- ¿Cuáles son las actividades ilícitas que dificultan la lucha contra la deforestación?
- ¿Puede la tecnología convertirse en una herramienta de vigilancia para las comunidades indígenas?
Esquivando matorrales y manteniendo el equilibrio para poder cruzar los arroyos con la ayuda de algunos troncos, así Teófilo Magipo y los vecinos del pueblo indígena amazónico de Nuevo Saposoa guiaron a un fiscal a un lugar dentro de su territorio, un remoto rincón de la región de Ucayali en Perú, donde un grupo de colonos había estado despejando ilegalmente tierras.
Siguiendo las coordenadas del GPS y sorteando troncos de árboles caídos, arribaron a un claro repleto de hileras de plantas.
“Coca”, dijo Magipo mirando los arbustos cuyas hojas producían la materia prima de la cocaína. Aproximadamente un tercio de las plantas estaban listas para la cosecha, un tercio habían sido cosechadas recientemente y el resto sembradas en los últimos meses.
Magipo, presidente de la comunidad de Nuevo Saposoa, observó a José Luis Guzmán, fiscal general especializado en delitos ambientales, cuando monitoreaba el campo. Guzmán estaba respondiendo a una demanda legal presentada por la comunidad contra las personas que habían plantado ese campo y otros cercanos, los cuales «generan inseguridad», continuó Magipo.
El día antes de la inspección in situ de Guzmán el 26 de enero, el gobierno de la Región Ucayali había otorgado a Nuevo Saposoa el título de una extensión de su territorio que los líderes comunitarios habían pedido casi una década antes.
Tener un título no era suficiente para garantizar la seguridad. Dos semanas después de la visita de Guzmán, Magipo, quien dijo haber recibido una amenaza de muerte el año pasado, informó haber recibido nuevas advertencias de los ocupantes ilegales, quienes dijeron que se negarían a abandonar la tierra de la comunidad, la cual se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor.
«Estamos felices de tener el título, pero no estamos en paz», le explicó Magipo a Mongabay Latam el 10 de febrero.
Conflictos entre comunidades como Nuevo Saposoa y su vecina, Patria Nueva, y colonos que han llegado a despejar tierras y plantar cultivos legales e ilegales, resaltan los obstáculos que enfrenta el Perú en sus esfuerzos por frenar la deforestación en la región amazónica.
La especulación sobre la tierra a lo largo de caminos o rutas de tránsito previstas, buenos precios para los cultivos básicos como el cacao y el café, y el señuelo de la coca —una cosecha rentable durante todo el año que se expande bajo la cubierta forestal a lo largo de redes de caminos forestales, contribuyen a un creciente mosaico de deforestación a pequeña escala.
Aunque las cifras oficiales muestran una ligera disminución de las tasas de deforestación en el 2016, la superposición de las reclamaciones de tierras, las políticas y leyes contradictorias, y la aplicación de la ley complican los esfuerzos oficiales para combatir el problema.
Las incursiones en el Parque Nacional Sierra del Divisor y su zona de amortiguamiento amenazan a grupos de indígenas en aislamiento que viven en el bosque a lo largo de la frontera peruano-brasileña evitando el contacto con forasteros, dijo Corine Vriesendorp, directora del programa Andes y Amazonía del Field Museum en Chicago, quien ayudó con estudios biológicos realizados antes de que el parque fuera creado.
Según Vriesendorp, la explotación forestal, la caza y los asentamientos a lo largo de los caminos también «desgastan la resiliencia» en un área protegida como la Sierra del Divisor.
En el 2010, antes de la designación oficial del parque, había más de 90 campos de tala en la zona, según Joel Paitán, especialista en áreas protegidas que trabaja en Sierra del Divisor. Las operaciones gubernamentales expulsaron a los madereros ilegales; sin embargo, un camino de tierra aún se extiende a lo largo del borde de la zona de amortiguamiento del parque.
El tejido social de las comunidades establecidas como Nuevo Saposoa también cambia cuando llegan los foráneos, contó Vriesendorp.
«Hay más incertidumbre», continuó. «Incluso, si no hay violencia, existe la amenaza de violencia».
Después de observar el avance de la deforestación a lo largo de la carretera que une las ciudades norteñas de Moyobamba, Chachapoyas y Tarapoto a la costa de Perú, la ecologista Noga Shanee y su esposo Sam Shanee comenzaron a estudiar el tráfico de tierras en las regiones de San Martín y Amazonas, donde su organización sin fines de lucro, Neotropical Primate Conservation, trabaja con las comunidades locales.
Entrevistas con pequeños agricultores, funcionarios gubernamentales, conservacionistas y miembros de organizaciones sin fines de lucro revelaron patrones de migración en San Martín y Amazonas, que describieron en un reciente artículo en Tropical Conservation Science.
«La migración (sigue) los caminos», dijo Noga Shanee. «Esta era una zona inmensa que era inaccesible por años; hicieron el camino y en pocos años se llenó de gente, coca y todo».
Las imágenes satelitales muestran claramente la deforestación por la migración humana y lo hacen siguiendo caminos en la Amazonía peruana construidos en las décadas de los años setenta y ochenta y pavimentados en la década de los años noventa.
En algunos casos, los migrantes son familias sin tierra que limpian una pequeña área para cultivar. Bajo la ley peruana solo se puede titular la tierra abierta, considerada «mejorada» por los funcionarios del gobierno, de modo que la deforestación es un subproducto automático para convertirse en propietarios de tierras oficiales. La familia puede permanecer en el terreno —a veces subdividiéndolo entre los niños— o trasladarse a un nuevo lugar, limpiar otro parche y repetir el proceso.
En otros casos, grupos de personas se instalan en la tierra, a veces por cuenta propia y a veces con la ayuda de un intermediario que busca la ubicación, obtiene documentación legal de los funcionarios gubernamentales y luego vende la tierra a los agricultores que la trabajarán o la revenderán.
Estos últimos son casos que la familia Shanee identifica claramente como tráfico. De todos modos, todos implican el despeje ilegal de tierras, afirmó Noga Shanee.
Esto se debe en gran parte a las contradicciones en la legislación peruana. Para obtener un permiso gubernamental para despejar tierras para la agricultura, las personas deben demostrar que poseen un derecho legal a la tierra; sin embargo, la única manera de obtener la propiedad de la tierra es despejarla.
Los traficantes y colonos individuales han invadido terrenos comunales, áreas protegidas comunitarias y áreas protegidas nacionales en San Martín y Amazonas, aprovechando los vacíos regulatorios y la implementación laxa de la ley, dijo Shanee.
En algunos casos, la gente despejó los campos en varias áreas para aprovechar los diferentes programas gubernamentales de desarrollo diseñados para ayudar a los pequeños agricultores, explicó Shanee. En otros casos, pequeños grupos de personas que se establecieron en un lugar buscaron servicios gubernamentales, como electricidad o una escuela, pero fueron informados de que había poca gente para justificar los servicios. En pocos años, la población de esas aldeas se duplicó o triplicó, ya que los colonos originales invitaron a otros a unirse a ellos para que calificaran para los servicios, continuó Shanee.
Como parte de sus esfuerzos de erradicación de la coca, Perú ha promovido la sustitución con cultivos alternativos, particularmente productos básicos como el cacao, el café y la palma aceitera africana a pequeña escala. Los precios internacionales de esos productos han aumentado en los últimos años, lo que ha impulsado a más agricultores no cocaleros a despejar la tierra para cultivar esos productos.
Según Magipo, los residentes de Nuevo Saposoa han puesto los ojos en esos cultivos. La comunidad había solicitado una expansión de su territorio para incluir un terreno más alto en la zona de amortiguación de la Sierra del Divisor porque las tierras bajas donde los miembros de la comunidad se instalaban originalmente se inundan anualmente, haciéndolo inadecuado para cultivos permanentes como el cacao y el café.
«La idea de los cultivos de productos básicos está cambiando la forma en que las comunidades indígenas ven su territorio», dijo Aoife Bennett, estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford que estudia el impacto de las políticas agrícolas en los bosques de la región Ucayali.
En algunas comunidades indígenas que han obtenido o están buscando títulos para grandes áreas, las familias siguen siendo seminómadas, se mueven de un lugar a otro para utilizar diferentes recursos forestales dentro del territorio.
«Otros quieren obtener el título de un territorio grande; pero dentro de ese territorio, dividir la tierra entre las familias», dijo Bennett.
Cada familia es responsable de su parcela, y la tierra tiene un valor económico dentro de la comunidad.
«Eso significa que hay cada vez menos diferencia entre las formas tradicionales y no tradicionales» de ver el valor de la tierra y la propiedad, continuó.
Para Bennett, en algunos casos, la siembra de cultivos perennes crea de manera efectiva parcelas familiares privadas permanentes en tierras comunales. Ella ha conocido a familias que abandonaron sus comunidades porque ya no querían cultivar productos básicos, pero se sintieron presionadas para continuar porque los líderes comunitarios optaron por esa forma de agricultura.
Cuando comenzó sus investigaciones a lo largo del río Aguaytía, a unas horas de viaje por carretera y barco desde la ciudad de Pucallpa, la zona estaba habitada por unos pocos pueblos indígenas y pequeñas comunidades agrícolas.
En el 2013, sin embargo, las compañías de Dennis Melka, un hombre de negocios que ha tenido ciudadanía checa y de los EE.UU., despejaron la tierra para dos plantaciones grandes y polémicas de la palma aceitera.
Funcionarios del gobierno dicen que las empresas carecen de autorización para deforestar la tierra, y esas plantaciones están ahora vinculadas en casos legales. Por otro lado, las imágenes satelitales muestran que el bosque que los rodea está cada vez más poblado de desbroces de claros, a medida que los pequeños agricultores se mueven para aprovechar los contratos bajo los cuales la compañía otorga créditos para limpiar una franja de tierra y plantar palma, mientras el agricultor acepta vender la fruta a la empresa una vez que los árboles comienzan a producir.
En algunos casos, cuando los reclamos sobre la tierra se traslapan, estancan los esfuerzos de los agricultores para obtener el título; los traficantes por su parte han logrado obtener el papeleo y vender la tierra a terceros, dijo Bennett. El exministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, culpó a funcionarios corruptos del gobierno regional de la deforestación amazónica del Perú.
Bennett y Shanee también resaltan las regulaciones conflictivas y los vacíos legales que los intermediarios utilizan a su ventaja para obtener títulos y revender la tierra.
Funcionarios gubernamentales responsables de hacer cumplir la ley también se enfrentan a obstáculos. Guzmán, el fiscal que inspeccionó el campo de coca en el nuevo territorio de Nuevo Saposoa, carece de un presupuesto para visitas como esta. El costo de la gasolina hace que los viajes por el río sean especialmente caros.
La organización estadounidense sin fines de lucro Rainforest Foundation US, que ha ayudado a Nuevo Saposoa y Patria Nueva con su titulación, proporcionó los barcos que transportaban a Guzmán, representantes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP) y del departamento de agricultura regional, tres oficiales de policía y varios periodistas, entre ellos un reportero de Mongabay Latam, a las zonas donde las comunidades se habían quejado de extraños que ocupaban sus tierras.
Rainforest también está enseñando a los monitores de la comunidad a usar drones para vigilar sus bosques. Cuando Tom Bewick, director del programa peruano de la organización, lanzó un dron sobre el campo de coca en Nuevo Saposoa, obtuvo imágenes de más de media docena de campos de cultivo y una casa ocupada cerca.
El punto de vista aéreo y fotos georeferenciadas hacen a los drones especialmente útiles para las comunidades que necesitan documentar la deforestación de los forasteros, dijo Bewick mientras Magipo tomaba los controles del robot zumbando por encima.
El día después de haber inspeccionado el campo de coca en el territorio de Nuevo Saposoa, Guzmán bajó por un antiguo camino maderero al borde de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor, y se detuvo varias veces para observar de cerca los campos recién despejados.
Siete kilómetros a lo largo del camino, un refugio cubierto de paja rodeado de plátanos y plantas de yuca le llamó la atención. El humo se elevó de un fuego bajo una olla de agua hirviendo, y tres hombres lo miraron cautelosamente mientras se acercaba con una escolta policial y varios funcionarios del gobierno.
Los hombres le dijeron que habían comprado acciones en una asociación de agricultores encabezada por una mujer que les había prometido el título de la tierra, un área donde habían plantado algunos cultivos y planeado una plantación de madera. Ellos afirmaron no haber sabido que la tierra estaba dentro del área donde Patria Nueva había solicitado una expansión o dentro de la zona de amortiguamiento del parque, donde la tala de bosque es ilegal sin la autorización del servicio de parques.
Según Guzmán, este tipo de operaciones es la forma más común de tráfico de tierras en Ucayali, donde los colonos siguen los caminos y los ríos. Los especuladores están incluso vendiendo tierras a lo largo de la ruta de un ferrocarril —prometido desde hace mucho tiempo— que podría nunca salir del papel.
Guzmán aconsejó a los hombres que negociaran una solución con Patria Nueva, pero les advirtió que sería imposible comprar o pedir un título allí. Los agricultores dijeron que habían pagado alrededor de 450 dólares por sus acciones en la asociación y que habían invertido más de 1000 dólares en la preparación de la tierra y la siembra.
«Queremos trabajar un tiempo para recuperar nuestra inversión», dijo uno de ellos.
«Esto está sucediendo en todas partes», dijo Guzmán cuando el grupo regresó por el camino a través de un aguacero que convirtió la arcilla roja en barro. «El hecho de que haya una asociación no significa que sea legal, cualquiera puede formar una asociación y defraudar a la gente».
Foto de portada: Rainforest Foundation USA / Tom Bewick.
Créditos
