- ¿Podrán las comunidades nativas de Madre de Dios detener el avance de la minería en sus territorios ancestrales?
- ¿Podrá imponerse la minería sobre una resolución del máximo tribunal de justicia peruano?
Juana Payaba Cachique, shipiba, tiene cincuenta y un años y ha sido dos veces presidenta de la Comunidad Nativa Tres Islas, una comunidad poblada por ese ejas, shipibos, ashaninkas y mestizos ubicada a 60 kilómetros de Puerto Maldonado. Ella y cuatro de sus hermanos han ejercido en algún momento de estos últimos veinte años el máximo cargo de su organización. “Los Payaba somos así, comenta, duros como el fuego. Nuestros padres nos educaron para ser dirigentes, para cuidar nuestro territorio, para vivir de las sachavacas, los venados, las gamitanas, los boquichicos que nos brinda el bosque y nuestros ríos”.
En el local donde todas las tardes se reúnen las mujeres del comité que preside para elaborar las bolsitas de castañas confitadas que han empezado a comercializar, la dirigente de la única comunidad nativa de Madre de Dios que ha podido derrotar, al menos judicialmente, a los grupos de mineros que se abaten sobre el departamento más biodiverso del Perú, nos fue explicando la lucha emprendida por su pueblo y las tareas que le quedan por cumplir. “Antes de la llegada de los mineros vivíamos en paz, tranquilos. El bosque era nuestra botica, nuestra tienda, nuestra ferretería”.
En efecto, Tres Islas es una de las 31 comunidades nativas de Madre de Dios que ha logrado el reconocimiento del Estado sobre las tierras que heredaron de sus mayores. Sus 32 000 hectáreas tituladas han servido de sustento a las 120 familias que componen la comunidad; de esos bosques en su mayoría primarios han extraído los recursos que les han sido necesarios para subsistir. “No éramos ricos pero vivíamos en paz”, acotó Juana. Precisamente para aminorar el tiempo de traslado de sus productos hasta Puerto Maldonado y obtener mejores precios, la comunidad decidió construir una trocha de dieciocho kilómetros que los conectará con la carretera Interoceánica del Sur.
Esa fue su perdición. Por la vía que construyeron con tanto empeño ingresaron, producto del boom del oro del año 2008, las decenas y luego centenas de mineros que desde entonces se han apropiado de gran parte de sus bosques y cursos de agua para ejercer su actividad. “Para nosotros son simplemente mineros ilegales pues no cuentan con el consentimiento de la comunidad para ingresar y trabajar en nuestras tierras”, comentó la señora Payaba a Mongabay Latam.
Extremos que matan
Madre de Dios es el tercer departamento en tamaño y el más biodiverso del país. Basta con decir que en su territorio se encuentran las áreas naturales protegidas más importantes que cuidan los peruanos: la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Manu, el Parque Nacional Bahuaja Sonene, la Reserva Comunal Amarakaeri y una buena parte del Parque Nacional Alto Purús y de la Reserva Comunal Purús. Algo así como seis millones de hectáreas de pura diversidad biológica y cultural.
A pesar de la importancia geopolítica del departamento, en Madre de Dios se han deforestado en los últimos años más de 142 000 hectáreas de sus bosques. La cifra pareciera minúscula si se la compara con el tamaño de su vasto territorio, que solo es superado en extensión por los departamentos de Loreto y Ucayali. Madre de Dios limita con dos de las cinco naciones con las que nuestro país comparte fronteras: Brasil y Bolivia. Su superficie de 85 000 km2 es tan grande como la de Panamá y dos veces del tamaño de Suiza.
Las contradicciones del modelo de desarrollo basado en la extracción aurífera y producción forestal, según los entendidos, las actividades económicas que causaron la deforestación departamental, se pueden apreciar en las cifras que reporta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre Pobreza y Pobreza Extrema del 2103. Según la dependencia estatal, los datos los hemos tomado del libro “Entre el cielo y el infierno, estudio sobre la trata de adolescentes con fines de explotación sexual” de Carmen Barrantes y Gonzalo Escalante, Madre de Dios es el departamento con menor incidencia de pobreza en el país; drama que solo estaría afectando al 3 % de su población.
No solo eso, según el reporte del INEI dos de sus tres provincias han ingresado al ranking de las 20 con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Perú. Lo curioso es que en Tambopata, una de las provincias incluidas en la lista de IDH, el 78 % de los adultos evaluados por una universidad estadounidense tienen niveles de mercurio hasta tres veces superiores a los límites máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Una especie de sucursal del cielo en el infierno producido por la explotación del oro en nuestro país.
El poder de la asamblea comunal
Dos años después del inicio la invasión minera a la comunidad de Tres Islas, las playas que forma el río Madre de Dios en el recorrido por su territorio, primero, y los bosques de las quebradas más próximas, luego, se fueron llenando de campamentos que reproducían la misma escena que se aprecia en La Pampa, una de las zonas más devastadas por la minería ilegal en la Amazonía del sur del Perú: covachas de lata y plástico azul, maquinarias de todos los diseños y tamaños, cilindros de combustible, delincuencia a granel, prostíbulos (prostibares en la terminología local), etc.
“Entraban y salían que daba miedo, con sus camionetas nomás, todo lo movían con sus carros”, narró la señora Payaba.
“Todo lo que se deriva de la minería —explica a Mongabay Latam Rodolfo Mancilla, miembro del equipo de abogados de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en Madre de Dios— está ligado a los choferes de motos lineales, motocares y autos de procedencia desconocida que se encargan del traslado de los insumos que hacen posible que exista esta actividad. Todo: la trata de menores, la venta de armas, el comercio de drogas. El que trae el mercurio, el que trae los motores, el que trae las chicas, todos dependen de ellos”. Aquel que pretenda extraer oro del bosque materditano o de las orillas de sus ríos, tiene que vérselas con estas asociaciones de transportistas que por la naturaleza misma de sus operaciones han devenido en organizaciones delictivas.
Cansados de la desatención de las autoridades encargadas de evitar la invasión de sus tierras, los comuneros de Tres Islas decidieron en los primeros días de agosto del 2010 construir una caseta de vigilancia y una tranquera para controlar el ingreso y la salida de los vehículos que abastecían a los mineros. Ardió Troya. Las dos “empresas” de transporte que operaban en la vía de acceso a Tres Islas, Los Pioneros SRL y Los Mineros SAC, denunciaron a Juana Payaba y a tres integrantes de la directiva comunal ante el Poder Judicial por impedir el libre tránsito que la Constitución Política del Estado garantiza a todos sus ciudadanos.
En pocas horas la comunidad pasó de ser demandante a demandada. La policía, que hasta entonces se había mantenido al margen, irrumpió de acuerdo a ley en el territorio comunal con la intención de restablecer el statu quo y antes de que acabara el mes de agosto retiraron la tranquera que los comuneros habían puesto, destruyendo además la caseta de control.
Para la Dra. Raquel Yrigoyen, responsable del curso de Litigio Estratégico en Derechos Indígenas de la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el poder judicial de Madre de Dios actuó negligentemente al emitir los fallos en contra de la Comunidad Nativa Tres Islas. Para la especialista, el Poder Judicial de Madre de Dios debió tomar en cuenta el derecho que les asistía a sus legítimas autoridades —de acuerdo al artículo 149 de la Constitución del 1993 y al Convenio 169 de la OIT— de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio en concordancia con sus leyes consuetudinarias y forma de vida. Para la Dra. Yrigoyen y el equipo del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), según lo ordenado por el Tribunal Constitucional, se debía reponer la tranquera y la caseta de vigilancia retiradas por el mandato judicial. Además, para la abogada, el poder judicial debía considerar la reparación de los daños que dicha decisión trajo consigo: el ingreso masivo de mineros al territorio comunal que originó la degradación de sus bosques y el daño a la salud de un número indeterminado de pobladores.
La fuerza de la ley
Juana Payaba conoció a Raquel Yrigoyen en Chanchamayo, en la selva central del Perú. Ambas coincidieron en un evento académico donde paradójicamente estaban presentes los jueces y fiscales de Madre de Dios que la habían sentenciado y que, exigían, además, su internamiento en un penal para que cumpla una condena de seis años. “Ni bien terminé de exponer, me interrumpió una mujer decidida a todo y en unas cuantas palabras me refirió su caso. Algunas semanas después ya me encontraba en su comunidad defendiéndola”, señaló Yrigoyen.
Lo siguiente fue una sucesión de reuniones con la comunidad y con sus dirigentes para preparar la estrategia legal a aplicarse. Finalmente, en setiembre del 2012, dos años después de haber tomado la decisión soberana de impedir el ingreso de los mineros ilegales a su territorio para preservar la vida de la gente y la salud de sus bosques, el Tribunal Constitucional, el máximo organismo de interpretación y control constitucional del Perú, dictó sentencia a favor de la señora Payaba y los dirigentes perseguidos.
“Fue, no me queda ninguna duda, el más rotundo triunfo de los débiles frente a los poderosos. En Madre de Dios el que tiene más derechos es el que más paga”, nos comentó en Madre de Dios el Dr. Mancilla de la SPDA.
La sentencia del Tribunal Constitucional se convirtió de inmediato en histórica y sentó jurisprudencia. Se trataba del primer caso en el Perú en el que el Tribunal Constitucional reconocía la propiedad territorial y la autonomía basándose en la autodeterminación de los pueblos indígenas. “La sentencia del tribunal —comentó la Dra. Yrigoyen— ha reconocido explícitamente lo dispuesto por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que en su artículo 3 reconoce la libre determinación”, mención que por cierto ni siquiera estaba incluida en el Convenio 169 de la OIT. El caso de Tres Islas se ha empezado a estudiar internacionalmente y otros pueblos indígenas de la región se están basando en la sentencia para reclamar que se respeten sus derechos consuetudinarios.
Vivir del bosque
Con la sentencia en la mano, los dirigentes de la comunidad de Tres Islas iniciaron una nueva batalla: la de devolverle al bosque lo que el bosque había perdido. De inmediato se contactaron con los técnicos de Rainforest Alliance, una ONG con la que venían trabajando algunos proyectos desde el año 2011, para buscar los mecanismos que convirtieran sus activos naturales en recursos productivos. La comunidad había entendido que el manejo apropiado del bosque era la mejor garantía para cuidar lo que habían recuperado y exigir la expulsión definitiva de los invasores.
“Había que cambiar el modelo, nuestra institución acordó con los dirigentes de la comunidad, Juana entre ellas, iniciar un proceso que les permitiera manejar adecuadamente sus recursos generando, entre otras cosas, empresas forestales de carácter comunal y gobernanza”, explicó Javier Martínez, responsable de Rainforest Alliance.
Fue una revolución. En muy poco tiempo la comunidad de Juana Payaba pasó de un modelo de extracción de los recursos que priorizaba la venta de la madera a precios irrisorios, en bruto prácticamente, a otro que privilegiaba los planes de manejo, la comercialización de productos maderables con valor agregado y el trabajo en equipo.
“Si antes tercerizábamos nuestra madera, regalándola en la práctica, empezamos a venderla, bien trabajada, a buenos precios”, rememoró Neptalí Villar, fiscal del comité de madera. En el aserradero que los miembros del comité construyeron, el trabajo tecnificado y planificado al detalle resaltan sobre la improvisación y el desánimo anterior. Los obreros-comuneros usan cascos y lentes protectores y cumplen horarios y turnos establecidos al milímetro. “Ahora comercializamos legalmente la madera, si las demás comunidades nativas hicieran lo mismo, podríamos salvar el bosque”, concluyó Villar.
La comunidad de Tres Islas, aprovechando sus recursos de manera integral, logró la expansión del área de manejo forestal a 6500 hectáreas, aumentando en casi 480 % el precio por pie/tablar de sus bosques. Lo mismo ha ocurrido con la castaña, un recurso que la comunidad conoce y que también empezó a ser manejado desde un comité local: el área de cosecha de la llamada nuez de Brasil llegó a alcanzar las 3300 hectáreas, todo un récord, aumentando las ventas y los beneficios para cada familia involucrada.
“Mientras luchábamos en los tribunales, encontrábamos el tiempo para fortalecer nuestros emprendimientos, hasta creamos una marca para vender los productos de Tres Islas”, comentó Juana Payaba, expresidenta también del comité castañero. La dirigente hace alusión al registro de un nombre comercial, una marca, con el que se empezaron a vender los productos locales. Ohee fue el nombre que eligieron, en ese eja, “trabajo en equipo”, para comercializar las bolsitas de castañas confitadas, los frascos con aceites de aguaje y ungurahui, las tablas para pisos que se expenden en el mercado local y otros productos con valor agregado y mucho respeto por el bosque.
Tiempos de cambio
Han pasado más de cinco años y aunque parezca increíble la histórica sentencia no se ejecuta en todas sus partes. Si bien es cierto, Juana y los dirigentes de la comunidad han dejado de ser requeridos por la fiscalía y la policía departamental, no se ha cumplido con la reposición de la tranquera y la caseta de vigilancia, así como el pago por los costos en los que incurrió la comunidad para ejercer su defensa ante los tribunales. Para los abogados que representan a los comuneros de Tres Islas, esta reparación debe ser asumida por las dos empresas infractoras cuyos representantes y socios están claramente identificados. “Los mineros han vuelto —explicó Adolfo Cagna, expresidente de la comunidad de Tres Islas— se pasean a sus anchas por nuestro territorio, a pesar de que la sentencia exige que se detengan todos los actos que signifiquen violación a nuestro territorio”.
Las autoridades han debido ordenar el desalojo de los mineros que han ingresado ilegalmente al territorio de la comunidad, sin embargo esto no ha ocurrido, como explicaron los abogados de la defensa, quienes recuerdan que en octubre de 2016, personal de la Policía y la fiscalía intentaron desalojar a los invasores, pero no lo consiguieron. Y a esto se suma, que sin la tranquera y la caseta de vigilancia es más complicado para los habitantes de Tres Islas controlar el ingreso de terceros a su propiedad. Por eso hoy, como lo señaló Cagna, los mineros informales «se pasean a sus anchas» por su propiedad.
Aunque el triunfo de la comunidad indígena sea irrebatible y haya sentado precedentes universales, continúa la Dra. Yrigoyen, se debe exigir que la sentencia emitida por el tribunal “incluya también los gastos que supone la reparación de los daños a la salud y al territorio que se produjeron como consecuencia directa del ingreso de los mineros”.
Esa es la lucha que viene librando la comunidad de Tres Islas. Por eso es que han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Una consecuencia directa de la intrusión de terceros es la contaminación por mercurio que sufren niños y adultos de Tres Islas —añadió Juana Payaba— por eso es que estamos exigiendo que se anulen las concesiones mineras que se otorgaron sin consulta ni consentimiento de la comunidad”. Para los dirigentes de la comunidad nativa hay una responsabilidad del Estado al permitir que se prolongue más de la cuenta una situación inexplicable.
¿Qué está sucediendo en Madre de Dios para que no se ejecute lo dictaminado por el máximo tribunal de justicia de la República? Buscamos con insistencia la opinión oficial de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, pero el mutismo fue la respuesta. Entonces recurrimos al Dr. Guimo Loaiza, máximo representante de la Defensoría del Pueblo en Puerto Maldonado, un abogado cusqueño que desde el año 2013 ejerce una de las responsabilidades públicas más delicadas en todo el departamento. Para Loaiza la demora tiene que ver con la precariedad con que se administra justicia en localidades tan alejadas de las grandes capitales: “Nadie quiere asumir la plaza de juez en Madre de Dios, los encargados de dictar justicia en el departamento son jueces provisionales, para el caso de Tres Islas ya se han cambiado hasta ocho jueces, eso explica la falta de seguimiento en el caso”.
Loaiza ha seguido con atención el caso de Tres Islas. Para la Defensoría del Pueblo se trata de un proceso paradigmático, tanto así que su despacho ha pedido también que ejecute la sentencia; es decir, que los infractores paguen el monto de lo pautado por el Tribunal y se atienda los reclamos pendientes “¿O acaso queremos que los agraviados tomen medidas de fuerza para que se cumpla la ley?”, acotó. En Madre de Dios, nos lo comentó Loaiza, se entregaron concesiones mineras en tierras de las comunidades indígenas, sin respetar la propiedad que tienen los pueblos indígenas sobre el territorio comunal y el derecho a la consulta previa.
Hace unos días visitamos a Juana Payaba en Tres Islas. En la casa que comparte con su familia me mostró con orgullo el premio Stantard-Setter al Liderazgo Comunitario que recibió el año pasado en Nueva York, un reconocimiento a su trayectoria dirigencial. Conversamos largo sobre la dilación en la ejecución de una sentencia que la llena de orgullo y con la misma calma con que afrontó juicios y amenazas de muerte se animó a decir: “Nosotros estamos seguros de nuestra lucha, este es nuestro territorio y nadie nos va a mover de aquí. Tarde o temprano vamos a sacar a todos los mineros que se han metido a Tres Islas, esa va a ser nuestra victoria, entonces volveremos a vivir de los que nos dan nuestros bosques y nuestros ríos, como era antes”.
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