- Aumenta la violencia en la Amazonía brasileña. El 2015, Brasil encabezó la lista de los países más peligrosos para los ambientalistas. Corren riesgo sobre todo los indígenas: durante 2015 fueron asesinados 137.
- Una de las razones de esta violencia es la pelea entre los grupos indígenas y los pequeños mineros de oro, que reclaman derechos sobre las mismas tierras.
- La falta de acción gubernamental para demarcar los territorios indígenas, junto con la inadecuada aplicación de leyes en la Amazonía, ha exacerbado el problema.
- Existe preocupación de que haya una escalada de violencia si el gobierno nacional no interviene para mediar en los reclamos hechos por los grupos indígenas y los mineros. Sin embargo, hay algunos pueblos indígenas que ven a los pequeños mineros como posibles aliados para enfrentar a los proyectos de minería a gran escala que están asentándose en la región, a medida que avanza la industrialización de la cuenca del Tapajós.
En el imaginario popular, se cree que la Amazonía es un lugar salvaje y, en gran medida, despoblado. Pero no son los jaguares y las pirañas los mayores peligros de la región sino la poca presencia del Estado para hacer cumplir la ley y la existencia de conflictos humanos, razones por las cuales la región se ganó la reputación de ser un lugar de mucha violencia. Con frecuencia, esta se origina en la extracción agresiva de recursos naturales dentro de territorios reclamados por los indígenas.
El 2015 Brasil encabezó la lista de los países más peligrosos del mundo para los ambientalistas, ya que ostenta la cifra de cincuenta asesinatos de activistas según Global Witness. Pero no solamente se persigue a activistas, sino también a oficiales gubernamentales. En octubre del año pasado, el secretario de Ambiente de la ciudad de Altamira, Luis Alberto Araújo, fue asesinado frente de su familia de nueve disparos en la cabeza y el pecho.
El peligro es aún mayor para los indígenas: según el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), 137 fueron asesinados durante 2015. En los alrededores de Itaituba —una ciudad de la Amazonía situada a orillas del río Tapajós que existe en gran parte debido a la industria de la minería de oro— los signos del conflicto entre los grupos indígenas y los pequeños mineros se ven constantemente.
Reclamos de tierras indígenas vs. fiebre del oro
Leo Rezende es un piloto de avión que ha trabajado con buscadores de oro del área de Itaituba por más de veinte años. También es presidente de la Asociación de Mineros de Oro de Tapajós (AMOT). Desde su oficina, explica las razones por las que AMOT se opone al proceso de demarcación de límites de una nueva reserva indígena que el gobierno está llevando adelante: “AMOT está en contra de la creación de nuevas reservas como la que se está estableciendo en cercanías del río Jamanxin [principal afluente del río Tapajós] porque afectan muchos sitios de explotación minera. Esta nueva reserva se extendería por 180 000 km2. Y, en nuestra opinión, no tiene mucho sentido porque esas eran tierras donde no había indígenas”.
Rezende y otros mineros sostienen que algunas ONG internacionales —como Greenpeace, que tiene presencia activa en la cuenca del Tapajós— “plantaron” indígenas en las selvas “deshabitadas” de la Amazonía con el objetivo de justificar la demarcación de territorios indígenas.
Juárez Saw, cacique o jefe de una comunidad indígena local, niega rotundamente esas acusaciones y señala: “Hemos habitado y usado el Tapajós por cientos de años. La gente dice eso porque está en contra de la demarcación de la reserva”.
Greenpeace se hizo eco de esta opinión en una declaración propia: “Hablar de ‘plantar indígenas’ es absurdo y malicioso porque esa parte del Tapajós históricamente estuvo ocupada por el pueblo Mundurukú y porque la Reserva Indígena Sawré Muybu solicitó reconocimiento oficial de parte de la FUNAI (Agencia Nacional de Asuntos Indígenas) hace por lo menos quince años”. La declaración también hizo referencia a un informe reciente de la FUNAI que definía la reserva Sawré Muybu como tierra tradicional del pueblo Mundurukú.
Los grupos indígenas explican que, a pesar de que han trabajado junto con el gobierno brasileño pacientemente durante años para conseguir que se identifiquen y reconozcan oficialmente los límites de sus tierras tradicionales, los intereses políticos y económicos siempre se interpusieron en el camino. Por ejemplo, en el caso de la reserva Sawré Muybu, la razón por la que se demoró tanto fue que “el gobierno dio prioridad a la presa de São Luíz de Tapajós”, como denuncia Maria Augusta Assirati, exjefa interina de FUNAI, en una nota de la Agencia Pública publicada en 2015, un servicio de noticias de investigación de Brasil.
La Agencia Pública denunció que la demarcación de la reserva Sawré Muybu no se confirmó ni publicó como es debido porque el embalse de la presa podría haber inundado una parte del territorio del pueblo Munduruku, lo cual es ilegal según la ley brasileña. Las demoras constantes del gobierno llevaron a que el pueblo Mundurukú organizara su propio proceso de demarcación de la reserva Sawré Muybu. El territorio finalmente tuvo la aprobación del gobierno nacional el 19 de abril de 2016, el Día del Indígena en Brasil. En octubre, AMOT presentó una denuncia administrativa ante la FUNAI para impugnar la demarcación.
Crecen las tensiones y no se cumple la ley
Mientras los mineros de oro combaten el proceso de demarcación del gobierno, los pueblos indígenas temen una escalada de violencia. El cacique o jefe del pueblo Munduruku, Juárez Saw, dijo a Mongabay que su comunidad se siente muy amenazada.
Ha llegado incluso a pedir a la policía federal de Brasil que brinde protección para su comunidad frente a amenazas y otras manifestaciones de violencia. Pero dijo que sus pedidos no tuvieron respuesta porque la policía alega que no puede garantizar la seguridad de sus propios agentes en la región. La policía federal no respondió a la consulta de Mongabay de verificar esos dichos.
“Cuando comenzamos a colocar nuestros carteles de demarcación, los mineros los dañaron. Utilizan armas pesadas”, dijo Juárez. También contó que teme por su seguridad personal. “La situación me preocupa porque soy yo quien está al frente de todo, es mi nombre el que aparece. Entonces estas personas me apuntan a mí. Y por eso ya no quiero presentar más denuncias en el Ministerio Público. Antes tenía en contra a los leñadores ilegales, me amenazaban. Ahora aparecieron estos mineros. Por eso ya no quiero estar más involucrado en esto”.
Un artículo aparecido en octubre en el diario Folha de São Paulo atribuyó el creciente conflicto sobre el proceso de demarcación a los recortes presupuestarios que redujeron el personal de agencias gubernamentales como FUNAI e IBAMA, la Agencia de Protección Ambiental de Brasil. El estado de Pará comprende 20,7 millones de hectáreas y alberga sesenta reservas indígenas registradas ante la FUNAI. Pero dado que hay menos agentes para controlar y hacer cumplir la ley, es más difícil combatir las actividades ilícitas. “Acá reina la ilegalidad”, contó una monja franciscana a Folha para referirse a la falta de ley que impera en la Amazonía.
Sin embargo, en algunos casos las tareas de control del gobierno se percibieron como extremistas y al final contribuyeron a las tensiones existentes. El presidente del Movimiento de Defensa de la Explotación Minera Regional de Pará occidental, Luís Rodrigues da Silva, contó a Mongabay que agentes de IBAMA hace poco habían prendido fuego un camión perteneciente a leñadores ilegales, lo que generó mucho resentimiento.
Ante la consulta de Mongabay acerca del incidente, IBAMA afirmó que los métodos que utilizan son legales. En un correo electrónico, la agencia dice: “La destrucción de equipamiento y maquinaria está justificada porque, por lo general, las zonas donde se realiza explotación forestal y minera ilegal son de difícil acceso y no se cuenta con logística de traslado [de tales equipos]”.
Predecir una guerra civil
A Luís Rodrigues da Silva se lo conoce como “Luís Barbudo” debido a su profusa barba. Tiene el aspecto del típico buscador de oro de la Amazonía. Una gruesa cadena de oro con una cruz del mismo material cuelga sobre su pecho de forma de barril.
“Va a haber una guerra civil acá en Pará occidental”, avisa mientras habla con Mongabay en su oficina-garaje de Itaituba.
Rodrigues da Silva es un firme defensor de los derechos de los pequeños mineros de oro que, opina, están siendo destruidos por intereses mayores. Intereses que responden al gobierno y las grandes empresas mineras, argumenta. “No podemos hacer mucho porque afuera hay gente muy poderosa que quiere destruirnos. Pero lo que podemos hacer es defender nuestros derechos, y trataremos [de hacerlo]”.
Rodrigues da Silva se refirió al incidente del incendio del camión como un ejemplo de las injusticias que sufren. También dijo que la demarcación que el gobierno hizo de la reserva Sawré Muybu invade terrenos mineros.
Los pequeños mineros dicen que cada vez ven más limitadas sus opciones de explotación minera por dos razones: primero, debido a las medidas de conservación del gobierno y, segundo, por las grandes empresas mineras que comienzan a asentarse en la región. Y mientras tanto, la falta de control de parte del Estado contribuye a generar una situación propicia para la violencia.
Rezende es más medido en sus dichos que su colega Luís Barbudo, pero concuerda en que es necesario que el gobierno haga cumplir las leyes existentes, aun si condena algunos de sus métodos, como la quema de maquinaria. Ambos líderes mineros declaran con vehemencia que las áreas protegidas federales se establecieron en terrenos donde los mineros tradicionalmente tenían permitido explorar y explotar.
Mineros contra mineros, contra el gobierno
Rezende menciona otra fuente de conflicto, al admitir que creció la cantidad de pequeños mineros en la Amazonía que se disputan el territorio, lo que para él es un “problema serio”.
“Esto es algo nuevo en Tapajós”, explica. “Años atrás, había cierto código entre los buscadores de oro que decían que había que respetar [el terreno del otro]. En la década del 2000, comenzaron a llegar [nuevos] leñadores a la región. Y si bien podemos alegar que es algo importante para la economía regional y nacional, algunos [de esos leñadores] no tenían buenas conductas y comenzaron a ingresar a áreas [donde se realiza minería de oro], lo que creó un [nuevo] tipo de cultura”.
Donde antes existía un código de honor que garantizaba que los buscadores de oro tenían que respetar las zonas de cada uno, ese tipo de consideración ya no rige en la práctica. Y eso genera tensiones en la comunidad de mineros.
Uno de los que experimentaron el impacto de este “cambio de cultura” es Luís Silva de Sousa, también conocido como “Luís Preto”. Silva de Sousa ha trabajado en minería en Itaituba desde 1974. Sentado bajo la sombra de un enorme árbol en el jardín de su casa de tres pisos, por su contextura delgada se diría que es mucho más joven que sus 72 años.
Silva de Sousa ha vivido muchas incursiones de otros mineros en su territorio, y explica que la evasión de impuestos federales es una práctica común en la economía local amazónica, con resultados lamentables para los mineros y también para los grupos indígenas que reclaman sus tierras.
“En nuestra región hay muy poco control de parte del gobierno”, contó a Mongabay. “La mayoría de los que estamos en el negocio [de explotación minera de pequeña escala] sufrimos por la ‘nota’, es decir, la ‘nota fiscal electrónica’, la factura por compras de oro y demás mercadería”. En Brasil, cuando se compran bienes se exige a las empresas que emitan una factura, conocida como “nota fiscal”. La nota se incorpora oficialmente a las cuentas de la empresa, e identifica los impuestos a pagar. Pero en el caso de los mineros, el problema es que los negocios no quieren entregarles esa factura por el oro en bruto que ellos presentan, por lo general, para pagar otros bienes.
Según Silva de Sousa, gran parte de la actividad comercial alrededor del oro sucede por fuera de cualquier registro, lo que obstaculiza la posibilidad de los pequeños mineros de demostrar sus antecedentes laborales ante el gobierno y, en consecuencia, de acceder al sistema de seguridad social nacional en un futuro. Este hecho, a su vez, empuja a los mineros de mayor edad a seguir trabajando, con lo cual hay más presión sobre los recursos de la región y, por extensión, sobre las tierras indígenas. Además, al no figurar en los registros ni ingresar, así, en las arcas públicas, ese dinero no se puede invertir en métodos de control gubernamental, por ejemplo.
Silva de Sousa cuenta que actualmente no tiene ningún beneficio de la seguridad social, y al ser un minero en edad avanzada, se enfrenta a un difícil desafío: “Todavía tengo que trabajar, no cuento con recursos ni puedo jubilarme”.
A pesar de las tensiones que existen entre los grupos indígenas y los pequeños mineros, el jefe Juárez Saw, del pueblo Mundurukú, considera a personas como Silva de Sousa no como enemigos sino como aliados potenciales de cara a una lucha mayor. Y aunque Juárez Saw fue amenazado por los mineros, hombres como Silva de Sousa son una esperanza en la lucha contra las grandes empresas mineras y contra la creciente industrialización de la cuenca del Tapajós.
“En mi opinión, este no es momento de pelear”, dijo Silva de Sousa a Mongabay. “Es tiempo de sentarse con los líderes políticos, oficiales de administración, consejeros fiscales, partidos, sindicatos y las empresas y comunidades para conformar un comité que se presente en Brasilia” y trate de solucionar de forma pacífica los conflictos territoriales que invaden la Amazonía.
