejar de lado: “Esto está lejos de ser un tema netamente ecológico, también es ético. Estas especies no tienen nada que ver con lo que ha hecho el ser humano, destruyendo la arquitectura del bosque y su hábitat natural. Hay muchas estepas y humedales destruidos, el poco espacio que les íbamos dejando, lo quemamos por completo”.
Por ahora, lo inmediato es apagar hasta la última llama que arde entre los bosques. Luego será el momento de hacer una revisión profunda del modelo forestal en Chile, con miras a su completa transformación como señalan los especialistas. Será el momento de discutir, defender e impulsar ideas que fomenten la protección de la biodiversidad en su conjunto, de manera integral, para que la vida calcinada por la tragedia vuelva a renacer de las cenizas.
Foto de portada: Radio Villa Francia.
