- Según información recogida en 2014 para la Amazonía Legal, 59 por ciento de la deforestación ilegal de ese año tuvo lugar en tierras de propiedad privada, 27 por ciento en unidades de conservación, 13 por ciento en asentamientos de reforma agraria y un mero 1 por ciento en tierras indígenas —lo que demuestra que los protectores de las tierras indígenas son los mejores para limitar la deforestación—.
- Los grupos indígenas controlan grandes reservas en el Amazonas y tienen el derecho constitucional a más, pero los ladrones de terrenos y la agroindustria están trabajando para evitar el reconocimiento de nuevos territorios indígenas —territorios forestales que, si son protegidos, podrían secuestrar una gran cantidad del carbono causante del cambio climático—.
- Mientras que Lula fracasó en cumplir con las expectaciones indígenas, los gobiernos de Dilma y Temer, influenciados fuertemente por el grupo de presión agrícola, mostraron una hostilidad mucho mayor hacia las necesidades y demandas indígenas. Los grupos indígenas realizaron una protesta masiva del 24 al 28 de abril para dar a conocer sus quejas al gobierno de Temer.
- “La economía brasileña es cada vez más dependiente de la agroindustria [con] repercusiones políticas. … La gente [no está] en contra de los indígenas porque son indígenas o porque tienen demasiada tierra. El problema es que los indígenas tienen tierras que estos actores políticos quieren”. —Márcio Meira, exdirector de FUNAI, la agencia brasileña para asuntos indígenas—.
(Leia essa matéria em português no The Intercept Brasil. También puede leer la serie de Mongabay sobre la cuenca del Tapajós en portugués en The Intercept Brasil)
“Como presidente del Instituto Kabu, vigilo a todos los que entran en nuestra selva —mineros de oro, taladores de árboles, agricultores (que son los que más deforestan) y así sucesivamente—. Protegemos todo nuestro área para que se quede como estaba”, nos dijo el líder indígena Anhë Kayapó.
Acabábamos de llegar y nos presentamos en su oficina en la ciudad de Novo Progesso en el estado de Pará. Sin más dilación, nos habló brevemente sobre la larga ocupación del territorio indígena y la desconfianza de los indígenas hacia “los blancos”. Luego añadió bruscamente: “Eso es todo lo que tengo que decirles”, y puso punto final a la entrevista. Nos estrechó la mano con firmeza y nos dejó solos en la oficina.
Anhë Kayapó es el líder de los Kayapó Mekrãgnoti, que viven en el Territorio Indígena de Baú, situado al este de la autopista BR-163. A diferencia de los indígenas Mundurukú que habíamos visitado con anterioridad en nuestro viaje —altamente democráticos y famosos por sus largas reuniones encaminadas a alcanzar un consenso— los Kayapó son mucho más jerárquicos y no les gustan los debates prolongados. Prefieren la acción al debate, por lo que la brevedad de nuestra reunión no nos sorprendió.
La desconfianza de Anhë Kayapó hacia “los blancos” también es comprensible ante el casi perpetuo estado de conflicto que marca la historia de las reclamaciones de las tierras indígenas y la colonización blanca del Amazonas —una relación contenciosa que parece estar a punto de desbordarse cuando la administración brasileña de Temer, apoyada por la agroindustria, impulsa hacia adelante políticas antiindígenas
Guardianes de la selva
El territorio Baú, habitado y protegido por los Kayapó Mekrãgnoti y otros grupos indígenas, cubre 1,5 millones de hectáreas (5800 millas cuadradas). Cuando se combina con los territorios indígenas circundantes y las unidades de conservación, las tierras conservada alcanzan unos asombrosos 28 millones de hectáreas (108 000 millas cuadradas) —uno de los corredores salvajes protegidos más grandes del mundo, y una vasta extensión vital para la conservación de la selva tropical del Amazonas—.
Los Kayapó no son los únicos indígenas en Brasil que defienden de manera decidida su territorio forestal contra intrusos. De hecho, la población indígena del Amazonas realiza un mejor trabajo en la contención de la deforestación que cualquier otro grupo de responsables de la gestión de tierras. Según información de 2014 para el Boletín de Transparencia Forestal de la Amazonía Legal, 59 por ciento de la deforestación ilegal de ese año tuvo lugar en tierras de propiedad privada, 27 por ciento tuvo lugar en unidades de conservación y 13 por ciento en asentamientos de reforma agraria. Pero solo un 1 por ciento de la deforestación tuvo lugar en tierras indígenas.
Como resultado, los casi 900 000 indígenas, de Brasil, que pertenecen a 305 grupos étnicos y hablan 274 idiomas, no solo suponen una contribución importante a la diversidad social y cultural del país, sino que también han demostrado ser unos protectores de la diversidad ecológica incomparables. Y eso ha convertido a estos guardianes forestales, junto con sus reservas indígenas, un objetivo principal de aquellos que quieren desencadenar un desarrollo no regulado en la región.
Sin embargo, los indígenas están contraatacando —con la Constitución de Brasil de 1988, acordada después del final de la dictadura militar, tienen una fuerte base legal para su lucha—. Hasta entonces, las tierras indígenas solo habían sido cedidas a los indígenas provisionalmente, hasta que fueran “integrados” en la llamada “sociedad nacional”. Entre otras ventajas, la nueva Constitución trajo a los indígenas el derecho a ser indígenas para siempre. Fue un punto de inflexión para la población indígena en un siglo que había estado caracterizado por las masacres. Solamente durante los 25 años de la dictadura militar, se estima que, al menos, 8300 indígenas fueron asesinados.
Un avance clave bajo la nueva Constitución fue su reconocimiento del derecho indígena a la posesión permanente de sus tierras. Tanto calcular exactamente qué tierras son suyas como desenredar las reivindicaciones contrapuestas demostró ser un asunto lento y complejo, con la demarcación oficial de los límites indígenas todavía en progreso después de casi 30 años desde que la Constitución se convirtiera en ley.
Ahora ese proceso —lejos de estar finalizado— ha sido detenido por la administración de Temer y el congreso de Brasil, que son abiertamente hostiles a la idea de reconocer más tierras indígenas.
Por supuesto, esto tiene importantes repercusiones para los indígenas cuyas reivindicaciones de tierras todavía no están resueltas. Por ejemplo, significa que, prácticamente, no hay ninguna posibilidad de acabar con lo que una misión del Parlamento Europeo ha denominado “el genocidio de la población Guarani Kaiowá”. Cada vez que estos indígenas intentan reocupar sus tierras tradicionales —que resulta que están junto a las carreteras federales— se enfrentan a amenazas por parte de milicias privadas contratadas por la agroindustria. Los Guarani Kaiowá han sido torturados y asesinados, y padecen de altos índices de desnutrición, alcoholismo y suicidio.
Pocos avances con Lula
Como los movimientos sociales por todo Brasil, la población indígena puso grandes esperanzas en el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que en 2002 se convirtió en la primera persona criada en la clase obrera elegida para el cargo más importante del país.
Pero Lula no estuvo a la altura de esas expectaciones. Sus políticas sociales, ampliamente elogiadas por abordar el problema histórico del país de una profunda desigualdad social, estaban dirigidas, principalmente, a la población más necesitada que vive en la periferia de las grandes ciudades. Las dificultades afrontadas por la población indígena y las comunidades tradicionales nunca fueron una prioridad para Lula.
El líder Gersem Baniwa, del grupo étnico Baniwa en el estado de Amazonas, resumió bien lo que muchos indígenas sintieron en ese momento:
Después de dos décadas de lucha intensa por parte del movimiento indígena brasileño y una conquista política histórica por parte del Partido de los Trabajadores y Lula… sería un placer poder hablar de los beneficios históricos obtenidos en el campo de los derechos de la población indígena. Pero, desafortunadamente, este no es el sentimiento que predomina entre la población indígena. En cambio, sienten decepción y dudas. El estado de ánimo no es peor porque, gracias a recientes avances, la población indígena ya no pone sus esperanzas en un partido o un “salvador del país”, sino en su propia fuerza y capacidad de Resistencia, movilización y lucha.
En los dos mandatos presidenciales de Lula solo se crearon 81 territorios indígenas nuevos —una caída significativa comparada con los 118 designados durante los dos mandatos de su predecesor, Fernando Henrique Cardoso (FHC), un presidente que los indígenas no consideraban un aliado—. En parte, el bajo rendimiento de Lula fue justificable, ya que FHC había tramitado las designaciones de territorio indígena incontrovertibles y dejó a su sucesor que gestionara los casos más complejos y problemáticos, que a menudo entrañaban serios conflictos.
Dilma no consigue entregar
Las relaciones indígenas empeoraron con la presidenta Dilma Rousseff, que tomó posesión de su cargo en 2011. “Hubo una ruptura real en la política indígena de la administración de Lula a la administración de Dilma”, dijo Márcio Santilli, un miembro fundador del Instituto Socio Ambiental (ISA) y antiguo presidente de la agencia indígena gubernamental, FUNAI.
Durante el mandato de Dilma, solo se crearon 26 territorios indígenas, una pobre presentación que habría sido peor si no hubiese firmado, rápidamente, decretos para establecer reservas durante los últimos días de su gobierno, cuando sabía que su destitución era inminente.
Las políticas de Dilma hostiles a los indígenas fueron el resultado de “la expresión radical de una estrategia casi desesperada para promover el crecimiento económico a cualquier precio”, explicó Santilli. “Además de reducir dramáticamente el ritmo al que los territorios indígenas eran establecidos, en gran medida, su gobierno mantuvo presidentes temporales a la cabeza de FUNAI y recortó el presupuesto de la agencia. [Dilma] también redujo el ritmo al que los títulos de la propiedad de las tierras eran dados a quilombolas [áreas ocupadas por esclavos fugitivos] y al que las unidades de conservación y los asentamientos de reforma agraria eran creados”.
Santillo concluye que, todo esto muestra que su gobierno era reacio a conservar tierras para fines sociales y medioambientales y, en cambio, apoyó el desarrollo económico, en gran medida desregulado, en la Amazonía.
El principal vehículo de Dilma para desencadenar progreso económico era su Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), un ambicioso programa gubernamental, anunciado por primera vez por Lula, luego expandido enormemente durante su gobierno. El PAC resultó en grandes inversiones en autovías, energía y proyectos de recursos hídricos —todo con la intención de incrementar las exportaciones y promocionar el crecimiento económico desregulado.
Cleber César Buzatto, director ejecutivo del Consejo Indígena Misionero (CIMI), una importante institución católica que ha estado trabajando con los indígenas brasileños desde 1972, dijo que Dilma subordinó los derechos de la población indígena a las demandas del PAC: “Un excelente ejemplo de esto fue la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú en el estado de Pará”, dijo.
Los impactos indígenas de la presa hidroeléctrica Belo Monte —una de las mayores del mundo— fueron tan severos que en 2015 Thais Santi, fiscal del independiente Ministerio Público Federal (MPF) en Altamira, le dijo a Mongabay: “Hay un proceso de exterminio étnico en marcha en Belo Monte por el que el gobierno federal continua con la antigua práctica colonial de integrar a los indígenas en la sociedad hegemónica”.
En la actualidad, el MPF está demandando al gobierno federal brasileño y a la empresa constructora, Norte Energia, por el crimen de etnocidio contra las comunidades indígenas del río Xingú.
Los fracasos de FUNAI
El antropólogo Márcio Meira fue presidente de FUNAI de 2007 a 2012, cuando la agencia adoptó una serie de políticas que enfurecieron a los grupos indígenas. Estas incluían un acuerdo para autorizar la presa Belo Monte, así como otras presas hidroeléctricas, como los proyectos Teles Pires y São Manoel en la cuenca del río Tapajós, junco con una polémica reestructuración de FUNAI.
Meira dijo posteriormente que, en su momento, era consciente del surgimiento de nuevas fuerzas hostiles a los indígenas formidables: “Cuando era presidente de FUNAI, era evidente que una ola hostil a los indígenas estaba cobrando fuerza en la sociedad brasileña, principalmente debido al poder de los herederos de las antiguas élites agrarias, que estaban lanzando un ataque sobre las tierras en el norte y el noroeste del país”.
Según Meira, los cambios sísmicos en la economía nacional alimentaron la hostilidad hacia las reclamaciones de tierras indígenas: “Ha habido un declive en la producción industrial y las exportaciones agrícolas han aumentado”, explicó. “La economía brasileña es cada vez más dependiente de la agroindustria y esto ha tenido repercusiones políticas. No se trata de que la gente esté en contra de los indígenas porque son indígenas o incluso porque tienen demasiada tierra. El problema es que los indígenas tienen tierras que estos actores políticos quieren”.
La ascendente bancada ruralista, el grupo de presión de la agroindustria de Brasil, hace tiempo que tiene la vista puesta en las reservas indígenas y otras tierras conservadas del Amazonas. Con Dilma, el poder y la influencia del grupo de presión crecieron.
En un comunicado de prensa en junio 2013, la senadora del Congreso Nacional Kátia Abreu afirmó que los activistas habían tomado el control de FUNAI y estaban causando problemas: “Militantes ideológicos dentro de FUNAI, vinculados al CIMI y a ONG nacionales e internacionales, están alentando a los indígenas a invadir tierras productivas”, acusó.
La senadora Abreu, también presidenta de la Confederación de Agricultura y Ganadería (CNA, por sus siglas en portugués), y después Ministra de Agricultura con Dilma, continuó diciendo que: “La CNA apoya la idea de adoptar una nueva política indígena, en la que las decisiones son tomadas, no solo por FUNAI, sino con la participación de otros ministerios y otros organismos del gobierno federal. Es inaceptable que una pregunta tan importante [como la designación del territorio indígena] esté en las manos de un solo organismo, integrado por militantes ideológicos que no están promoviendo el interés nacional”.
Este desafío fuertemente formulado —solo una propuesta en 2013—, hoy en día, se está haciendo realidad.
Se intensifica la ofensiva contra las tierras indígenas
Michel Temer recibió el apoyo crucial de la bancada ruralista en su polémica puja por el poder en 2016, que triunfó con carácter temporal en abril 2016 y se convirtió en permanente en agosto. Desde el principio, dejó claro que, como Presidente revertirían las medidas de las tierras indígenas que el Ministro de Justicia y el presidente de FUNAI habían aprobado a toda prisa durante los últimos meses de la administración de Dilma. También prometió a la bancada ruralista que reduciría los derechos indígenas. Pero, con los grupos indígenas y sus defensores preparados para controlar los daños, Temer todavía no ha alcanzado todos sus objetivos.
A finales de 2016, con el gobierno tambaleándose por las acusaciones de corrupción, todavía encontró tiempo para dictar un nuevo borrador de regulaciones que cambia el proceso administrativo para delimitar las tierras indígenas. Los indígenas y las ONG vinculadas al movimiento indígena reaccionaron con indignación y llamaron al plan “una aberración sin precedentes” que haría imposible para el estado llevar a cabo su “obligación constitucional” de dar a los indígenas el derecho a poseer sus tierras.
La reacción fue tan fuerte que la propuesta tuvo que ser retirada, pero el 18 de enero 2017 el Ministerio de Justicia dictó la Orden Ministerial 68, otro intentó de impulsar los mismos cambios. Una vez más, la reacción fue feroz y solo unas horas más después de que Temer apoyase abiertamente la nueva orden, fue revocada.
Pero eso no fue todo. Poco después, el Ministerio de Justicia publicó la Orden Ministerial 80, una versión diluida de la propuesta anterior. Incluso así, contenía un cambio importante en la forma en la que las tierras indígenas son reconocidas, al crear un Grupo Técnico Especializado para hacer el trabajo.
Antes de la Orden Ministerial 80, las tierras indígenas eran reconocidas y se establecían los límites a través de un proceso técnico llevado a cabo por expertos, incluidos antropólogos, dentro de FUNAI. Pero la Orden 80 incluye nuevos organismos dentro del proceso de decisión, incluidos algunos conocidos por su hostilidad hacia los indígenas, junto con profesionales sin un conocimiento indígena especializado. Según Juliana de Paula Batista, una abogada de ISA, la intención del gobierno era “interferir políticamente en los estudios técnicos”.
Los grupos indígenas temen que Temer tenga más planes draconianos. El diputado federal Osmar Serraglio, un político de línea dura, ha hecho campaña durante mucho tiempo por la reducción de los derechos constitucionales de los indígenas, las comunidades tradicionales y las quilombolas. Ha dicho repetidamente que no debería de darse más tierras a los indígenas, porque “la tierra no llena estómagos“. En otras palabras, los indígenas son un problema del bienestar, que debería ser resuelto a través de la distribución federal de alimentos, pero no se les debería encomendar la gestión de tierras.
En febrero 2017, Temer puso a Serraglio al frente del Ministerio de Justicia, del que depende FUNAI. Desde la perspectiva indígena, ahora el zorro cuida del gallinero.
Mongabay solicitó entrevistas con el Ministro de Justicia, el actual presidente de FUNAI y miembros de la bancada ruralista pero ninguno accedió a comentar.
Perspectivas
La ofensiva del gobierno para limitar los derechos indígenas está ganando impulso. En marzo de 2017, Temer reestructuró FUNAI, con la abolición de 87 de los 770 puestos directivos primarios en la agencia y la creación de nuevas barreras para nombrar personal de reemplazo. El personal más afectado por estos recortes manejaba la demarcación de las tierras indígenas y la disposición de las licencias medioambientales para los proyectos de infraestructura como las presas. Antônio Fernandes Toninho Costa, el actual presidente de FUNAI, no fue consultado en la reestructuración.
Marcio Santilli estaba indignado: “El gobierno y el Congreso están podridos y los derechos de toda la población, incluidas las poblaciones indígenas y tradicionales, están amenazadas”. Desde la perspectiva de Santilli lo único positivo es que el movimiento indígena está resistiendo valientemente y no sido absorbido por el gobierno de Temer.
De hecho, a pesar de los recientes logros, la agroindustria no se está saliendo con la suya en todo: tanto la agroindustria como el gobierno han sido sacudidos por escándalos recientemente y plagados por luchas internas. Por ejemplo, no mucho después del nombramiento de Serraglio como Ministro de Justicia, una operación federal, denominada, Carne Fraca (Carne Débil), reveló un sistema criminal a gran escala en el que los inspectores y los mataderos conspiraban para circunvalar los controles de la salud pública del país. China y otros compradores de carne brasileña prohibieron los envíos. El nombre de Serraglio fue mencionado en las pruebas. JBS, la mayor empresa de envasado de carne del mundo, que es una de las empresas bajo investigación, fue el mayor donante de la campaña electoral de Serraglio en 2014.
“Aquellos detrás de la ofensiva antiindígena se encontraran con una creciente resistencia tanto por parte de los indígenas como de otros sectores de la sociedad”, concluyó Santilli.
Ese movimiento planea una importante muestra de fuerza con un evento del 24 al 28 de abril. La iniciativa, denominada el Acampamento Terra Livre (Campamento Tierra Libre), unirá a 1500 líderes indígenas de todo el país. Establecerán un campamento en Brasilia, organizarán manifestaciones, debates, protestas y eventos culturales. Los líderes indígenas también intentarán reunirse con los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales del gobierno. El objetivo es “unificar las luchas en defensa de la población indígena”.
Con Brasil todavía en la peor recesión económica de su historia, el gobierno de Temer carcomido por los escándalos y su popularidad tan baja como la de Dilma el mes en que fue destituida (ahora Temer tiene un índice de desaprobación del 73 por ciento) —el Campamento Tierra Libre podría tener un impacto significativo—.
El papel clave que juegan las comunidades indígenas en la protección de la selva del Amazonas, combinado con la importante captura de carbono que proporcionan esas selvas, significa que el resultado de las actuales luchas por los derechos de las tierras tiene una gran importancia, no solo para los grupos indígenas, o incluso para Brasil, sino para todo el mundo.
Nota: El artículo original se publicó con anterioridad a las protestas realizadas entre el 24 y 28 de abril. Este texto es una traducción completada un tiempo después. El resto de la serie está siendo traducido y se publicará en las próximas semanas.
La cuenca del río Tapajós se encuentra en medio del Amazonas y en el centro de una polémica explosiva: si construir más de 40 grandes presas, un ferrocarril y autopistas que convertiría la cuenca en un inmenso corredor industrializado de exportación de materias primas; o frenar este impulso al desarrollo y conservar una de las regiones más ricas, biológica y culturalmente, del planeta.
Aquellos esforzándose por determinar la suerte de la cuenca sostienen opiniones contradictorias, pero debido a que el Tapajós es una región aislada, solo unos pocos de estos puntos de vista son difundidos en los medios de comunicación. La periodista Sue Branford y el científico social Mauricio Torres se desplazaron hasta allí recientemente para Mongabay y durante las siguientes semanas esperan verter algo de luz sobre el acalorado debate que moldeará el futuro del Amazonas. Este es del duodécimo de sus informes.
(Leia essa matéria em português no The Intercept Brasil. También puede leer la serie de Mongabay sobre la cuenca del Tapajós en portugués en The Intercept Brasil)
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