- ¿Cuáles son las comunidades más afectadas por la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas?
- ¿Es posible frenar este problema con la formalización minera?
José Delgado sabe que la minería ilegal no ha dejado de operar en la parroquia de Alto Tambo, cantón San Lorenzo, de donde es originario. Esto a pesar de los esfuerzos que ha puesto en marcha junto a la Asociación El Dorado, de la cual es parte desde el 2011, con el apoyo de otros 22 socios mineros regularizados. A pesar de haber hecho denuncias y solicitudes a las autoridades, Delgado explica frustrado que no han podido encontrar a la persona que los pueda ayudar. “La minería ilegal no ha dejado de operar”, reitera.
Las comunidades de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, ubicados al norte de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, viven de su relación con los ríos y esteros de la zona. Este vínculo les ha permitido utilizar los cauces hídricos como una de las fuentes principales de agua para sus actividades caseras diarias, para su alimentación, como transporte y como lugar de intercambio social.
Fueron las mujeres de la comunidad quienes cambiaron el dinamismo social de esta área a través de la minería, una actividad tradicional y ancestral de los afrodescendientes, llevada a cabo en especial en Playa del Oro. Al inicio esta actividad se realizaba de manera artesanal con la utilización de bateas para recolectar las pepas de oro.
Como parte del Corredor del Chocó, San Lorenzo y Eloy Alfaro componen uno de los 34 puntos calientes de biodiversidad del planeta, por la inmensa riqueza animal y vegetal que concentra y que se encuentra bajo amenaza. Estos dos cantones reúnen el 40 % de la totalidad de bosques presentes en Esmeraldas, muchos compuestos de árboles de Sande Chalviande y Moral. Las áreas naturales son protegidas por las nacionalidades indígenas de la zona, como los Chachi Awa y los Afrodescendientes, entre otros. En cuanto a la fauna, la zona es densa en anfibios, especialmente en micro invertebrados.
Sin embargo, “San Lorenzo es uno de los cantones, en conjunto con el cantón Eloy Alfaro, donde se presenta alta conflictividad de extracción de metales, principalmente oro”, explica Christian Terán, experto ambiental con 18 años de experiencia en la zona.
Ríos de mercurio
Es entre el año 2009 y 2011 que las actividades de minería ilegal se vuelven más mecanizadas e industrializadas por el crecimiento del valor del oro en los mercados internacionales. “La minería ilegal es hasta más rentable que el mismo narcotráfico”, asegura Terán, citando un estudio de caso realizado en Perú y Colombia. Según el Reporte de Minería publicado por el Banco Central del Ecuador, en 2015 las exportaciones de oro alcanzaron los 20 801 kilogramos, y en 2014 llegaron a un pico de 28 573 kilogramos, lo que representó alrededor de 1000 millones de dólares.
Sin embargo el reporte especifica que las exportaciones registradas superan también la producción legal localizada en el país, “aspecto que se explicaría principalmente por la ilegalidad e informalidad de la pequeña minería y artesanal, así como por los altos niveles de contrabando”, se aclara en el informe.
Para Terán, las actividades de minería ilegal han dejado un gran impacto medioambiental en el norte de la provincia de Esmeraldas, en especial por la alta y acelerada contaminación de las fuentes hídricas a causa del uso de mercurio en el proceso de extracción. Esto a pesar de que el Ecuador firmó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio en Octubre del 2013, acción gestionada por la entonces Ministra del Ambiente Lorena Tapia, en el que el país se comprometió a reducir y encaminarse a erradicar el uso del mercurio en las actividades mineras, para proteger la salud de las comunidades y la integridad del medio ambiente.
Según información publicada por el Mercury Convention, se estima que existen alrededor de 500 000 mineros artesanales en una docena de países latinoamericanos —Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Guyana, Colombia, Guyana Francesa, Surinam y Venezuela, entre otros— y es de donde proviene la mayor fuente de uso, emisión y liberación de mercurio de la región. En 2010 estas emisiones de mercurio alcanzaron las 208 toneladas de un total de 727 a nivel mundial. Es decir, el 29 % del mercurio liberado a la atmósfera por actividades de extracción de oro vino de estos países de la región.
En la zona norte de Esmeraldas son alrededor de 15 ríos y esteros los que han sido contaminados a lo largo de los años por la minería ilegal. Entre ellos están el río Cachaví, Negro, Bogotá, Tabalera, Cuchiví, Santiago, Cayapas, estero Saladero, Achayacu, Zapallo, La Herradura y Estero María, asegura Terán. La contaminación se extiende ya a “toda la red hídrica que tenemos en la zona (de San Lorenzo)”, explica Terán.
Sin embargo, la minería ilegal ha afectado a la comunidad más allá del medio ambiente. En la parte social, esta actividad también tiene vinculaciones con temas de narcotráfico, lavado de dinero y ha atentado contra los derechos humanos de la comunidad, especialmente en cuanto al trabajo de mujeres embarazadas y niños expuestos a altas cantidades de mercurio, asegura Terán.
A pesar que la Ley de Minería regula y controla este aspecto, el uso de metales pesados durante el proceso de extracción ha tenido como consecuencia el diagnóstico de graves problemas de salud como cáncer de estómago, enfermedades de la piel, despigmentaciones y malformaciones genéticas. “En ese sentido hay gente en la zona local que sí está interesada en hacer una minería legal y ha habido un acercamiento para legalizar la actividad”, asegura Terán.
Además de la contaminación del agua, Terán también recalca que las actividades de minería ilegal han tenido como consecuencia la tala ilegal y la remoción de suelos, aunque no se ha podido determinar cuántas hectáreas han sido afectadas.
“Nosotros hemos tratado de cuidar nuestros bosques primarios”, asegura Delgado, poblador de la parroquia de Alto Tambo, cantón San Lorenzo. “Nosotros somos dueños de nuestros territorios pero la minería ilegal ha acabado con nuestros bosques y recursos naturales”.
El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), del Ministerio del Ambiente, ha llevado a cabo estudios en la zona para determinar el grado de contaminación y afectación ambiental, y las medidas que se han llevado a cabo para contrarrestar los efectos de la minería ilegal en San Lorenzo. Mongabay Latam se comunicó con el PRAS durante un mes, sin embargo la institución decidió no entregar esta información a pesar de haber expresado su apertura en hacerlo.
Hacia el control de la minería ilegal
La Ley de Minería estipula que el minero ilegal puede ser sancionado con multas de hasta el 300 % del monto que éste haya explotado, explica Andrés Icaza, abogado y síndico de la Cámara de Minería del Ecuador. Además existe otro tipo de penalización que vino con la reforma de esta ley en el año 2013 y que permite a las autoridades inmovilizar o inutilizar la maquinaria usada para la extracción, que con frecuencia son retroexcavadoras.
Otra forma de sanción se dio a raíz de la expedición del Código Integral Penal (COIP), específicamente en su artículo 206. Este asegura que “la persona que sin autorización de la autoridad competente, extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. En caso de minería artesanal será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Sin embargo, uno de los temas más difíciles de manejar es el de la responsabilidad y remediación ambiental. “Ahí es donde empezamos a tener inconvenientes por el concepto de la responsabilidad objetiva y por la interpretación que hasta ahora el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras le ha dado a la responsabilidad objetiva”, dice Icaza, refiriéndose a la responsabilidad sobre el objeto o en este caso sobre la tierra donde se está haciendo minería ilegal.
“Por como interpretó eso el Ministerio de Ambiente y como está consagrado en el artículo 5 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, la concesión debe responder por la remediación ambiental a pesar de haber habido una invasión de mineros ilegales”, explica el abogado.
Según Terán, la remediación de la zona norte de la provincia de Esmeraldas podría durar un mínimo de 10 años y alcanzar un costo estimado de 800 millones de dólares. “La idea no es hacer un reemplazo del uso (del área)”, manifiesta Terán. “La idea es tener la misma funcionalidad del ecosistema que está ahí. Una remediación responsable debe responder a la idea de que mi afectación es mi remediación”, siempre tomando en cuenta que esta recuperación vaya de la mano con las actividades de la zona, y las incentive.
Por su parte Alexis Sánchez Miño, Secretario Nacional del Agua, cree que un país sin minería sería la situación ideal. “No es esa la realidad”, asegura. “El buen uso del agua pasa por la incorporación de la sociedad en su conjunto, en su cuidado, en su buen uso”, asegura. “La nueva cultura del agua solo podremos alcanzarla si todos somos coresponsables, si cada uno de nosotros se convierte en guardián del agua”.
Una de las respuestas a la minería ilegal ha sido la creación de alrededor de 15 cooperativas mineras, como la Cooperativa de Producción Minera “Río Santiago y Cayapas” (COPROSAN), que han permitido a la Empresa Nacional Minera entregar concesiones y así intentar legalizar a mineros del área. COPROSAN se formó en septiembre del 2015 con mineros de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, y a la fecha reúne nueve concesiones que abarcan casi 40 000 hectáreas, entregadas por la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP).
Marco Véliz, gerente de COPROSAN, cree en la necesidad de reconocer el aporte que una minería legal podría traer a la zona norte de Esmeraldas, sobre todo si es que se logra regularizar la actividad de aquellos que se rehúsan aún a practicar una actividad responsable. Para él, la creación de las cooperativas es una prueba de un verdadero cambio de timón y una manera de poner mano dura a “ciertos compañeros a quien se ha llamado la atención”, durante los operativos de control.
Aunque la cooperativa que administra Véliz ha lanzado campañas para incentivar a los mineros ilegales a formar parte de las cooperativas, son pocos los que quieren dejar de correr el riesgo de ser detenidos durante los operativos realizados, en especial por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). “La minería ilegal no ha parado”, asegura Lilian Díaz, abogada de la COPROSAN. A pesar de esto, la cooperativa ya ha logrado cuatro pequeños contratos que esperan poner en marcha este año
Las nuevas cooperativas mineras trabajan hoy con las autoridades competentes (ARCOM, ENAMI EP, Ministerio del Ambiente) y cumplen con los permisos ambientales requeridos, los informes de producción y el pago de sus impuestos.
“Vivimos en la pobreza sobre mucha riqueza”, dice Véliz. “Los recursos naturales deben ser aprovechados por las comunidades pero de manera sostenible y responsable”.
Foto de portada: Christian Terán.
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